Este blog pretende contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la cultura y de la sensibilidad territorial ante las múltiples manifestaciones de agresión y deterioro a que se ven sometidos los paisajes como consecuencia de actuaciones frecuente y deliberadamente insensibles con la calidad y los recursos que los identifican.
Desea significar el compromiso de la Geografía y de los geógrafos con la defensa de la calidad de los territorios y
de las buenas prácticas en el ejercicio de la acción pública y en sintonía con los objetivos y principios contemplados
Planteado también con fines didácticos, se concibe como un documento aplicable a la docencia, así como un espacio de encuentro, comunicación y debate con los estudiantes y profesores de Geografía, y con quienes se interesen
por la evolución y los métodos de esta disciplina, por la utilidad e importancia de la información geográfica,
por su dimensión aplicada y por las políticas relacionadas
con la Ordenación, el Gobierno y el Desarrollo del Territorio.
Siempre insisto en clase en la necesidad de someter a evaluación las políticas territoriales. No sólo es una práctica útil sino también necesaria, indispensable para corregir los despilfarros y disfunciones que tan a menudo se cometen en la utilización de los recursos públicos. Pertinencia, coherencia, eficacia, eficiencia, utilidad, durabilidad, transferibilidad: tales son los criterios aplicables al conocimiento de los efectos producidos por la intervención asociada al cumplimiento de los objetivos inherentes al buen gobierno y a la correcta ordenación del territorio. Uno de los ejemplos más claros de las repercusiones derivadas de esta falta de cultura evaluadora y prospectiva lo ofrece el análisis de las actuaciones acometidas en el acondicionamiento de las infraestructuras de transporte en España, en torno a las cuales son numerosas las reflexiones críticas llevadas a cabo.
Baste referirse para comprobarlo al balance ofrecido por la red aeroportuaria española, reflejada en una dotación sorprendente que en la actualidad acusa la magnitud de los costos a que ha conducido su profusión en el espacio, las elevadas inversiones ejecutadas y, en suma, la ausencia de racionalidad espacial con que, de manera generalizada, se ha llevado a cabo su puesta en práctica. Símbolos de la modernidad y contemplados desde la perspectiva de la rentabilidad política que pudiera deparar a sus promotores, pocas voces se alzaron en su momento para cuestionar lo que, en el contexto de la crisis, se ha revelado como un descomunal disparate. Ahí están las pruebas elocuentes, los espacios silenciosos, los mostradores vacíos, las pistas despejadas para demostrarlo con toda evidencia. Por delante quedan pendientes su amortización, su continuidad y su mantenimiento. El reverso de la moneda. Es un tema clave para entender otra de las deficiencias palmarias de la ordenación territorial en España. De ahí el interés que se la concede y que justifica la atención merecida por la prensa sensible a este tipo de problemas que tanto conciernen a nuestro futuro. Los siguientes enlaces - sumados a los que se sigan publicando- dan prueba de ello: Galicia, Asturias y Cantabria País Vasco, Navarra y La Rioja Valladolid y León
La causa de la causa es la causa del mal causado. Aforismo clásico y elocuente, aplicable en buena medida a lo que actualmente sucede en España. En coherencia con esa idea unos geógrafos muy serios de la Universidad de La Laguna han hecho una indagación rigurosa sobre el
panorama de la corrupción urbanística en España, los factores que la motivan y
sus impactos en el espacio y en la sociedad. Nada como una buena investigación - apoyada en un esfuerzo meticuloso de recopilación, sistematización y tratamiento georreferenciado - para poner las cosas en su sitio y hacer que cada vela sea aguantada por el
palo que la corresponde. No ha habido un caso igual en la Europa que nos rodea.
Lamentablemente España es más diferente en sentido negativo de lo que debiera
ser porque la especificidad solo está justificada cuando se basa en criterios
prestigiosos, admirables y reconocidos. Cuando lo hace sobre parámetros de
descrédito y malas prácticas, la imagen es desoladora, por más que se empeñen
en mejorarla artificialmente quienes hacen denodados esfuerzos en pro de su
deterioro.
Puede verse el texto íntegro del trabajo en la Revista ERIA, publicada por el Departamento de Geografía de la Universidad de
Oviedo, Y es que los asturianos, cuando se ponen, y se ponen a menudo, lo hacen
muy bien
Más
allá del galardón o del respaldo acreditado que pueda darse a una ciudad para
distinguir los méritos realizados para conseguirlo, el hecho brinda una
oportunidad a la reflexión, a la clarificación y, si llega el caso, al debate.
Nunca se debe dar un tema por cerrado,
por más que ofrezca indicios o pruebas evidentes de que el panorama ofrecido
resulta satisfactorio en un momento determinado. La visión
crítica del geógrafo debe estar presente siempre ante el espacio que se
expande ante su mirada, entre otras razones porque entiende que los procesos
territoriales propenden a la generación
de tensiones y no están exentos, por tanto, de carencias o problemas que deben
ser analizados con el debido rigor y, a ser posible, corregidos con la suficiente
voluntad política y la necesaria sensibilidad territorial.
De
ahí el interés que tiene la apertura de un campo de análisis y reflexiones
sobre la experiencia de la ciudad española de Vitoria-Gasteiz, que, entre otras
funciones, desempeña la de acoger la sede del Gobierno del País Vasco, y que ha
sido reconocida como Ciudad Verde Europea 2012, amén de ofrecer un panorama urbano y urbanístico positivamente valorado dentro de la categoría de las ciudades medias. Las ideas que al respecto vierte el Dr. Ruiz Urrestarazu,
Catedrático de Geografía en la Universidad pública vasca, en el espacio creado con este fin por un
medio de comunicación muy enraizado en esa tierra, son dignas de tenerse en
cuenta tanto como aportación al conocimiento de aspectos interesantes de las
realidades urbanas contemporáneas como desde la perspectiva de lo que supone
esa experiencia concreta en el ámbito territorial en que se inserta.
Interesante reflexión del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) de Canarias sobre algunos de los principios esenciales que han de orientar las políticas de Ordenación del Territorio, basadas, a su juicio, en
Es un texto breve y oportuno para comenzar un año, el 2012, en el que estos conceptos, por lo que implican de búsqueda de soluciones a temas y momentos críticos - y el que nos ocupa lo es - no debieran quedar desatendidos.
El 21 de octubre de 2010, la ciudad española de Vitoria-Gasteiz (238.000 habitantes), y capital administrativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco, fue designadaCapital Verde de Europa ( European Green Capital)para el año 2012. Es un galardón que se otorga a los espacios urbanos por su voluntad de "hacer frente a los desafíos ambientales de nuestra sociedad y de presentar la capacidad de innovación y el compromiso necesario para resolverlos".
El reconocimiento se llevó a cabo durante el mandato del alcalde Patxi Lazcoz, que lo atribuyó a la dilatada labor realizada en pro de la sostenibilidad urbana durante más de dos décadas y al empeño ciudadano para, en función de los indicadores que en este sentido la acreditan, cimentar en la imagen de calidad ambiental de la ciudad las bases de su prestigio y de su capacidad de atracción. El día 15 de diciembre de 2011 el alcalde actual, Javier Maroto, recibió la acreditación que así lo avala.
En esos términos se plantea la Declaración Institucional, que asigna a la mención recibida un "excepcional interés público". Hecho que a su vez brinda la oportunidad de enriquecer los enfoques aplicados al entendimiento de la ciudad desde el punto de vista cualitativo a través de las interesantes reflexiones planteadas por José Fariña en la intervención realizada con motivo de las Jornadas sobre la EquiCIUDAD, celebradas en San Sebastián los días 14 y 15 de diciembre 2011.
La figura de los Agentes de Desarrollo Local (ADL), en la que losgeógrafostienen una amplia y cualificadarepresentación, compartida con otros técnicos de gran valía, ejemplifica sin ambigüedades los esfuerzos realizados a escala municipal por poner en práctica experiencias de desarrollo enraizadas en la realidad local y en la capacidad de los recursos disponibles con el fin de facilitar la creación de riqueza y de empleo. Ejercen asimismo una labor de asesoramiento encomiable, que ayuda a la toma de decisiones, orienta el sentido de las estrategias y valora el alcance de las medidas que, para su aplicación, han de ser adoptadas. Diversas circunstancias me han permitido conocer de cerca la labor, callada, tesonera y la mayor parte de las veces efectiva, de los ADL en una región tan necesitada de este tipo de profesionales en un universo municipal extraordinariamente atomizado, donde la clarificación de las pautas que han de canalizar las políticas de desarrollo local sólo puede acometerse a partir de un sólido y coherente conocimiento del territorio y de las disposiciones normativas que lo regulan. No se arredran ante las dificultades, de modo que, pese a las incertidumbres de que pudiera verse afectada su labor, manifiestan un decidido empeño por seguir demostrando que ocupan un papel clave en esa dimensión social y económica tan necesaria como es el desarrollo local.
De nuevo he tenido la oportunidad de comprobar en directo estos afanes, destrezas e inquietudes en la reunión organizada en la villa de Toro por la Asociación de Agentes de Desarrollo Local de Zamora (AZADEL). Fue una sesión muy intensa, centrada en un tema por el que muestran una especial preocupación: la política de Ordenación del Territorio en la región que es, en este sentido, la más complicada funcionalmente de España, dadas sus características estructurales, sus tendencias demográficas y, particularmente, los problemas asociados a su configuración administrativa, basada en la existencia de 2.248 municipios, de los que más de las tres cuartas partes no alcanzan los 500 habitantes censados. Una trama muy densa y con serios problemas de funcionalidad.
Las reflexiones y debates surgidos en torno a la Ordenación Territorio fueron abordados desde una doble perspectiva. De un lado, se planteó la necesidad de profundizar en la interpretación de un concepto que, aun dentro de las coordenadas teóricas y operativas que claramente lo definen, ha ido evolucionando al compás de las transformaciones ocurridas en la sociedad, en la economía y, sobre todo, en el contexto de los nuevos principios que justifican la pertinencia de su consideración pluridisciplinar y de la importancia asignada al papel desempeñado por las estrategias de valorización de los recursos endógenos en consonancia con una visión sostenible de los aprovechamientos y de sus impactos.
Guillermo Gallego (Vicepresidente de AZADEL), Fernando Manero (Universidad de Valladolid), David Muriel (ADL en Medina del Campo), Oscar Velasco (Sociedad para el Desarrollo de Zamora). De pie: Alfonso Huertos (ADL en Alcañices) y Santiago Vázquez (Consejería de Presidencia/Junta de Castilla y León)
LA POLITICA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN CASTILLA Y LEÓN
(a partir de la Mesa Territorial de 5 de octubre de 2011)
Gran interés tuvo, de otro lado, la aproximación al conocimiento directo de las pautas que en estos momentos orientan las decisiones destinadas a plantear de nuevo la política de Ordenación del Territorio en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, tras los pasos dados en este sentido por el gobierno regional sobre la base de los acuerdos inicialmente adoptados en la Mesa Territorial organizada el 5 de octubre de 2011, y que han supuesto un punto de partida de un proceso empeñado en avanzar en esta línea de actuación política, al tiempo que se trataba de superar la situación de impasse en la que se encuentra la aplicación de la Ley de Ordenación del Territorio, sobre todo en su compromiso de identificar y definir el Modelo Territorial de la Comunidad Autónoma. Una ley que fue aprobada en 1998, y cuya trayectoria ha estado jalonada por numerosos altibajos, vacilaciones e incumplimientos. Interesa ante todo destacar la disociación que, desde el punto de vista regulador, se ha introducido en esta región entre las competencias relacionadas con aspectos esenciales de la Ordenación del Territorio como son las infraestructuras y cuestiones medioambientales (asignadas a una Consejería específica, denominada de Fomento y Medio Ambiente) y las que expresamente tienen que ver con la reordenación funcional que se pretende llevar a cabo, y cuya responsabilidad corresponde a la Consejería de Presidencia.
De este modo, la Ordenación del Territorio pierde la dimensión transversal que le debe caracterizar para quedar eminentemente circunscrita a su condición de política administrativa, ceñida al propósito de adaptar la trama municipal existente a la lógica racionalizadora que impone la ubicación espacial de los equipamientos y servicios de acuerdo con unos objetivos de eficiencia y pretendida equidad. Para ello, y a falta de conocer las directrices de la trayectoria que pueda seguir en lo sucesivo este proceso (que será fielmente seguido y analizado en este blog), se adopta el criterio de rescatar la noción de Mancomunidad de Interés Comunitario, contemplada en la Ley de Régimen Local (1998), y hasta ahora tan inédita como preterida, para redefinirla como Distrito de Interés Comunitario (DIC), denominación que ha de recibir el nuevo ámbito de actuación configurado mediante la asociación o agrupación voluntaria de municipios y con el que se pretende acometer las actuaciones encaminadas a una localización adecuada y eficaz de los servicios prestados a los ciudadanos. Una propuesta que comienza a ser respaldada por las Diputaciones Provinciales. y que, al parecer, también apoya la Federación Regional de Agentes de Desarrollo Rural.
Tomando inicialmente como referencia espacial para la delimitación de los DIC los ámbitos ya configurados en función de las Zonas Básicas de Salud, se establece en ellos una distinción entre los DIC rurales y los urbanos. En ambos casos, aunque el problema prioritario se centra en el primer tipo, se trata de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y adaptar la ordenación de los ya existentes a las características del nuevo modelo. Por encima de esta categoría, con la que se trata de reordenar la urdimbre municipal, aparecen contempladas las ÁreasFuncionales, dentro de las que asimismo se plantea una diferenciación entre las “estables”, referidas a los municipios de más de 20.000 habitantes e integrando sus respectivos alfoces o áreas de influencia y las “estratégicas”, formadas a partir de la agrupación de los distritos rurales que voluntariamente accedan a configurarlas.
Es, sin embargo, un proyecto aún en ciernes, pendiente de las reuniones programadas con las administraciones locales y los agentes sociales, así como de los acuerdos susceptibles de ser adoptados por los seis Grupos de Trabajo que se prevé constituir para abordar las numerosas incógnitas que afloran cuando se analiza un plan de actuación no contemplado en la Ley de Ordenación del Territorio vigente y cuya premisa básica no es otra que la de resolver los problemas de ineficiencia derivados de una estructura administrativa tan fragmentada como repleta de solapamientos e interferencias. Se prevé que para el mes de junio de 2012 los grupos presenten sus propuestas con indicaciones sobre los cambios que se preven, o aconsejan, en la trama funcional heredada. Ello ha de suponer una revisión a fondo del mapa de las actuales Mancomunidades y su nueva ordenación mediante la elaboración de una Ley de Gobernanza, cuya entrada en vigor se efectuaría en el año 2012. Es obvio que también ha de suponer una readaptación del papel desempeñado por las Diputaciones Provinciales, que todavía está por perfilar. Enfáticamente se señaló que el proceso equivaldría a la sustitución del Pacto Local por un Pacto Territorial, que asumiría, adecuándolo al nuevo contexto, los planteamientos que inspiraron a aquél, aprobado en 2005. Los pasos emprendidos en esta dirección se han manifestado ( en reunión celebrada el 14 de diciembre de 2011) en la presentación al Consejo de Provincias del borrador del decreto que regula la organización y el funcionamiento del Consejo de Cooperación Local de Castilla y León, contemplado en el Art. 51 de Estatuto de Autonomía, creado oficialmente el 15 de marzo de 2011, y cuya aprobación está prevista para comienzos de 2012. Aunque de manera intermitente, se ha abierto un debate en la Comunidad que revela el grado de confusión existente - la prensa ha llegado a hablar incluso del "fregao" de la Ordenación del Territorio - y la falta de claridad en el proceso que se ha de seguir. Con todo, una vez finalizadas las reuniones llevadas a cabo con los ayuntamientos en las diferentes provincias, se ha informado de que todos ellos recibirán el documento donde se recojan las conclusiones y las propuestas sobre el "modelo territorial" pergeñado.
Nos situamos, pues, en un escenario de ajuste administrativo-funcional - basado en la redistribución de competencias en función del tamaño de los municipios - que en modo alguno puede ser indiferente a los Agentes de Desarrollo Local, en su mayoría esforzados profesionales del desarrollo y de la recuperación de los pequeños municipios, cuyo horizonte va a estar inevitablemente marcado por el proceso que acabo de comentar y por el grado de ambición con que pueda llevarse a cabo elPrograma de Desarrollo Rural de Castilla y León, amparado a su vez en la importanteLey para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (2007), a la que hay que otorgar la importancia que merece dados los encomiables objetivos que en su momento la inspiraron y de los que yahe informado en este blog, en virtud de la importancia territorial que presenta.
Desde el primer momento se trató de una medida polémica, muy controvertida y virulentamente vapuleada por la oposición al Gobierno socialista de España. Con ella se trataba de cumplir un doble objetivo: aliviar el altísimo nivel de paro provocado por la quiebra drástica del modelo de crecimiento inmobiliario en el que se habían apoyado las variables expansivas de la economía y del empleo; y, por otro, de proporcionar a los Ayuntamientos, independientemente de su tamaño, unas aportaciones que permitieran afrontar, sin recurrir a su propio presupuesto, obras de diferente envergadura, conforme a un Plan en el que la autonomía local no se veía cercenada aunque sus iniciativas se encuadrasen en la función coordinadora ejercida por la Administración Central.
La oposición política cuestionó la medida, en efecto, pero fueron excepcionales los municipios que renunciaron a esas ayudas que para muchos les vino como anillo al dedo. "Toma el dinero y corre" se dijeron muchos de sus denostadores. Finalizado el programa, y con la perspectiva suficiente, cabe preguntarse:¿Cómo afectó dicho plan al conjunto del territorio? ¿Qué proyectos se llevaron a cabo, dónde y con qué cuantía? ¿De qué manera sirvió para mejorar la dotación funcional de los municipios o contribuir a la mejora de sus servicios e instalaciones? Es evidente que sólo el análisis detallado permitirá despejar correctamente tales incógnitas, extraer conclusiones expresivas sobre sus carencias, limitaciones o ventajas, pero no cabe duda también que la información espacializada que suministra el Ministerio de Política y Administración Pública constituye una buena fuente de la que se puedendeducir interesantes consideraciones.
La constatación y el agravamiento de los niveles de contaminación alcanzados en la ciudad de Madrid en la primera quincena del mes de febrero han vuelto a sacar a la luz el problema que afecta al medio ambiente, particularmente referido a la calidad del aire, en las ciudades españolas y que en el caso de la capital alcanza umbrales preocupantes, tanto mayores cuanto evasivas se muestran las declaraciones de los responsables de la calidad ambiental madrileña. Las efectuadas por la concejal del sector, Sra. Botella Serrano, aludiendo a que “más asfixia el paro” y a que se trata de un problema que se utiliza para tapar otros más graves, como la crisis económica, revelan no sólo incompetencia clamorosa sino grave ignorancia o desdén hacia las tareas que la conciernen.
Y es que, según el Real Decreto 1073/2002 (de 18 de octubre), se asigna a las Comunidades Autónomas la responsabilidad de garantizar la calidad del aire en sus respectivos territorios, salvo en el caso de la ciudad de Madrid donde esta función compete estrictamente al Ayuntamiento, debido a la existencia de instrumentos de medición instalados con anterioridad a la promulgación de la Directiva Comunitaria sobre la mejora de la calidad del aire en las ciudades europeas.
Aunque dicha Directiva data del año 1996 (96/62/CE), su transposición íntegra al ordenamiento español aún no se ha llevado a cabo. Ha habido por parte de la Administración del Estado una clara negligencia en este sentido, que ha motivado sentencias condenatorias hacia España. Quizá por esa razón, de forma paliativa, se ha optado por aplicar las Directivas secundarias que emanan de aquélla(1999/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE y 2004/107/CE), centradas sobre todo en el establecimiento de los límites fijados para los diferentes contaminantes.
La insuficiencia y la lentitud siguen marcando la pauta en este sentido. Baste recordar que la última de las Leyes aprobadas en España sobre la cuestión - Ley 34/2007 de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera – carece aún del indispensable desarrollo reglamentario. Y,para rizar aún más el rizo, señalemos que la Directiva 2008/50/CE, donde se ordena y sistematiza el sistema regulador existente hasta entonces y que pone al día los procedimientos y cálculos de medición, debiera haber sido incorporada a la legislación española en junio de 2010. Al no haberse llevado a cabo todavía, la UE ha abierto el correspondiente procedimiento de infracción al Estado español.
Sin duda, un paso adelante en esta dirección ha sido el dado por la aprobación en el Consejo de Ministros de 4 de noviembre de 2011 del Plan Nacional de Calidad del Aire.
Creo que es interesante analizar la importancia que tiene la participación ciudadana en la concepción y tratamiento de las políticas territoriales. Acabo de terminar un artículo sobre la cuestión, que pronto verá la luz en una conocida Revista de Geografía, y gracias al cual he podido indagar en un tema que sorprendentemente ha sido escasamente estudiado desde nuestra disciplina. Es una carencia que conviene subsanar, ya que difícilmente podrían entenderse las estrategias adoptadas, las soluciones de conflicto, el modelo de decisión aplicado a la solución de problemas que inevitablemente surgen en una estructura socio-territorial compleja si no se valora en su justa perspectiva el alcance de los instrumentos que, desde el poder político, se ponen a disposición de los ciudadanos para que, a través de sus opiniones, debidamente articuladas en el contexto de una sociedad organizada y sensible pueda alcanzar el nivel de atención que le permita incidir en la toma de decisiones.
De ahí la utilidad de las experiencias analizadas “ex profeso”, necesarias para entender las posibilidades, perspectivas e incertidumbres que gravitan en torno al concepto de participación ciudadana como uno de los baluartes esenciales, y a la par más controvertidos, de las políticas públicas relacionadas con la ordenación del territorio. Y ello por dos razones fundamentales. que desearía destacar: porque, como manifestación primordial de la llamada “gestión de proximidad”, ejemplifica el nivel de compromiso e implicación de la sociedad en el diseño de las estrategias territoriales, y porque pone a prueba – en función de las relaciones que en el seno del territorio se construyen entre los individuos, las asociaciones y las instituciones - la calidad de los mecanismos de gestión pública, que precisamente encuentran en el reconocimiento de la participación una de las bases que aseguran el reforzamiento de su legitimidad democrática.
Por esta razón, considero oportuno informar de la iniciativa emprendida recientemente por el gobierno del Pais Vasco, impulsor de la propuesta EcoEuskadi 2020, con la que se trata de reflexionar sobre aspectos de prosperidad económica, equidad y cohesión social, y protección del medio ambiente con el horizonte temporal del año 2020. El resultado contribuirá a orientar las políticas públicas en Euskadi en clave de sostenibilidad”.
La invitación que se hace a la sociedad se muestra muy abierta, en función de las posibilidades permitidas por la comunicación a través de las páginas web diseñadas al efecto.
La iniciativa acaba de comenzar. No estaría de más hacer un seguimiento de sus pasos, a sabiendas de que procesos así no son fáciles ni tienen el éxito garantizado de antemano. Aunque, como es obvio, frente a la pasividad, al dirigismo despótico y a las prácticas opacas que sólo benefician a quien las ejecuta y a sus camarillas, ideas como la que comento deben ser siempre bienvenidas.
Ya he hecho referencia en este bloga la celebración del Congreso Nacional de Medio Ambiente("Ahora más que nunca"), que tuvo lugar en Madrid a finales del pasado mes de noviembre. Entre las sesiones celebradas, una de las más interesantes, y a la que tuve la oportunidad de asistir, fue sin duda la dedicada a la Regeneración Urbana Integrada, concepto esencial ligado a la práctica urbanística de tratamiento integral - con criterios y objetivos de recuperación social, económica y ambiental - de espacios urbanos en situación crítica. Tanto las experiencias analizadas como la expresividad de los ejemplos planteados sirvieron para transmitir un mensaje de confianza en la actuación racional, equilibrada e integradora tanto sobre la ciudad como en los espacios de uso industrial, que no debiera ser pasada por alto.
Por esa razón hay que agradecer a SEPES, la Sociedad Española de Promoción de Suelo Industrial, dependiente del Ministerio de Fomento, la deferencia que ha tenido al colgar en la red las distintas intervenciones planteadas en aquel encuentro y aqui recogidas en una serie de videos. Es un documento valioso, de gran utilidad teórica y práctica, cuya consulta aconsejo.
Se puede adoptar la actitud que se quiera, pero resulta difícil permanecer indiferente ante una propuesta que, planteada con la mejor de las voluntades, merece ser atendida en estos momentos en los que las opciones de salida a la crisis no parecen tan satisfactoriascomo algunos pretenden, redundan en los mismos argumentos que la han provocado y, lo que es más grave, amenazan, si no lo han hecho ya, con acentuar la brecha que separa a los privilegiados de los excluidos. Yéstos abundan ya en demasía, sin perspectivas que animen a una mejora de la situación.
Soy consciente de que las alternativas no son fáciles ni, menos aún, se deben basar simplemente en los buenos propósitos. Hay quienes, escudándose en el escepticismo, afirman que conviene huir de las buenas palabras y de las mejores intenciones, con el argumento de que son simples frases hechas, meros brindis al sol, aunque también estamos hartos de comprobar hasta qué punto los que así hablan se muestran incapaces de apuntar sugerencias constructivas y consistentes en la dirección contraria, para al final quedar situados en la confortable indolencia de la resignación.
Por tanto, y frente al escapismo al uso, ¿cómo ignorar el empeño manifestado por aquellos representantes del poder local, alcaldes y concejales, que defienden la idea de “un nuevo compromiso social parasalir de la crisis, basado en la creación de empleo verde, la lucha contra la corrupción, el ahorro energético y el consumo y producción locales de bienes y servicios”? Situados como estamos ante una crisis en la que confluyen los impactos sociales, económicos y ambientales, es evidente que, en función de las interacciones que se producen entre ellos, las acciones adoptadas desde cada una de estas perspectivas deben ser analizadas y valoradas en la medida en que permitan salir del abismo y del desconcierto en que nos encontramos. Sería también, pienso yo, una excelente oportunidad para motivar a esta sociedad nuestra tan desencantada como necesitada al tiempo de referencias políticas en las que depositar sus esperanzas y también su confianza.
Fotografía de Sandra Asenjo
Esta es una de las conclusiones principales a las que se ha llegado enel encuentro que sobre el Nuevo Compromiso Social Verde (Green New Deal) ha tenido lugar en Madrid el 22 de enero, con el fin de analizar la aplicación de sus principios en las políticas municipales, dimensión esencial de la acción institucional con implicaciones directas en la configuración y funcionamiento del espacio público.
Concretar estas posiciones en un discurso articulado, coherente, viable y atractivo para la ciudadanía es un reto de gran magnitud, cuyas posibilidades están aún por definir. Conocemos únicamente algunas de las líneas maestras en las que se apoya este compromiso, insistente en la necesidad de incluir criterios de contratación verde y comercio justo al tiempo que defiende “la lucha contra la corrupción a través de la transparencia, la ética y la participación social en todas las administraciones y políticas públicas, así como la reducción del clientelismo en bienestar social, primando políticas que favorezcan la autonomía de la persona y ofreciendo servicios en lugar de ayudas económicas".
Como puede verse, estamos ante un discurso que suena diferente del habitual, que saca a la luz problemas irresueltos, que denuncia y trata de corregir malos hábitos enraizados en la vida pública, que preconiza un modelo distinto, en el que queda todavía mucho que discutir. Un modelo, en efecto, abierto a la polémica y a la clarificación de ideas y, sobre todo, de estrategias. Pues de ello precisamente se trata y en ello reside su interés: en servir de marco de atención y referencia para la búsqueda de nuevas formas de gestión en el ámbito local.
Reunión de amigos y colegas en Valladolid. Para hablar de la ciudad, de sus periferias, de sus problemas, de sus horizontes, de sus alternativas.La convocatoria del acto, organizado por la Asociación Ciudad Sostenible, no defraudó las expectativas creadas. En esta ocasión, el invitado era familiar para casi todos, aunque el espacio de encuentro estuvo lleno y seguramente entre los presentes hubo muchas personas que se dieron cuenta de la cantidad de ideas, de imágenes y de reflexiones que pueden aflorar, a lo largo de una sesión de dos horas, cuando se trata el tema urbano con el conocimiento, la experiencia y la seriedad debidos.
Luis Felipe Alonso Teixidor sabe mucho más de lo que dijo, y eso que dijo muchas cosas. Es profesor titular de Urbanismo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Polítécnica de Madrid. Desde hace muchos años me une con él una gran amistad, que se fraguó al calor de los trabajos, viajes, discusiones y múltiples conversaciones compartidos en compañía de Celestino Candela Pi y José Luis Sainz Guerra, que figuran, junto a Susana Ordóñez, entre los artífices de la Asociación organizadora del acto.
Luis Felipe Alonso Teixidor y Celestino Candela Pi
El tema abordado era sin duda sugerente: “Paisajes fronterizos: ¿escenarios urbanos sin ciudad?"A nadie se le oculta que desarrollar en una sesión, de cara a un público donde había personas no especializadas, una cuestión como esta no es tarea baladí. Pero Luis Felipe supo afrontar la complejidad de los problemas abordados con el lenguaje cuidadoso que le caracteriza, con una buena estructuración de las ideas y con ayuda de un soporte gráfico impresionante. En esencia, tres fueron las ideas desarrolladas, y en torno a las cuales gravitó el resto del dicurso.
Con la primera, quiso llamar la atención sobre los impactos de la industrialización en los crecimientos periféricos de las ciudades, donde se crean lo que denominó como “bordes problemáticos”, caracterizados por las tensiones sociales y habitaciones bien conocidos, no sin dejar de mencionar el valor de las iniciativas impulsadas por visionarios del urbanismo humanizado, como el caso expresivo de Ebenezer Howard.
Especial atención dedicó a las características del modelo de expansión periurbana ocurrido en las ciudades norteamericanas, donde tiene lugar, de manera emblemática para otras escalas, la adaptación de las formas de vida a las lógicas de relación y movilidad impuestas por las periferias. Un fenómeno generalizado, que, a su juicio, no debe demonizarse, por más que responda a un enfoque insostenible del crecimiento y dé lugar a la fragmentación como proyecto urbano y a la disgregación de los componentes de la centralidad urbana, tan artificiosos como los pudiera significar el entendimiento de los macrocentros comerciales como el equivalente a las calles principales de los centros urbanos, entre otras razones porque aquellos no operan en modo alguno, a diferencia de éstos, como espacios públicos. Se trata, afirmó, de una tendencia marcada, en el contexto de las periferias, a la “capsularización” de los hábitos y formas de vida.
Por otro lado, no menos interesantes fueron las reflexiones efectuadas en torno a los dualismos que se crean en la ciudad contemporánea como consecuencia de las ocupaciones masivas de espacios que acaban trascendiendo las pautas clásicas de articulación urbana y urbanística.Todo ha consistido, a su modo de ver, “en el tránsito del crecimiento planificado manteniendo el espacio público al crecimiento sin espacio público”. Curiosa antinomia que lleva a pensar en las relaciones de conflicto que surgen entre la ciudad compacta y la ciudad difusa, en las incertidumbres que afloran a la hora de hablar de ciudadanía urbana o en las dificultades de crear conexiones integradoras entre estructuras fragmentadas.
Las consideraciones realizadas en torno a experiencias alternativas -en concreto, aludió a la figura de las “urban villages” norteamericanas (interesa consultar el enlace) - estuvieron motivadas más por el deseo de encontrar una salida satisfactoria a modelos de estructuración de la ciudad correspondientes a una etapa de crecimiento sometida hoy a revisión que por el convencimiento de que se están dando pasos consistentes en ese sentido. En cualquier caso, hizo una valiosa llamada a la reflexión sobre los temas abordados, convencido de que "hay exceso de instrumentos y ausencia de pensamiento". Tomen nota de la frase porque tiene su miga.
El análisis y descripción que, finalmente, hizo sobre el Proyecto de Reordenación Urbana del área formada por los municipios de Oviedo, Siero y Llanera, y al que ya he hecho referencia en este blog, supuso una demostración de madurez profesional, cimentada en una sólida formación técnica y en un conocimiento profundo y meticuloso del territorio en el que se centra el proyecto del que ha formado parte.
En suma, pues, una sesión de gran utilidad, poco frecuentes en la ciudad donde vivo, y que muestra el esfuerzo realizado, con tanto entusiasmo como pocos recursos, por quienes dirigen la Asociación Cultural Ciudad Sostenible de Valladolid.
Cuando sus resultados son patentes en el territorio, las políticas de calidad ambiental acometidas por los pequeños municipios deben merecer el máximo reconocimiento. ¿Cómo invalidar o pasar por alto el esfuerzo que los Ayuntamientos de reducido tamaño realizan por mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos y atender, en la medida de sus modestas posibilidades, a las buenas prácticas que implica un compromiso efectivo con el medio ambiente?
En el 10 Congreso Nacional de Medio Ambiente, recientemente celebrado en Madrid y del que he dado cuenta en este blog, se concedieron los Premios CONAMA a la Sostenibilidad de Pequeños y Medianos Municipios. Tuve la oportunidad de asistir al acto de concesión, que resultó tan interesante como expresivo del empeño que muchas administraciones locales, y quienes las gobiernan, ponen en aras de un mundo más respetuoso con el entorno. No entraré a valorar en detalle lo que este reconocimiento, visto de forma desagregada, me merece. Simplemente me limito a aconsejar la lectura de las fichas respectivas, que sin duda resultan esclarecedoras de la diversidad de situaciones y muy útiles desde el punto de vista comparativo.
