Hablando de la despoblación en Soria

 No es fácil afrontar el problema de la despoblación. Si los factores explicativos, determinados por un contexto de cambios económica y territorialmente selectivos, son múltiples y rotundos, las medidas para evitar los efectos segregadores que producen no surten los efectos deseados si su aplicación política, económica y social no es tan efectiva como debiera.

Hablar de esta cuestión en Soria, en el marco de las iniciativas promovidas por la Presidencia de turno española del Consejo Europeo, constituye un desafío que obliga a tomárselo en serio. Abordarlo con el respaldo y la solvencia demostrados por el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid, del que formo parte desde su nacimiento y al que, tras la jubilación, pertenezco como Miembro de Honor, es para quienes nos hemos reunido una experiencia de la que se han extraído conclusiones muy interesantes que no tardarán en ver la luz, con el propósito de que no acaben en la sombra.

Cuando la naturaleza se impone al espacio abandonado

La naturaleza se acaba imponiendo sobre el espacio artificial una vez éste se abandona. La soledad del lugar, la ausencia de actividad humana y el olvido ceden paso a los elementos naturales que dan al paisaje la fisonomía inconfundible a que conduce la desolación. No son ámbitos atractivos pues sus reclamos suele inducir al abatimiento o a un exceso de nostalgia que incomoda ese sentido lúdico con el que se contemplan los viajes.

Pero están ahí, no permanecen ocultos, forman parte de nuestros entornos de vida al tiempo que permiten extraer de ellos elocuentes reflexiones, es decir, las que nos muestran de forma inequivoca que elementos esenciales en el modo de organizar el territorio y sus relaciones han desaparecido para siempre.

La Ordenación en Castilla y León: las Areas Funcionales Estables

La aprobación parlamentaria favorable al Decreto-Ley de la Junta de Castilla y León por el que se establecen las Áreas Funcionales Estables constituye una iniciativa política de notable significado geográfico. Sorprende el retraso con el que se acomete, al fin, una ordenación del entramado administrativo encargado de organizar y gestionar la prestación de servicios en una Comunidad tan necesitada de una política proactiva y diligente de Ordenación del Territorio, idea en la que ya he insistido muchas veces y que ha sido demorada en exceso, por razones que tienen más que ver con la parsimonia a la hora de tomar de decisiones importantes por parte del gobierno regional que por dificultad política para llevarlas a cabo. 

El concepto de Area Funcional no es nuevo en la historia de la Ordenación del Territorio española ni original en el contexto de las pautas que en los países más destacados en este sentido de la Unión Europea han sido acometidas en aras de la racionalización, la eficiencia y la equidad en el funcionamiento de la trama administrativa heredada. Es un concepto muy presente en la normativa territorial de las CCAA españolas. En el caso de Castilla y León se ha dado un paso que habrá que seguir con detenimiento y, por supuesto, con el necesario espíritu crítico. Habrá que analizar a fondo la adecuación de las delimitaciones y de los criterios utilizados con tal fin.  

De momento la medida atañe solamente a las llamadas Áreas Estables en los Espacios Urbanos. Algo es algo. Son los ámbitos de más fácil y cómoda formalización, derivada de las relaciones de centralidad e interdependencia configuradas por los principales centros de población y sus respectivos espacios de influencia, lo que no hace sino ratificar una estructura de coordinación ya construida previamente y que ahora habrá que vertebrar de manera adecuada para poner fin a las situaciones de conflicto existentes en muchos casos y al tiempo llevar a cabo políticas colaborativas entre municipios, que con frecuencia van a someter a prueba a los responsables encargados de abordarlas. Al fin, van a cobrar concreción las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional, una figura recogida en la Ley de 1998 y ratificada en la Ley de 2013 , por la que he abogado en numerosas ocasiones y que se ha convertido en el gran desafío pendiente de la Ordenación del Territorio en la Comunidad Autónoma española más necesitada de ello. 

El deterioro de un espacio singular: el Lago de Sanabria

Hace tiempo que las alarmas se encendieron en el Lago de Sanabria, un espacio natural de gran valor, construido por la acción del modelado glaciar en las sierras Segundera y Cabrera, al Noroeste de la provincia de Zamora. Declarado Parque Natural en 1978, constituye un espacio de gran valor ambiental con una superficie de 22.365 Has., donde destacan las 318 Has. ocupadas por el Lago que da nombre al conjunto.  

Las observaciones realizadas por la Estación Biológica Internacional Duero-Douro han puesto de manifiesto una situación de grave deterioro como consecuencia de los vertidos de aguas residuales y la precariedad, o ausencia, de infraestructuras de depuración que eviten el proceso de contaminación a que se ve sometido el Lago. 

Aproximación a las disfunciones de la infraestructura aeroportuaria española

Siempre insisto en clase en la necesidad de someter a evaluación las políticas territoriales. No sólo es una práctica útil sino también necesaria, indispensable para corregir los despilfarros y disfunciones que tan a menudo se cometen en la utilización de los recursos públicos. Pertinencia, coherencia, eficacia, eficiencia, utilidad, durabilidad, transferibilidad: tales son los criterios aplicables al conocimiento de los efectos producidos por la intervención asociada al cumplimiento de los objetivos inherentes al buen gobierno y a la correcta ordenación del territorio. 

Uno de los ejemplos más claros de las repercusiones derivadas de esta falta de cultura evaluadora y prospectiva lo ofrece el análisis de las actuaciones acometidas en el acondicionamiento de las infraestructuras de transporte en España, en torno a las cuales son numerosas las reflexiones críticas llevadas a cabo. 

Baste referirse para comprobarlo al balance ofrecido por la red aeroportuaria española, reflejada en una dotación sorprendente que en la actualidad acusa la magnitud de los costos a que ha conducido su profusión en el espacio, las elevadas inversiones ejecutadas y, en suma, la ausencia de racionalidad espacial con que, de manera generalizada, se ha llevado a cabo su puesta en práctica. Símbolos de la modernidad y contemplados desde la perspectiva de la rentabilidad política que pudiera deparar a sus promotores, pocas voces se alzaron en su momento para cuestionar lo que, en el contexto de la crisis, se ha revelado como un descomunal disparate. Ahí están las pruebas elocuentes, los espacios silenciosos, los mostradores vacíos, las pistas despejadas para demostrarlo con toda evidencia. Por delante quedan pendientes su amortización, su continuidad y su mantenimiento. El reverso de la moneda. 

Es un tema clave para entender otra de las deficiencias palmarias de la ordenación territorial en España. De ahí el interés que se la concede y que justifica la atención merecida por la prensa sensible a este tipo de problemas que tanto conciernen a nuestro futuro. Los siguientes enlaces - sumados a los que se sigan publicando- dan prueba de ello:


Galicia, Asturias y Cantabria

País Vasco, Navarra y La Rioja 

Valladolid y León 

Angel Cabo Alonso, Premio "Nueva Cultura del Territorio" 2013

De izda. a dcha., Rafael Mata Olmo, expresidente de la AGE y uno de los promotores del Manifiesto por un Nueva Cultura del Territorio; José Ignacio Plaza Gutiérrez, Director del Dpto. de Geografía de la USAL; Javier Martín Vide, presidente de la AGE; Pilar Pérez, Vicepresidenta del Colegio de Geógrafos; Valentín Cabero Diéguez, ex decano de la Fac. de Geografía e Historia de la USAL y discípulo de Angel Cabo 

Ha sido un encuentro feliz, necesario y oportuno. Un encuentro en torno al maestro que supera las nueve décadas de vida y que ha aportado a la comunidad científica y al desarrollo de la cultura espacial un legado intelectual de valor impagable. Una amplia representación de la Geografía española se ha dado cita en la tarde del día 5 de mayo en Salamanca para rendir homenaje - mediante la concesión del Premio "Nueva Cultura del Territorio" 2013- a Ángel Cabo Alonso, Catedrático de Geografía que fue de esa Universidad desde 1964 a 1987 y que presidió la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) cuando apenas comenzaba a andar. En 1998 fue investido Doctor "honoris causa" por la Universidad de Coimbra (Portugal). 

Al calor humano, a esa bonhomía que tanto le ha distinguido a lo largo de la vida, al valor del reconocimiento por lo que un buen maestro significa, a las evocaciones que nos aproximan mejor a lo que fuimos y a lo que debimos ser, se han unido en este caso reflexiones acertadísimas sobre la finalidad que motiva el galardón: una llamada de atención sobre la necesidad de respaldar el mensaje en pro de las ideas que en su día, cuando la crisis aún no había estallado, dieron contenido y razón de ser al Manifiesto por una Nueva Cultura del Territorio, elaborado y suscrito en 2006 y en el que ya presagiaban muchos de los problemas que hoy asuelan, avergüenzan y lesionan a la sociedad española y a su territorio. En este sentido fue un documento premonitorio, una invitación a la reflexión y al sentido común que, lamentablemente, no fue atendida. De ahí su vigencia y su fortaleza. 


Angel Cabo ha recibido el galardón - otorgado conjuntamente por la AGE y el Colegio Profesional de Geógrafos - que previamente había sido concedido a dos nombres emblemáticos del buen entendimiento de las relaciones entre el individuo y su entorno: el dibujante Andrés Rábago (El Roto) y la Fundación "César Manrique" de Lanzarote. El Departamento de Geografía de la Universidad de Salamanca nos ha reunido en torno a Ángel Cabo para reforzar el valor de las convicciones que, sobre la base de la figura de un hombre bueno, honesto e intelectualmente fecundo y crítico, hacen del conocimiento del territorio y de las buenas prácticas aplicadas a su ordenación sostenible una causa noble y necesaria por la que luchar.

Ver video (editado por la Universidad de Salamanca)

http://saladeprensa.usal.es/webusal/node/32807

Tres nuevas Reservas de la Biosfera en España

El  Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de Naciones Unidas ha declarado nuevas reservas de la Biosfera a La Granja y El Espinar, en la Sierra de Guadarrama, a las Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo y las tierras del Ebro. 

Interesante reflexión, valioso análisis sobre el Paisaje

Autora de una Guía de Buenas Prácticas para la observación del Paisaje Agrario como espacio patrimonial en el occidente peninsular (Ministerio de Medio Ambiente), la arquitecta Esther Prada ha publicado un ínteresante artículo en el blog de José Fariña. La presentación que éste hace del texto, centrado en las comarcas del occidente castellano-leonés, me evita insistir en ideas que comparto plenamente y que además se ven ratificadas con la lectura de las valiosas reflexiones que la autora desarrolla. Y lo hace con la solvencia del científico y la sensibilidad del artista, pues, en efecto, llama la atención el magnífico engarce realizado entre la concepción  del paisaje, cimentada en un riguroso tratamiento metodológico, y la expresión gráfica, tan excelente y cuidadosa que invita al conocimiento in situ del espacio estudiado. 

Es una excelente reflexión que merece ser conocida 

Paisaje, lugar e identidad  (Esther Prada)

Hacia una nueva Ley de Ordenación del Territorio en Castilla y León

Un nueva Ley de Ordenación del Territorio se acomete el Castilla y León.  

Con la ampulosa denominación de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, su Anteproyecto ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno el día 27 de diciembre de 2012. 

Es un documento que conviene analizar y discutir, dada su importancia y su singularidad. En su análisis, valoración y seguimiento se centrará este blog, abierto al debate y a la reflexión de un tema de gran significación geográfica. 

De entrada llama la atención el hecho de presentarse como una Ley de Ordenación del Territorio sin engarce con la Ley ya aprobada y vigente desde 1998. Se presenta como una norma de nuevo cuño, adanista, sin balance alguno de lo realizado hasta ahora, estrictamente circunscrita a la mera reordenación administrativa de la región, en un intento decidido a favor de la modificación de la estructura municipal existente, cuyas disfunciones trata de hacer frente mediante la creación de 176 unidades básicas de ordenación (15 urbanas y 161 rurales). La finalidad no es otra que la de  adecuar el modelo resultante a las exigencias que impone la pretendida racionalidad en la reasignación de los recursos y en la gestión de los servicios esenciales sobre la base de las diferentes modalidades con que se contempla la reestructuración de la compleja trama constituida por las corporaciones locales  y las formas de integración y cooperación que entre ellas puedan producirse. Todo ello arropado también bajo el argumento del ahorro a que obliga el cumplimiento de los objetivos de déficit y sin olvidar tampoco lo que significa el reforzamiento de las atribuciones asignadas a las Diputaciones a costa de la capacidad competencial de los municipios (especialmente de los de menor tamaño). 

El recurso a figuras ya contempladas en las Leyes administrativas (estatal y autonómica), aunque inéditas o insuficientes en su aplicación más operativa desde el punto de vista funcional, revela que no se trata de una norma original sino de un intento, formal y políticamente apoyado en la disposición de los poderes locales y en la aquiescencia de las fuerzas parlamentarias, para asumir los objetivos de ajuste administrativo que se persiguen.  ¿En realidad, nace con el el consenso que el gobierno regional subraya? ¿Asistiremos a un debate interesante en las Cortes regionales o será todo un mero trámite, al amparo del respaldo político previamente recibido? El hecho de que el presidente de la Federación Regional de Municipios y provincias alerte de que su "tramitación será larga" es un advertencia que no puede ser pasada por alto. 

Y es que, más allá de la voluntad política con que han de abordarse, sus objetivos y resultados van a depender mucho de la incentivación económica que se aplique, nada desdeñable en una operación tan ambiciosa, aunque no exenta de incertidumbres dado el momento en que nos encontramos. Como tampoco hay que hacer caso omiso de las modificaciones que pudiera introducir ulteriormente la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local a la que el Gobierno central se ha comprometido.

Sin duda la Ordenación del Territorio, tal y como revela el propio significado del concepto, el considerable desarrollo teórico de que ha sido objeto y la valiosa experiencia comparada, es mucho más que eso, aunque es obvio que la dimensión administrativa, como soporte para el funcionamiento eficaz y equitativo de los servicios,  ocupa un papel esencial en la concepción y aplicación de los instrumentos reguladores de las políticas públicas aplicadas al buen gobierno del territorio. No cabe duda de que nos encontramos ante un Anteproyecto de Ley singular dentro de España, lo que le confiere un papel de referencia precisamente por el enfoque aplicado a la configuración de un nuevo modelo de gestión administrativa local alternativo al atomizado y problemático panorama municipal heredado. 

Surge, no obstante, una pregunta inevitable: ¿derogará la Ley de 1998? Si no es así, ¿de qué forma, y permaneciendo vigente, se articulará con ella y con los instrumentos de ordenación y desarrollo territorial que contempla? ¿De qué va servir lo realizado hasta ahora y el denso cuerpo legislativo aprobado a su amparo?

Hacia una profunda transformación de la estructura municipal en España: un proceso de gran trascendencia para la ordenación territorial

Un pequeño municipio: Valmala (Burgos)

La dimensión de la crisis económico-financiera en la que está sumida la mayor parte de los países de la eurozona no sólo provoca la adopción de medidas que, en aras de la disminución del déficit y de la deuda, está ocasionando un debilitamiento frenético e  imparable del sector público (con enormes y posiblemente irreversibles costes sociales), sino que al tiempo sirve como pretexto justificativo para el despliegue de una ideología decidida a  someter a revisión el modelo de solidaridad vigente y a poner en entredicho las estructuras administrativas del Estado. El debate está abierto y, por lo que se ve, no hay institución ajena a su implacable estimación crítica, con previsiones que anticipan cambios sustanciales, y que probablemente no estarán exentos de conflictos. En principio, nada habría que objetar a la consideración de un enfoque valorativo riguroso sobre los problemas que afectan a la articulación, a la operatividad de su escala  y al funcionamiento de las instituciones, siempre y cuando la finalidad no sea otra que la de mejorar los mecanismos de gestión, evitar las situaciones de costo excesivo, armonizar sus pautas de cooperación y garantizar el mejor servicio a la ciudadanía.

Vientos de ajuste soplan, en efecto,  cuando de readaptar el modelo autonómico se trata, contemplando incluso la devolución de competencias a la Administración Central del Estado; en el punto de mira, y con la pretensión de evitar duplicidades, aparecen las cuestionadas Diputaciones en las Comunidades de carácter pluriprovincial; el proyecto de configurar demarcaciones judiciales mediante agrupación de juzgados marca una nueva senda en la administración territorial de la justicia; y, como no podía ser de otro modo, la aplicación del escalpelo afilado amenaza también con modificar a fondo la prolijidad del entramado municipal, que apenas ha experimentado modificaciones en las últimas décadas y al que se atribuyen carencias disfuncionales en virtud de su atomización y del escaso nivel de acomodo que actualmente ofrecen en el contexto de un modelo organizativo de la estructura de gestión local caracterizado por la concentración demográfica y por las exigencias que impone una distribución más eficiente de los recursos para atender la demanda de servicios de acuerdo con los criterios de calidad que precisa la sociedad actual. 

Llegan informaciones de que el Ministerio de Hacienda contempla la reordenación del complejo municipal sobre la base de un umbral mínimo de referencia de 5.000 habitantes, estableciendo así una drástica divisoria por debajo de la cual se sitúan 6.796 ayuntamientos, es decir, el 83,7% de los 8.116 existentes en España. Pasos decididos se están dando en esta dirección, que también prevé la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local y la reordenación de las competencias asignadas a los Ayuntamientos y a las Diputaciones Provinciales. Precisamente en estos términos se plantea la situación de las Entidades Locales en el Programa Nacional de Reformas 2012, donde se indica que "han ido asumiendo a lo largo del tiempo competencias más allá de las establecidas en su normativa reguladora, lo que ha supuesto cargas presupuestarias muy elevadas, sin que estuviera garantizada adecuadamente su financiación. Adicionalmente, el cuadro competencial actual resulta indefinido y confuso, y no garantiza la inexistencia de duplicidades".  Remitido a Bruselas, lo señalado en ese Programa se convierte en compromiso asumido, y no a largo plazo. 

Se trata de un tema decisivo, que sin duda ha de repercutir en la estructuración de la trama sobre la que reposan elementos y decisiones esenciales de las políticas públicas relacionadas con la ordenación del territorio. De momento, me limito a plantear la cuestión, que será desarrollada a medida que el proceso vaya cobrando entidad y se despeje la imprecisión que todavía se percibe en torno a tan importante tema, por más que sean numerosas y frecuentes las voces que denuncian lo que definen como una situación de despilfarro. Así se explica que algunas iniciativas hacen acto de presencia en esa dirección, como es el caso de la planteada por la Asamblea de la Comunidad de Madrid, que establece en 20.000 habitantes la cifra que, en su opinión, un Ayuntamiento debe tener para ser viable. 

No cabe duda de que, contemplado desde la perspectiva de la Comunidad de Castilla y León, en la que 2.189 de sus municipios no alcanzan la cifra de población señalada, la cuestión adquiere niveles de interés y de preocupación que no pueden quedar intelectualmente desatendidos, como lo demuestran los clamores surgidos en sentido contrario desde las esferas del poder regional y provincial.  El panorama a que se abre la región a este respecto puede ser traumático, por más que la simple advertencia de lo que se avecina anticipe que tarde o temprano actuaciones de calado van a tener lugar. 

Avanzando en el conocimiento de los espacios fronterizos

Espacios transfronterizos en la Unión Europea: un mosaico complejo de cooperación interterritorial 

Cuando se puso en marcha la Asociación de Regiones Fronterizas de Europa a comienzos de los setenta todos los argumentos a su favor justificaron la necesidad de otorgar un reconocimiento específico a esos espacios en los que la frontera había marcado rupturas históricas más o menos pronunciadas y que, ya desvaídas en un contexto de paz e integración, podrían aprovechar las posibilidades de escala permitidas por el mejor conocimiento mutuo, por el aprovechamiento de los recursos compartidos y, en general, de las ventajas que derivan de la vecindad contemplada como soporte, potencialmente firme, de estrategias comunes de desarrollo, a ser posible con un horizonte a largo plazo y apoyadas en estructuras estables de cooperación.

La importancia y la difusión de la cooperación transfronteriza se ha convertido en uno de los aspectos esenciales en la Ordenación del Territorio europeo a través de experiencias múltiples que en los últimos años han comenzado a tener resonancia y merecer la atención del mundo latinoamericano. No en vano son el resultado de una dilatada trayectoria que, inicialmente promovida e impulsada con fuerte convicción por el Consejo de Europa, aparece asumida como una de las líneas esenciales de la política de cohesión territorial de la Unión Europea, desde que a finales de los años ochenta del siglo XX, para alcanzar su plena consolidación en la década siguiente,  acomete la organización y el respaldo financiero de  programas específicamente orientados en esta dirección (RECITE y TERRA) y aborda, mediante la iniciativa comunitaria INTERREG (A), un ambicioso plan de actuación que se prolonga sin solución de continuidad hasta 2006 para cobrar específica carta de naturaleza en el Objetivo “Cooperación Territorial” a partir del periodo de programación 2007-2013, y que a su vez coincide con la aprobación de una figura – las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial - que ha de ser clave en el futuro como plataforma jurídica en la que apoyar el desarrollo de los programas.

Proyecto de Siega Verde: protección ambiental y patrimonial  en el Valle del Águeda (Salamanca)

El balance que pudiera hacerse de la dilatada ejecutoria de los programas operativos  y de los proyectos auspiciados en este sentido merece una valoración dispar y seguramente en numerosas ocasiones la autocrítica se impone como actitud obligada. Mas tampoco cabe duda de que, cuando se recorre el territorio no son pocas las manifestaciones que evidencian cambios significativos en el panorama global, fundamentalmente asociados a la mejora de las infraestructuras, la dotación de equipamientos públicos, el apoyo a las relaciones interempresariales con fines estratégicos, la rehabilitación y protección del patrimonio y la salvaguarda de los valores ambientales. Sin duda los problemas que aún subsisten son tan numerosos como complicadas las soluciones que pudieran plantearse para su corrección, aunque también es verdad que el conocimiento y valoración de  la experiencia acumulada ayuda mucho cuando se trata de entender la pluralidad de matices que ofrece la cooperación transfronteriza, muy mediatizada obviamente por las características del entorno donde se lleva a cabo, la capacidad de iniciativa desplegada, la calidad y envergadura de los proyectos, la movilización social que los respalda y la solidez del liderazgo en el que se sustentan.

Dentro de el amplio y heterogéneo elenco de escenarios donde puede apreciarse la realidad ofrecida por los espacios transfronterizos particular interés presentan los espacios situados a ambos lados de la frontera hispano-portuguesa, posiblemente una de las más críticas del territorio integrado europeo. Visitarla, conocerla de cerca, estudiarla, interpretarla y efectuar las aportaciones que contribuyan a hacer de ella un espacio de relación, buena vecindad y oportunidades son empeños acreditados por los Departamentos de Geografía de las Universidades de Castilla y León desde hace mucho tiempo. Los trabajos de las Universidades de Salamanca y de  León constituyen obras de referencia a las que hay que acudir necesariamente para encontrar luz y rigor en un panorama bibliográfico bastante heteróclito.

Desde el Departamento de Geografía de la Universidad de Valladolid también se ha considerado oportuno asumir lo que estos espacios significan como documentos visuales de primera importancia para la formación de los alumnos. Si, en efecto y evocando a Antonio Machado, sólo es posible hacer camino al andar, nada mejor que poner a su disposición los elementos que lo hagan posible. Con este fin se han concebido dos visitas que acercan a sendos ámbitos de estudio con afinidades entre sí pero también con diferencias marcadas. En ello estriba precisamente la expresividad de estos espacios, repletos de matices en un entorno de coherencias y desafíos bien definidas. 

Profesores y alumnos del 3º Curso del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio (Universidad de Valladolid) en el mirador de Sapinha. Parque Natural do Douro Internacional 

De un lado, la visita al valle del río Águeda ayuda a entender el significado integrador que proporciona una cuenca vertiente bien definida, con centro funcional en Ciudad Rodrigo y con elementos naturales de gran interés, cuyo análisis se plantea desde la perspectiva del tratamiento sostenible de los recursos, conforme a los objetivos y la metodología del proyecto que, en el marco del Programa Operativo de Cooperación España-Portugal, presentó a nuestros profesores y alumnos del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio el Dr. Roberto Martínez-Alegría, profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (Valladolid) y que se lleva a cabo en colaboración con el Instituto Politécnico de Castelo Branco.

Profesores y alumnos de Primero del Grado de Historia (Universidad de Valladolid) en la sede de la Fundación Rei Afonso Henriques (Zamora) 

Y, de otro, no hay que dudar del valor formativo que para los alumnos que inician el Grado de Historia tiene el conocimiento directo de esta realidad mediante la visita efectuada a la Fundación Rei Afonso Henriques, que desde 1994 acoge en Zamora las diversas manifestaciones de que es susceptible la relación académica, científica, empresarial y cultural entre Portugal y España, para tomar finalmente contacto con lo que representa la integración europea y el respaldo a las iniciativas transfronterizas plasmadas en la Agrupación Europeade Cooperación Territorial Duero-Douro, con sede en la villa salmantina de Trabanca.

En defensa del patrimonio arqueológico: los restos históricos amenazados en el entorno de La Antigua (Valladolid)

La Universidad de Valladolid apoya la conservación de los restos arqueológicos

Conocidas son en España las movilizaciones ciudadanas contra los intentos municipales de construir aparcamientos de automóviles en áreas con importantes restos arqueológicos. La centralidad de estos espacios, unida al interés comercial e inmobiliario de la operación, lleva a veces a los Ayuntamientos a primar este tipo de usos a costa de la preservación de manifestaciones artísticas de reconocida relevancia en la historia de las ciudades.

No sorprende, por tanto, que ante el riesgo que pone en peligro la salvaguarda de esos bienes patrimoniales, que forman parte consustancial de la personalidad de la ciudad, la reacción ciudadana se convierta en la postura colectiva más habitual para ponerlo freno. La experiencia revela que actuaciones de esta naturaleza, expresivas de la firme posición cívica frente a la destrucción irreversible del bien cultural, suelen ser tan consistentes como efectivas. En realidad, son actuaciones que no hacen sino denunciar la flagrante contravención de estas medidas con lo que las Leyes defensoras del patrimonio histórico-artístico establecen y las normas internacionales tratan de promover.

A finales de 2009, el gobierno de la Región de Murcia decidió anular el proyecto de construcción de una obra con ese fin en el espacio ocupado por las ruinas árabes en el jardín de San Esteban. Y aún permanece vivo el recuerdo de la decisión adoptada por el Ayuntamiento salmantino de no llevar a cabo la realización del parking previsto en la Plaza de los Bandos, ante la amenaza, planteada por ICOMOS, de retirar, en caso contrario, el reconocimiento de Salamanca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, otorgado en 1988.

Localización del yacimiento (fotografía de A. Quintero, El Norte de Castilla, 26.2.2012)

¿Qué ocurrirá en el caso de Valladolid, donde ha surgido el mismo problema, idéntico conflicto, pareja reacción? Desde hace tiempo una amenaza muy grave se cierne sobre la conservación del patrimonio arqueológico localizado junto a la iglesia de Santa María de la Antigua en Valladolid. En un entorno de gran calidad artística, el Ayuntamiento ha proyectado un aparcamiento de cuatro plantas que afectarían por completo a los restos arquitectónicos allí descubiertos, en los que coexisten testimonios de la época romana con restos medievales y elementos de construcciones del siglo XVIII. La lucha llevada a cabo por la Federación de Asociaciones Vecinales, por Ecologistas en Acción, y por expertos de la Universidad de Valladolid (por acuerdo unánime del Departamento de Arqueología) no ha sido suficiente para impedir este expolio, incomprensiblemente respaldado por la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León.

Manifestación en defensa del patrimonio de la Plaza de la Antigua (28 enero 2012)

Con todo, ello no ha impedido la celebración de actos de denuncia de las actuaciones municipales en este sentido y de apoyo a la construcción en ese lugar de un Parque Arqueológico alternativo al aparcamiento previsto. El recurso ante la decisión municipal también ha surtido efecto, ya que la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ha abierto diligencias de investigación penal contra el Ayuntamiento de Valladolid y las Comisiones de Patrimonio Cultural de Castilla y León y de Prevención Ambiental de la ciudad, ante la posibilidad de que hayan podido incurrir en la comisión de un delito contra el patrimonio histórico, según establece la Ley, ya se trata de la de Patrimonio Histórico Español, cuyo Art. 1.1. dispone que “son objeto de la presente Ley la protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español”, o del propio Código Penal, donde figura un capítulo específico dedicado a la protección del patrimonio histórico (Libro II, Titulo XVI, Capítulo II), y al que asimismo se hace referencia explícita en los Arts. 321 a 324.

Al fin,el 13 de noviembre, el tema ha quedado zanjado. Y lo ha hecho de acuerdo con los fines pretendidos por una ciudadanía activa, una ciudadanía sensible y preocupada por su patrimonio, aquella que se rebela contra la arbitrariedad y la especulación efectuada a costa de lo que es un bien de todos. Ha sido una batalla larga, dura, aunque muy bien llevada por la Federación Vecinal Valladolid y por los grupos defensores del patrimonio histórico amenazado. Tras la sentencia del TSJ de Castilla y León por la que se suspende la segunda modificación del PGOU presentada por el Ayuntamiento para construir un aparcamiento cuyo impacto hubiera sido brutal e irreversible en un espacio de gran valor histórico-arquitectónico, el alcalde de la ciudad no ha tenido más remedio que rendirse a la evidencia...y a la ley. 

http://www.20minutos.es/noticia/1645075/0/

Lo ha dicho esta tarde por la radio; lacónicamente, pero lo ha dicho: "acato la sentencia, el parking no se construirá porque la crisis no lo permite y el entorno será adecentado". Es cierto que utiliza la crisis como coartada para salvar la cara y que el proyecto de recuperar los restos arqueológicos para darlos a conocer ni se lo plantea, pero lo importante es que la obra destructora que se preveía no se va a llevar a cabo. El tiempo juega ahora a favor del sentido común. Enhorabuena a cuantos han luchado para que la sensibilidad prevaleciera sobre la especulación, la racionalidad sobre la barbarie, el bien colectivo sobre el uso interesado y lucrativo de unos pocos.

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Cuando los problemas territoriales de las pequeñas escalas se convierten en globales

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Si las tecnologías de la comunicación han diluido los efectos entorpecedores de la distancia, las posibilidades de expandir espacialmente los debates que tienen lugar ocasionalmente en las pequeñas escalas permiten que éstas, y los problemas que las aquejan, sean divulgados y conocidos sin restricciones. Cuando una pequeña emisora, emprendida con esfuerzo, calidad y mucha voluntad, aprovecha Internet para difundir los hechos que preocupan a los ciudadanos que residen en su entorno, ese escenario y lo que sobre él se dice y se discute cobran una proyección insólita que en cierta medida contribuye a enriquecer también el debate global. En esa interrelación informativa de escalas diferentes reside sin duda una de las perspectivas más interesantes para hacer uso de la experiencia comparada y afianzarse en el convencimiento de que los problemas geográficamente lejanos nos son cada vez más próximos. También la experiencia personal me lleva a reafirmarme en esa idea.

De izquierda a derecha: Joaquin Robledo, Rosi Casares (periodistas), Julio López (Unión de Pequeños Agricultores), Fernando Manero (geógrafo), Nunilo Gato (alcalde de Tiedra, Valladolid)

Recientemente he participado en un debate sobre estos temas, a invitación de los responsables de una pequeña pero muy activa emisora –radiocastillayleon.com - radicada en Valladolid, y que acepté gustosamente al brindarme la posibilidad de compartir un momento de debate con dos personas representativas, por conocedoras y combativas, de un mundo en crisis: el máximo responsable de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Castilla y León y el alcalde de Tiedra, un pequeño municipio de la provincia de Valladolid. Sus nombres: Julio López y Nunilo Gato, respectivamente. Gentes curtidas en la experiencia del mundo agrario y del rural profundo. Conocedores a fondo de una realidad socio-económica y territorialmente problemática como es la región de Castilla y León, sus reflexiones son de gran ayuda para entender la visión de quienes se encuentran “al pie del cañón”. Modestamente, y con el solo afán de aprender, compartí con ambos un rato de conversación, moderada por Joaquín Robledo (Premio Francisco de Cossío de Periodismo) y en compañía de Rosi Casares en la producción, y que no desearía quedase reducido a las estrechas paredes de una pequeña sala, pues, aun siendo pequeña, también forma parte, y merecidamente, de lo global.

Las intervenciones están recogidas en el siguiente enlace:

Debate sobre territorio, población, desarrollo y mundo rural en Castilla y León

Una aportación significativa al conocimiento de Castilla y León

Profundizar en el conocimiento del territorio para interpretarlo mejor y contribuir así a su correcta ordenación y buen gobierno. Tal es el objetivo que ha animado a un grupo de profesores de Geografía y Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid a realizar un esfuerzo de análisis, coherente y actualizado, de ideas y de contenidos sobre la realidad demográfica, económica y territorial de la región más extensa de la Unión Europea, caracterizada a su vez por rasgos y tendencias que revelan la dimensión de los contrastes y condicionamientos propios de este tipo de escenarios.

Sustentado el trabajo - Población y Poblamiento en Castilla y León - en una valiosa aportación documental, gráfica y cartográfica, ha sido coordinado por José María Delgado Urrecho, del Departamento de Geografía de la citada Universidad, a instancias del Consejo Económico y Social de Castilla y León, lo que revela el propósito del estudio de convertirse, más allá de su relevancia científica y del espíritu crítico que lo inspira, en un documento de ayuda a la decisión, tanto pública como privada.

El impacto urbanístico del desvío ferroviario: propuestas abiertas para el proyecto del gran "bulevar" de Burgos

Variante ferroviaria de Burgos. En negro, las líneas desmanteladas

La modificación del trazado del ferrocarril a su paso por la ciudad de Burgos, mediante el desvío de la línea férrea, con el consiguiente traslado de la estación (en un nuevo edificio), al norte de la ciudad - cuya inauguración tuvo lugar el 12 de diciembre de 2008 - ha traído consigo la liberación de un amplio espacio desarrollado en sentido lineal, con una longitud de 20,7 kilómetros, de los que 11 corresponden al gran "bulevar" previsto en el proyecto suscrito con el estudio de Herzog & De Meuron. Se trata de un espacio que, además de facilitar la comunicación entre los dos sectores, norte y sur, que tradicionalmente separaba la vía, se traduce en la configuración de un eje vertebrador del espacio, susceptible de favorecer una importante operación de transformación urbana y urbanística, identificada con un proyecto de actuación (Masterplan), que obviamente ha implicado la modificación del Plan General de Ordenación Urbana y suscitado las observaciones críticas que comúnmente afloran ante actuaciones de tal envergadura.

De todos modos,constituye una operación que sin lugar a dudas puede contribuir a modificar la imagen global de la ciudad, siempre que se procure al mismo tiempo la toma en consideración - por lo que respecta a una de sus intervenciones principales - de las sugerencias más sensibles con las inquietudes y los deseos de la ciudadanía.

De ahí el interés que tiene la opción de abrir a la sociedad local un período de consultas para que dé a conocer sus impresiones y preferencias en torno a la ocho propuestas presentadas al concurso de ideas destinadas a imprimir una nueva fisonomía al llamado “bulevar” de la calle Vitoria y al Plan Gamonal-Capiscol. Su consulta resulta muy expresiva de la diversidad de actuaciones contempladas y del margen de posibilidades a que se abre la ordenación de un área esencial en la configuración del espacio público en una ciudad media española.

Agentes de Desarrollo Local y política de Ordenación del Territorio en Castilla y León

Sonia Merino, presidenta de AZADEL, en la presentación de la Jornada

Funciones de los Agentes de Desarrollo Local (según Cantarero, Sanchís y Comeche, 2011)

La figura de los Agentes de Desarrollo Local (ADL), en la que los geógrafos tienen una amplia y cualificada representación, compartida con otros técnicos de gran valía, ejemplifica sin ambigüedades los esfuerzos realizados a escala municipal por poner en práctica experiencias de desarrollo enraizadas en la realidad local y en la capacidad de los recursos disponibles con el fin de facilitar la creación de riqueza y de empleo. Ejercen asimismo una labor de asesoramiento encomiable, que ayuda a la toma de decisiones, orienta el sentido de las estrategias y valora el alcance de las medidas que, para su aplicación, han de ser adoptadas. Diversas circunstancias me han permitido conocer de cerca la labor, callada, tesonera y la mayor parte de las veces efectiva, de los ADL en una región tan necesitada de este tipo de profesionales en un universo municipal extraordinariamente atomizado, donde la clarificación de las pautas que han de canalizar las políticas de desarrollo local sólo puede acometerse a partir de un sólido y coherente conocimiento del territorio y de las disposiciones normativas que lo regulan. No se arredran ante las dificultades, de modo que, pese a las incertidumbres de que pudiera verse afectada su labor, manifiestan un decidido empeño por seguir demostrando que ocupan un papel clave en esa dimensión social y económica tan necesaria como es el desarrollo local.

De nuevo he tenido la oportunidad de comprobar en directo estos afanes, destrezas e inquietudes en la reunión organizada en la villa de Toro por la Asociación de Agentes de Desarrollo Local de Zamora (AZADEL). Fue una sesión muy intensa, centrada en un tema por el que muestran una especial preocupación: la política de Ordenación del Territorio en la región que es, en este sentido, la más complicada funcionalmente de España, dadas sus características estructurales, sus tendencias demográficas y, particularmente, los problemas asociados a su configuración administrativa, basada en la existencia de 2.248 municipios, de los que más de las tres cuartas partes no alcanzan los 500 habitantes censados. Una trama muy densa y con serios problemas de funcionalidad.

Las reflexiones y debates surgidos en torno a la Ordenación Territorio fueron abordados desde una doble perspectiva. De un lado, se planteó la necesidad de profundizar en la interpretación de un concepto que, aun dentro de las coordenadas teóricas y operativas que claramente lo definen, ha ido evolucionando al compás de las transformaciones ocurridas en la sociedad, en la economía y, sobre todo, en el contexto de los nuevos principios que justifican la pertinencia de su consideración pluridisciplinar y de la importancia asignada al papel desempeñado por las estrategias de valorización de los recursos endógenos en consonancia con una visión sostenible de los aprovechamientos y de sus impactos.

Guillermo Gallego (Vicepresidente de AZADEL), Fernando Manero (Universidad de Valladolid), David Muriel (ADL en Medina del Campo), Oscar Velasco (Sociedad para el Desarrollo de Zamora). De pie: Alfonso Huertos (ADL en Alcañices) y Santiago Vázquez (Consejería de Presidencia/Junta de Castilla y León)

LA POLITICA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
EN CASTILLA Y LEÓN

(a partir de la Mesa Territorial de 5 de octubre de 2011)

Gran interés tuvo, de otro lado, la aproximación al conocimiento directo de las pautas que en estos momentos orientan las decisiones destinadas a plantear de nuevo la política de Ordenación del Territorio en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, tras los pasos dados en este sentido por el gobierno regional sobre la base de los acuerdos inicialmente adoptados en la Mesa Territorial organizada el 5 de octubre de 2011, y que han supuesto un punto de partida de un proceso empeñado en avanzar en esta línea de actuación política, al tiempo que se trataba de superar la situación de impasse en la que se encuentra la aplicación de la Ley de Ordenación del Territorio, sobre todo en su compromiso de identificar y definir el Modelo Territorial de la Comunidad Autónoma. Una ley que fue aprobada en 1998, y cuya trayectoria ha estado jalonada por numerosos altibajos, vacilaciones e incumplimientos. Interesa ante todo destacar la disociación que, desde el punto de vista regulador, se ha introducido en esta región entre las competencias relacionadas con aspectos esenciales de la Ordenación del Territorio como son las infraestructuras y cuestiones medioambientales (asignadas a una Consejería específica, denominada de Fomento y Medio Ambiente) y las que expresamente tienen que ver con la reordenación funcional que se pretende llevar a cabo, y cuya responsabilidad corresponde a la Consejería de Presidencia.

De este modo, la Ordenación del Territorio pierde la dimensión transversal que le debe caracterizar para quedar eminentemente circunscrita a su condición de política administrativa, ceñida al propósito de adaptar la trama municipal existente a la lógica racionalizadora que impone la ubicación espacial de los equipamientos y servicios de acuerdo con unos objetivos de eficiencia y pretendida equidad. Para ello, y a falta de conocer las directrices de la trayectoria que pueda seguir en lo sucesivo este proceso (que será fielmente seguido y analizado en este blog), se adopta el criterio de rescatar la noción de Mancomunidad de Interés Comunitario, contemplada en la Ley de Régimen Local (1998), y hasta ahora tan inédita como preterida, para redefinirla como Distrito de Interés Comunitario (DIC), denominación que ha de recibir el nuevo ámbito de actuación configurado mediante la asociación o agrupación voluntaria de municipios y con el que se pretende acometer las actuaciones encaminadas a una localización adecuada y eficaz de los servicios prestados a los ciudadanos. Una propuesta que comienza a ser respaldada por las Diputaciones Provinciales. y que, al parecer, también apoya la Federación Regional de Agentes de Desarrollo Rural.

Tomando inicialmente como referencia espacial para la delimitación de los DIC los ámbitos ya configurados en función de las Zonas Básicas de Salud, se establece en ellos una distinción entre los DIC rurales y los urbanos. En ambos casos, aunque el problema prioritario se centra en el primer tipo, se trata de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y adaptar la ordenación de los ya existentes a las características del nuevo modelo. Por encima de esta categoría, con la que se trata de reordenar la urdimbre municipal, aparecen contempladas las Áreas Funcionales, dentro de las que asimismo se plantea una diferenciación entre las “estables”, referidas a los municipios de más de 20.000 habitantes e integrando sus respectivos alfoces o áreas de influencia y las “estratégicas”, formadas a partir de la agrupación de los distritos rurales que voluntariamente accedan a configurarlas.

Es, sin embargo, un proyecto aún en ciernes, pendiente de las reuniones programadas con las administraciones locales y los agentes sociales, así como de los acuerdos susceptibles de ser adoptados por los seis Grupos de Trabajo que se prevé constituir para abordar las numerosas incógnitas que afloran cuando se analiza un plan de actuación no contemplado en la Ley de Ordenación del Territorio vigente y cuya premisa básica no es otra que la de resolver los problemas de ineficiencia derivados de una estructura administrativa tan fragmentada como repleta de solapamientos e interferencias. Se prevé que para el mes de junio de 2012 los grupos presenten sus propuestas con indicaciones sobre los cambios que se preven, o aconsejan, en la trama funcional heredada. Ello ha de suponer una revisión a fondo del mapa de las actuales Mancomunidades y su nueva ordenación mediante la elaboración de una Ley de Gobernanza, cuya entrada en vigor se efectuaría en el año 2012. Es obvio que también ha de suponer una readaptación del papel desempeñado por las Diputaciones Provinciales, que todavía está por perfilar. Enfáticamente se señaló que el proceso equivaldría a la sustitución del Pacto Local por un Pacto Territorial, que asumiría, adecuándolo al nuevo contexto, los planteamientos que inspiraron a aquél, aprobado en 2005. Los pasos emprendidos en esta dirección se han manifestado ( en reunión celebrada el 14 de diciembre de 2011) en la presentación al Consejo de Provincias del borrador del decreto que regula la organización y el funcionamiento del Consejo de Cooperación Local de Castilla y León, contemplado en el Art. 51 de Estatuto de Autonomía, creado oficialmente el 15 de marzo de 2011, y cuya aprobación está prevista para comienzos de 2012. Aunque de manera intermitente, se ha abierto un debate en la Comunidad que revela el grado de confusión existente - la prensa ha llegado a hablar incluso del "fregao" de la Ordenación del Territorio - y la falta de claridad en el proceso que se ha de seguir. Con todo, una vez finalizadas las reuniones llevadas a cabo con los ayuntamientos en las diferentes provincias, se ha informado de que todos ellos recibirán el documento donde se recojan las conclusiones y las propuestas sobre el "modelo territorial" pergeñado. 

Nos situamos, pues, en un escenario de ajuste administrativo-funcional - basado en la redistribución de competencias en función del tamaño de los municipios - que en modo alguno puede ser indiferente a los Agentes de Desarrollo Local, en su mayoría esforzados profesionales del desarrollo y de la recuperación de los pequeños municipios, cuyo horizonte va a estar inevitablemente marcado por el proceso que acabo de comentar y por el grado de ambición con que pueda llevarse a cabo el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, amparado a su vez en la importante Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (2007), a la que hay que otorgar la importancia que merece dados los encomiables objetivos que en su momento la inspiraron y de los que ya he informado en este blog, en virtud de la importancia territorial que presenta.