Delimitaciones introducidas por la nueva Ley de Costas

Los cambios introducidos en la Ley de Costas de 2013 y en el Reglamento que prepara el Gobierno permiten reducir la zona protegida y construir más cerca del mar.

En defensa de nuestra costa: un manifiesto oportuno y necesario

Son muchos los geógrafos españoles comprometidos con la preservación de la calidad de los territorios. La fuerte y sistemática alteración sufrida por el litoral, como consecuencia del incumplimiento de la Ley de Costas (1988),  de lo que he dado cuenta a menudo en este blog, tiende a agravarse con las medidas adoptadas en este sentido por el gobierno en el Consejo de Ministros celebrado el fatídico 13 de julio de 2012, que ha supuesto una involución en aspectos esenciales de la vida social, económica, cultural y territorial española. En el tema que nos ocupa se ha dado luz verde al anteproyecto de la presentada como Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral. Un título pomposo, cuya intencionalidad queda despejada con la lectura e interpretación de lo que en ella se propone. 

Por esa razón es bienvenido y pertinente el manifiesto en defensa de la costa que un grupo de colegas de los Departamentos de Geografía de las Universidades españolas han dado a conocer públicamente, y cuyo conocimiento resulta necesario no sólo como reflejo de una postura intelectualmente contraria a la revisión de la Ley sino también como expresión de ese empeño a favor de una cultura del territorio que sepa conciliar el desarrollo con la defensa de sus valores paisajísticos. 


Es un documento abierto a la implicación de cuantos deseen adherirse a él. Pueden hacerlo a través del enlace abierto con tal fin por el Colegio de Geógrafos. 

¿Qué futuro espera a las costas españolas?

El debate suscitado en torno al modelo de ocupación del litoral español ha estado omnipresente en la vida política e intelectual española mucho antes de que fuese promulgada la Ley de Costas en 1988, diez años después de que la Constitución, en su artículo 132, otorgara al litoral la condición de servicio público. Se trató de una ley tardía, acometida cuando ya el espacio que lame el mar había sufrido una de las mayores alteraciones estéticas y medioambientales de cuantas se conocen en Europa. Con todo, y puesto que el consuelo del “más vale tarde que nunca” suele reconfortar como paliativo de las amenazas que se ciernen en su ausencia, la Ley introdujo medidas que hacían pensar que, al fin, la voluntad de preservación de la calidad paisajística de la costa iba a prevalecer sobre los desmanes e incurias que crónicamente se habían ejercido sobre ella.

La Ley obligó a delimitar las áreas consideradas como dominio público, prohibió que se llevasen a cabo operaciones edificatorias, si bien, y en función de los perjuicios que pudiera ocasionar a terceros, autorizó el mantenimiento de las construcciones anteriores a la norma, asignándolas la condición de concesiones estatales durante un plazo de treinta años – susceptibles de prórroga hasta los sesenta – tras los cuales se procedería a su eliminación. La aplicación de la Ley ha sido azarosa y, como era de esperar, muy controvertida: en torno a ella se han generado un sinfín de pleitos, en los que la razón se ha decantado mayoritariamente a favor de la Administración, el tribunal Constitucional la respaldó frente al recurso presentado y, en medio de no pocas interrupciones, se ha realizado ya más del 90 % del deslinde previsto. Las aportaciones efectuadas por el Dr. José Torres Alfosea, profesor de Geografía de la Universidad de Alicante, son muy esclarecedoras sobre la evolución de la normativa relacionada con la ordenación de la costa en España y sobre las manifestaciones que derivan de la aplicación de la Ley ahora cuestionada. Su consulta es obligada si se quiere profundizar en el tema.

Todo se inscribe en un proceso jalonado de numerosas tensiones y denunciado en sus aspectos más críticos por los informes que han puesto en evidencia la gravedad de las operaciones, efectivas o programadas, que han continuado deteriorando uno de los principales elementos del patrimonio natural español. Un valor que es al tiempo factor de identificación del grado de sensibilidad de una sociedad hacia sus espacios litorales. Son varias las alusiones recogidas en este blog al respecto.

No parecen correr buenos tiempos para el futuro de las costas españolas, expuestas a una amenaza permanente que ha hecho de la Ley un documento muy vulnerable. Si las declaraciones en este sentido del responsable de Medio Ambiente en el gobierno que ha comenzado su andadura a finales de 2011 son reveladoras de hasta qué punto la dialéctica entre conservación y desarrollo se modifica sin escrúpulos a favor de una ruptura de los equilibrios y prevenciones con que ha de ser contemplada, el entendimiento de la Ley más como un obstáculo que como una cautela en pro de la preservación de un bien valioso y público hace presagiar un drástico cambio de rumbo que redundará aún más en la devastación urbanística de la costa. Más aún, si, como se ha dicho, es “una buena ley mal aplicada”, resulta preocupante esa “profunda reforma” que se preconiza desde el gobierno del Estado, que en esta ocasión esgrime la situación de crisis como argumento justificativo de la presión inmobiliaria sobre el litoral reproduciendo el modelo que antaño se justificaba por las posibilidades de un contexto diferente, en el que el mercado imponía su ley para orientar una oferta en el sentido más especulativo y desaforado que imaginarse pueda. En ambas ocasiones la interfaz territorial que se configura entre el mar y la superficie emergida se ha llevado, se lleva, y se va a llevar, la peor parte. Con todo, convendrá seguir de cerca las actuaciones planificadoras que se están llevando a cabo en el litoral español, y en ocasiones con gran diligencia normativa, como se refleja en la aprobación a comienzos de abril de 2012 de tres Planes de Ordenación litoral en Andalucía correspondientes a las provincias de Cadiz, Almería y Granada.

Réquiem por las costas españolas

Tapia de Casariego (Asturias)

Hacía tiempo que la suerte estaba echada y cualquier pretensión de corregir la tendencia que durante décadas ha marcado el modelo de ocupación del litoral español ha quedado relegada al olvido. Peor aún, en la frustración y en el desencanto que provoca observar cómo uno de los elementos más valiosos de nuestro patrimonio natural aparece sumido en el camino que inexorablemente ha de llevar a su definitiva desnaturalización, a su empobrecimiento como bien ecológico en paralelo a la exacerbación de su importancia como factor clave en la generación de riqueza a costa de lo que sea.

Poco más puedo decir de un tema que he tratado varias veces en este blog y siempre reiterando el mismo enfoque, pues no hay otro desde la perspectiva que profesionalmente defiendo. Y es que la Ley de Costas, que data de 1988, se ha convertido, hace tiempo ya, en papel mojado, destruido por un oleaje inmisericorde. Las polémicas suscitadas en torno a la situación que se encuentran las edificaciones construidas antes de la entrada en vigor de la Ley han ido minando las perspectivas de aplicación de la norma, favoreciendo así el mantenimiento de los hechos consumados y, lo que es más grave, propiciando incumplimientos sistemáticos que precisamente se amparaban en la tolerancia por parte de las Administraciones públicas, hasta arrinconar por completo el breve período de vigilancia y cumplimiento que tuvo durante la etapa de Cristina Narbona como Ministra de Medio Ambiente. Después, llegó el silencio, y, como dice el poema de Góngora, "miró al soslayo, fuese y no hubo nada". ¿Alguien ha oído hablar de nuevo del Hotel Algarrobico en el Cabo de Gata?

De ello da fiel testimonio la excelente crónica de Rafael Méndez, que anteriormente ya había abordado esta cuestión. Se trata de un texto periodístico riguroso y detallado, que define los aspectos esenciales de un problema que conviene conocer, aunque posteriormente pueda ser ampliada con análisis y documentos que permitan valorar el sentido de la tendencia y sus principales manifestaciones en un proceso que, al parecer, se muestra ya inexorable. Y lamentablemente lo es, por más que entre en contradicción con lo señalado en la Recomendación de la Unión Europea (2002/413) sobre la gestión integrada de las zonas costeras en Europa. Recomiendo la consulta del Documento de Síntesis.

Costas agredidas

Reanudo con el interés y los objetivos de siempre las reflexiones y sugerencias que en este blog tratan de sensibilizar a la opinión pública y a mis alumnos sobre los problemas que aquejan a los espacios amenazados por la incuria, la ignorancia o el lucro desmedido de que hacen gala muchos de quienes debieran ser responsables cuidadosos de la preservación de los rasgos naturales que los distinguen.

En esta época del año, cuando las costas españolas se encuentran abarrotadas de gente y el disfrute del mar aparece como la motivación principal del ocio al que se acogen los propios del país y un verdadero aluvión de cuantos lo visitan, no estaría de más dedicar un poco de tiempo y la atención que se pueda a los argumentos que, de mentes y plumas autorizadas y solventes, incitan a reflexionar sobre el maltrato de que ha sido objeto el litoral español. Con frecuencia he aludido a ello en esta ventana.

No entraré en más detalles, pues mi intención en estos momentos no es otra que la de invitarles a la lectura del artículo que con el título La destrucción de las playas españolas ha publicado recientemente el Dr. Miguel A. Losada, que desempeña la dirección del Centro Andaluz del Medio Ambiente (CEAMA). Es una voz seria y rigurosa, digna del importante organismo que preside y ante todo representante de ese clamor que hoy es compartido, aunque no tenga la resonancia que merece, por un sector cada vez más amplio de la sociedad española.

Otro ejemplo más de la mala gestión del litoral: el caso de Zahora, en Barbate (Cádiz)

Zahora (Barbate/Cádiz). La imagen data de 2006. Obsérvese el alto grado de urbanización alcanzado ya entonces y en flagrante incumplimiento de lo establecido en la Ley de Costas entonces vigente (Ley 22/1988). La actualización de la fotografia permitiría apreciar la densificación de un proceso urbanizador intensivo, claramente perfilado hace cuatro años

En varias ocasiones ya he hecho referencia en este blog a los graves impactos que tienen lugar en las costas españolas. Raras son las áreas del litoral que no se han visto afectadas por actuaciones que degradan su calidad ambiental y paisajística debido a la incuria y a la deficiente gestión de las administraciones responsables. El litoral español ha sido durante décadas objeto de agresión imparable y, por lo que se ve, lo sigue siendo pese a la existencia de mecanismos de regulación, vigilancia y control que lamentablemente no se cumplen. Es lo que sucede en el municipio de Barbate, en la provincia de Cádiz, cuya situación ha sido dada a conocer en la prensa a través de la siguiente nota, cuya lectura recomiendo.

"En Zahora, en el término municipal de Barbate, hay más de 800 viviendas y varias decenas de negocios irregulares, en suelo rústico, agrupados frente al mar sin infraestructuras ni servicios mínimos: no hay una red general de abastecimiento de agua, ni saneamientos, ni transporte público, ni atención sanitaria ni una cobertura decente de TDT. Las casas y los negocios turísticos se mantienen al margen de la ley a la espera de un proceso de regularización que fue planteado por primera vez en 1996 pero que apenas ha avanzado desde entonces y que está muy lejos de ser una realidad. En Zahora todo es ilegal pero hay expectativas de legalización, y, en este limbo urbanístico, es posible construir un hotel y abrirlo al público sin ningún tipo de licencia ante la incapacidad y dejadez de las administraciones públicas.....

Texto completo

Rebelión en la costa gaditana: en defensa de la playa de El Palmar en Vejer de la Frontera. ¿Hacia un nuevo modelo de turismo?

Playa de El Palmar en el municipio de Vejer de la Frontera (Cádiz)

Pocos lugares quedan ya en la costa de Cádiz donde se conserve la autenticidad de su impresionante paisaje natural. Es uno de los litorales más bellos de España, abierto sin trabas a la inmensidad del Atlántico, segado de cuando en cuando por los vientos del océano a los que las gentes ya se han acostumbrado y que aportan esa sensación de libertad que deriva del hecho de mirar al Oeste desde un entorno donde es posible encontrar, a veces, todas las satisfacciones que depara el sentirse identificado con la Naturaleza.

Se trata, sin embargo, de un espacio que vuelve a estar amenazado. Y muy seriamente. Por esa razón aludo a ello. El Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, que preside Antonio Verdú, del Partido Socialista, ha decidido poner en marcha la aprobación de un gran complejo hotelero en la Playa de El Palmar, apenas a 400 metros de la línea de costa. La iniciativa, impulsada en su día por el Grupo Riera Marsá, depende ahora del Grupo Tarje que, por medio de Construcciones Chival, ha diseñado un gran proyecto inmobiliario para construir dos apartahoteles con más de 600 habitaciones, 1300 plazas y un campo de golf. El proyecto está aprobado por el Ayuntamiento de Vejer y la Junta de Andalucía, y cuenta con el respaldo financiero de Caja Madrid.

La controversia y la oposición consecuente están servidas. Al amparo de Facebook ha hecho su aparición la Plataforma Salvar el Palmar, que rechaza el proyecto al tiempo que reclama "otro modelo de turismo, verdaderamente sostenible, local y ecológico". En esta reivindicación la Plataforma cuenta con el apoyo de Greenpeace, Ecologistas en Acción, Clean Ocean Project o la asociación de surfistas por el respeto al litoral.

Concentración en la Playa de El Palmar. 3.4.2010

El 3 de Abril ha tenido lugar una concentración en la playa de El Palmar donde se ha expuesto un Manifiesto dirigido a la opinión pública, con las siguientes refleciones:

“Disfruten de una de las pocas playas que nos quedan en nuestro país sin complejos hoteleros ni macrourbanizaciones. Disfruten de una playa única, admirada por miles de ciudadanos, que no se parece a ninguna de las que tenemos en nuestro litoral. Vengan y disfruten igualmente de la alegría, la sencillez y la hospitalidad de sus vecinos (a los que, por cierto, el Ayuntamiento les tiene muy abandonados). Y una vez que estén aquí relajados, e integrados con los ciudadanos que dicen representar, disfruten de la tranquilidad y de la libertad de los que ya llevamos años y años disfrutando de este tesoro: Turistas, admiradores y visitantes, que acudimos a esta playa, PRECISAMENTE, huyendo de resorts hoteleros, de grandes avenidas, de complejos turísticos impersonales, de campos de golf y de pulseritas en la muñeca con el "todo incluido". Sólo cuando la disfruten así, quizás empiecen a amarla. Y en ese momento, verán la Playa de El Palmar, tal cual es. No como un negocio, no como un objeto con el que mercadear, sino como una obra de arte de la propia naturaleza que no ha sucumbido a ese modelo caduco de turismo que ya ha sepultado bajo cemento y ladrillo a la mayor parte de nuestras playas.

La Plataforma "Salvar el Palmar" ha convocado a estos miles de amantes para decir alto y claro que NO QUEREMOS ningun macrocomplejo turístico en este paraíso. NO LO QUEREMOS. Y no es un NO infantil. No es un NO inmovilista. No es un NO que esté en contra del progreso y el desarrollo de El Palmar. Muy al contrario. Estamos ante uno de los poquísimos parajes costeros de Andalucía donde todavía es posible emprender algo diferente, y es ahí, en el estímulo de esa diferencia, donde está el verdadero progreso y futuro del Palmar. En el Palmar, y en todo el mar de Trafalgar, tenemos una de las pocas oportunidades para empezar a aplicar esos nuevos modelos que ya se están aplicando en los países más avanzados y que están atrayendo a un turismo de excepcional calidad. Porque vivimos tiempos en los que el lujo no es un hotel de 5 estrellas. El lujo es esta playa misma. Y por eso, esta playa ha de convertirse en un ejemplo de turismo innovador verdaderamente sostenible. Que se base en el turismo rural y ecológico, en los pequeños establecimientos con encanto, en los negocios familiares que reflejen la cultura única y particular de esta zona gaditana. Con calles verdes en lugar de carreteras de hormigón. Con carriles bici, rutas de senderismo y deportes acuáticos propios de la zona, en lugar de campos de golf. Con actividades de turismo activo, en lugar de autobuses de turismo pasivo y programado...

La oportunidad que ofrece El Palmar es enorme. Porque dispone de algo excepcionalmente valioso, que lo diferencia de otros destinos turísticos: su virginidad. Y ese tesoro, protéjanlo, estimúlenlo, conviértanlo en un referente para todo Europa. Sus vecinos se involucrarán directamente en el desarrollo de El Palmar, y se lo agradecerán. Y los miles y miles de turistas y admiradores de esta playa seguirán fieles a un lugar que es, y debe seguir siendo, patrimonio natural de todos"

Ante este hecho solo cabe preguntarse: ¿Es posible abordar, y llevar a la práctica, en España un nuevo modelo turístico en el litoral? ¿Hasta qué punto las inercias del pasado impiden concebirlo de otra manera?

Las inundaciones de la costa atlántica francesa: lo que pasa cuando no se tienen en cuenta las lecciones de la Geografía y de la Historia

La urbanización galopante de La Faute-sur-Mer et de L'Aiguillon-sur-Mer, los dos municipios del departamento francés de la Vendée más afectados - junto al de Charente-Maritime y Vienne - por la tormenta Xynthia (28.2.10) comenzó en los años sesenta y continuó a un ritmo desenfrenado en los noventa. Jean Renard, profesor de Geografía en la Universidad de Nantes y especialista en el litoral de la región, ha señalado que “hace 50 años estos espacios, regularmente inundados, eran terrenos comunales, que se alquilaban a los agricultores para, a cambio de una pequeña renta, utilizarlos como área de pasto para el ganado”. Asimismo en ellos se cultivaban patatas, flores e incluso algo de vid. Aleccionados por la experiencia, los campesinos conocían los risgos y los peligros de las inundaciones y sólo construían sobre islotes elevados, como el del viejo núcleo de L’Aguillon o el montículo de la Dive, siempre evitados por las aguas.

Urbanizaciones de La Faute-sur-Mer el 1 de Marzo de 2010

Más allá de la memoria humana, y sin remontarnos a la época romana en que había sectores totalmente marinos, las investigaciones del historiador Jean-Luc Sarrazin han mostrado que en la Edad Media estas zonas litorales estaban sometidos a bruscos accesos del mar, con fuertes mareas y tempestades que elevaban la cota del agua por encima del metro y medio, es decir, de la misma entidad que las que han sorprendido a los habitantes actuales el sábado 27 de Febrero de 2010.

La brutal expansión de la urbanización a partir de los años sesenta ha eliminado esta forma de aprovechamiento respetuosa con los caprichos de la naturaleza, a medida que los Ayuntamientos, a menudo dirigidos por comerciantes y artesanos, han transformado estas tierras agrícolas en terrenos para construir sin fijar límite alguno a la presión de los promotores inmobiliarios. En apenas veinte años, La Faute, L'Aiguillon y los municipios adyacentes han sido lotificados en parcelas de 400-500m metros cuadrados para construir casas bajas al estilo de la Vendée. Son edificaciones aptas para satisfacer la demanda de un turismo masivo pero más vulnerables que los grandes inmuebles que bordean Saint-Jean-de-Monts ou les Sables-d'Olonne. Como afirma el geógrafo Jean Renard, "con residencias secundarias de dos a treces veces más numerosas que las viviendas principales y campings transformados en « mobile homes » el litoral se ha convertido en un lugar ocupado por personas jubiladas de clase media baja ».

Rotura de los diques de contención en Saint-Martin-de Ré

Se trata de una costa muy inestable, de una extrema fragilidad, que pone en evidencia cómo todo el bajo valle del Lay, sobre el que se encuentran los dos municipios más afectados por el Xynthia, constituye un litoral muy dinámico que no cesa de avanzar. La aprobación en 2007 de un plan de riesgos ha constatado que numerosas construcciones se encuentran en zona inundable, así como el hecho de que las instalaciones dedicadas al cultivo del mejillón y de la ostra no hacen sino fragilizar aún más los terrenos.

Información suministrada por Brigitte Perucca en la edición de Le Monde Electronique

Intensificación del deterioro de las praderas marinas en España

La ONG Oceana calcula que España pierde cada año praderas marinas por valor de 60 millones de euros debido a factores como la pesca de arrastre, la construcción de puertos y marinas, y los vertidos. Este dato se ha dado a conocer en una rueda de prensa en la que la organización de conservación marina y Fundación Banco Santander han presentado los resultados de un proyecto conjunto de restauración de praderas marinas desarrollado en Almería el año pasado. Conviene hacer mención a la valiosa labor llevada a cabo por la Plataforma Praderas Marinas de la Axarquía que en Octubre de 2008 organizó el I Congreso sobre el tema en España.

Ambas entidades llevan tres años trabajando para restaurar las praderas marinas de esta provincia y pedir la protección de Punta Entinas-El Sabinar. Para ello han puesto en marcha un proyecto de regeneración de las zonas degradadas e impulsar la creación de una nueva zona protegida cerca de Roquetas de Mar. Los trabajos de recuperación de este paraje han llevado al desarrollo de un plan de recogida y posterior siembra de semillas de la planta marina Cymodocea nodosa, conocida como "prado del caballito de mar", para conocer el éxito que podría alcanzarse en caso de optar por esta iniciativa.

El resultado de este trabajo ha demostrado que las medidas de regeneración de ecosistemas dañados sólo son positivas cuando se realizan dentro de un plan integral de protección. En caso contrario, la capacidad de recuperación es menor al 2,5% de la superficie original, cuando sería 10 veces superior en una zona protegida. "Invertir en conservación es 500 veces más barato que en recuperación. Restaurar 10 hectáreas tiene un coste medio de 7,2 millones de euros, lo que costearía la vigilancia y protección de un área de 5.000 hectáreas durante siete años", ha declarado Xavier Pastor, Director Ejecutivo de Oceana en Europa. "Además, es imposible recuperar una zona degradada si antes no se acaba con lo que provoca este deterioro: pesca de arrastre, extracción de arena, prospecciones petrolíferas y mineras, acuicultura, turismo masivo, construcciones en el litoral, etc".

Un dato que merece ser tenido en cuenta es la pérdida económica que supone la desaparición de ecosistemas tan productivos como las praderas marinas. Según cálculos de Oceana, nuestro país puede contar con más de 100.000 hectáreas de estos hábitats y cada año se pierde entre un 3% y un 5% de su superficie. A juicio de Oceana, el área de Punta Entinas-El Sabinar, que representa en torno a 10.000 hectáreas, debe ser declarada como zona protegida para conservar tres hábitats muy sensibles y de gran importancia para el ecosistema marino como son las praderas de fanerógamas marinas, el maërl y los arrecifes de algas rojas.

El trabajo realizado por Oceana por medio de robots submarinos, buceadores y buques de investigación también permitirá conocer la riqueza biológica de este paraje natural. "La alternancia de hábitats en los que se encuentran hasta tres especies de fanerógamas marinas, junto a arrecifes y rodolitos de algas rojas, convierten al sur de Almería en una zona de alta diversidad biológica", ha explicado Ricardo Aguilar, Director de Investigación y Proyectos de Oceana en Europa. "Son vitales para la pesca, la protección de las playas, la captura de CO2 y el mantenimiento de la biodiversidad", concluye Aguilar.

Demoledor informe sobre la destrucción de la costa andaluza

Impacto provocado por la construcción del Hotel Alarrobico en el espacio natural protegido del Cabo de Gata, Almería

Cien metros resulta insuficiente. Una distancia mínima. La Ley de Costas se ha quedado corta, claramente superada por la masiva construcción de las dos últimas décadas. Estas ideas las podría suscribir cualquiera que conozca el Sur de España y buena parte del litoral español. Y el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, no sólo las confirma, sino que propone cambios para preservar lo poco que queda intacto, sin enladrillar: “Los valores naturales de la franja litoral no son reconocibles en su mayoría de su trazado”, se lamenta. Los detalles y denuncian abundan en el informe sobre la destrucción de la costa andaluza.

“¿Por qué no dejamos en suspenso la norma y discutimos si no sería conveniente proteger el territorio hasta los 500 metros a partir del límite interior de la ribera del mar?”, se pregunta el Defensor andaluz. “No sabemos cómo van a crecer las mareas en el futuro y esta sería una buena medida”, insiste. ¿Precedentes? “Creo que hasta ahora no lo había planteado nadie, ni en España, ni en la Unión Europea. Quizá algún grupo ecologista, no lo sé”.

En las conclusiones del estudio se precisa “ordenar” esta zona con criterios “extraordinariamente restrictivos” respecto de posibles intervenciones urbanísticas que repiten los “modelos” residenciales y turísticos ya existentes. Veinte años después de la entrada en vigor de la Ley de Costas, Chamizo lanza otro dardo: “Todavía queda por aprobar el deslinde definitivo, aproximadamente del 15 o 20% de nuestro litoral”. E insta a las administraciones a adoptar “cuantas medidas sean necesarias para recuperar el dominio público usurpado”. Si es precios, con las compensaciones necesarias.

Otra denuncia plantea en relación con la financiación municipal, dado el elevado peso que en ella tiene el urbanismo. La Oficina del Defensor del Pueblo alerta que el “grave y estructural déficit” de los ayuntamientos de Andalucía no pueden “pretender enjugarse en gran medida con los ingresos procedentes de la actividad urbanística”. El informe deja claro que el mantenimiento y conservación de las nuevas infraestructuras generan “nuevos gastos”. Y es más, años después, “ningún servicio público supone un superávit en su gestión, sino que más bien termina por originar más déficit”.

Las urbanizaciones ilegales suponen otro quebradero de cabeza para el equipo de Chamizo. En Andalucía, concreta el estudio, existen 1.000 construcciones de este tipo. Y este problema “muy pocos municipios lo han abordado con el rigor necesario”. Por ello, solicitó cuando se trate de parcelaciones en la que no haya prescrito la infracción administrativa, las autoridades “impidan la consolidación de las infracciones”, llegando incluso a su demolición si fuera necesario. En el caso de que dicha infracción haya prescrito, instó a que se acometa su regularización y que los costes de la misma recaiga sobre los promotores o los residentes de las edificaciones “nunca las arcas municipales”.

Chamizo también exige una “urgente” reforma del Código Penal que refuerce las penas por comisión de delitos urbanísticos. La intención es perseguir “más eficazmente” estos delitos, ya que, en experiencias compartidas con la Red de Fiscales Medioambientales, se evidencia la existencia de no pocas “imprecisiones técnicas y lagunas en el actual texto en lo que concierne a los delitos de ordenación del territorio”.

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz también ha detallado en este informe las infracciones urbanísticas en suelo no urbanizable. “Con independencia de que tales actuaciones pueden ser, además, constitutivas de delito a tenor de lo previsto en los arts. 319 y 320 del Código Penal, revisten una especial gravedad por el daño que ocasionan en un suelo que debe ser preservado por motivos ambientales”. Añade el estudio: “Se trata de una tipología de infracción en la que, a la hora de su denuncia, ha tomado un importante papel el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que contrasta con la actitud de no pocos responsables municipales que ni tramitan expedientes sancionadores, ni cursan denuncias a los juzgados cuando tienen conocimiento de la ejecución de obras de esta naturaleza en su término municipal”.

Por ello, el estudio no duda en criticar la labor de las autoridades municipales: “Carece de justificación hablar de obras clandestinas cuando se trata de edificaciones que se realizan en el término municipal, sobre el que el Ayuntamiento puede y debe ejercer sus competencias, y son perfectamente detectables por cualquier ciudadano y, desde luego, por los agentes de la Policía Local”. Y apunta “Y, por supuesto, carece de justificación que tantos responsables públicos municipales se amparen en que carecen de medios para perseguir estas infracciones cuando, al tratarse de conductas presuntamente delictivas, basta con que trasladen las denuncias de los hechos de los que tienen conocimiento –lo cual además constituye una obligación «ex lege»- a las autoridades judiciales”. Eso sí, para Chamizo, todavía hay un 90% del territorio interior de Andalucía “salvable”. En el litoral, no.

Este informe no hace sino corroborar el diagnóstico y las conclusiones recogidos en el Informe Destrucción a toda Costa 2006 elaborado por Greenpeace, donde lleva a cabo un análisis riguroso de las gravísimas alteraciones a que se ve sometido el litoral andaluz.