Las ciudades de mediano y pequeño tamano: ¿un mundo de posibilidades?

 Aunque el fenómeno metropolitano prevalece con fuerza en la evolución y configuración de los sistemas urbanos contemporáneos, las alusiones sobre el papel desempeñado por las ciudades medianas y pequeñas - que Sylvie Fol califica como "territorios emergentes de la acción pública"- no han dejado de tener consistencia teórica y evidencia empírica en las investigaciones sobre el tema. Lo traigo a colación a raíz de una conversación que he mantenido esta tarde en Tordesillas sobre ese tema. Y porque crea debate, que bien pudiera apoyarse en las valiosas opiniones de Teresa Táboas, vicepresidenta de la Unión Internacional de Arquitectos, que ratifica una idea ya enraizada en la cultura del territorio más sensata y razonable.

Es una cuestión recurrente que de nuevo cobra entidad a medida que se comprueban, en el contexto de las posibilidades permitidas por las tecnologías de la información y la comunicación, las ventajas comparativas que poseen los elementos pertenecientes a una escala urbana, más humanizado, y que asegura una mayor calidad de vida, pautas de sociabilidad más activas y beneficiosas, y niveles de ahorro energético más acordes con los objetivos que actualmente definen los horizontes de la racionalidad en el mundo de la energía.

De afianzarse... ¿Cómo podrá incidir ese proceso en los espacios afectados por la crisis demográfica?

La legalización del disparate urbanístico

De vez en cuando, como si de un volcán se tratara, afloran noticias que nos dejan estupefactos. Sumidos en los dimes y diretes de la política ruidosa, un manto de silencio oculta las manifestaciones de las malas prácticas en la forma de hacer política, que abundan en demasía. Pero de pronto, salen a la luz. Siempre estallan.

¿Cómo es posible que existan más de 300.000 construcciones ilegales solo en Andalucía? ¿Se imaginan ustedes lo que eso significa como expresión de una tolerancia desmesurada e ininterrumpida hacia la iniciativa urbanística sin control y como reflejo de un desprecio absoluto hacia la calidad del territorio y la sostenibilidad ambiental? Pan para hoy y hambre para mañana, y el que venga atrás que arree. Esa es la lógica que durante décadas ha regido el quehacer de la mayoría de los responsables públicos con bastón y mando en plaza y felices de haber sido electos. Un disparate que permanecerá y dejara su huella indeleble en el territorio para siempre. 

Llevo toda la vida profesional hablando y escribiendo sobre la necesidad de ordenar racionalmente el territorio (capacidad de carga, evaluación de impacto, prospectiva...) y me encuentro con esto. ¿ Qué hago al leerlo? Organizo una pira con los textos, que no han servido para nada, o procuro seguir manteniendo viva la llama de la denuncia contra la ineficacia de aquellas administraciones que, fascinadas por su patrimonio cultural y por sus festejos de toda laya, olvidan que el resto del territorio también existe y cuya destrucción acaba tarde o temprano por pasar factura? El coste de la regularización, a cargo del erario público, va a ser descomunal, aunque en modo alguno aliviará el enorme impacto ambiental provocado.

327.583 viviendas ilegales en Andalucía. En toda la Comunidad. ¿Cuántas habrá en este país nuestro tan insensible y despiadado con el territorio que aparentemente no se ve pero que existe como una cruda realidad insoslayable?

Luego viene la gota fría y pasa lo que pasa.

Una obra decisiva para entender la dimensión espacial de la crisis en España

Ha supuesto un esfuerzo considerable, pero, al fin, ha visto la luz, superadas las dificultades que entraña una obra colectiva de esta envergadura. La iniciativa surgió de las Jornadas organizadas en Gerona por el Grupo de Geografía Económica de la Asociación de Geógrafos Españoles en junio de 2012, en las que se planteó la conveniencia de efectuar una reflexión colectiva sobre las implicaciones que la crisis desencadenada en 2007, y cuyos efectos alcanzaron enseguida manifestaciones dramáticas, ha provocado en la configuración de las estructuras territoriales españolas. 

Se trata de una valiosa aportación realizada desde la Geografía con el fin de dejar constancia de la utilidad y pertinencia que el enfoque geográfico ofrece cuando se trata de analizar, con espíritu crítico, objetividad  analítica y visión comparada, los factores que determinan  la transformación del territorio y sus efectos consecuentes. El resultado es una obra colectiva de 772 páginas. Plantear estas cuestiones desde una perspectiva crítica, apoyada en un sólido y actualizado  soporte informativo y visualmente plasmado de manera muy expresiva a través de la expresión gráfica y cartográfica ayuda a profundizar en el conocimiento de un aspecto crucial de la realidad española, posibilita el avance de la perspectiva comparada y, lo que no es menos importante, pone en evidencia la sensibilidad intelectual y la capacidad científica de los geógrafos españoles para saber estar a la altura de las circunstancias. 

Coordinada por los Dres, Juan Miguel Albertos Puebla y José Luis Sánchez Hernández, de las Universidades de Valencia y Salamanca, respectivamente, forma parte del interesante balance ofrecido por el interesante Grupo de Geografía Económica de la AGE. 

Es una obra editada por el Servicio de Publicaciones de la Univesidad de Valencia y distribuida también por Librerías Marcial Pons, de Madrid. 

Un informe a favor de la desregulación total del mercado del suelo

Se han iniciado de nuevo las clases en la asignatura de Ordenación del Territorio II, que me honro en impartir. De nuevo recurro a este blog para dar a conocer a mis alumnos aspectos importantes para su formación como geógrafos y compartir con ellos las cuestiones que desde la reflexión, el cambio de impresiones y, si se tercia, el debate, nos interesan a todos para avanzar en ese campo tan espinoso y decisivo a la par como es el referido a la práctica del tratamiento de los procesos que inciden en la transformación del territorio. En esta línea se inscribe el documento al que hago alusión en esta entrada. 



No debe pasar desapercibido para los geógrafos el Informe sobre el Mercado del Suelo emitido en septiembre de 2013 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Su conocimiento y su lectura resultan obligados para valorar de qué manera se plantea en España  una cuestión de tanta trascendencia como la regulación del uso del suelo con fines urbanísticos ya que de ella depende de manera sustancial la Ordenación del Territorio. Conviene tener en cuenta que ese Informe ve la luz cuando ya se tiene una idea clara y contundente de cómo han funcionado los procesos de ocupación del espacio en la etapa que dio origen a la llamada "burbuja inmobiliaria" y a las atroces secuelas que forman parte indeleble del imaginario de los ciudadanos españoles. 

No parece que las advertencias aprendidas como resultado de ese proceso hayan sido suficientemente aleccionadoras. Por eso, cuando desde el primer momento, el Informe se decanta por una regulación eficiente, favorecedora del funcionamiento competitivo del mercado del suelo "y de todos los mercados que dependen de él", sus intenciones no se mueven en el terreno de lo que parecería lógico después de lo que ha ocurrido en nuestro país. Volvemos a las andadas, lo que supone un revés muy serio para la Ordenación racional, socialmente justa y sostenible del territorio. Cierto es que es sólo se trata de un Informe a efectos consultivos, pero ya sabemos a qué atenernos en esta etapa en la que las lecciones de la crisis no aportan, desde la perspectiva de los grandes órganos de reflexión y asesoramiento, los efectos correctores deseados. 

La necesidad de conocer, valorar e interpretar la Geografía del Despilfarro

En la relación figuran diecisiete, pero son muchas más. El territorio español se encuentra salpicado en todas sus Comunidades Autónomas por un muestrario de manifestaciones del delirio por la monumentalidad vacua  y despilfarradora de recursos públicos que se apoderó de la mente de sus gobernantes en la década fantasiosa que va de 1998 a 2008. La lectura del reportaje periodístico resulta esclarecedora, y, aunque, cuando la atención se detiene en cada uno de los ejemplos, la magnitud del disparate se acrecienta, su mera relación permite entender las claves que rigieron una forma de hacer política territorial de la que hoy sus promotores huyen como de la peste cuando de dar explicaciones se trata. Es algo que se debe conocer tanto en su magnitud como en las responsabilidades que lo provocaron.

Sin duda, las reflexiones e interpretaciones que el fenómeno suscita se verán enriquecidas por las ideas que afloren en las ponencias, comunicaciones y mesas redondas del Coloquio que en el mes de junio de 2014 ha organizado en Madrid y Castilla-La Mancha el Grupo de Geografía Urbana de la Asociación de Geógrafos Españoles, que en su XII edición lleva el expresivo título de TERRITORIOS INCONCLUSOS Y SOCIEDADES ROTAS. 

Una valiosa aportación al conocimiento de la corrupción urbanística en España

La causa de la causa es la causa del mal causado. Aforismo clásico y elocuente,  aplicable en buena medida a lo que actualmente sucede en España. En coherencia con esa idea unos geógrafos muy serios de la Universidad de La Laguna han hecho una indagación rigurosa sobre el panorama de la corrupción urbanística en España, los factores que la motivan y sus impactos en el espacio y en la sociedad. Nada como una buena investigación - apoyada en un esfuerzo meticuloso de recopilación, sistematización y tratamiento georreferenciado - para poner las cosas en su sitio y hacer que cada vela sea aguantada por el palo que la corresponde. No ha habido un caso igual en la Europa que nos rodea. Lamentablemente España es más diferente en sentido negativo de lo que debiera ser porque la especificidad solo está justificada cuando se basa en criterios prestigiosos, admirables y reconocidos. Cuando lo hace sobre parámetros de descrédito y malas prácticas, la imagen es desoladora, por más que se empeñen en mejorarla artificialmente quienes hacen denodados esfuerzos en pro de su deterioro. 

Puede verse el texto íntegro del trabajo en la Revista ERIA, publicada por el Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo, Y es que los asturianos, cuando se ponen, y se ponen a menudo, lo hacen muy bien

Argumentos en torno a la vivienda: un derecho constitucional vulnerado y un gravísimo problema socio-territorial

Tantas veces se ha esgrimido el derecho a la vivienda como uno de los principios en los que ha de basarse una sociedad justa y solidaria que a veces da la impresión de haberse convertido más en tópico que en un objetivo asumido con la suficiente voluntad para llevarlo a cabo.

Sin embargo, nunca estará de más evocar el Artículo 47 de la Constitución Española, que resulta contundente e inequívoco cuando señala que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

Leer este texto desde la perspectiva que aporta la experiencia y el conocimiento de cómo han ido los hechos en la realidad conduce a la rabia y a un enorme sentimiento de decepción. Posiblemente sea éste uno de los aspectos más vulnerados del texto constitucional, ya que, si se exceptúan las leyes de vivienda protegida, brillan por su ausencia las normas decididamente orientadas a salvaguardar el cumplimiento de este derecho mediante la puesta en práctica de los mecanismos legales que lo hagan posible.

Por el contrario, aparece como un sector desbocado, pieza codiciada de los intereses más espurios y cortoplacistas, expresión elocuente de la resistencia a introducir regulaciones específicas capaces de poner freno a los afanes especulativos y de introducir la regulación necesaria en la evolución de los precios, motivo al que se atribuye la responsabilidad esencial en la expansión imparable de la corrupción, en el despliegue de ingentes cantidades de dinero elusivo fiscalmente y en el aumento escalofriante de la deuda privada, en la que a su vez radica una parte sustancial de la crisis del sistema financiero, que tantos sacrificios está costando a la sociedad española.

Ante este incumplimiento flagrante de un derecho constitucional, que al tiempo ha provocado impactos gravísimos e irreversibles en el territorio - hasta identificarlo como la manifestación más patente del escándalo generalizado – no es posible permanecer indiferentes a lo que ello significa geográfica y socialmente ni eludir la crítica, suficientemente justificada. No es tampoco baldío el tiempo ocupado en valorar el sentido de las reflexiones sobre lo que representa o puede representar la vivienda como elemento primordial en la vida del ser humano y en el desarrollo de su capacidad de relación y de convivencia.

“Spanish Dream”: el amargo despertar provocado por la crisis inmobiliaria

Nunca se dejará de poner de manifiesto con la necesaria contundencia lo que ha significado en España el frenesí inmobiliario, esa especie de epidemia que se apoderó del país y de las mentes de sus gentes hasta que comenzó, como era inevitable, a mostrar su rostro más amargo e incluso trágico: sobre la economía, sobre la sociedad, sobre el territorio. Disponemos ya de testimonios y análisis suficientes - de los que de cuando en cuando se hacen eco este blog y los que en él se recomiendan- para conocer y valorar en toda su magnitud lo que esa etapa ha representado, tanto por las manifestaciones que la caracterizan como por los impactos que ha dejado con enorme gravedad y que han de estar presentes en la vida española durante mucho tiempo.

Los geógrafos hemos estado muy pendientes de la evolución del fenómeno y con frecuencia hemos compartido estas inquietudes y preocupaciones con algunas de las cabezas más lúcidas, que las hay, entre los y las profesionales de la arquitectura. Por eso no se puede pasar por alto el empeño que muchos de ellos están poniendo en el descubrimiento de la realidad, sin paliativos ni trampantojos. Tal cual es, porque así debe ser. Lo contrario sería negar la evidencia e incurrir en la misma actitud escapista y descuidada en que hemos vivido en el decenio que marca el tránsito entre el siglo XX y el que nos encontramos. Como se ha dicho, para muchos ha llegado el momento del "mea culpa", con la sinceridad que la situación requiere.

De ahí el interés y expresividad de las imágenes recogidas en la exposición concebida e impulsada por el grupo de arquitectas gallegas llamado Cadelasverdes, que contribuye a dar un paso más en esta dirección y a esclarecer el alcance de lo ocurrido. Hablan de Spanish Dream entendiéndolo como una locura colectiva, donde las responsabilidades no son únicas ni aisladas. No se puede ignorar la contraída por las administraciones públicas y las entidades financieras, pero tampoco hay que hacer caso omiso a las que conciernen a los arquitectos “ya que detrás de cada uno de los inmuebles en ruinas que aparecen en las imágenes hay uno responsable”.

Y en esta misma línea, no está de más traer a colación el documental "€spanish Dr€am", elaborado por Guillermo Cruz como gran alegato contra lo sucedido “en el panorama inmobiliario español en los últimos cuarenta años". Imágenes, palabras y sensaciones que al tiempo nos llevan a evocar también el impresionante "Non City", sobre el urbanismo en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), realizado por Andrea Fernández y Nuno Pessoa.

La necesaria ordenación del suelo para uso empresarial

La proliferación de espacios para uso empresarial no implica necesariamente una mejora cualitativa de la oferta de este tipo de infraestructuras sino con frecuencia un serio problema de coste y de mantenimiento ulterior cuando no son atendidos por la demanda u ofrecen un nivel de infrautilización que les sitúa muy por debajo de las expectativas creadas. Es cierto además que en muchos casos la construcción de polígonos destinados a ese fin no responde tanto a una estrategia de desarrollo amparada en el acondicionamiento de suelo con el fin de atender necesidades potenciales, debidamente fundamentadas en la valoración de las tendencias previsibles del mercado, sino a una política de carácter especulativo en plena sintonía con las mismas pautas que inspiran o han inspirado los programas de expansión inmobiliaria, sujetos a intereses cortoplacistas que acaban siendo un lastre, la mayor parte de las veces económicamente inasumible, para las administraciones públicas

En esta tendencia han incurrido en España las Comunidades Autónomas y fundamentalmente una constelación de municipios, empeñados en la creación de superficies destinadas a albergar a las empresas y que hoy aparecen en su mayoría silenciosas cuando no irremisiblemente abandonadas. En cualquier caso, es evidente que en este panorama se ha impuesto un discurso autocrítico, que valora el significado de los cambios ocurridos en la configuración de este tipo de espacios con destino específico, insertando los análisis y las interpretaciones dentro de las coordenadas propias de la ordenación del territorio - como una dimensión clave de la gobernanza territorial - y los impactos ambientales que provoca su construcción. Este tema fue objeto de atención específica en las IV Jornadas de Geografía Económica (León, 2010) y a él ya he hecho alusión con anterioridad.

Por esa razón, resulta interesante, desde la perspectiva de la buena práctica aplicada a la ordenación del territorio, la iniciativa adoptada en Galicia al someter a información pública el Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariales. Sin duda se trata de un plan ambicioso – 42,7 millones de metros cuadrados, con una inversión superior a los 2.500 millones de euros y un horizonte a largo plazo- que justifica la adopción de las cautelas necesarias, ante la necesidad de garantizar una adecuada integración de estos espacios en la ordenación territorial, con una perspectiva supramunicipal, y "de forma respetuosa con el entorno".

Una práctica urbanística lesiva para los intereses públicos: el sistema de expropiaciones en la Comunidad Valenciana

L’Hort de Redal, una operación ruinosa para el Ayuntamiento de Alzira

“La legislación valenciana señala que, cuando se superan los cinco años de la aprobación de un plan urbanístico que prevé una dotación para la ciudad que debe ejecutarse por expropiación, es el propietario el que puede solicitar que se realice. Y eso es, precisamente, lo que ha ocurrido en Valencia desde hace, al menos, ocho años. En tiempo de bonanza no hubo problema, se pagaban los justiprecios fijados por el Jurado Provincial de Expropiación, y punto" (...)

“En la presentación de los presupuestos del ayuntamiento para 2012, el vicealcalde Alfonso Grau, argumentó lo que parece ser una práctica habitual en la ciudad: «Algunos vecinos ya se han aprendido el truco, y en cuanto pasan cinco años, solicitan que el ayuntamiento les expropie el suelo dotacional». Por este sistema —que tiene cobertura legal en el artículo 69 de la LUV— es por el que se están llevando a cabo todas las expropiaciones. Sin embargo, el PSPV lleva años advirtiendo de que existen 1,4 millones de m² de suelo dotacional cuyos propietarios pueden solicitar la expropiacion. A un promedio de 1.000 euros el metro cuadrado, el ayuntamiento necesitaría 1.400 millones de euros”.

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El impacto urbanístico del desvío ferroviario: propuestas abiertas para el proyecto del gran "bulevar" de Burgos

Variante ferroviaria de Burgos. En negro, las líneas desmanteladas

La modificación del trazado del ferrocarril a su paso por la ciudad de Burgos, mediante el desvío de la línea férrea, con el consiguiente traslado de la estación (en un nuevo edificio), al norte de la ciudad - cuya inauguración tuvo lugar el 12 de diciembre de 2008 - ha traído consigo la liberación de un amplio espacio desarrollado en sentido lineal, con una longitud de 20,7 kilómetros, de los que 11 corresponden al gran "bulevar" previsto en el proyecto suscrito con el estudio de Herzog & De Meuron. Se trata de un espacio que, además de facilitar la comunicación entre los dos sectores, norte y sur, que tradicionalmente separaba la vía, se traduce en la configuración de un eje vertebrador del espacio, susceptible de favorecer una importante operación de transformación urbana y urbanística, identificada con un proyecto de actuación (Masterplan), que obviamente ha implicado la modificación del Plan General de Ordenación Urbana y suscitado las observaciones críticas que comúnmente afloran ante actuaciones de tal envergadura.

De todos modos,constituye una operación que sin lugar a dudas puede contribuir a modificar la imagen global de la ciudad, siempre que se procure al mismo tiempo la toma en consideración - por lo que respecta a una de sus intervenciones principales - de las sugerencias más sensibles con las inquietudes y los deseos de la ciudadanía.

De ahí el interés que tiene la opción de abrir a la sociedad local un período de consultas para que dé a conocer sus impresiones y preferencias en torno a la ocho propuestas presentadas al concurso de ideas destinadas a imprimir una nueva fisonomía al llamado “bulevar” de la calle Vitoria y al Plan Gamonal-Capiscol. Su consulta resulta muy expresiva de la diversidad de actuaciones contempladas y del margen de posibilidades a que se abre la ordenación de un área esencial en la configuración del espacio público en una ciudad media española.

El complejo arqueopaleontológico de Atapuerca (Burgos): un importante factor de transformación espacial

Burgos. De la Catedral gótica al Museo de la Evolución Humana:

contrastes y transformación simbólica del patrimonio urbano

"La inauguración del Museo de la Evolución Humana el 13 de julio de 2010 supuso un hito de gran importancia en la historia de las manifestaciones museísticas entendidas a gran escala y en la proyección cultural y de imagen de la ciudad de Burgos. Parece pertinente contemplar el proceso desde ambas perspectivas para entender en toda su amplitud de matices lo que significa la interrelación surgida entre el enriquecimiento del patrimonio cultural, asociado a descubrimientos de extraordinario valor científico, como inequívocamente lo tienen los hallados en la Sierra de Atapuerca, y los impactos que provoca en el espacio donde dicha experiencia tiene lugar.

Mas para que ese margen de posibilidades traduzca todo lo que puede dar de sí hay que recurrir a la propia capacidad que el propio territorio consiga desplegar para hacer rentable, en el sentido más amplio del concepto, lo que ese recurso proporciona, a fin de compatibilizar su reconocimiento como potencial endógeno y su calidad como elemento de acreditación hacia el exterior. Y es que sólo de ese modo pueden ser aprovechadas convenientemente las ventajas comparativas que de él se derivan hasta convertirlo en un vigoroso factor de desarrollo con visos de pronta consolidación y de garantizada continuidad en el tiempo.

Una vez más el ejemplo considerado pone al descubierto el alto nivel de responsabilidad que concierne a una política pública que desde el primer momento supo entender los desafíos a que se enfrenta para abordar la puesta en marcha de un plan de actuaciones destinadas a la utilización del bien como un producto atractivo, asociado a la construcción de edificios espectaculares y de gran impronta visual allá donde se ubiquen, funcionalmente integrado y culturalmente cohesionado, para la demanda turística, y respaldado además por un tratamiento mediático y divulgador de tanta envergadura como efectividad.

Es evidente que las bases para el reforzamiento de Burgos y de su entorno como destacada referencia turística entre las ciudades españolas parecen asentadas en la misma medida en que, sobre los cimientos de lo que Atapuerca representa, se ha configurado un nuevo espacio público, recuperado no de forma banal, como tantas veces ocurre, sino pleno de contenido y uso, capaz de imprimir una lógica funcional renovada al escenario más emblemático de la ciudad, merced a la trabazón producida, o susceptible de serlo, entre las valiosas referencias histórico-artísticas que han avalado su personalidad a través del tiempo, y que ilustran sobre el amplísimo campo de opciones estratégicas a que se abre en nuestros días el complejo modelo de relaciones construidas entre turismo y espacio urbano"......

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La postergación del "Nuevo Valladolid"

La crisis ha paralizado los proyectos urbanísticos más ambiciosos. A bombo y platillo, con toda la parafernalia de que es capaz, el Ayuntamiento de Valladolid, dio a conocer en 2008 la propuesta de reestructuración urbanística - Modificación del Plan General para la reordenación de la red ferroviaria central - en el espacio liberado en el entorno de la estación como consecuencia del soterramiento ferroviario, que daría lugar a la disponibilidad de un total de 98,61 Has. Con ello -véase el documento completo - se pretendía alumbrar “el nuevo Valladolid”, asociado la liberación de un "importante espacio central" y a la realización de una serie de operaciones de envergadura, entre las que destacaba fundamentalmente la creación de una gran avenida, de cuatro kms. de largo y 60 metros de ancho, que modificaría totalmente la fisonomía de la ciudad en este sector al tiempo que facilitaría la vertebración de los barrios del este con el centro, históricamente separados - y de qué manera - por el trazado del ferrocarril. A lo largo del eje configurado, y enlazados entre sí por un corredor verde, se construirían tres barrios - Talleres, Ariza y Argales - en los que se preveía la construcción de 5.972 viviendas, de las que 1.792 serían de protección oficial. El coste de la operación ascendería a 1.100 millones de euros.

Todo ello ha quedado puesto en entredicho porque el sistema de financiación previsto se enfrenta a una gran dificultad. Concebido en momentos de euforia – aunque hay que reconocer que, cuando se aprobó el proyecto, los síntomas de la crisis económica eran ya perceptibles – la operación debía ser financiada, en el 85 % de su coste, mediante la venta de los terrenos urbanizables hasta entonces ocupados por los talleres de RENFE y las vías férreas. El resultado no se ha hecho esperar: retraso en los plazos de ejecución del soterramiento y, por ende, paralización completa del proyecto diseñado por Richard Rogers. El propio arquitecto lo ha señalado con motivo de una visita a la ciudad del Pisuerga. Sus declaraciones en este sentido son elocuentes: no sólo habrá que “repensar el proyecto”, aunque no dice en qué sentido, sino que ante todo el horizonte de su ejecución se remite a un plazo de 25 años, un cuarto de siglo por delante. Suena a compromiso eludido, a aplazamiento sine die, a postergación relegada en la memoria y ni siquiera ya propensa al debate, máxime cuando la propia opinión del gobierno municipal apunta ya claramente en esa dirección. Un síntoma inequívoco de los nuevos tiempos de hogaño frente a la fanfarria de antaño.

Malos tiempos para las sensibilidades y las cautelas ambientales

Corren malos tiempos para la sensibilización ambiental.

Pero, ¿es que los ha habido buenos alguna vez? Cuando la euforia inmobiliaria sacudía al país por los cuatro costados, todos tuvimos ocasión de comprobar con qué desidia y desconsideración se trataban las cuestiones relacionadas con los impactos provocados. Cuando llega la crisis, las prioridades son otras y encaminan sus miradas hacia la solución de las emergencias que conmocionan a la sociedad, relegando a un segundo plano aquellos objetivos que cualitativamente contribuyen a la mejora de las condiciones en las que se desenvuelve la vida de una sociedad.

En uno u otro caso, el territorio es la víctima, el problema desatendido, el valor menospreciado. Por tanto, duele, aunque no sorprenda, lo que certeramente se denomina "la crónica de una decepción". No pintan bien los balances que proporciona el conocimiento de la situación en que se encuentran los Informes de Impacto Ambiental ni las Memorias requeridas en los procedimientos de Evaluación Ambiental Estratégica del planeamiento urbanístico.

Y, por otro lado, no parecen desacertadas las reflexiones que insisten en la necesidad de fortalecer el enfoque crítico aplicado a los instrumentos esgrimidos políticamente como expresión de una voluntad a favor de la calidad ambiental del territorio. La experiencia acumulada de las Agendas 21 ayuda a comprender que no siempre el balance ha sido tan satisfactorio como se pretendía ni los procedimientos puestos en práctica tan efectivos. Las ideas sugeridas al respecto por Salvador Rueda, director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona apuntan claramente en esta dirección, que no podemos ignorar.

El Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico sobre Canarias: luces y sombras en torno a la Ordenación del Territorio y la práctica urbanística

Mogán (Gran Canaria)

Una iniciativa como la que aquí se comenta merece, en principio, ser conocida y valorada en función del interés que pudiera suscitar en el contexto de los debates planteados en torno a la práctica de la ordenación del territorio en España. Me refiero a la puesta en marcha en Gran Canaria el 1 de abril de 2011 del Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico (CAPTE), impulsado por un sector del empresariado de las islas con el fin de desarrollar un espacio de reflexión sobre la situación del archipiélago, que permita analizar a fondo sus problemas, valorar la dimensión de sus recursos y potencialidades, al entender que sólo así es posible “resolver sus incertidumbres, eludiendo cuidadosamente los riesgos de la endogamia y los proselitismos sectoriales”. Se trata, al parecer, de un órgano profesional, de un think tank o laboratorio de ideas concebido al margen de las cuitas políticas y de los afanes de los gobernantes, que pudieran sesgar el sentido de sus aportaciones realizadas sobre la base de la necesaria independencia y capacidad crítica sobre la realidad que les concierne.

El sentido de sus fines ha quedado bien en evidencia desde el primer momento. Pues, al convertir a los problemas que afectan al urbanismo canario en el centro de atención primordial, parece evidente hasta qué punto la cuestión territorial y, ante todo, urbanística haya podido influir en la movilización que ha dado lugar al nacimiento de ese foro de discusión y a la vez de alternativas. Haciendo hincapié en lo que, a su juicio, constituye un desbarajuste clamoroso, cuyo desencadenamiento sitúa en los efectos de la moratoria turística (2001-2003) y en la aprobación de las Directrices que provocaron la paralización de los planes generales y parciales que en ese momento se estaban llevando a cabo, el CATPE trata de transmitir a la opinión pública el nivel de inquietud provocado por las manifestaciones desastrosas de un modelo de ordenación y gestión del territorio apoyado en una maraña legislativa de la que deriva un escenario de gran confusión en el que se desenvuelven erráticamente las administraciones locales y la Comunidad Autónoma, como corresponde a una situación caracterizada por “la exasperación ante el desorden normativo, la abulia administrativa y la desesperante judicialización de la gestión del territorio”.

Denuncia con fuerza la existencia de un panorama especialmente crítico que tiene que ver con el hecho de que Canarias sea la región española con mayor número de normas de ordenación territorial, ya que en ella confluyen, se solapan y contradicen nada menos que 17 leyes, decretos y reglamentos diferentes, lo que, “lejos de dar mayor eficacia a la planificación de los recursos, obstruye las iniciativas inversoras y frustra cualquier tipo de actividad empresarial”. Más aún, en este contexto Canarias aparece como un espacio condicionado por el riesgo y la inseguridad jurídica, “hasta acabar siendo un lastre para el PIB autonómico”.

Basta echar un vistazo a sus observaciones para darse cuenta de lo que entiende como un desastre sin paliativos: “ Tras la paralización normativa que introdujo entre 2001 y 2003 la primera ley de directrices de ordenación del territorio y el turismo, el caos, el descuido, la incapacidad o la desidia se han adueñado de la planificación del suelo en los municipios, hasta el punto que sólo el 22% de ellos (20 de un total de 88) tiene sus deberes urbanísticos al día. En este escenario, no es ni mucho menos menor el dato que a continuación aflora con significativa e inquietante contundencia: el atraso brutal que a los efectos sufre Gran Canaria, donde sólo dos de sus 21 municipios, Agaete y Gáldar, tienen sus planes generales plenamente adaptados al marco normativo autonómico. Un problema que, mucho antes de que lo diagnosticara con toda su crudeza el CATPE, ya ha provocado la fuga de decenas de millones de euros de inversión, incluidas las que algunas empresas derivan hacia Tenerife sólo porque, aunque muy lejos del escenario óptimo, allí está algo más avanzada la planificación territorial. Y un retraso que adquiere ribetes escandalosos si se considera que, a diferencia de los tinerfeños, los dos municipios turísticos por excelencia de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, aún tienen estancados y sin visos de avance sus respectivos planes generales”.

Como puede verse, no se trata de una iniciativa promovida por grupos conservacionistas o vinculados al ecologismo activo, sino que emana del propio sector empresarial, preocupado por la errática profusión reguladora y por las contradicciones que de ella derivan hasta ejercer un efecto de inseguridad permanente. Sus propuestas van en la dirección correctora de los comportamientos que han conducido a un panorama que califican de "desolador". Habrá que observar el alcance de sus propuestas que de momento se decantan a favor de la derogación de la primera ley de moratoria turística y la corrección de la segunda. La razón, según parece, no es otra que la que viene motivada “por los riesgos de voracidad enladrilladora que, como acredita la situación actual de determinadas zonas de los sures turísticos, podría conllevar una involución normativa radical”.

En cualquier caso, y desde la perspectiva que anima este blog, no debe ser ignorado lo que representa una voluntad proclive al fomento de la reflexión crítica, en pro de medidas que defienden una ordenación del territorio apoyada en normas claras, coherentes y sólidamente cimentadas en los principios de la seguridad jurídica. En mi opinión, sería la vertiente más valiosa y positiva de la propuesta que el CAPTE preconiza, y que "a priori" debe ser bien recibida, por más que no quepa ignorar tampoco la suspicacia suscitada en un sector de la sociedad grancanaria cuando alude a la posibilidad de que, tras este planteamiento, tal vez subyazca la idea de que se eliminen los elementos de control o regulación que encauzan - o debieran encauzar, superando las contradicciones reguladoras de que actualmente adolece - la política territorial y urbanística. Sólo la experiencia y la observación de su trayectoria dará respuesta a esta disyuntiva aparente sobre sus propósitos reales.

Ver:

http://www.laprovincia.es/canarias/2011/04/03/empresarios-exigen-derogar-primera-moratoria-nueva-ley-territorio/363092.html

La crisis del modelo murciano: advertencias desatendidas

Las fuertes tensiones sociales que han afectado en las últimas semanas a la Región de Murcia responden a factores estrechamente ligados a la profunda crisis del modelo de crecimiento y de política territorial llevado a cabo por su gobierno autónomo desde hace años. Analizarlo en profundidad permite entender de qué manera los procesos de transformación del espacio asociados a una visión cortoplacista del desarrollo y sin otras directrices que las que amparan la búsqueda de la máxima rentabilidad en el plazo más corto posible acaban provocando situaciones de prosperidad más aparentes que reales, que de pronto se difuminan cuando el contexto en el que esa forma de entender la política pública queda desvanecido porque, en esencia, constituye más una dinámica artificial que realmente efectiva, y sobre todo modelada por intereses que no son precisamente, a largo plazo, los de la comunidad.

Si la mayor parte del litoral mediterráneo español, desde Andalucía a Cataluña e incluyendo las Baleares, es, con muy pocas excepciones, víctima de esta tendencia y ofrece al observador las manifestaciones más escandalosas del urbanismo depredador que pudiera percibirse en las costas europeas, posiblemente el caso murciano se singulariza dentro de este panorama agobiante porque las prácticas acometidas, y en un espacio particularmente sensible desde el punto de vista ambiental, acentúan aún más la gravedad de los impactos derivados de unas estrategias irresponsables y sin visión sólida de futuro.

Lo que sorprende es que las advertencias no se tuvieran en cuenta. Con motivo de lo sucedido recientemente, he vuelto a consultar el informe que, con el expresivo título "El otro estado de la región", fue dado a conocer en 2006 por uno de los espacios de análisis, reflexión y debate a escala regional más rigurosos de cuantos existen en España. Se trata del Foro Ciudadano de la Región de Murcia, nacido con el siglo XXI y que nunca ha escatimado esfuerzos para poner al descubierto las múltiples deficiencias de la gestión pública en esa comunidad autónoma, donde antaño, y como se cantaba en la zarzuela La Parranda, “resplandecía de hermosura toda la vega murciana”, mientras hoy asistimos a una crisis de gran intensidad que ha dado al traste con el discurso triunfalista dominante para poner ante los ojos de propios y extraños una realidad en estado acusadamente crítico.

Bastaría con leer las interesantes reflexiones sobre Vivienda, Urbanismo y Transporte que se recoge en el Informe señalado para darse cuenta que nada de lo que sucede era difícilmente previsible. Con todo, la consulta de la documentación elaborada por el Foro desde sus orígenes constituye un acervo documental de gran utilidad tanto metodológica como práctica.

Importancia y significado de la Regeneración Urbana Integrada

El Barrio de la Mina, en Barcelona, un caso significativo de Regeneración Urbana

Plan Integral del Polígono Sur de Sevilla. Plan Integral de Actuación

Ya he hecho referencia en este blog a la celebración del Congreso Nacional de Medio Ambiente ("Ahora más que nunca"), que tuvo lugar en Madrid a finales del pasado mes de noviembre. Entre las sesiones celebradas, una de las más interesantes, y a la que tuve la oportunidad de asistir, fue sin duda la dedicada a la Regeneración Urbana Integrada, concepto esencial ligado a la práctica urbanística de tratamiento integral - con criterios y objetivos de recuperación social, económica y ambiental - de espacios urbanos en situación crítica. Tanto las experiencias analizadas como la expresividad de los ejemplos planteados sirvieron para transmitir un mensaje de confianza en la actuación racional, equilibrada e integradora tanto sobre la ciudad como en los espacios de uso industrial, que no debiera ser pasada por alto.

Por esa razón hay que agradecer a SEPES, la Sociedad Española de Promoción de Suelo Industrial, dependiente del Ministerio de Fomento, la deferencia que ha tenido al colgar en la red las distintas intervenciones planteadas en aquel encuentro y aqui recogidas en una serie de videos. Es un documento valioso, de gran utilidad teórica y práctica, cuya consulta aconsejo.

Poniendo en Práctica la Regeneración Urbana Integrada

Comentarios que invitan a la reflexión

Y, de paso, ¿porqué no echar un vistazo y poner el oido a las interesantes reflexiones de Manuel Delgado en torno a los temas que nos ocupan?

Urbanismo para náufragos: la atención al "último ciudadano"

"Náufragos" en Barcelona (foto del autor, 2006)

Frente a la ciudad ultracompetitiva y rutilante, frente al modelo de crecimiento insaciable, irracional y sin valoración de sus impactos sociales, frente a la cultura del despilfarro y la ostentación banal, frente a la lógica de la exclusión y del “sálvese quien pueda”, se impone otra forma diferente de entender las realidades urbanas contemporáneas. Se impone la visión de la ciudad como espacio de residencia y de relación de las personas, como ámbito de convivencia e integración, como escenario abierto a la práctica urbanística concebida con criterios que respeten y plasmen en el espacio el reconocimiento inequívoco y fehaciente de los derechos humanos.

Ahí es nada: los derechos humanos como paradigma en la perspectiva de la gestión territorial. ¿Es posible encontrar algo más convincente en esta época donde priman actuaciones y directrices que sistemáticamente los conculcan? Ese es el empeño que han tratado de plasmar en un libro Pablo Gigosos y Manuel Saravia, ambos arquitectos y de reconocida trayectoria en la defensa de un modo de plantear la arquitectura y la ciudad con visión humanista y solidaria. En esta ocasión lo han reflejado en la obra que ayer fue presentada al público en un acto de la Asociación Cultural Ciudad Sostenible de Valladolid, a la que pertenezco y de la que habitualmente voy dando cuenta en este blog (16.4.2010 y 15.12.2010).

Son tan pocas y excepcionales las oportunidades que en Valladolid existen para comentar y debatir sobre temas que realmente interesen a la gente (y me imagino que en otras tantas ciudades sucede lo mismo) que iniciativas como la que comento merecen ser reseñadas. Y en esta ocasión lo es por partida doble: por el compromiso que los autores han hecho siempre a favor de un urbanismo sensible con los problema de la sociedad, y porque nunca se profundizará suficientemente en lo que debe significar la lucha en pro de un modelo de ciudad que afronte y, en lo medida de lo posible, resuelva los problemas que estructuralmente la aquejan y que no son otros que los que afectan a los ciudadanos residentes en ellas, y que hoy son ya mayoría en la humanidad.

Pablo Gigosos, Manuel Saravia y Susana Ordóñez

El libro presentado lleva un título tan descorazonador como provocativo: “Urbanismo para náufragos” (Fundación César Manrique, 2010). Y está bien que así sea porque, en efecto, el motivo que lo justifica es más que pertinente. Se basa en un objetivo primordial: analizar de qué manera los derechos humanos – es decir, los que emanan de la Carta suscrita por Naciones Unidas en 1948 - se reflejan en la práctica urbanística, a sabiendas de que su cumplimiento lleva a valorar y a entender la ciudad de otra manera. Y para ello nada tan expresivo como partir de la referencia que en este contexto proporciona la figura del “náufrago”, es decir, del ciudadano que “ocupa el final de la fila”, del último en la estructura de una sociedad jerarquizada donde las jerarquías introducen desigualdad y, por tanto, situaciones de flagrante discriminación en el respeto que merecen sus derechos como ser humano.

La reflexión está clara a juicio de los autores, pues ellos mismos formulan la pregunta “¿Qué es lo más conveniente para el último ciudadano?”, para llegar a la siguiente respuesta: “si adaptamos la ciudad para que atienda también al último ciudadano, será mejor para todos”. Respetar a este ciudadano, en congruencia con el reconocimiento del valor que tiene el derecho a la ciudad - en el marco de una “ciudad para todos”, como afirmaba Pierre Genestier, - lleva a anteponer un Urbanismo B(ásico) al Urbanismo A(berrante) que prevalece en el modelo organizativo de las relaciones de dominación y exclusión que rigen los vínculos sociales en el mundo contemporáneo.

Plantear esta reflexión pormenorizadamente a través del análisis e interpretación de los once derechos que amparan a quien reside en las ciudades, de modo que todos puedan acceder a ellos sin barreras ni segregaciones, es sin duda un ejercicio tan necesario como saludable en una época en la que, como tituló hace tiempo un excelente número monográfico de Le Monde Diplomatique (nº 13, 1991), “la ville partout, et partout en crise” (la ciudad en todas partes, y en todas partes en crisis).

Y es que la ciudad es, bien lo sabemos, el ámbito de todas las contradicciones y donde las situaciones de conflicto nunca aparecen definitivamente resueltas. De ahí el interés y la utilidad de este tipo de reflexiones que, vistas desde la Geografía, nos remiten a las grandes aportaciones de Peter Haggett o David Bunge, por más que tampoco quepa ignorar el alcance que en términos espaciales pudiera reconocerse a las ideas centrales - "la justicia como equidad" o "la razón pública" como "la razón común de todos los ciudadanos" - que emanan de la Teoría de la Justicia, una de las grandes obras del pensamiento del siglo XX, de John Rawls.