Una obra sobre Patrimonio Territorial desde la perspectiva geográfica

Acaparamiento de tierras en América del Sur

El control que deriva de la propiedad de la tierra destinada a la producción agraria constituye una de las principales manifestaciones del dominio del territorio. Es un proceso que adquiere magnitud creciente en el mundo menos desarrollado (como lo indica la experiencia latinoamericana), donde las comunidades autóctonas se encuentran inermes ante la presión ejercida por los grandes grupos empresariales, cuya avidez en este sentido no admite restricciones. 

Los impactos espaciales son de enorme trascendencia, modifican las estructuras de aprovechamiento, alteran los equilibrios ambientales y provocan la intensificación de los desplazamientos humanos del mundo rural a los espacios urbanos congestionados, con el consiguiente agravamiento de la desigualdad y de la pobreza. 

La llamada de atención que, dentro del Foro SMART,  realiza Driss Ezzine de Blas, investigador del CIRAD, sobre este tema induce a su consideración como uno de los fenómenos de mayor impacto en la transformación de los espacios rurales. La referencia específica al ejemplo de Paraguay nos aproxima - de la mano de Bru Rovira - a un panorama que obliga a la reflexión y a la profundización en el conocimiento de las implicaciones que de ello se derivan. 

Los impactos territoriales de la crisis: un tema esencial para la Geografía

Conviene profundizar en el análisis y valoración de los impactos territoriales de la crisis, un aspecto al que ya he hecho alusión en este mismo espacio. Muchos geógrafos estamos empeñados en ello. El Grupo de Geografía Económica de la Asociación de Geógrafos Españoles está preparando una obra colectiva sobre el tema, coordinada por los profesores Juan Miguel Albertos y José Luis Sánchez, de las Universidades de Valencia y Salamanca, respectivamente. Personal y profesionalmente estoy comprometido con este tema. Entiendo que asistimos al final de una era y al rápido afianzamiento de otra en la que los mecanismos favorables a la equidad y a las solidaridades interterritoriales tienden a quedar arrumbados. Es una vertiente que no debe quedar desatendida en el contexto de los debates que profundizan en el conocimiento de una etapa de cambio integral, de la que ningún aspecto de la vida económica, social y cultural permanece ajeno. 

Y, por supuesto, no cabe duda de su trascendencia espacial, bien percibida a través de numerosas manifestaciones, detectadas a todas las escalas y con experiencias muy significativas. ¿Qué futuro le espera al mundo rural, si se toma como referencias las amenazas que se ciernen sobre los pequeños municipios? ¿Cómo afrontar esta tendencia al agravamiento de las desigualdades y a la dureza que encierra el mensaje de "sálvese quien pueda"? He viajado esta tarde por el Cerrato palentino. Soledad de soledades y todo soledad.

Hacia una profunda transformación de la estructura municipal en España: un proceso de gran trascendencia para la ordenación territorial

Un pequeño municipio: Valmala (Burgos)

La dimensión de la crisis económico-financiera en la que está sumida la mayor parte de los países de la eurozona no sólo provoca la adopción de medidas que, en aras de la disminución del déficit y de la deuda, está ocasionando un debilitamiento frenético e  imparable del sector público (con enormes y posiblemente irreversibles costes sociales), sino que al tiempo sirve como pretexto justificativo para el despliegue de una ideología decidida a  someter a revisión el modelo de solidaridad vigente y a poner en entredicho las estructuras administrativas del Estado. El debate está abierto y, por lo que se ve, no hay institución ajena a su implacable estimación crítica, con previsiones que anticipan cambios sustanciales, y que probablemente no estarán exentos de conflictos. En principio, nada habría que objetar a la consideración de un enfoque valorativo riguroso sobre los problemas que afectan a la articulación, a la operatividad de su escala  y al funcionamiento de las instituciones, siempre y cuando la finalidad no sea otra que la de mejorar los mecanismos de gestión, evitar las situaciones de costo excesivo, armonizar sus pautas de cooperación y garantizar el mejor servicio a la ciudadanía.

Vientos de ajuste soplan, en efecto,  cuando de readaptar el modelo autonómico se trata, contemplando incluso la devolución de competencias a la Administración Central del Estado; en el punto de mira, y con la pretensión de evitar duplicidades, aparecen las cuestionadas Diputaciones en las Comunidades de carácter pluriprovincial; el proyecto de configurar demarcaciones judiciales mediante agrupación de juzgados marca una nueva senda en la administración territorial de la justicia; y, como no podía ser de otro modo, la aplicación del escalpelo afilado amenaza también con modificar a fondo la prolijidad del entramado municipal, que apenas ha experimentado modificaciones en las últimas décadas y al que se atribuyen carencias disfuncionales en virtud de su atomización y del escaso nivel de acomodo que actualmente ofrecen en el contexto de un modelo organizativo de la estructura de gestión local caracterizado por la concentración demográfica y por las exigencias que impone una distribución más eficiente de los recursos para atender la demanda de servicios de acuerdo con los criterios de calidad que precisa la sociedad actual. 

Llegan informaciones de que el Ministerio de Hacienda contempla la reordenación del complejo municipal sobre la base de un umbral mínimo de referencia de 5.000 habitantes, estableciendo así una drástica divisoria por debajo de la cual se sitúan 6.796 ayuntamientos, es decir, el 83,7% de los 8.116 existentes en España. Pasos decididos se están dando en esta dirección, que también prevé la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local y la reordenación de las competencias asignadas a los Ayuntamientos y a las Diputaciones Provinciales. Precisamente en estos términos se plantea la situación de las Entidades Locales en el Programa Nacional de Reformas 2012, donde se indica que "han ido asumiendo a lo largo del tiempo competencias más allá de las establecidas en su normativa reguladora, lo que ha supuesto cargas presupuestarias muy elevadas, sin que estuviera garantizada adecuadamente su financiación. Adicionalmente, el cuadro competencial actual resulta indefinido y confuso, y no garantiza la inexistencia de duplicidades".  Remitido a Bruselas, lo señalado en ese Programa se convierte en compromiso asumido, y no a largo plazo. 

Se trata de un tema decisivo, que sin duda ha de repercutir en la estructuración de la trama sobre la que reposan elementos y decisiones esenciales de las políticas públicas relacionadas con la ordenación del territorio. De momento, me limito a plantear la cuestión, que será desarrollada a medida que el proceso vaya cobrando entidad y se despeje la imprecisión que todavía se percibe en torno a tan importante tema, por más que sean numerosas y frecuentes las voces que denuncian lo que definen como una situación de despilfarro. Así se explica que algunas iniciativas hacen acto de presencia en esa dirección, como es el caso de la planteada por la Asamblea de la Comunidad de Madrid, que establece en 20.000 habitantes la cifra que, en su opinión, un Ayuntamiento debe tener para ser viable. 

No cabe duda de que, contemplado desde la perspectiva de la Comunidad de Castilla y León, en la que 2.189 de sus municipios no alcanzan la cifra de población señalada, la cuestión adquiere niveles de interés y de preocupación que no pueden quedar intelectualmente desatendidos, como lo demuestran los clamores surgidos en sentido contrario desde las esferas del poder regional y provincial.  El panorama a que se abre la región a este respecto puede ser traumático, por más que la simple advertencia de lo que se avecina anticipe que tarde o temprano actuaciones de calado van a tener lugar. 

Cuando los problemas territoriales de las pequeñas escalas se convierten en globales

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Si las tecnologías de la comunicación han diluido los efectos entorpecedores de la distancia, las posibilidades de expandir espacialmente los debates que tienen lugar ocasionalmente en las pequeñas escalas permiten que éstas, y los problemas que las aquejan, sean divulgados y conocidos sin restricciones. Cuando una pequeña emisora, emprendida con esfuerzo, calidad y mucha voluntad, aprovecha Internet para difundir los hechos que preocupan a los ciudadanos que residen en su entorno, ese escenario y lo que sobre él se dice y se discute cobran una proyección insólita que en cierta medida contribuye a enriquecer también el debate global. En esa interrelación informativa de escalas diferentes reside sin duda una de las perspectivas más interesantes para hacer uso de la experiencia comparada y afianzarse en el convencimiento de que los problemas geográficamente lejanos nos son cada vez más próximos. También la experiencia personal me lleva a reafirmarme en esa idea.

De izquierda a derecha: Joaquin Robledo, Rosi Casares (periodistas), Julio López (Unión de Pequeños Agricultores), Fernando Manero (geógrafo), Nunilo Gato (alcalde de Tiedra, Valladolid)

Recientemente he participado en un debate sobre estos temas, a invitación de los responsables de una pequeña pero muy activa emisora –radiocastillayleon.com - radicada en Valladolid, y que acepté gustosamente al brindarme la posibilidad de compartir un momento de debate con dos personas representativas, por conocedoras y combativas, de un mundo en crisis: el máximo responsable de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Castilla y León y el alcalde de Tiedra, un pequeño municipio de la provincia de Valladolid. Sus nombres: Julio López y Nunilo Gato, respectivamente. Gentes curtidas en la experiencia del mundo agrario y del rural profundo. Conocedores a fondo de una realidad socio-económica y territorialmente problemática como es la región de Castilla y León, sus reflexiones son de gran ayuda para entender la visión de quienes se encuentran “al pie del cañón”. Modestamente, y con el solo afán de aprender, compartí con ambos un rato de conversación, moderada por Joaquín Robledo (Premio Francisco de Cossío de Periodismo) y en compañía de Rosi Casares en la producción, y que no desearía quedase reducido a las estrechas paredes de una pequeña sala, pues, aun siendo pequeña, también forma parte, y merecidamente, de lo global.

Las intervenciones están recogidas en el siguiente enlace:

Debate sobre territorio, población, desarrollo y mundo rural en Castilla y León

¿Cómo crear empleo en el medio rural en España? Un informe abierto al debate y a la necesaria clarificación de su dimensión regional y financiera

Como indica en su introducción, este informe no pretende ser “un programa de actuaciones, sino un conjunto de orientaciones estratégicas para mejorar la organización de la actividad productiva y la creación de empleo” en el medio rural. Con este propósito el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino - que, con el cambio de gobierno el 21 de diciembre de 2011, pierde esta denominación para llamarse de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente – ha editado uno de sus últimos informes, que fue presentado en Valladolid por la Fundación Perspectivas el 16 de diciembre.

MMAMRM (Madrid, 28 de noviembre de 2011)

Aunque no plantea una dimensión regionalizada de sus métodos y aportaciones, tiene, sin embargo, la utilidad de ofrecer un tratamiento sistematizado y coherente de lo que el estudio entiende como los “ámbitos clave” para la creación de empleo en los espacios rurales españoles, representativos de las posibilidades asociadas en este sentido a la diversificación de las actividades económicas que en ellos tienen, o pudieran tener, lugar.

Ignacio Macicior, Gerente de Foresa y Vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO)

El propósito perseguido es encomiable teniendo en cuenta la magnitud de los problemas que afectan a la configuración y desarrollo de los mercados de trabajo que caracterizan a este tipo de escenarios, en virtud, como se señala, de “las inercias y resistencias al cambio que en la población rural imponen los usos, las costumbres y los aprovechamientos tradicionales”, lo que no debe impedir resaltar “ una serie de características susceptibles de ofrecer oportunidades relevantes de negocio y de generación de empleo”, incluso en un entorno de crisis y, por ende, a partir de “medidas concebidas sin precisar incremento del gasto público”.

Ignacio Pérez García, Director de Twice Consulting

Objetivos que, en cualquier caso, conllevan la necesidad de abordar los problemas estructurales existentes a partir de una serie de actuaciones, que, en opinión de los autores del informe, se resumen esencialmente en cuatro: simplificación del marco institucional, reducción de la burocracia administrativa, mejora de la coordinación, comunicación y colaboración entre administraciones y culminación de los procesos de Ordenación Territorial pendientes. Se hace, pues, especial hincapié en la importancia de la política territorial como uno de los soportes esenciales en los que han de apoyarse las estrategias de dinamización socio-económica.

Con todo, es evidente que la operatividad y eficacia de estas reflexiones y directrices tiene mucho que ver con las particularidades de los distintos escenarios de aplicación, dada la conocida diversidad y las marcadas diferencias que caracterizan al medio rural en España. De ahí que las conclusiones alcanzadas deban ser sometidas al obligado tamiz que relativiza su plasmación concreta en un territorio tan complejo y fuertemente contrastado.

El papel del territorio en las decisiones empresariales: una cuestión de gran interés geográfico

Factoría de Gullón, S.A., dedicada a la fabricación galletera,

en Aguilar de Campoo (Palencia, España)

AZAO es una firma francesa de consultoría que centra su actividad en la labor de asesoramiento destinada a analizar las relaciones entre las empresas y el territorio en el que se instalan y operan. Concretamente, su logotipo se asocia al binomio Empresa y Sociedad, interpretado a su vez en función de la dimensión territorial que conlleva, lo que no hace sino ratificar la utilidad y conveniencia del enfoque geográfico en la interpretación de los decisivos efectos que en el territorio desencadena la actividad empresarial, entendida como un factor esencial del desarrollo y de su transformación estructural.

Es curioso que su razón social se denomine así, pero tiene su explicación: adapta el nombre de la ciudad de Asau, capital de la isla de Vaitupu, en el archipiélago de Tuvalu, uno de los lugares más amenazados por la elevación del nivel de las aguas marinas consecuente a los efectos del cambio climático.

Considero interesante para los geógrafos el conocimiento de esta firma, aprovechando al tiempo el interés de los artículos publicado en su interesante Tribuna y en los que específicamente se hace referencia a nuestra disciplina:

Empresas y territorio: ¿el regreso de la Geografía?

Nuevas formas de cooperación para la economía social

Agentes de Desarrollo Local y política de Ordenación del Territorio en Castilla y León

Sonia Merino, presidenta de AZADEL, en la presentación de la Jornada

Funciones de los Agentes de Desarrollo Local (según Cantarero, Sanchís y Comeche, 2011)

La figura de los Agentes de Desarrollo Local (ADL), en la que los geógrafos tienen una amplia y cualificada representación, compartida con otros técnicos de gran valía, ejemplifica sin ambigüedades los esfuerzos realizados a escala municipal por poner en práctica experiencias de desarrollo enraizadas en la realidad local y en la capacidad de los recursos disponibles con el fin de facilitar la creación de riqueza y de empleo. Ejercen asimismo una labor de asesoramiento encomiable, que ayuda a la toma de decisiones, orienta el sentido de las estrategias y valora el alcance de las medidas que, para su aplicación, han de ser adoptadas. Diversas circunstancias me han permitido conocer de cerca la labor, callada, tesonera y la mayor parte de las veces efectiva, de los ADL en una región tan necesitada de este tipo de profesionales en un universo municipal extraordinariamente atomizado, donde la clarificación de las pautas que han de canalizar las políticas de desarrollo local sólo puede acometerse a partir de un sólido y coherente conocimiento del territorio y de las disposiciones normativas que lo regulan. No se arredran ante las dificultades, de modo que, pese a las incertidumbres de que pudiera verse afectada su labor, manifiestan un decidido empeño por seguir demostrando que ocupan un papel clave en esa dimensión social y económica tan necesaria como es el desarrollo local.

De nuevo he tenido la oportunidad de comprobar en directo estos afanes, destrezas e inquietudes en la reunión organizada en la villa de Toro por la Asociación de Agentes de Desarrollo Local de Zamora (AZADEL). Fue una sesión muy intensa, centrada en un tema por el que muestran una especial preocupación: la política de Ordenación del Territorio en la región que es, en este sentido, la más complicada funcionalmente de España, dadas sus características estructurales, sus tendencias demográficas y, particularmente, los problemas asociados a su configuración administrativa, basada en la existencia de 2.248 municipios, de los que más de las tres cuartas partes no alcanzan los 500 habitantes censados. Una trama muy densa y con serios problemas de funcionalidad.

Las reflexiones y debates surgidos en torno a la Ordenación Territorio fueron abordados desde una doble perspectiva. De un lado, se planteó la necesidad de profundizar en la interpretación de un concepto que, aun dentro de las coordenadas teóricas y operativas que claramente lo definen, ha ido evolucionando al compás de las transformaciones ocurridas en la sociedad, en la economía y, sobre todo, en el contexto de los nuevos principios que justifican la pertinencia de su consideración pluridisciplinar y de la importancia asignada al papel desempeñado por las estrategias de valorización de los recursos endógenos en consonancia con una visión sostenible de los aprovechamientos y de sus impactos.

Guillermo Gallego (Vicepresidente de AZADEL), Fernando Manero (Universidad de Valladolid), David Muriel (ADL en Medina del Campo), Oscar Velasco (Sociedad para el Desarrollo de Zamora). De pie: Alfonso Huertos (ADL en Alcañices) y Santiago Vázquez (Consejería de Presidencia/Junta de Castilla y León)

LA POLITICA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
EN CASTILLA Y LEÓN

(a partir de la Mesa Territorial de 5 de octubre de 2011)

Gran interés tuvo, de otro lado, la aproximación al conocimiento directo de las pautas que en estos momentos orientan las decisiones destinadas a plantear de nuevo la política de Ordenación del Territorio en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, tras los pasos dados en este sentido por el gobierno regional sobre la base de los acuerdos inicialmente adoptados en la Mesa Territorial organizada el 5 de octubre de 2011, y que han supuesto un punto de partida de un proceso empeñado en avanzar en esta línea de actuación política, al tiempo que se trataba de superar la situación de impasse en la que se encuentra la aplicación de la Ley de Ordenación del Territorio, sobre todo en su compromiso de identificar y definir el Modelo Territorial de la Comunidad Autónoma. Una ley que fue aprobada en 1998, y cuya trayectoria ha estado jalonada por numerosos altibajos, vacilaciones e incumplimientos. Interesa ante todo destacar la disociación que, desde el punto de vista regulador, se ha introducido en esta región entre las competencias relacionadas con aspectos esenciales de la Ordenación del Territorio como son las infraestructuras y cuestiones medioambientales (asignadas a una Consejería específica, denominada de Fomento y Medio Ambiente) y las que expresamente tienen que ver con la reordenación funcional que se pretende llevar a cabo, y cuya responsabilidad corresponde a la Consejería de Presidencia.

De este modo, la Ordenación del Territorio pierde la dimensión transversal que le debe caracterizar para quedar eminentemente circunscrita a su condición de política administrativa, ceñida al propósito de adaptar la trama municipal existente a la lógica racionalizadora que impone la ubicación espacial de los equipamientos y servicios de acuerdo con unos objetivos de eficiencia y pretendida equidad. Para ello, y a falta de conocer las directrices de la trayectoria que pueda seguir en lo sucesivo este proceso (que será fielmente seguido y analizado en este blog), se adopta el criterio de rescatar la noción de Mancomunidad de Interés Comunitario, contemplada en la Ley de Régimen Local (1998), y hasta ahora tan inédita como preterida, para redefinirla como Distrito de Interés Comunitario (DIC), denominación que ha de recibir el nuevo ámbito de actuación configurado mediante la asociación o agrupación voluntaria de municipios y con el que se pretende acometer las actuaciones encaminadas a una localización adecuada y eficaz de los servicios prestados a los ciudadanos. Una propuesta que comienza a ser respaldada por las Diputaciones Provinciales. y que, al parecer, también apoya la Federación Regional de Agentes de Desarrollo Rural.

Tomando inicialmente como referencia espacial para la delimitación de los DIC los ámbitos ya configurados en función de las Zonas Básicas de Salud, se establece en ellos una distinción entre los DIC rurales y los urbanos. En ambos casos, aunque el problema prioritario se centra en el primer tipo, se trata de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y adaptar la ordenación de los ya existentes a las características del nuevo modelo. Por encima de esta categoría, con la que se trata de reordenar la urdimbre municipal, aparecen contempladas las Áreas Funcionales, dentro de las que asimismo se plantea una diferenciación entre las “estables”, referidas a los municipios de más de 20.000 habitantes e integrando sus respectivos alfoces o áreas de influencia y las “estratégicas”, formadas a partir de la agrupación de los distritos rurales que voluntariamente accedan a configurarlas.

Es, sin embargo, un proyecto aún en ciernes, pendiente de las reuniones programadas con las administraciones locales y los agentes sociales, así como de los acuerdos susceptibles de ser adoptados por los seis Grupos de Trabajo que se prevé constituir para abordar las numerosas incógnitas que afloran cuando se analiza un plan de actuación no contemplado en la Ley de Ordenación del Territorio vigente y cuya premisa básica no es otra que la de resolver los problemas de ineficiencia derivados de una estructura administrativa tan fragmentada como repleta de solapamientos e interferencias. Se prevé que para el mes de junio de 2012 los grupos presenten sus propuestas con indicaciones sobre los cambios que se preven, o aconsejan, en la trama funcional heredada. Ello ha de suponer una revisión a fondo del mapa de las actuales Mancomunidades y su nueva ordenación mediante la elaboración de una Ley de Gobernanza, cuya entrada en vigor se efectuaría en el año 2012. Es obvio que también ha de suponer una readaptación del papel desempeñado por las Diputaciones Provinciales, que todavía está por perfilar. Enfáticamente se señaló que el proceso equivaldría a la sustitución del Pacto Local por un Pacto Territorial, que asumiría, adecuándolo al nuevo contexto, los planteamientos que inspiraron a aquél, aprobado en 2005. Los pasos emprendidos en esta dirección se han manifestado ( en reunión celebrada el 14 de diciembre de 2011) en la presentación al Consejo de Provincias del borrador del decreto que regula la organización y el funcionamiento del Consejo de Cooperación Local de Castilla y León, contemplado en el Art. 51 de Estatuto de Autonomía, creado oficialmente el 15 de marzo de 2011, y cuya aprobación está prevista para comienzos de 2012. Aunque de manera intermitente, se ha abierto un debate en la Comunidad que revela el grado de confusión existente - la prensa ha llegado a hablar incluso del "fregao" de la Ordenación del Territorio - y la falta de claridad en el proceso que se ha de seguir. Con todo, una vez finalizadas las reuniones llevadas a cabo con los ayuntamientos en las diferentes provincias, se ha informado de que todos ellos recibirán el documento donde se recojan las conclusiones y las propuestas sobre el "modelo territorial" pergeñado. 

Nos situamos, pues, en un escenario de ajuste administrativo-funcional - basado en la redistribución de competencias en función del tamaño de los municipios - que en modo alguno puede ser indiferente a los Agentes de Desarrollo Local, en su mayoría esforzados profesionales del desarrollo y de la recuperación de los pequeños municipios, cuyo horizonte va a estar inevitablemente marcado por el proceso que acabo de comentar y por el grado de ambición con que pueda llevarse a cabo el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, amparado a su vez en la importante Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (2007), a la que hay que otorgar la importancia que merece dados los encomiables objetivos que en su momento la inspiraron y de los que ya he informado en este blog, en virtud de la importancia territorial que presenta.

La ordenación territorial del los espacios rurales: Castilla y León como marco espacial de referencia

Ignacio Molina y Jesús María Bachiller (Universidad de Valladolid)

Los debates en torno a la Ordenación del Territorio adquieren una dimensión particularmente interesante, desde el punto de vista metodológico y, sobre todo, estratégico, cuando se abordan los procesos y fenómenos desde la perspectiva del mundo rural. Evidentemente, no se trata de plantear el tema entendiendo este tipo de espacios de forma individualizada, como algo desconectado de la realidad territorial en la que se insertan, y en la que el papel desempeñado por las ciudades resulta decisivo. Comportándose como estructuras territoriales integradas en una trama de relaciones que eminentemente gravita en función de los dinamismos urbanos y de las economías de escala territorial que de ellos se derivan, los criterios aplicados a su ordenación parten de la necesidad de afrontar un doble condicionamiento: de un lado, las deficiencias estructurales que reducen el margen de fortaleza relativa de sus potencialidades de desarrollo desde el punto de vista económico; y, de otro, la debilidad de sus propios recursos demográficos, fuertemente limitados por la reducción de su capacidad de crecimiento natural y por los elevados índices de envejecimiento, sin olvidar tampoco el efecto limitativo provocado por el desequilibrio de la composición por sexos.

Cuando estos diagnósticos se plantean en función de lo que sucede en la Comunidad Autónoma de Castilla y León la magnitud de los problemas, así como la complejidad de las respuestas, aparecen acrecentadas, como tantas veces ha quedado puesto de manifiesto por las investigaciones llevadas a cabo sobre esta región, y en las que la aportación de los geógrafos ha sido, y sigue siendo, primordial. Justo es recordar en este sentido la inmensa labor realizada por los dos grandes maestros de la Geografía en (y de) Castilla y León: Ángel Cabo Alonso (1926) y Jesús García Fernández (1928-2006), dignos en la región que tanto contribuyeron a descubrir de un reconocimiento institucional que lamentablemente aún no ha llegado. Su huella se muestra, empero, indeleble.

Si disponemos ya de un bagaje teórico y experimental muy potente, y permanentemente actualizado, sobre las características, tendencias y dinamismos que permiten entender las lógicas socio-económicas y territoriales de la Comunidad Autónoma, queda todavía un largo recorrido para encauzar en la dirección adecuada el sentido de las directrices que hagan posible la toma de decisiones acorde con medidas que, derivadas de una política activa y coherente de ordenación territorial, faciliten la corrección de las tendencias críticas detectadas y valoricen las potencialidades, comprobadas o latentes, que los propios espacios rurales encierran.

De ahí la pertinencia y el interés de la Jornada organizada y convocada en Valladolid por la Fundación Perspectivas en torno a una cuestión crucial, sobre la que sin duda habrá que seguir debatiendo: Desarrollo Rural y Ordenación del Territorio en Castilla y León. Abierta a la consideración de algunos de los temas que en estos momentos mayor preocupación suscitan, me centraré resumidamente en dos de las cuestiones esenciales que allí se abordaron, relacionadas con las pautas recomendables de cara a la ordenación funcional del territorio y a su dinamización social y económica.

La trama de asentamientos rurales en Castilla y León

El primero de ellos concierne al papel que han de desempeñar los centros comarcales en la localización de los servicios y de los equipamientos que hagan una posible la articulación territorial sobre la base de objetivos centrados en la calidad de la prestaciones y en su gestión equitativa para el conjunto de la sociedad. Desde esta perspectiva, y a partir de una valoración rigurosa de las tendencias demográficas y de su plasmación contrastada en el espacio, se plantean los cinco principios básicos que debieran sustentar las lógicas organizativas y territoriales de la trama funcional, a saber, la acción concertada sobre los centros de servicios, la equidad en los niveles de cobertura, la jerarquización interna, la proporcionalidad - coherente con una adecuada planificación estratégica - y la igualdad de acceso. La delimitación de los tres niveles de centros que es posible diferenciar en virtud de su tamaño y de su vitalidad funcional sienta las bases de una vertebración que, debidamente jerarquizada, ha de venir avalada por la ubicación en cada uno de ellos de aquellos servicios específicos acordes con las exigencias de escala que respectivamente requieren para de esa forma asegurar una prestación eficiente de las atenciones en su área de influencia sin menoscabo de los que puedan ubicarse en los elementos que forman parte del nivel inferior de la trama local. Se trata, en cualquier caso, de tender hacia ese equilibrio entre la eficiencia, la calidad y la equidad que la sociedad puede asumir favorablemente al comprobar que en la práctica los servicios funcionan convenientemente para el conjunto de la sociedad en atención a sus necesidades.

Por otro lado, valiosas han sido igualmente las reflexiones planteadas en torno a la relación que sin duda existe entre la ordenación del territorio y el desarrollo rural. Cuestionando las insuficiencias que derivan de las políticas eminentemente centradas en aplicación de medidas asistenciales, se preconiza, en cambio, una atención especial a favor de las que propician la dinamización económica de este tipo de áreas y contribuyen a la valorización de sus recursos y potencialidades. La experiencia revela, sin embargo, que los problemas estructurales que aquejan al mundo rural constituyen la base de una situación crítica que, aunque generalizada, no admite simplificaciones en la medida en que no todos los espacios rurales son iguales ni se han comportado de la misma manera. De ahí la necesidad de conocerlos en profundidad con el fin de captar las diferencias y particularidades que los distinguen, pues sólo así es posible aplicar los instrumentos idóneos que sean capaces de avanzar en el principal objetivo sobre el que gravita el futuro de estos espacios, es decir, el que impulse sus posibilidades para generar empleo como única garantía para que el declive demográfico no constituya la tónica dominante. Posibilidades que, en no escasa medida, están asociadas a la superación de la incapacidad para aprovechar la población en edad de trabajar, especialmente la integrada por las mujeres jóvenes, cuyas expectativas en este sentido se encuentran sensiblemente cercenadas.

Y, por supuesto, no hay que olvidar tampoco la importancia de la ineludibles decisiones orientadas a una reestructuración de la excesivamente atomizada trama municipal, susceptible de cristalizar en un sistema local más eficiente y racionalizado, al amparo de las relaciones de movilidad que se establecen entre los diferentes núcleos y de las modalidades de cooperación estratégica a que pudieran dar lugar los vínculos ya configurados, de modo que la reducción de la cifra formal de municipios no implique detrimento de la identidad de local, pues en modo alguno la pervivencia del asentamiento se vería afectada. Particularmente, traería a colación la experiencia de las Merindades burgalesas como ejemplo efectivo.

Ordenación y desarrollo territorial en las campiñas meridionales del Duero

Ignacio Molina y Fernando Manero (Universidad de Valladolid) a ambos lados de Maria Teresa Rebollo (Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Medina del Campo)

Conocer mejor nuestra tierra para mejor gobernarla: no otra es la pretensión que nos motiva a quienes cultivamos el a veces incomprendido oficio de interpretar geográficamente el territorio con el fin de ordenarlo bien. ¿De qué otra forma podría abordarse la solución de sus problemas sino a partir de una clara fundamentación de sus causas y teniendo en cuenta al tiempo las posibilidades que existen para neutralizarlas u orientarlas en la dirección correctora y más adecuada? De cuando en cuando procuramos dar prueba de este empeño en público, a sabiendas de que no siempre es fácil encontrar la palabra adecuada para mantener la atención de un auditorio que en estos temas - pues de nada baladí se trata - es cada vez más exigente y al que le cuesta tragar con ruedas de molino. Se trata, para precisar las cosas, de dejar la semilla del argumento, sólido y convincente, en el campo más o menos abonado para que pueda germinar en acciones al servicio de la comunidad y del propio espacio en el que vive.

Mi compañero Ignacio Molina dio cumplida cuenta ayer de sus saberes y destrezas en el Ayuntamiento de Medina del Campo, en acto presidido por una amable anfitriona, representante del gobierno local. Trataba nada de menos que de inspirar confianza en el espacio estudiado como tema de Tesis Doctoral, que yo dirigí, y que ahora se presentaba como documento útil para la toma de decisiones. ¿El resultado? On verra, pero confieso que salí moderadamente satisfecho. Me limité a acompañarle y a comentar, discretamente pero sin ambigüedad, lo que vale la técnica, bien cultivada, de la Geografía.

El destino de los Fondos de Ayuda a los Ayuntamientos: ¿Qué impacto? ¿Qué relevancia?

Desde el primer momento se trató de una medida polémica, muy controvertida y virulentamente vapuleada por la oposición al Gobierno socialista de España. Con ella se trataba de cumplir un doble objetivo: aliviar el altísimo nivel de paro provocado por la quiebra drástica del modelo de crecimiento inmobiliario en el que se habían apoyado las variables expansivas de la economía y del empleo; y, por otro, de proporcionar a los Ayuntamientos, independientemente de su tamaño, unas aportaciones que permitieran afrontar, sin recurrir a su propio presupuesto, obras de diferente envergadura, conforme a un Plan en el que la autonomía local no se veía cercenada aunque sus iniciativas se encuadrasen en la función coordinadora ejercida por la Administración Central.

La oposición política cuestionó la medida, en efecto, pero fueron excepcionales los municipios que renunciaron a esas ayudas que para muchos les vino como anillo al dedo. "Toma el dinero y corre" se dijeron muchos de sus denostadores. Finalizado el programa, y con la perspectiva suficiente, cabe preguntarse: ¿Cómo afectó dicho plan al conjunto del territorio? ¿Qué proyectos se llevaron a cabo, dónde y con qué cuantía? ¿De qué manera sirvió para mejorar la dotación funcional de los municipios o contribuir a la mejora de sus servicios e instalaciones? Es evidente que sólo el análisis detallado permitirá despejar correctamente tales incógnitas, extraer conclusiones expresivas sobre sus carencias, limitaciones o ventajas, pero no cabe duda también que la información espacializada que suministra el Ministerio de Política y Administración Pública constituye una buena fuente de la que se pueden deducir interesantes consideraciones.

La ciudad de Detroit: ¿de la crisis a la recuperación?

Auge, ocaso e intentos de recuperación de una ciudad industrial. De la expansión a la muerte. De la muerte a la vida, como describe, ante la perspectiva de un espacio que trata de sobrevivir, el artículo de Okrent en Time. Aproximarse con la atención que merece al conocimiento de lo que ha sido y de lo que ha ocurrido en la ciudad estadounidense de Detroit como consecuencia de la crisis ayuda a entender la dimensión espacial de los ciclos de la economía capitalista.

Es un ejemplo elocuente de transformación del territorio en función de las estrategias de desarrollo desplegadas a lo largo de la historia.

Una ley de interés territorial: La Ley de Economía Social

LEY 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social

El desarrollo local en las áreas fronterizas: un desafío permanente frente a la crisis estructural y a las incertidumbres

Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques (centro de estudios para la cooperación hispano-portuguesa) en Zamora, junto al Duero

No cabe duda que las experiencias de desarrollo local en espacios desfavorecidos no pueden entenderse, en la mayoría de los casos, al margen de las posibilidades abiertas por los instrumentos de cooperación territorial auspiciados por la política de cohesión económica y social de la Unión Europea. Adentrarse en esos escenarios, conocer de cerca la opinión de sus agentes, analizar los proyectos presentados, descubrir los objetivos que se pretenden sobre la base de los debates en los que previamente se sustentan ... constituyen tareas con las que todo estudioso del territorio debe familiarizarse pues es la única manera de desentrañar el complejo de situaciones y perspectivas que definen las tendencias de una realidad social y económicamente problemática, que busca en el compromiso colectivo de sus protagonistas las bases que hagan posible su recuperación.

Si sabemos que este compromiso se ampara en buena medida en las posibilidades abiertas por el respaldo potencial de los Fondos Estructurales y de Cohesión europeos, - pues siempre late en el ambiente la pregunta de si estos pasos hubieran sido dados en ausencia de tan importante instrumento motivador - la comprobación in situ revela que difícilmente los objetivos perseguidos podrían siquiera atisbarse, por más que las ayudas flotasen en el ambiente, sin la voluntad política necesaria para abordarlos con las garantías necesarias tanto por lo que respecta a la propia coherencia y sentido de los proyectos como a su efectividad desde la perspectiva aplicada y a su continuidad en el tiempo.

Proyectos de la AECT Duero-Douro, con sede en Trabanca (Salamanca)

Tratándose de espacios con débil capacidad demográfica, es evidente que las potencialidades de desarrollo en las que se apoyan siempre dependerán de estrategias que, aunque estén bien diseñadas y gestionadas, no están ajenas a las amenazas de la incertidumbre. Disponen de recursos evidentes, sobre todo relacionados con la calidad de sus paisajes y con el valor de un patrimonio que necesariamente han de valorizar de acuerdo con la única lógica que lo hace factible: la de la cooperación, la del acuerdo estable, la de la visión de futuro cimentada en el logro de economías de escala territoriales que acrediten la imagen del territorio más allá de sus límites estrictos y lo proyecten como un ámbito de interés, susceptible de ser identificado en sus aspectos concretos, es decir, aquellos que lo identifican como algo digno de ser incorporado al marco de las apetencias - respetuosas de esos mismos valores - de quienes deciden acercarse a él. Es la única forma de afrontar la incertidumbre como uno de sus principales hándicaps. Y, desde luego, no cabe duda que en ese esfuerzo juegan un papel decisivo los ámbitos de decisión local, los que se encuentran en contacto permanente con los problemas, los que los viven día a día, los que escenifican en la secuencia cotidiana el panorama de desvelos, esperanzas y zozobras en que se desenvuelve el desarrollo en este tipo de escenarios.

Ámbito de actuación de la AECT ZASNET. Visita a la Diputación de Zamora

La visita realizada a las instituciones que han asumido en Castilla y León la responsabilidad de impulsar la figura de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial nos ha ayudado en el esfuerzo de aproximación científica a las perspectivas de una línea de actuación estratégica que, aunque descansa sobre el legado de la cooperación transfronteriza fraguada en el tiempo, cobra nueva dimensión sobre la base de las AECT, a las que ya he hecho anteriormente referencia. Son iniciativas recientes, nacidas a partir de 2009, y que conviene seguir de cerca, dado el interés de la actividad llevada a cabo, y de las que iré dando constancia en su momento, como es el caso, entre otras, de la Galicia-Norte de Portugal. Es otro de los empeños en los que el Departamento de Geografía de la Universidad de Valladolid está comprometido.

Un grupo de profesores y alumnos de Geografía de la Universidad de Valladolid en su visita a Trabanca (Salamanca)

Cuando los pequeños municipios se esfuerzan por mejorar el medio ambiente: los Premios Conama a la Sostenibilidad de Pequeños y Medianos Municipios

Cuando sus resultados son patentes en el territorio, las políticas de calidad ambiental acometidas por los pequeños municipios deben merecer el máximo reconocimiento. ¿Cómo invalidar o pasar por alto el esfuerzo que los Ayuntamientos de reducido tamaño realizan por mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos y atender, en la medida de sus modestas posibilidades, a las buenas prácticas que implica un compromiso efectivo con el medio ambiente?

En el 10 Congreso Nacional de Medio Ambiente, recientemente celebrado en Madrid y del que he dado cuenta en este blog, se concedieron los Premios CONAMA a la Sostenibilidad de Pequeños y Medianos Municipios. Tuve la oportunidad de asistir al acto de concesión, que resultó tan interesante como expresivo del empeño que muchas administraciones locales, y quienes las gobiernan, ponen en aras de un mundo más respetuoso con el entorno. No entraré a valorar en detalle lo que este reconocimiento, visto de forma desagregada, me merece. Simplemente me limito a aconsejar la lectura de las fichas respectivas, que sin duda resultan esclarecedoras de la diversidad de situaciones y muy útiles desde el punto de vista comparativo.

Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes

Primer Premio al Ayuntamiento de Umbrías (Ávila)

Accesit: Ayuntamiento de Alberuela de Tubo-Sodeto (Huesca)

Ayuntamiento de La Pola de Gordón (León)

Ayuntamiento de Trabanca (Salamanca) (el más votado on line)

Ayuntamientos entre 5.000 y 30.000 habitantes

Primer Premio al Ayuntamiento de Tineo (Asturias)

Accesit: Ayuntamiento de Medina del Campo (Valladolid)

Ayuntamiento de Elgóibar (Guipúzcoa)

Ayuntamiento de Órgiva (Granada) (el más votado on line)

Aprobada en España la Ley de Desarrollo Rural Sostenible

Paisaje desde la sierra de los Yébenes (Montes de Toledo). 17.9.2009

El Consejo de Ministros ha aprobado en el dia de hoy la

 Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014

Estamos sin duda ante un documento importante que invita al conocimiento y a la reflexión en torno a la aplicación práctica y efectiva de un concepto - el mismo de Desarrollo Sostenible - no exento de polémica y aquejado al tiempo de numerosas incertidumbres e incógnitas sobre su aplicabilidad.

Personalmente aplaudo la decisión del Gobierno de España de dar, al fin, salida a un Programa que ha tenido larga singladura y atravesado no pocas vicisitudes en su trayectoria (debates, consultas, alegaciones...) hasta llegar a su aprobación. Un Programa plurianual que se apoya en los objetivos previstos en la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Hacerlo en momentos de crisis no es tampoco asunto baladí. Es más, se aproxima bastante a la perspectiva que defiende la necesidad de racionalizar las intervenciones sobre el territorio y acometer con criterios de defensa y salvaguarda la gestión de sus bienes y recursos más sensibles en consonancia con las cautelas y ajustes a que obliga una crisis que en España ofrece en la estimación de los graves impactos ocasionados por el crecimiento en la etapa anterior una de sus dimensiones más esclarecedoras sobre el nuevo rumbo a que obliga la autocrítica, aún por hacer con la sinceridad necesaria.

Habrá que estar vigilantes al desarrollo de la Ley y a la comprobación de sus efectos sobre una realidad extraordinariamente compleja y contrastada como la que ofrece el mundo rural español. Estaremos atentos a la disposición mostrada por las Comunidades Autónomas en este sentido al amparo del alto margen de responsabilidad de acción que las compete, conscientes de que sin su colaboración esta Ley se limitaría a ser un compendio de meras intenciones. Y veremos de qué modo la sociedad, y particularmente la que reside en un ámbito caracterizado por una situación repleta de contradicciones y dificultades, asume unos objetivos que, genéricos en su formulación, habrán de acusar una plasmación específica, de conformidad con los objetivos pretendidos, cuando traten de adquirir carta de naturaleza en el propio territorio. De ahí la importancia que cabe conceder al denominado "contrato territorial de zona rural" , que incorpora el propio concepto de "agricultura territorial" recogido en el Art. 16 de la Ley.

Una pregunta aflora inevitablemente: ¿será posible en España armonizar la acción de las administraciones públicas para el cumplimiento de los fines previstos en la Ley? Lean sus objetivos y tendrán conciencia cabal de lo mucho que se pretende, hasta el punto de que no están ausentes las voces que la plantean como la solución a los problemas derivados de la despoblación.

Los Agentes de Empleo y Desarrollo Local: un desafío profesional para los geógrafos

Balneario de Almeida de Sayago (Zamora /Castilla y León/ España)

Todos sabemos hasta qué punto las políticas de desarrollo local exigen una cualificación técnica y un reconocimiento profesional acordes con la importancia asignada a la puesta en valor de los recursos locales. Se trata de una tarea decisiva para dinamizar el desarrollo, fortalecer la capacidad de iniciativa empresarial, afianzar la identificación de la sociedad con su territorio y crear riqueza y empleo. No en vano es el reto acuciante y comprometedor al que se enfrentan los espacios rurales sobre todo cuando se encuentran afectados por tendencias proclives al abandono, el empobrecimiento y la desvitalización demográfica. Más aún, la labor de quienes la ejercen, y así se ha señalado en varias ocasiones y vuelto a reiterar en el Encuentro al que hace referencia esta entrada, resulta indispensable.

De ahí que el I Seminario sobre "Agentes de Desarrollo Local" celebrado en el Balneario de Almeida de Sayago el dia 17 de mayo de 2010 haya tenido una notable relevancia. Organizado por la Asociación Zamorana de Agentes de Desarrollo Local (AZADEL), ha permitido dedicar una intensa jornada para cubrir un doble objetivo: de un lado, informar sobre los métodos de gestión de Proyectos de Desarrollo auspiciados por la Unión Europea dentro de los programas de cooperación transfronteriza con la Regiones Norte y Centro de Portugal, lo que ha permitido un conocimiento detallado de los instrumentos vigentes, de los fines hacia los que se orientan y una valoración de lo que significan, como soporte de articulación de estrategias, las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial;

y, de otro, analizar a fondo la situación en que se encuentran - con especial referencia a Castilla y León - los profesionales del desarrollo local, en función de las condiciones de trabajo que les afectan y de las medidas aplicadas a ellos en el marco de los criterios puestos en práctica por las Comunidades Autónomas a partir de las competencias recibidas en 2002 en materia de políticas activas de empleo.

Los alumnos de la Licenciatura en Geografía de la Universidad de Valladolid que cursan las asignaturas de Ordenación del Territorio y Planificación y Política Regional han asistido al desarrollo de la jornada, en la que se han aportado informaciones muy interesantes sobre el tema y llegado a conclusiones dignas de ser tenidas en cuenta. Mencionaré esencialmente tres:

* La figura de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local (AEDL) constituye una figura profesional básica y necesaria para la aplicación en el medio rural de estrategias de desarrollo, firmemente asentadas en las potencialidades del territorio, por lo que se deben mejorar sus condiciones laborales y garantizar la continuidad de sus funciones de gestión en el tiempo.

* Sus objetivos se corresponden esencialmente con varias líneas esenciales de actividad: prospección de recursos, iniciativas empresariales y actividades; acompañamiento técnico a emprendedores; apoyo a la intermediación para captar ofertas que incidan en la transformación y desarrollo sostenible del territorio mediante la creación de estructuras de desarrollo específicas; asesorar en la elaboración de proyectos, fomentar la participación y contribuir a la difusión de programas de desarrollo entre los actores sociales. El esquema presentado en su intervención por el geógrafo David Muriel, Agente de Desarrollo Local de Medina del Campo (Valladolid) resume bien el sentido de los pilares sobre los que asienta la concepción y el funcionamiento de un Servicio (municipal o intermunicipal) de Desarrollo Local.

* Sus perspectivas de continuidad laboral han de estar asociadas al cumplimiento de los objetivos inherentes a sus responsabilidades, por lo que se insiste en la necesidad de establecer instrumentos de evaluación que faciliten su consolidación profesional, defendiendo asimismo la conveniencia de su articulación dentro de una red a escala autonómica (muy interesante la referencia realizada al respecto sobre Castilla-La Mancha), a fin de estimular el intercambio de experiencias y el conocimiento de las buenas prácticas utilizadas en los instrumentos de gestión.

En cualquier caso, lo que ha quedado meridianamente claro es que sólo sobre la base de un sólido conocimiento e interpretación del territorio y de las lógicas que lo definen es posible afianzar esta figura, puesta en marcha en España en 1986, y otorgarle el reconocimiento y respaldo laboral y económico que merece.