La legalización del disparate urbanístico

De vez en cuando, como si de un volcán se tratara, afloran noticias que nos dejan estupefactos. Sumidos en los dimes y diretes de la política ruidosa, un manto de silencio oculta las manifestaciones de las malas prácticas en la forma de hacer política, que abundan en demasía. Pero de pronto, salen a la luz. Siempre estallan.

¿Cómo es posible que existan más de 300.000 construcciones ilegales solo en Andalucía? ¿Se imaginan ustedes lo que eso significa como expresión de una tolerancia desmesurada e ininterrumpida hacia la iniciativa urbanística sin control y como reflejo de un desprecio absoluto hacia la calidad del territorio y la sostenibilidad ambiental? Pan para hoy y hambre para mañana, y el que venga atrás que arree. Esa es la lógica que durante décadas ha regido el quehacer de la mayoría de los responsables públicos con bastón y mando en plaza y felices de haber sido electos. Un disparate que permanecerá y dejara su huella indeleble en el territorio para siempre. 

Llevo toda la vida profesional hablando y escribiendo sobre la necesidad de ordenar racionalmente el territorio (capacidad de carga, evaluación de impacto, prospectiva...) y me encuentro con esto. ¿ Qué hago al leerlo? Organizo una pira con los textos, que no han servido para nada, o procuro seguir manteniendo viva la llama de la denuncia contra la ineficacia de aquellas administraciones que, fascinadas por su patrimonio cultural y por sus festejos de toda laya, olvidan que el resto del territorio también existe y cuya destrucción acaba tarde o temprano por pasar factura? El coste de la regularización, a cargo del erario público, va a ser descomunal, aunque en modo alguno aliviará el enorme impacto ambiental provocado.

327.583 viviendas ilegales en Andalucía. En toda la Comunidad. ¿Cuántas habrá en este país nuestro tan insensible y despiadado con el territorio que aparentemente no se ve pero que existe como una cruda realidad insoslayable?

Luego viene la gota fría y pasa lo que pasa.

En defensa del Yasuní

Miguel Bayón, antiguo alumno de Geografía en la Universidad de Valladolid, me informa del Manifiesto promovido por una plataforma creada en Ecuador, donde ahora reside y se esfuerza por un mundo mejor,  con el fin de defender la preservación de una zona de gran calidad ambiental amenazada por la explotación petrolífera. 

Me limito a dar a conocer esa iniciativa, identificada como 

Manifiesto de la Geografía por el Yasuní: el 1x 1000 no existe en el territorio 

Es un clamor a favor de la solidaridad y el compromiso, en defensa de los valores ambientales y de la vida de las poblaciones afectadas. 

Conviene leer el documento, apoyarlo explícitamente  con un mensaje a 

geografiacriticaecuador@gmail.com

 ... y, de paso, asomarse a la valiosa tarea desarrollada por la Geografía Crítica en Ecuador 

El deterioro de un espacio singular: el Lago de Sanabria

Hace tiempo que las alarmas se encendieron en el Lago de Sanabria, un espacio natural de gran valor, construido por la acción del modelado glaciar en las sierras Segundera y Cabrera, al Noroeste de la provincia de Zamora. Declarado Parque Natural en 1978, constituye un espacio de gran valor ambiental con una superficie de 22.365 Has., donde destacan las 318 Has. ocupadas por el Lago que da nombre al conjunto.  

Las observaciones realizadas por la Estación Biológica Internacional Duero-Douro han puesto de manifiesto una situación de grave deterioro como consecuencia de los vertidos de aguas residuales y la precariedad, o ausencia, de infraestructuras de depuración que eviten el proceso de contaminación a que se ve sometido el Lago. 

La tierra se rebela cuando se siente agredida

La tierra se rebela cuando se siente agredida. La naturaleza es indómita, elabora y construye sus estructuras conforme a procesos que la configuran en una secuencia muy lenta y de acuerdo con las lógicas naturales en las que precisamente se basan sus equilibrios y sus capacidades de respuesta a la intervención humana. Sólo cuando se respetan sus equilibrios, la Naturaleza se complace en su propia armonía y mantiene esa relación estable con el entorno humanizado, basada precisamente en la consideración rigurosa de los límites en los que se enmarca las tendencias respectivas. Cuando ese equilibrio se altera, producto de la codicia, de la ignorancia, de la desatención deliberada, de la agresión imprudente, sobreviene la catástrofe. 

Todo un cortejo incesante de riesgos se cierne sobre la sociedad cuando la irreflexión y el corto plazo priman sobre la investigación de la realidad y la anticipación de las amenazas que derivan de un tratamiento inadecuado de los elementos que configuran el medio físico. Pese a la contundencia y la gravedad de las lesiones sufridas en el tiempo, da la impresión de que se carece de la inteligencia necesaria para valorar lo que significan la prevención y la cautela, hoy mejoradas al amparo de los sorprendentes avances de la ciencia. Tierra de sismicidades de diversa entidad es el conjunto de la cuenca mediterránea que enlaza Europa con África  La Historia está repleta de experiencias que así lo testifican. Pero parece ser que no son suficientes para aprender la lección. Alterada la falla de Amposta y la red asociada, de la que han hablado los manuales desde siempre, las dislocaciones provocadas por la presión sobre un espacio geológicamente inestable van a permanecer latentes o explícitas durante mucho tiempo en la vida de los ciudadanos que ocupan el entorno del Delte de l'Ebre.

Amablemente el Dr. Roberto Martínez Alegría, experto en riesgos naturales y en evaluaciones de impacto ambiental, ha realizado el siguiente comentario en esta entrada que previamente fue publicada en Facebook  

Quizás tengo el punto de vista sesgado por la geología, pero "a priori" la reutilización de yacimientos de gas, petróleo o incluso agua (conocida como recarga de acuíferos) no me parece mala idea, es más si un yacimiento demostró su estanqueidad durante período geológicos, puede ser un aval de seguridad (no lo afirmo con rotundidad).

Tal vez el problema pudiera residir en un poco adecuado conocimiento del sistema de fallas, pero otra vez me entran dudas. Pues ese yacimiento se estudió intensamente (como trabajan los petroleros) para que se les escapen grandes estructuras tectónicas), pero se volvió a estudiar cuando se plantea su reutilización (proyecto Castor), y una vez más cuando se hace la EIA (aunque me gustaría saber si esta se hizo por el procedimiento completo del anexo I o el simplificado del anexo II). Por todo ello no me atrevo a entrar en una búsqueda desesperada de culpables.

Respecto al fracking creo cada caso habría que verlo en su contexto geológico, hay operaciones viables y seguras respecto a sismicidad inducida y/o contaminación de acuíferos y otras claramente no. Otro problema son los líquidos de retorno con dispersantes empleados en la fracturación hidráulica. Personalmente creo que incorporar el fracking al procedimiento de EIA (tal y como está en la última legislación de 2013) puede ser un avance en transparencia (consulta pública) otra cosa sería si nuestros "líderes y lideresas" capan con el "loable interés de la simplificación" las garantías de dicho procedimiento.

Se concede a GRAIN el Nobel Alternativo

La organización GRAIN, dedicada, entre otros fines, a la defensa de los pequeños agricultores frente a las compras y alquileres masivos de tierra que están teniendo lugar en numerosos países del sur (Africa y Latinoamérica, fundamentalmente) ha sido reconocida con el Right Livelihood Award 2011, al que se considera como el Premio Nobel Alternativo.

Pero no sólo la labor de GRAIN se centra en el aspecto señalado, como ha puesto en evidencia en el discurso de aceptación del Premio. Su lucha, constante, inteligente y necesaria, se encamina también en la dirección que aboga por controlar la expansión de la agricultura transgénica y por la puesta en cuestión de las actividades agrarias con mayor impacto ambiental. La defensa de la soberanía alimentaria y de la sostenibilidad en el aprovechamiento de los recursos marcan sus estrategias más significativas. Es un nombre que conviene conocer y seguir de cerca. Y conviene hacerlo cuando se adquiere conciencia de los impactos provocados por las adquisiciones o alquileres masivos de tierra en los países del Sur, como bien pone de manifiesto este documento recogido por Le Monde Diplomatique:

http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2011-12-16-terres-agricoles

Debate sobre "la depredación de los bienes comunes"

Las reflexiones planteadas en el Encuentro celebrado en Madrid para abordar el debate en torno a esta cuestión de contenido tan actual como inequívoco – “Contra la depredación de los bienes comunes. Ciudad, territorio, capitalismo” – arrojan claridad sobre los factores que han determinado las pautas dominantes en la ordenación del territorio y la gestión urbana en España así como la dimensión de sus impactos espaciales. De ellas emana una perspectiva de análisis e interpretación que ayuda mucho a comprender el entorno en el que se han desenvuelto los procesos analizados y, sobre todo, a ilustrar el significado de los planteamientos estratégicos que, en clave eminentemente especulativa, lo han hecho posible.

Paisaje Transversal – esa excelente “plataforma transdisciplinar para la negociación urbana y la acción territorial”, de la que forman parte también los geógrafos – ha tenido el acierto - y el detalle - de insertar en su blog los videos que recogen las exposiciones efectuadas en esas Jornadas, que, a mi juicio, han marcado un hito significativo en esos debates tan necesarios por cuanto ponen el punto de mira en temas insuficientemente abordados en el panorama intelectual español, pese a que su incidencia en la sociedad, en la economía y en el territorio ofrezca una trascendencia incuestionable desde el punto de vista político, del modelo de desarrollo imperante y de la calidad de vida de los ciudadanos.

Su consulta se muestra a todas luces necesaria

Debates en las Jornadas “Contra la depredación de los bienes comunes. Ciudad, territorio, capitalismo”

Malos tiempos para las sensibilidades y las cautelas ambientales

Corren malos tiempos para la sensibilización ambiental.

Pero, ¿es que los ha habido buenos alguna vez? Cuando la euforia inmobiliaria sacudía al país por los cuatro costados, todos tuvimos ocasión de comprobar con qué desidia y desconsideración se trataban las cuestiones relacionadas con los impactos provocados. Cuando llega la crisis, las prioridades son otras y encaminan sus miradas hacia la solución de las emergencias que conmocionan a la sociedad, relegando a un segundo plano aquellos objetivos que cualitativamente contribuyen a la mejora de las condiciones en las que se desenvuelve la vida de una sociedad.

En uno u otro caso, el territorio es la víctima, el problema desatendido, el valor menospreciado. Por tanto, duele, aunque no sorprenda, lo que certeramente se denomina "la crónica de una decepción". No pintan bien los balances que proporciona el conocimiento de la situación en que se encuentran los Informes de Impacto Ambiental ni las Memorias requeridas en los procedimientos de Evaluación Ambiental Estratégica del planeamiento urbanístico.

Y, por otro lado, no parecen desacertadas las reflexiones que insisten en la necesidad de fortalecer el enfoque crítico aplicado a los instrumentos esgrimidos políticamente como expresión de una voluntad a favor de la calidad ambiental del territorio. La experiencia acumulada de las Agendas 21 ayuda a comprender que no siempre el balance ha sido tan satisfactorio como se pretendía ni los procedimientos puestos en práctica tan efectivos. Las ideas sugeridas al respecto por Salvador Rueda, director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona apuntan claramente en esta dirección, que no podemos ignorar.

Accidente en el Parque de Yellowstone

Catástrofe en el Parque Nacional de Yellowstone, como consecuencia de un vertido provocado por la rotura de un oleoducto de la Exxon Mobil.

Una noticia que ha pasado desapercibida en la prensa española.

El Ártico amenazado: una rigurosa interpretación de los conflictos espacio-ambientales analizados desde la perspectiva jurídica

La gravedad de la crisis ambiental en que se encuentra el Ártico constituye uno de los principales motivos de preocupación de quienes se interesan sinceramente por la situación ecológica del planeta. Es un problema global, al que ya he hecho alusión anteriormente y que a nadie puede dejar indiferente pues de cuanto sucede en este espacio singular dependen procesos que inciden sobre el conjunto de la Tierra y sus equilibrios ambientales. Todas las perspectivas son necesarias para aportar al tratamiento del tema la información que haga posible un conocimiento riguroso de la realidad y de las tendencias que la definen.

De ahí el interés y la utilidad que en esta confluencia de métodos y saberes posee el enfoque jurídico, ya que contribuye a esclarar el significado y el alcance de las tensiones que afectan al territorio y condicionan las formas de intervención sobre él. No en vano se trata de una cuestión que atañe plenamente al Derecho Internacional, al que hay que recurrir para comprender los conflictos surgidos a partir de la delimitación del área entre los Estados ribereños y las controversias provocadas por las apetencias de unos y otras sobre un área codiciada por su posición estratégica en las grandes rutas marítimas internacionales y por la riqueza y variedad de sus recursos naturales.

Profundizar en el significado de las delimitaciones que derivan en la presión ejercida sobre la zona constituye la base científica en la que ha de apoyarse la interpretación de los diferentes instrumentos aplicados a la protección y preservación del medio ambiente ártico, es decir, desde los promovidos por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y los ligados a los Convenios Internacionales para la prevención de la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos (OILPOL) o de la contaminación por buques (MARPOL) a los denominados de “soft law” desarrollados en el marco del Consejo Ártico y de su Estrategia de Protección Medioambiental (AEPS), adoptada en 1991 en Rovaniemi.

Todos estos aspectos son analizados con rigor y profundidad en la obra que aquí se comenta, realizada por la Doctora Ana Manero Salvador, profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid, responsable de una de las principales aportaciones efectuadas en España sobre este tema tan actual como polémico y de necesaria consideración. Los plantea de forma muy bien sistematizada para llegar a la crítica conclusión de que “la voluntad política de los Estados está lejos de valorar el Artico como un espacio natural a proteger”, como resultado de una “visión cortoplacista que puede afectar gravemente a la Comunidad Internacional, dado que el deshielo definitivo del Artico tendrá terribles consecuencias a nivel global”.

El Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico sobre Canarias: luces y sombras en torno a la Ordenación del Territorio y la práctica urbanística

Mogán (Gran Canaria)

Una iniciativa como la que aquí se comenta merece, en principio, ser conocida y valorada en función del interés que pudiera suscitar en el contexto de los debates planteados en torno a la práctica de la ordenación del territorio en España. Me refiero a la puesta en marcha en Gran Canaria el 1 de abril de 2011 del Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico (CAPTE), impulsado por un sector del empresariado de las islas con el fin de desarrollar un espacio de reflexión sobre la situación del archipiélago, que permita analizar a fondo sus problemas, valorar la dimensión de sus recursos y potencialidades, al entender que sólo así es posible “resolver sus incertidumbres, eludiendo cuidadosamente los riesgos de la endogamia y los proselitismos sectoriales”. Se trata, al parecer, de un órgano profesional, de un think tank o laboratorio de ideas concebido al margen de las cuitas políticas y de los afanes de los gobernantes, que pudieran sesgar el sentido de sus aportaciones realizadas sobre la base de la necesaria independencia y capacidad crítica sobre la realidad que les concierne.

El sentido de sus fines ha quedado bien en evidencia desde el primer momento. Pues, al convertir a los problemas que afectan al urbanismo canario en el centro de atención primordial, parece evidente hasta qué punto la cuestión territorial y, ante todo, urbanística haya podido influir en la movilización que ha dado lugar al nacimiento de ese foro de discusión y a la vez de alternativas. Haciendo hincapié en lo que, a su juicio, constituye un desbarajuste clamoroso, cuyo desencadenamiento sitúa en los efectos de la moratoria turística (2001-2003) y en la aprobación de las Directrices que provocaron la paralización de los planes generales y parciales que en ese momento se estaban llevando a cabo, el CATPE trata de transmitir a la opinión pública el nivel de inquietud provocado por las manifestaciones desastrosas de un modelo de ordenación y gestión del territorio apoyado en una maraña legislativa de la que deriva un escenario de gran confusión en el que se desenvuelven erráticamente las administraciones locales y la Comunidad Autónoma, como corresponde a una situación caracterizada por “la exasperación ante el desorden normativo, la abulia administrativa y la desesperante judicialización de la gestión del territorio”.

Denuncia con fuerza la existencia de un panorama especialmente crítico que tiene que ver con el hecho de que Canarias sea la región española con mayor número de normas de ordenación territorial, ya que en ella confluyen, se solapan y contradicen nada menos que 17 leyes, decretos y reglamentos diferentes, lo que, “lejos de dar mayor eficacia a la planificación de los recursos, obstruye las iniciativas inversoras y frustra cualquier tipo de actividad empresarial”. Más aún, en este contexto Canarias aparece como un espacio condicionado por el riesgo y la inseguridad jurídica, “hasta acabar siendo un lastre para el PIB autonómico”.

Basta echar un vistazo a sus observaciones para darse cuenta de lo que entiende como un desastre sin paliativos: “ Tras la paralización normativa que introdujo entre 2001 y 2003 la primera ley de directrices de ordenación del territorio y el turismo, el caos, el descuido, la incapacidad o la desidia se han adueñado de la planificación del suelo en los municipios, hasta el punto que sólo el 22% de ellos (20 de un total de 88) tiene sus deberes urbanísticos al día. En este escenario, no es ni mucho menos menor el dato que a continuación aflora con significativa e inquietante contundencia: el atraso brutal que a los efectos sufre Gran Canaria, donde sólo dos de sus 21 municipios, Agaete y Gáldar, tienen sus planes generales plenamente adaptados al marco normativo autonómico. Un problema que, mucho antes de que lo diagnosticara con toda su crudeza el CATPE, ya ha provocado la fuga de decenas de millones de euros de inversión, incluidas las que algunas empresas derivan hacia Tenerife sólo porque, aunque muy lejos del escenario óptimo, allí está algo más avanzada la planificación territorial. Y un retraso que adquiere ribetes escandalosos si se considera que, a diferencia de los tinerfeños, los dos municipios turísticos por excelencia de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, aún tienen estancados y sin visos de avance sus respectivos planes generales”.

Como puede verse, no se trata de una iniciativa promovida por grupos conservacionistas o vinculados al ecologismo activo, sino que emana del propio sector empresarial, preocupado por la errática profusión reguladora y por las contradicciones que de ella derivan hasta ejercer un efecto de inseguridad permanente. Sus propuestas van en la dirección correctora de los comportamientos que han conducido a un panorama que califican de "desolador". Habrá que observar el alcance de sus propuestas que de momento se decantan a favor de la derogación de la primera ley de moratoria turística y la corrección de la segunda. La razón, según parece, no es otra que la que viene motivada “por los riesgos de voracidad enladrilladora que, como acredita la situación actual de determinadas zonas de los sures turísticos, podría conllevar una involución normativa radical”.

En cualquier caso, y desde la perspectiva que anima este blog, no debe ser ignorado lo que representa una voluntad proclive al fomento de la reflexión crítica, en pro de medidas que defienden una ordenación del territorio apoyada en normas claras, coherentes y sólidamente cimentadas en los principios de la seguridad jurídica. En mi opinión, sería la vertiente más valiosa y positiva de la propuesta que el CAPTE preconiza, y que "a priori" debe ser bien recibida, por más que no quepa ignorar tampoco la suspicacia suscitada en un sector de la sociedad grancanaria cuando alude a la posibilidad de que, tras este planteamiento, tal vez subyazca la idea de que se eliminen los elementos de control o regulación que encauzan - o debieran encauzar, superando las contradicciones reguladoras de que actualmente adolece - la política territorial y urbanística. Sólo la experiencia y la observación de su trayectoria dará respuesta a esta disyuntiva aparente sobre sus propósitos reales.

Ver:

http://www.laprovincia.es/canarias/2011/04/03/empresarios-exigen-derogar-primera-moratoria-nueva-ley-territorio/363092.html

Réquiem por las costas españolas

Tapia de Casariego (Asturias)

Hacía tiempo que la suerte estaba echada y cualquier pretensión de corregir la tendencia que durante décadas ha marcado el modelo de ocupación del litoral español ha quedado relegada al olvido. Peor aún, en la frustración y en el desencanto que provoca observar cómo uno de los elementos más valiosos de nuestro patrimonio natural aparece sumido en el camino que inexorablemente ha de llevar a su definitiva desnaturalización, a su empobrecimiento como bien ecológico en paralelo a la exacerbación de su importancia como factor clave en la generación de riqueza a costa de lo que sea.

Poco más puedo decir de un tema que he tratado varias veces en este blog y siempre reiterando el mismo enfoque, pues no hay otro desde la perspectiva que profesionalmente defiendo. Y es que la Ley de Costas, que data de 1988, se ha convertido, hace tiempo ya, en papel mojado, destruido por un oleaje inmisericorde. Las polémicas suscitadas en torno a la situación que se encuentran las edificaciones construidas antes de la entrada en vigor de la Ley han ido minando las perspectivas de aplicación de la norma, favoreciendo así el mantenimiento de los hechos consumados y, lo que es más grave, propiciando incumplimientos sistemáticos que precisamente se amparaban en la tolerancia por parte de las Administraciones públicas, hasta arrinconar por completo el breve período de vigilancia y cumplimiento que tuvo durante la etapa de Cristina Narbona como Ministra de Medio Ambiente. Después, llegó el silencio, y, como dice el poema de Góngora, "miró al soslayo, fuese y no hubo nada". ¿Alguien ha oído hablar de nuevo del Hotel Algarrobico en el Cabo de Gata?

De ello da fiel testimonio la excelente crónica de Rafael Méndez, que anteriormente ya había abordado esta cuestión. Se trata de un texto periodístico riguroso y detallado, que define los aspectos esenciales de un problema que conviene conocer, aunque posteriormente pueda ser ampliada con análisis y documentos que permitan valorar el sentido de la tendencia y sus principales manifestaciones en un proceso que, al parecer, se muestra ya inexorable. Y lamentablemente lo es, por más que entre en contradicción con lo señalado en la Recomendación de la Unión Europea (2002/413) sobre la gestión integrada de las zonas costeras en Europa. Recomiendo la consulta del Documento de Síntesis.

La crisis del modelo murciano: advertencias desatendidas

Las fuertes tensiones sociales que han afectado en las últimas semanas a la Región de Murcia responden a factores estrechamente ligados a la profunda crisis del modelo de crecimiento y de política territorial llevado a cabo por su gobierno autónomo desde hace años. Analizarlo en profundidad permite entender de qué manera los procesos de transformación del espacio asociados a una visión cortoplacista del desarrollo y sin otras directrices que las que amparan la búsqueda de la máxima rentabilidad en el plazo más corto posible acaban provocando situaciones de prosperidad más aparentes que reales, que de pronto se difuminan cuando el contexto en el que esa forma de entender la política pública queda desvanecido porque, en esencia, constituye más una dinámica artificial que realmente efectiva, y sobre todo modelada por intereses que no son precisamente, a largo plazo, los de la comunidad.

Si la mayor parte del litoral mediterráneo español, desde Andalucía a Cataluña e incluyendo las Baleares, es, con muy pocas excepciones, víctima de esta tendencia y ofrece al observador las manifestaciones más escandalosas del urbanismo depredador que pudiera percibirse en las costas europeas, posiblemente el caso murciano se singulariza dentro de este panorama agobiante porque las prácticas acometidas, y en un espacio particularmente sensible desde el punto de vista ambiental, acentúan aún más la gravedad de los impactos derivados de unas estrategias irresponsables y sin visión sólida de futuro.

Lo que sorprende es que las advertencias no se tuvieran en cuenta. Con motivo de lo sucedido recientemente, he vuelto a consultar el informe que, con el expresivo título "El otro estado de la región", fue dado a conocer en 2006 por uno de los espacios de análisis, reflexión y debate a escala regional más rigurosos de cuantos existen en España. Se trata del Foro Ciudadano de la Región de Murcia, nacido con el siglo XXI y que nunca ha escatimado esfuerzos para poner al descubierto las múltiples deficiencias de la gestión pública en esa comunidad autónoma, donde antaño, y como se cantaba en la zarzuela La Parranda, “resplandecía de hermosura toda la vega murciana”, mientras hoy asistimos a una crisis de gran intensidad que ha dado al traste con el discurso triunfalista dominante para poner ante los ojos de propios y extraños una realidad en estado acusadamente crítico.

Bastaría con leer las interesantes reflexiones sobre Vivienda, Urbanismo y Transporte que se recoge en el Informe señalado para darse cuenta que nada de lo que sucede era difícilmente previsible. Con todo, la consulta de la documentación elaborada por el Foro desde sus orígenes constituye un acervo documental de gran utilidad tanto metodológica como práctica.

La explotación de hidrocarburos en la Amazonia: controles y amenazas masivos sobre el territorio

Uno de los temas a los que mayor atención deseo conceder en este blog es a los impactos derivados de la explotación económica de la Amazonia. Se trata de un territorio tan sensible como amenazado y en el que se concitan muchos de los grandes intereses que, regionales y mundiales, lo conciben como un campo de aprovechamiento de grandes posibilidades ante las que ningún control, o el mínimo posible, debe ser establecido.

Consciente de estos riesgos, y aplicando las lecciones obtenidas de los excelentes colegas del Centro de Desenvolvimento Sustentável de la Universidade de Brasilia, es mi propósito no dejar de destacar en esta ventana aquellos aspectos que deban ser conocidos, e incluso debatidos, para que no pierdan actualidad un tema y un territorio de cuyo futuro depende en buena medida el propio porvenir del planeta.

Por esa razón aludo aqui a la noticia dada a conocer en el foro SMART, al que pertenezco, por Alejandro F. Schweitzer, Profesor de Geografía de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, que también nos recomienda un blog muy interesante sobre la Otra Patagonia.

"Las concesiones para la exploración y explotación de petróleo y gas en la Amazonia peruana amenazan con cubrir el 70 por ciento de la región, según el artículo ’Un segundo ’boom’ de hidrocarburos amenaza la Amazonia peruana’, de investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la ONG Save America’s Forests.

La investigación, publicada en ’Environmental Research Letters’, desvela que hay 52 concesiones de hidrocarburos activas -que cubren el 41 por ciento de la región-, y alerta de que en la actualidad la región se encuentra en las etapas iniciales de un segundo "boom" de exploración de hidrocarburos y que la superficie de concesiones va camino de cubrir el 70 por ciento de la región.

Según el estudio, más de 100.000 kilómetros de líneas sísmicas y cerca de 700 pozos han producido unos 1.000 millones de barriles de petróleo en los últimos 70 años en la Amazonia peruana. Los investigadores apuntaron que se da una disminución constante en la producción de petróleo en la región, aunque la producción de gas natural se ha disparado desde 2004.

La mayor parte de las concesiones se superponen en zonas sensibles, como áreas naturales protegidas por el Estado peruano y territorios oficialmente reconocidos de los pueblos indígenas. De hecho, una quinta parte de las áreas protegidas y más de la mitad de las tierras indígenas registran concesiones de hidrocarburos

Los investigadores criticaron la expansión de la frontera hidrocarburífera, que hace que las últimas regiones remotas y vírgenes de la selva tropical amazónica estén al alcance de las voraces compañías de gas y petróleo"

Es otra manifestación más de los graves impactos a los que está sometida la Amazonia en el sector peruano, como ya indicaba a mediados de los noventa el Informe del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana

Las riadas incrementan sus efectos catastróficos cuando se ordena mal el territorio

“Las riadas matan porque el hombre no respeta los cauces. La elevada intensidad de la lluvia, la rápida escorrentía del agua por laderas y vaguadas, la alta erosionabilidad de los suelos volcánicos son los ingredientes que agrupados en pequeñas cuencas torrenciales con grandes desniveles han configurado, en Madeira, el escenario perfecto para una terrible "riada relámpago".

Así funciona la naturaleza. La gente del país lo sabe, los expertos también, la historia nos lo recuerda: en Madeira, las riadas de 1803 y de 1993, también fueron catastróficas. Las riadas matan cuando en las zonas expuestas a estos fenómenos se ubican viviendas, carreteras e infraestructuras diversas. El último informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres, de la secretaría de la ONU para la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres, nos indica que suponiendo un nivel de peligrosidad constante, el riesgo de mortalidad por inundaciones aumentó un 13% entre 1990 y 2007 y el riesgo de pérdidas económicas creció un 35%. Concluye diciendo que el principal impulsor de esta tendencia es el rápido incremento de la exposición.

En Madeira, y también en Cataluña y en España, el desaforado crecimiento urbanístico de los últimos decenios no ha tenido en cuenta en absoluto las zonas expuestas a los riesgos naturales. En Cataluña más del 15% del suelo urbanizado está en zona inundable. Tenemos conocimiento, tecnología y ordenamiento para mitigar el impacto de los riesgos naturales. Por ejemplo, los mapas de zonas inundables son herramientas básicas para evaluar la peligrosidad de ríos y torrentes. Pero, ¿por qué no se toman las decisiones de ordenación territorial apropiadas para mitigar el riesgo de desastre? ¿Qué precio tendremos que pagar para que las riadas dejen de matar?”.

Carta al Director de Joan Manuel Vilaplana, Profesor de Geología de la Universidad de Barcelona y director del Informe Riskcat. Publicada en el diario El Pais (España), 28 de Febrero de 2010

Ramón Pellitero Ondicol, investigador del Departamento de Geografía de la Universidad de Valladolid, me ha dado a conocer estos videos que revelan la magnitud del desastre producido como consecuencia de las aberraciones urbanísticas cometidas en la isla portuguesa de Madeira. Son imágenes de impacto que hablan por sí solas:

La protección ambiental también debe aplicarse en los paises periféricos

Sólo una intervención drástica y efectiva de la justicia puede evitar impactos ambientales de gran magnitud y también impedir que los instrumentos utilizados para evaluar la incidencia de un proyecto sean objeto de manipulación con el fin de tergiversar , minimizándola, la alteración ecológica de las intervenciones llevadas a cabo.

De ahí el gran interés de la reciente sentencia (21 de Enero de 2010) emitida por el Tribunal Supremo de Canadá por la que se condena la práctica utilizada por la empresa responsable (Goldcorp.) del proyecto minero Red Chris, ubicado en la Columbia Británica, que había consistido en fragmentar ilegalmente la evaluación de impacto ambiental, evitando así un conocimiento riguroso de las repercusiones reales derivadas de la explotación y provocando al mismo tiempo un alto nivel de confusión que condiciona la calidad de la información necesitada para el cumplimiento del requisito de información pública. Cuando se comprobó que el procesamiento de tierras minerales asciende a 30.000 toneladas diarias, las señalas de alarma se dispararon inmediatamente.

Esta misma empresa es al tiempo concesionaria de dos macroexplotaciones mineras en Guatemala. Una, denominada Montana Exploradora, propiedad de Goldcorp, comenzó en diciembre de 2005 la extracción de oro y plata a cielo abierto en la mina Marlin, ubicada en el suroccidental departamento de San Marcos, fronterizo con México. La otra se conoce como Entre Mares, es filial de la firma canadiense, y su objetivo consiste en la obtención de metales preciosos en el departamento de Jutiapa, limítrofe con El Salvador.

La sentencia ha suscitado no pocas esperanzas en los movimientos ciudadanos que en Guatemala siempre se han mostrado hostiles a las actuaciones de esta Compañía, carente de sensibilidad alguna por cuanto tiene que ver con el medio ambiente en ese tan bellísimo como atormentado pais centroamericano. Los representantes de la Comisión Pastoral de Paz y Ecología y de la Mesa de Diálogo sobre Minería se muestran contundentes cuando señalan que Goldcorp debe aplicar el sentido del fallo, como jurisprudencia creada al respecto, en sus explotaciones guatemaltecas, pues “si ellos mismos hablan de responsabilidad social empresarial, esperamos que, como mínimo, al solicitar la aprobación de un estudio de impacto ambiental, lo hagan con los mismos parámetros que ha ordenado la resolución".

La presencia de Goldcorp en la minería americana

Este movimiento se suma a las protestas y reclamaciones que, desapercibidas en el mundo, han provocado mucha tensión en los paises de Centroamérica donde la presencia de Goldcorp ha sido brutal desde el punto de vista ecológico. Basta ver en el Mapa su fortísima implantacion en el istmo.

La batalla legal de Ecuador contra Chevron: la justa causa por la defensa de la Amazonia

-->

Aunque ignorada en los medios, no se debe desconocer la campaña de reparación que Ecuador plantea frente a los impactos provocados en el pais por la explotación petrolífera. Desde 1964 a 1990, Texaco (ahora propiedad de Chevron) llevó a cabo el aprovechamiento de los yacimientos de petróleo localizados en la región septentrional de la Amazonía Ecuatoriana, donde disfrutó de una concesión de un millón y medio de Hectáreas de selva, donde residían varias comunidades indígenas.

Durante este tiempo operó en 15 campos petroleros, perforó 339 pozos, construyó 22 estaciones de producción y efectuó sin control alguno el vertido de miles de millones de litros de residuos tóxicos, posteriormente abandonados – en 627 piscinas de residuos - tras la retirada de la Compañía, que nunca procedió al tratamiento y limpieza de los impactos causados. La elevada toxicidad de los contaminantes generados ha traido consigo deterioros irreversibles en la salud de la población, en la calidad de los ecosistemas vegetales y en la riqueza ambiental de la zona afectada. Se estima que la cantidad de crudo y desechos derramados en el medio ambiente ecuatoriano es treinta veces superior a la vertida por la catástrofe del Exxon Valdez en las costas de Alaska.

La magnitud del desastre provocado justifica que en 1990 un tribunal de Nueva York ordenase a Texaco someterse a la justicia ecuatoriana, lo que le convierte en el primer proceso en la historia que obliga a una petrolera estadounidense a responder ante los tribunales de otro país. De este modo, en mayo del 2003 se inició el juicio en la ciudad de Lago Agrio, a partir de la demanda presentada por colonos y miembros de cinco nacionalidades indígenas, en representación de más de 30.000 personas afectadas. La demanda exige un programa de reparación integral del espacio afectado, cuyo coste ascendería a 6.000 millones de dólares.

La reacción de Chevron ha sido ofensiva e insultante. Aparte de alegar que llevó a cabo un saneamiento entre 1996 y 1998, que todas las supervisiones técnicas invalidan por inefectivo, sus declaraciones abundan en el sentido de que jamás efectuará la limpieza ni abonará la sanción aunque judicialmente se le exija. Más aún, está tratando de presionar al gobierno de los Estados Unidos para que ejerza una actitud intimidatoria frente al ecuatoriano y así se proceda al archivo de la causa.

-->

En el mundo ha surgido un clamor en defensa de esta noble causa. Un clamor dirigido a la sensibilización ante la gravedad de los impactos ocasionados por las empresas que explotan los recursos naturales de forma brutal y sin consideración alguna hacia las comunidades afectadas. Se ha abierto con este fin un espacio de apoyo en pro del derecho de los pueblos que residen en la selva ecuatoriana a la dignidad y la justicia.

No dejen de ver el impresionante documento elaborado por Joe Berlinger, del que es un testimonio el que aqui se incluye.

A comienzos de noviembre de 2013, la Corte Nacional de Ecuador ha impuesto a la empresa una indemnización de 6.400 millones de euros (8.638 millones de dólares) por los vertidos efectuados en la Amazonia. 

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/11/131113_ultnot_fallo_caso_chevron_ecuador_bd.shtml

El entorno histórico-paisajístico de la villa de Numancia: De nuevo los tribunales detienen otro atentado urbanístico contra el patrimonio

Con todos los parabienes y respaldos institucionales – Ayuntamiento de Soria y Junta de Castilla y León – la construcción del polígono Soria II marchaba hasta ahora con el viento de popa. De 2005 data el acuerdo municipal y es el año en el que firma con el gobierno autónomo el compromiso de creación, a través de la empresa Gesturcal, de un área para ocupación industrial en suelo público. Aunque un año después se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) omitiendo la inclusión del poligono, la operación quedo legalizada mediante una modificacion del Plan a los pocos dias de las elecciones municipales de 2007.

Nada podría detener entonces esa operación urbanística de envergadura, que implicaba la expropiación de 117 Hectáreas para construir una superficie de uso industrial que Soria no necesitaba, ya que dispone de suelo para ese destino (polígono de Valcorba, de 274 Hectáreas) con un horizonte temporal de varias décadas. Al parecer nada disuadía a las instituciones promotoras a la hora de respaldar un proyecto ambicioso sin reparar en un importante factor de riesgo: incidía de lleno en un espacio de singular valor arqueológico y, por tanto, histórico-cultural que se corresponde con el entorno de la villa ibera de Numancia, elemento sustancial de un paisaje enriquecido y valorizado naturalmente por las vegas del Duero y del Tera. No son pocas ni irrelevantes las voces que se levantaron contra el atentado ambiental que se preveía. Allí se dieron cita las Reales Academias de Bellas Artes y de la Historia, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Y lo hicieron para defender unos valores patrimoniales que veían seriamente amenazados.

Las administraciones impulsoras eran conscientes del peligro, ya que, según informe elaborado por Gesturcal, empresa vinculada a la Junta de Castilla y León, la construcción del polígono industrial Soria II haría mella nada menos que sobre siete Bienes Declarados de Interés Cultural: el yacimiento de Numancia y el Cerco Romano de Garray, el casco antiguo de esa ciudad, la margen izquierda del río Duero, el claustro de la iglesia de San Pedro, la iglesia y el claustro de San Juan de Duero y su muralla medieval. Asimismo, dejaría ver sus impactos en edificios singulares y zonas de protección arqueológica como el puente sobre el Duero, Nevero, San Millán, Santa María del Puente, el monasterio de San Agustín y una casa particular de los siglos XVI y XVII.

Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ), con sede en Burgos, hizo público ayer el fallo de 14 de Enero por el que se anula dicha modificación del PGOU. Es el mismo juzgado que con anterioridad habia suspendido cautelarmente las operaciones de expropiación, motivado, entre otros argumentos, por la constatacion de que “existe un interés general en proteger todo el entorno de Numancia que podría quedar irreversiblemente dañado con la ejecución inminente de las obras del futuro polígono industrial Soria II". Más aún, apoyándose en esta sentencia, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria ha dictado otra anulando el acuerdo plenario del Ayuntamiento que autorizó la expropiación de los terrenos en la finca de "El Cabezo" de la que es propietaria la familia Marichalar, de gran abolengo en la capital soriana y que, tras una defensa firme de sus intereses y del patrimonio amenazado (entre sus alegaciones siempre aludía a la vulneración que el acuerdo hacía de las normas sobre patrimonios de suelo y los requisitos medioambientales, al no haber sometido el PGOU a evaluación de impacto ambiental) ha conseguido poner freno al disparate que se pretendía.

Otro paso más en la dirección correcta