Este blog pretende contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la cultura y de la sensibilidad territorial ante las múltiples manifestaciones de agresión y deterioro a que se ven sometidos los paisajes como consecuencia de actuaciones frecuente y deliberadamente insensibles con la calidad y los recursos que los identifican.
Desea significar el compromiso de la Geografía y de los geógrafos con la defensa de la calidad de los territorios y
de las buenas prácticas en el ejercicio de la acción pública y en sintonía con los objetivos y principios contemplados
Planteado también con fines didácticos, se concibe como un documento aplicable a la docencia, así como un espacio de encuentro, comunicación y debate con los estudiantes y profesores de Geografía, y con quienes se interesen
por la evolución y los métodos de esta disciplina, por la utilidad e importancia de la información geográfica,
por su dimensión aplicada y por las políticas relacionadas
con la Ordenación, el Gobierno y el Desarrollo del Territorio.
Es una de las reflexiones más rigurosas y acertadas sobre el valor del árbol en la calidad de los paisajes y en el bienestar del ser humano. Aunque es difícil estar en desacuerdo sobre lo que los árboles significan en nuestra vida y en nuestra relación con la naturaleza, la desatención y las amenazas de que con tanta frecuencia son objeto justifican imperiosamente la toma de conciencia que garantice la defensa del árbol y el papel que desempeña en la estabilidad de los equilibrios ambientales. No es posible afianzar "la cultura del territorio" sin conceder a la defensa y conservación de las masas arbóreas, debidamente integradas en el entorno ecológico, el papel que las corresponde. Ya lo advirtió Chateaubriand: “Los bosques preceden a las civilizaciones, los desiertos las siguen”.
El texto, cuya lectura aconsejo, resulta clarificador y estimulante a la vez. Sin el árbol la calidad de vida se resiente y empobrece. Las lecciones que aporta para la valoración de los espacios de convivencia son tan contundentes que menospreciarlas supone un error que se acaba pagando caro.
La publicación del informe emitido por la Intervención General del Estado sobre la gestión de los Parques Nacionales españoles ha puesto en evidencia un panorama crítico, que se viene a sumar a la situación preocupante en que en España se encuentra la protección y la salvaguarda de los valores ambientales. Las alarmas detectadas figuran en la Resolución del 15 de noviembre de 2013, que recoge la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio de 2012 (BOE. 27 de noviembre 2013). Resulta sorprendente constatar que cerca del 90 % de los bienes de que dispone el Organismo gestor de Parques Nacionales- que abarca 15 PN más lo de Cabañeros y Tablas de Daimiel (no transferidos a Castilla-La Mancha), y cuyo valor asciende a 247 millones de euros "no están identificados y no se puede comprobar, por falta de control interno, si esos bienes existen y en qué condiciones de uso, por lo que no se ha podido evaluar el efecto que este hecho pudiera tener sobre las cuentas del ejercicio de 2012". Se señala, además, que "no existe un inventario como tal ni un departamento independiente que lleve un control del inventario ni ningún manual de procedimiento". En este contexto nada tiene de extraño el malestar surgido en torno a la gestión del Parque Nacional de Doñana, del que se se ha hecho eco el Club Doñana al denunciar la situación de "absoluto estado de abandono" en que se encuentra como consecuencia de la dejación de funciones por parte de las diferentes administraciones con responsabilidades, competencias y obligaciones en la aplicación de la normativa específicamente concebida para la ordenación de dicho espacio singular, "único en el mundo". Advierten además que el panorama hacia el futuro se muestra especialmente crítico debido a los impactos provocados por "las extracciones ilegales, la falta de actuaciones para la regeneración hídrica, la ocupación y transformación de cauces públicos, la amenaza provocada por el dragado del río Guadalquivir, la mortandad de la avifauna, etc."
Hace tiempo que las alarmas se encendieron en el Lago de Sanabria, un espacio natural de gran valor, construido por la acción del modelado glaciar en las sierras Segundera y Cabrera, al Noroeste de la provincia de Zamora. Declarado Parque Natural en 1978, constituye un espacio de gran valor ambiental con una superficie de 22.365 Has., donde destacan las 318 Has. ocupadas por el Lago que da nombre al conjunto. Las observaciones realizadas por la Estación Biológica Internacional Duero-Douro han puesto de manifiesto una situación de grave deterioro como consecuencia de los vertidos de aguas residuales y la precariedad, o ausencia, de infraestructuras de depuración que eviten el proceso de contaminación a que se ve sometido el Lago.
A finales de los años ochenta, con ocasión de un viaje a Sevilla, recuerdo que José Manuel Rubio Recio, Catedrático de Geografía Física en aquella Universidad, organizó una excursión al Parque Nacional de Doñana, que, como dijo y luego confirmó con todo lujo de detalles, conocía “como la palma de la mano”. Buena parte de esa familiaridad con el magnífico entorno natural que se extiende junto a la desembocadura del Guadalquivir la había adquirido de sus contactos, relaciones, encuentros y experiencias compartidos durante muchos años con José Antonio Valverde Gómez, al que siempre le cupo la distinción y el reconocimiento de ser considerado como “el padre de Doñana”. De origen vallisoletano (1926), biólogo y afín a los métodos de los geógrafos, fue desde 1987 hijo predilecto de Andalucía y premio Castilla y León de Conservación de la Naturaleza y Medio Ambiente en su primera edición (1989).
En aquel viaje, el profesor Rubio Recio nos presentó a José Antonio Valverde, con quien mantuvimos una reunión de varias horas, que fueron una auténtica delicia, pues nos permitieron descubrir lo que había sido su ingente tarea en pro de la defensa de ese espacio excepcional, los sinsabores de sus empeños, las incertidumbres a que se enfrentaba, ladifícillucha emprendida contra el proyecto ministerial de desecación de la zona, aunque felizmente todo ello culminó en la valoración oficial de su relevancia ecológica cuando en 1969 se le otorgó la condición de Parque Nacional, iniciativa a la que también contribuyeron las actuaciones desplegadas en ese sentido por prestigiosos naturalistas británicos y estadounidenses, que secundaron las posiciones defendidas por Valverde. Éste falleció en 2003 adornado por el prestigio inmenso que adquirió como resultado de la labor llevada a cabo.
Hoy ha llegado a mis manos una obra que lo recuerda con el rigor y la seriedad que esa hazaña merecen. La ha escrito Jorge Molina, un joven onubense que sabe muy bien de lo que habla y que ha llevado a cabo una interesante tarea de recopilación de datos, con el fin de poner en evidencia lo que supuso la “salvación” de Doñana del destino agrario y cinegético con que su aprovechamiento habia sido concebido. El libro lleva un título elocuente - “Doñana, todo era nuevo y salvaje” – y ha sido editada por la Fundación Lara. Su estilo es claro, su estructura coherente, sus referencias curiosísimas, su pretensión más que justificada. Una obra sencilla y grande a la vez, de gran interés geográfico, y, desde luego, necesaria para entender la historia del conservacionismo en España y la lucha que hizo posible la preservación de uno de los espacios naturales más singulares de Europa.
La gravedad de la crisis ambiental en que se encuentra el Ártico constituye uno de los principales motivos de preocupación de quienes se interesan sinceramente por la situación ecológica del planeta. Es un problema global, al que ya he hecho alusión anteriormente y que a nadie puede dejar indiferente pues de cuanto sucede en este espacio singular dependen procesos que inciden sobre el conjunto de la Tierra y sus equilibrios ambientales. Todas las perspectivas son necesarias para aportar al tratamiento del tema la información que haga posible un conocimiento riguroso de la realidad y de las tendencias que la definen.
De ahí el interés y la utilidad que en esta confluencia de métodos y saberes posee el enfoque jurídico, ya que contribuye a esclarar el significado y el alcance de las tensiones que afectan al territorio y condicionan las formas de intervención sobre él. No en vano se trata de una cuestión que atañe plenamente al Derecho Internacional, al que hay que recurrir para comprender los conflictos surgidos a partir de la delimitación del área entre los Estados ribereños y las controversias provocadas por las apetencias de unos y otras sobre un área codiciada por su posición estratégica en las grandes rutas marítimas internacionales y por la riqueza y variedad de sus recursos naturales.
Profundizar en el significado de las delimitaciones que derivan en la presión ejercida sobre la zona constituye la base científica en la que ha de apoyarse la interpretación de los diferentes instrumentos aplicados a la protección y preservación del medio ambiente ártico, es decir, desde los promovidos por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y los ligados a los Convenios Internacionales para la prevención de la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos (OILPOL) o de la contaminación por buques (MARPOL) a los denominados de “soft law” desarrollados en el marco del Consejo Árticoy de su Estrategia de Protección Medioambiental (AEPS), adoptada en 1991 en Rovaniemi.
Todos estos aspectos son analizados con rigor y profundidad en la obra que aquí se comenta, realizada por la Doctora Ana Manero Salvador, profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid, responsable de una de las principales aportaciones efectuadas en España sobre este tema tan actual como polémico y de necesaria consideración. Los plantea de forma muy bien sistematizada para llegar a la crítica conclusión de que “la voluntad política de los Estados está lejos de valorar el Artico como un espacio natural a proteger”, como resultado de una “visión cortoplacista que puede afectar gravemente a la Comunidad Internacional, dado que el deshielo definitivo del Artico tendrá terribles consecuencias a nivel global”.
La importancia, el interés y la diversidad que ofrece el medio físico de la Comunidad de Castilla y León, la de mayor superficie (94.223 Km2) de la Unión Europea, justifican la atención que necesariamente se ha de conceder a cuantas disposiciones y medidas se adopten en relación con la ordenación y el tratamiento de sus valores ambientales.
Profundizar en el conocimiento de los objetivos que se pretenden mediante la Ley constituye un ejercicio de análisis territorial indispensable para comprender no sólo la relevancia de los elementos que configuran el potencial ecológico de la región sino también el alcance de los riesgos que lo amenazan o el significado de las medidas de gestión contempladas. Como tema de estudio, abierto a los ámbitos de la reflexión y del debate en los que los geógrafos han de acreditar su solvencia, concedo gran utilidad al conocimiento con ese fin del Borrador de la Ley de Conservación del Patrimonio Natural de Castilla y León, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de 13 de diciembre de 2010: un texto que en modo alguno debe ser ignorado por cuantos se interesan por las pautas que orientan la gestión de la Naturaleza en España. Se trata de una norma adaptada a la legislación estatal tres años después de la promulgación de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, y de la 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que precisamente fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad por parte de la Comunidad Autónoma.
Parque Natural de Fuentes Carrionas (Montaña palentina)
Por su densidad técnica y por su estructura argumental aconsejo la lectura del Borrador de la citada Ley del mismo modo que estimo también pertinente la consulta de las alegaciones presentadas al texto por Ecologistas en Acción – tanto en su perspectiva general como en el detalle que aplica a la valoración del articulado – ya que aporta ideas valiosas, que ayudan a entender el valor de la metodología aplicada a la interpretación de la norma sujeta al periodo de alegaciones, y que sin duda encierran observaciones bien argumentadas y susceptibles de enriquecer el modo de abordar, con el rigor y la precisión debidos, cuestiones tan sensibles como las que siempre entraña el proceso regulador relacionado con la protección del Patrimonio Natural.
¿Todo vale para el pretendido desarrollo de un espacio determinado? ¿Hasta qué punto sus valores ambientales han de ser tenidos en cuenta antes de proceder a la elaboración y aplicación del plan abocado a la generación de impactos que inevitablemente acaban haciendo mella sobre la calidad de dichos valores? ¿Cuáles son los límites a la intervención humana en un territorio reconocido como sensible y digno de ser preservado? ¿En qué términos se plantea la seguridad jurídica de las decisiones? ¿Corremos el riesgo de modificar la legislación en función de los intereses en juego, cuando estos se ven afectados por una sentencia firme, precisamente amparada en la norma establecida por quienes, cuando les interesa, la cuestionan?
Mucho me temo que este va a ser un debate permanente y de muy largo recorrido en nuestro país, donde aún seguimos asistiendo al despliegue de actuaciones que, con el pretexto del desarrollo al alcance de la mano, no parecen tener control en ese proceso de autojustificación que lleva a considerar que sólo así, mediante la desnaturalización de espacios ambientalmente valiosos, es posible liberar a los lugares y a las comarcas de la postración en que se encuentran. Ejemplos los tenemos a cientos, y casi siempre en el listado interminable hacen acto de presencia espacios de gran calidad ambiental, sujetos, en principio, a instrumentos de protección y salvaguarda que, en virtud de la aplicación de la normativa concebida para singularizarlos, se adoptan y perviven con tal fin... hasta que las circunstancias, asociadas a la presión de intereses con fines especulativos, acaban por restar importancia a la preservación apoyada en dichos instrumentos, considerados más un obstáculo que una garantía a mantener.
Traigamos a colación, como ejemplo palmario, lo sucedido en Extremadura, donde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma ha emitido una sentencia, con fecha 9 de marzo de 2011, contraria a la construcción del macrocomplejo turístico “Marina Isla”, ubicado en un espacio perteneciente a la Red Natura 2000. Y lo ha hecho, como puede verse en el texto, mediante argumentos contundentes que frenan en seco – al declarar su nulidad -una iniciativa amparada en la figura de Proyecto de Interés Regional, a la que con frecuencia se recurre por parte de las Comunidades Autónomas para promover y autorizar intervenciones al margen de los mecanismos que regulan la toma de decisiones con la necesaria transparencia y apertura al debate y a la participación públicos.
Y es que, tras estimar el recurso presentado contra el Proyecto, “consistente en la recalificación y ordenación de terrenos situados en el embalse de Valdecañas (Badajoz), con destino a la construcción del Complejo turístico, de salud, paisajístico y de servicios Marina Isla de Valdecañas”, acuerda “ declarar nulo de pleno derecho el mencionado decreto, y el proyecto de interés regional que en el mismo se aprueba definitivamente, por no estar ajustados al ordenamiento jurídico” y “ordenar la reposición de los terrenos a que se refieren las mencionadas actuaciones a la situación anterior a la aprobación de dicho proyecto y los actos que se hubiera ejecutado con fundamento en el mismo”.
Sinembargo, es una sentencia incómoda que pronto tratará de ser invalidada políticamente. La estrategia emprendida por el Gobierno extremeño consiste en someter al Parlamento, para su aprobación el 31 de marzo de 2011, la modificación “ad hoc” de la Ley del Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura, con el fin de legalizar el complejo citado, tras la sentencia que lo declara nulo. El argumento utilizado señala que la tramitación de la propuesta de ley para modificar la Ley del Suelo «no se hace por el caso de Valdecañas sino porque éste proyecto ha puesto de manifiesto que hay dudas de interpretación para futuros proyectos». Los argumentos se modulan con este fin, llegando incluso a afirmar que "la correcta coordinación de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística con la normativa reguladora se ve comprometida, sin embargo, en aquellos casos en los que se suscitan dudas sobre la real y efectiva voluntad del legislador, bien sea porque las normas dictadas carecen de la adecuada o minuciosa redacción exigible o bien porque se siguen interpretaciones que se apartan de las líneas seguidas al aprobarse". Sorprendente, ¿no?
Más aún, se defiende como una pretensión aclaratoria aplicada al Art. 11 de la Ley esgrimiendo un razonamiento que no tiene desperdicio: “"la mera inclusión de unos terrenos en la Red Ecológica Natura 2000 no determinará, por sí sola, su clasificación como suelo no urbanizable, pudiendo ser objeto de una transformación urbanística compatible con la preservación de los valores ambientales necesarios para garantizar la integridad del área, y comprendiendo únicamente los actos de alteración del estado natural de los terrenos que expresamente se autoricen en el correspondiente procedimiento de evaluación ambiental".
A nadie le debe pasar por alto lo que en el fondo ha sucedido. Cuando la sentencia paraliza el Proyecto, se hace frente a la sentencia modificando la Ley en la que la propia sentencia se ampara. Lisa y llanamente estamos, como bien ha afirmado el Dr. Brufao, de la Universidad extremeña, ante “un atentado contra el Estado de Derecho y la división de poderes”. Una vez más quedan en evidencia las argucias a las que se recurre en la práctica de la Ordenación del Territorio.
He recibido de Miguel Angel Troitiño, Catedrático de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid, el siguiente mensaje, con el fin de que se conozca y sea respaldado de la forma más amplia posible:
Estimados amigos:
Leed el documento adjunto (Propuesta de Mejora del Proyecto de Parque Nacional de las Cumbres del Guadarrama) y, si lo considerais oportuno, firmadlo en el correo que se indica, tambien os ruego que lo difundais. Guadarrama, tras un siglo de iniciativas y propuestas inconclusas, puede alcanzar el rango y el nivel de protección que necesita y le corresponde.
Hacía tiempo que la suerte estaba echada y cualquier pretensión de corregir la tendencia que durante décadas ha marcado el modelo de ocupación del litoral español ha quedado relegada al olvido. Peor aún, en la frustración y en el desencanto que provoca observar cómo uno de los elementos más valiosos de nuestro patrimonio natural aparece sumido en el camino que inexorablemente ha de llevar a su definitiva desnaturalización, a su empobrecimiento como bien ecológico en paralelo a la exacerbación de su importancia como factor clave en la generación de riqueza a costa de lo que sea.
Poco más puedo decir de un tema que he tratado varias veces en este blog y siempre reiterando el mismo enfoque, pues no hay otro desde la perspectiva que profesionalmente defiendo. Y es que la Ley de Costas, que data de 1988, se ha convertido, hace tiempo ya, en papel mojado, destruido por un oleaje inmisericorde. Las polémicas suscitadas en torno a la situación que se encuentran las edificaciones construidas antes de la entrada en vigor de la Ley han ido minando las perspectivas de aplicación de la norma, favoreciendo así el mantenimiento de los hechos consumados y, lo que es más grave, propiciando incumplimientos sistemáticos que precisamente se amparaban en la tolerancia por parte de las Administraciones públicas, hasta arrinconar por completo el breve período de vigilancia y cumplimiento que tuvo durante la etapa de Cristina Narbona como Ministra de Medio Ambiente. Después, llegó el silencio, y, como dice el poema de Góngora, "miró al soslayo, fuese y no hubo nada". ¿Alguien ha oído hablar de nuevo del Hotel Algarrobico en el Cabo de Gata?
De ello da fiel testimonio la excelente crónica de Rafael Méndez, que anteriormente ya había abordado esta cuestión. Se trata de un texto periodístico riguroso y detallado, que define los aspectos esenciales de un problema que conviene conocer, aunque posteriormente pueda ser ampliada con análisis y documentos que permitan valorar el sentido de la tendencia y sus principales manifestaciones en un proceso que, al parecer, se muestra ya inexorable. Y lamentablemente lo es, por más que entre en contradicción con lo señalado en la Recomendación de la Unión Europea (2002/413) sobre la gestión integrada de las zonas costeras en Europa. Recomiendo la consulta del Documento de Síntesis.
Los espacios polares constituyen ámbitos naturales de gran importancia en la estructura de la biodiversidad natural y en la preservación del equilibrio climático de la Tierra. Son áreas particularmente sensibles a los impactos de las actividades humanas y siempre han sido percibidos como lugares a preservar tanto por su riqueza ambiental como por las implicaciones que derivarían de su alteración para el conjunto del planeta. Plenamente justificado está, por tanto, el interés que deben merecer las directrices que orientan las actuaciones llevadas a cabo en los extremos helados de la Tierra, pues su valor trasciende sin duda al estricto ámbito de referencia.
De 1959 data la firma en Washington del Tratado Antártico- un "Tratado de paz y cooperación" - suscrito por 12 países, a los que después se han sumado mucho más, hasta abarcar una relación de 46, entre ellos España. Desde el principio el Polo Sur se concibió como un espacio de interés mundial, ajeno a los conflictos de intereses entre Estados y como un compromiso ambiental de escala planetaria, dado el valor de los procesos naturales que en él tienen lugar. El Tratado ha sido contundente en la prohibición de que en el área se lleven a cabo investigaciones relacionadas con el armamento nuclear y en el establecimiento de los criterios aplicados al desarrollo de la labor científica por parte de los países con instalaciones destinadas a este fin. Posteriormente, y en coherencia con esta línea, se adoptó en Madrid, en 1991 el Acuerdo de Protección Ambiental, que considera a la Antártida como Área de Conservación Especial, obligando a los países implicados a una estricta regulación de las actividades realizadas, que han de ser objeto de evaluación regular e información abierta, con el fin de impedir todo riesgo de impacto o actuaciones lesivas para el entorno. En suma, se ha llegado en este caso a la configuración de un potente y efectivo sistema de protección (Antartic Treaty System) que supone una garantía sólida desde el punto de vista científico, técnico y político.
En cambio, numerosas y graves son las amenazas que afectan la preservación ambiental del Ártico, la zona de la Tierra más sensible al calentamiento global. Bastaría recordar el propósito de la reunión mantenida en mayo de 2008 en Groenlandia por Rusia, Estados Unidos, Canadá, Noruega y Dinamarca, motivados por un objetivo común: la negociación para llevar a cabo una distribución de las áreas de influencia en el Polo Norte, ante la posibilidad de que el aprovechamiento de sus recursos energéticos y mineros pudiera ser potenciado al amparo de las interesantes perspectivas propiciadas por la situación del mercado (competitividad de precios) y por la reducción de la masa helada que hasta ahora habia constituido unobstáculo a los trabajos de prospección.
Es así como de la fiebre del oro que históricamente atrajo a miles de personas a los territorios cercanos al Polo Norte se ha apoderado de las grandes empresas en nuestros días la obsesión por hacerse con las reservas de gas natural y petróleo que, equivalentes a cerca de la cuarta parte de las que aún quedan por descubrir, se localizan en el Ártico. Dos grandes perforaciones han sido ya acometidas por la firma escocesa Cairn Energyen la costa de Groenlandia con total aquiescencia de los responsables políticos de la isla. Únicamente Greenpeace ha manifestado hasta ahora su oposición a tal iniciativa. Se echan de menos otras voces muy beligerantes no ha mucho contra el calentamiento global.
Fuente: Agencia Gubernamental Americana de Investigación Geológica
El proceso de explotación a gran escala está aún en sus inicios pero todo parece indicar que, dependiendo de la coyuntura económica, su desarrollo no es alejado en el tiempo. En este contexto, y a diferencia de lo que sucede en el Polo Sur (aunque también en este caso surgen advertencias respecto al incremento de la corriente turística que afecta al área), da la impresión de que la existencia del Consejo Ártico, creado en 1996 y del que forman parte los ocho países cuya plataforma continental enlaza con el Polo Norte, no va a introducir los mecanismos de salvaguarda y protección, de carácter restrictivo, aplicados en el caso de la Antártida. Más bien se ha limitado a respaldar no tanto las investigaciones científicas de carácter conservacionista como los estudios de valoración de los recursos existentes y de las posibilidades abiertas para el desarrollo de la navegación en un territorio donde el deshielo propicia la apertura y continuidad de rutas marítimas rentables. Todo parece indicar que para el Polo Norte la suerte está echada ante la indiferencia de la comunidad internacional.
