En defensa del Yasuní

Miguel Bayón, antiguo alumno de Geografía en la Universidad de Valladolid, me informa del Manifiesto promovido por una plataforma creada en Ecuador, donde ahora reside y se esfuerza por un mundo mejor,  con el fin de defender la preservación de una zona de gran calidad ambiental amenazada por la explotación petrolífera. 

Me limito a dar a conocer esa iniciativa, identificada como 

Manifiesto de la Geografía por el Yasuní: el 1x 1000 no existe en el territorio 

Es un clamor a favor de la solidaridad y el compromiso, en defensa de los valores ambientales y de la vida de las poblaciones afectadas. 

Conviene leer el documento, apoyarlo explícitamente  con un mensaje a 

geografiacriticaecuador@gmail.com

 ... y, de paso, asomarse a la valiosa tarea desarrollada por la Geografía Crítica en Ecuador 

Cuidado con el impacto ambiental de los Parques Eólicos

Declarado ilegal el Parque Eólico Villabandín II y Ampliación, en la Montaña leonesa 

Conflictos en torno a los impactos ambientales de las infraestructuras: los aprovechamientos hidroeléctricos en la Patagonia chilena

Impactos ambientales de extraordinaria magnitud y gravedad van a afectar en muy poco tiempo a los paisajes y a la calidad ecológica del profundo sur del mundo. Es un problema que nos compete y ante el que debemos mostrar nuestra opinión, por más que los espacios afectados nos resulten remotos. En este mundo de interdependencias múltiples, no ha lugar a la ignorancia, al desdén o a la actitud irresponsable ante sucesos que nos conmocionan por su trascendencia. No importa dónde se encuentren, pues siempre nos serán próximos.

¿Cómo permanecer indiferentes a lo que el gobierno chileno perpreta en el extremo meridional del país, en el territorio que se identifica con el territorio de la Patagonia - concretamente en sectores correspondientes a las Regiones X (Los Lagos) y XI (Aysén) - , donde se han labrado algunos de los espacios naturales más bellos y espectaculares de la Tierra? Bien sabemos, porque la experiencia es harto ilustrativa, hasta qué punto las áreas de montañas son vulnerables a las intervenciones que sobre ellas se ejercen para aprovechar sus recursos, provocar amenazas que distorsionan los elementos en los que se basa la calidad y diversidad de sus ecosistemas o construir infraestructuras que alteran las características y equilibrios legados por la evolución natural.

Confluencia de los ríos Baker y Chacabuco en Cochrane, región de Aysén (AP/Jorge Uzon)

Tan numerosas son, por desgracia, las manifestaciones que reiteradamente nos ponen en evidencia el alcance de estos riesgos inherentes a la utilización de los espacios ambientalmente valiosos como abundantes, e interesantísimos, los testimonios que avalan la singularidad de los paisajes que configuran ese entramado de altitudes, tipos de relieve, modelado y formas de vida existentes en el extremo meridional de ese gran país, Chile, donde se dan, por su disposición en latitud, todos los climas del mundo.

La autorización al grupo HydroAisén, mayoritariamente participado por la firma española ENDESA, de construir en esta área cinco grandes centrales hidroeléctricas, con una potencia instalada total de 2.750 megawatios, que provocarán la inundación de 6.000 Has. y la afectación de un total de 25.000 como consecuencia de las operaciones llevadas a cabo, no es nueva. Gravita desde hace mucho tiempo como una iniciativa plenamente en el ámbito de la decisión pública, que finalmente acuerda acometerla a mediados de 2011, abriendo a partir de entonces un proceso que avanza en esa dirección, aunque no exento de irregularidades, alentado por las perspectivas creadas en el mercado de la energía eléctrica en el Cono sur americano, donde tiende a configurarse una estrategia de integración energética de gran alcance, en la que el gobierno chileno no quiere permanecer ausente.

Como era inevitable, un clima de fuerte contestación emana de un sector relevante de la sociedad chilena y de quienes en la comunidad internacional consideran que ese proyecto constituye una aberración ecológica, un desastre ambiental de enorme gravedad. Según los análisis de impacto efectuados, la construcción de estas obras afectaría a 6 parques nacionales, 11 reservas nacionales, 26 sitios prioritarios de conservación, 16 humedades y 32 áreas protegidas privadas. En ese contexto las tensiones no cesan de aumentar, a medida que se cuestiona el acuerdo de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA), de respaldar el proyecto minimizando la intensidad de sus impactos, y cuyo informe ha sido avalado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, al rechazar los recursos de impugnación presentados por las organizaciones sociales opuestas al proyecto de HydroAisén. Con todo, también existe, en el fragor del debate, posiciones claramente defensoras de la actuación, que en su mayor parte – así lo he detectado a través del seguimiento de la prensa chilena – proceden de individuos y grupos de la capital, de Santiago, que, a 1.600 Kilómetros del espacio amenazado y afectado, quizá ven los riesgos matizados por la lejanía mientras permanecen convencidos de que han de primar más las ventajas obtenidas que las pérdidas ocasionadas. Su actitud no eclipsa, sin embargo, la de los chilenos que desde Santiago y todo el país cuestionan firmemente la iniciativa.

Es un clamor que también ha llegado a España, donde la opinión pública testimonia también su preocupación al respecto. El 11 de abril de 2012 se ha publicado una carta al director en la prensa española (Diario El Pais) que expresa bastante bien el sentido del malestar creado. Vale la pena leerla:

Hay ocasiones singulares y excepcionales, en las que el valor y la sostenibilidad de un lugar pasan por no tocarlo. Porque científica, técnica y simbólicamente modificarlo implicaría la pérdida definitiva e insustituible de un enorme patrimonio de todos.

Es la que tendrá lugar si Endesa y sus filiales siguen adelante con su proyecto hidroeléctrico en la Patagonia chilena. Un proyecto obsoleto, implanteable hoy en Europa, que no se ha molestado en estudiar alternativas, e ineficaz para su propio objetivo de abastecimiento energético a corto plazo. Los ríos Baker y Pascua —a los que afectaría— son dos de los últimos 30 grandes ríos que quedan en el mundo no regulados por infraestructuras humanas. Son, por lo tanto, ejemplos en peligro extremo de extinción. Sus cuencas se extienden por parques y reservas en una región en gran parte virgen e inexplorada, con algunos de los ecosistemas y paisajes mejor conservados del planeta. Cinco mega-centrales que aniquilarán el carácter prístino de los ríos y destruirán el hábitat del huemul (el ciervo más amenazado de América), acompañadas de miles de kilómetros de tendidos de alta tensión que alterarán decenas de espacios naturales protegidos no son dignas de una sociedad avanzada, ni pueden denominarse desarrollo sostenible.

Si Endesa insiste en este camino, dañará para siempre la Patagonia, y será culpable de algo más grave que el delito ecológico. Habrá contribuido a degradar la condición humana. Eduardo Crespo de Nogueira y Greer. Galapagar. Madrid

El modelo energético español: un problema irresuelto e indebidamente abordado

Cada vez se pone más en evidencia las incertidumbres a que conduce la ausencia de una política energética, clara y coherente, en España. Es, a mi juicio, otra manifestación más de las contradicciones, las insuficiencias y los errores que se han instalado con harta frecuencia, y al parecer de manera definitiva, en el modo de actuación aplicado a aspectos esenciales relativos al empleo de los recursos – territoriales y financieros - en los que se basa también, y de manera primordial, la Ordenación (sostenible) del Territorio. La resistencia a plantear un debate, serio y riguroso, sobre el modelo energético español lleva a situaciones tan sorprendentes como la que ha conducido a introducir en la Ley de Economía Sostenible - el gran proyecto de reestructuración económica del país, aprobado en marzo de 2010 - el acuerdo por el que las centrales nucleares se mantengan en funcionamiento más allá de los 40 años para los que fueron diseñadas.

La propuesta, proveniente de Convergencia i Unió y el Partido Nacionalista Vasco, ha sido respaldada por el Partido Popular y por el que sustenta al Gobierno, que modifica así el criterio defendido hasta ahora y que en su momento fue aplicado a la Central de Garona (Burgos), que, excepcionalmente, será clausurada en 2013 mientras las demás permanecerán activas con independencia de que hayan alcanzado o no el tiempo de vida previsto cuando fueron construidas. Y sorprende también que a estas alturas aún permanezca en incógnita la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) para residuos de elevada radiactividad y cuya ubicación se pensaba dejar resuelta en agosto de 2010. En suma, se ha alargado la vida de centrales que se encuentran amortizadas desde hace muchos años y cuyos beneficios, por esa misma razón, son espectaculares, sin que tampoco haya quedado zanjada la cuestión del almacenamiento, particularmente crítico en el caso de los de alta intensidad, para los que se prevé el ATC, y que mientras tanto permanecen en las piscinas de las centrales o se envían a Francia, con un coste de 60.000 euros diarios a partir de 2011.

La decisión se ha inclinado, con la aquiescencia de CCOO y UGT, a favor de los grandes grupos de intereses articulados en torno a la energía nuclear, sin que al tiempo se haya procedido a clarificar -ni se hayan fijado plazos para ello, la estructura del “mix” energético, en coherencia con los recursos del país, con las necesidades a largo plazo en función de la demanda y con las exigencias a que obliga una estrategia más racionalizadora del consumo, que en España alcanza, por unidad de producto, niveles sensiblemente más elevados que en el conjunto europeo. Los cálculos efectuados apuntan al hecho de que por cada 1.000 euros de Producto Interior Bruto el consumo alcanza los 184 Kep (kilogramos equivalentes petróleo) frente a los 169 del promedio de la Unión Europea. Es evidente que se trata de una pauta insostenible teniendo en cuenta que más de las tres cuartas partes del suministro energético español provienen del exterior, lo que determina un altísimo nivel de dependencia y de fragilidad para la economía.

Sin necesidad de entrar en consideraciones pormenorizadas sobre la importancia y el papel que desempeñan, o pueden desempeñar, las distintas fuentes de generación, deseo sobre todo destacar que en estos términos, de indefinición y proclives a la sorpresa, se plantea un problema aún irresuelto. Un problema que no puede afrontarse mediante medidas puntuales, contradictorias con los mensajes previamente transmitidos, creando incertidumbres regulatorias y al margen de ese debate necesario y obligado que brilla por su ausencia, y con la seriedad necesaria, en los foros políticos y económicos que proliferan con tanto ruido como ineficacia en la vida pública española.

Las lecciones de la catástrofe ambiental de Hungría: otra manifestación más de un problema irresuelto

La gravísima catástrofe humana y medioambiental provocada en el impresionante complejo metalúrgico de Ajka (Hungría) por la rotura el 4 de octubre de 2010 de la balsa que almacenaba los residuos de la planta de fabricación de aluminio, propiedad de la empresa Magyar Aluminium, localizada al oeste del país, y que ha traido consigo el vertido incontrolado de un millón de metros cúbicos de lodos tóxicos, ha puesto en evidencia los altísimos niveles de riesgo a que se ven expuestas las áreas situadas en las proximidades de los lugares de almacenamiento de los residuos minero-industriales, aunque su impacto adquiera mayor amplitud en función de los procesos difusores favorecidos por las corrientes de agua, tanto superficiales como subterráneas, que extienden sobremanera el área de incidencia, alcanzando extremos que resulta difícil evaluar hasta bastante tiempo después de transcurrido el accidente.

Se trata de un problema universal, asociado a los riesgos inherentes a las explotaciones mineras, cuyo conocimiento y valoración dista mucho aún de ofrecer el rigor necesario, con la consiguiente repercusión en la calidad de las medidas preventivas. Lo ocurrido en Hungría, que recuerda a la tragedia sucedida en la presa asociada a la mina de piritas de Aznalcóllar (Sevilla) en 1998, es una demostración fehaciente de las limitaciones de que aún adolecen los mecanismos de control y vigilancia que se presume debieran implicar en la Unión Europea medidas de actuación frente al riesgo, cuya amenaza es permanente, en consonancia con la consideración que tradicionalmente ha merecido la protección ambiental a través de un amplio arsenal de Reglamentos y Directivas.

Sorprende, efecto, que después de Aznalcóllar se haya tardado ocho años en poner en vigor una Directiva decididamente abocada a afrontar un problema letal en el territorio, con efectos potenciales de extremada gravedad. Los pasos dados hasta la aprobación de la Directiva 2006/21/ de 15 de marzo sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas pone fin a un periodo de tibieza e insuficiencias disciplinarias sobre este tipo de riesgo, de lo que adolecían las Directivas anteriores: la 96/82, promulgada a raiz del accidente de Seveso y la 2004/35 sobre responsabilidad medioambiental.

Las disposiciones de la Directiva de 2006 son claras cuando señalan que “es necesario establecer requisitos mínimos para prevenir o reducir en la medida de lo posible cualquier efecto adverso sobre el medio ambiente y la salud humana derivado de la gestión de residuos de las industrias extractivas, tales como los residuos de extracción y tratamiento (los residuos sólidos o lodos que se generan tras el proceso de tratamiento de los minerales mediante una serie de técnicas), la roca estéril y los terrenos de recubrimiento (el material que se mueve en una operación de extracción para acceder a un yacimiento mineral, también durante la fase de desarrollo previa a la producción) y la tierra vegetal (la capa superior del suelo)”.

Sin embargo, el plazo previsto para la trasposición a los ordenamientos respectivos se amplia hasta el 1 de mayo de 2012, fecha en la cual “los Estados miembros garantizarán que cualquier instalación de residuos a la que se haya otorgado una autorización o que esté ya en actividad el 1 de mayo de 2008 sea conforme a las disposiciones de la presente Directiva”.

Diario PÚBLICO. 8.10.2010

Diario EL PAIS. 16.10.2010

Lo sucedido en el pais centroeuropeo constituye, pues, una dramática llamada de atención, que revela una estrategia demasiado dilatoria respecto a las cautelas a adoptar ante una amenaza de riesgo letal y al tiempo la persistencia de un problema de enorme magnitud y gravedad en la tipología de los riesgos naturales y ambientales, objeto de estudio minucioso y solvente en la tesis doctoral realizada en el Departamento de Geografía de la Universidad de Cantabria por Maria Isabel Fernández Garrido.

En ella se presta atención, entre otras interesantes cuestiones, al problema que nos ocupa y que en España reviste una considerable dimensión. Utilizando datos del Instituto Geológico y Minero de España, el diario Público ha editado en su número de 8 de octubre de 2010 una elocuente información, en la que se señala la importancia de los residuos minerales por provincias, distribuidos en 7.096 instalaciones para depósitos procedentes de la extracción minera (industriales aparte), de las que 909 son de grandes dimensiones. No hay que olvidar tampoco que de las 524 que se hallan en situación de abandono, sólo 54 han sido objeto de medidas de restauración. Ejemplo de ello lo ofrece el trabajo llevado a cabo en este sentido en la balsa de las minas de la compañía Rio Tinto en el municipio gallego de Touro, considerada como una operación de buena práctica medioambiental.

La desigual protección de los espacios polares: graves amenazas se ciernen sobre el Ártico

El Polo Norte codiciado

Los espacios polares constituyen ámbitos naturales de gran importancia en la estructura de la biodiversidad natural y en la preservación del equilibrio climático de la Tierra. Son áreas particularmente sensibles a los impactos de las actividades humanas y siempre han sido percibidos como lugares a preservar tanto por su riqueza ambiental como por las implicaciones que derivarían de su alteración para el conjunto del planeta. Plenamente justificado está, por tanto, el interés que deben merecer las directrices que orientan las actuaciones llevadas a cabo en los extremos helados de la Tierra, pues su valor trasciende sin duda al estricto ámbito de referencia.

De 1959 data la firma en Washington del Tratado Antártico - un "Tratado de paz y cooperación" - suscrito por 12 países, a los que después se han sumado mucho más, hasta abarcar una relación de 46, entre ellos España. Desde el principio el Polo Sur se concibió como un espacio de interés mundial, ajeno a los conflictos de intereses entre Estados y como un compromiso ambiental de escala planetaria, dado el valor de los procesos naturales que en él tienen lugar. El Tratado ha sido contundente en la prohibición de que en el área se lleven a cabo investigaciones relacionadas con el armamento nuclear y en el establecimiento de los criterios aplicados al desarrollo de la labor científica por parte de los países con instalaciones destinadas a este fin. Posteriormente, y en coherencia con esta línea, se adoptó en Madrid, en 1991 el Acuerdo de Protección Ambiental, que considera a la Antártida como Área de Conservación Especial, obligando a los países implicados a una estricta regulación de las actividades realizadas, que han de ser objeto de evaluación regular e información abierta, con el fin de impedir todo riesgo de impacto o actuaciones lesivas para el entorno. En suma, se ha llegado en este caso a la configuración de un potente y efectivo sistema de protección (Antartic Treaty System) que supone una garantía sólida desde el punto de vista científico, técnico y político.

En cambio, numerosas y graves son las amenazas que afectan la preservación ambiental del Ártico, la zona de la Tierra más sensible al calentamiento global. Bastaría recordar el propósito de la reunión mantenida en mayo de 2008 en Groenlandia por Rusia, Estados Unidos, Canadá, Noruega y Dinamarca, motivados por un objetivo común: la negociación para llevar a cabo una distribución de las áreas de influencia en el Polo Norte, ante la posibilidad de que el aprovechamiento de sus recursos energéticos y mineros pudiera ser potenciado al amparo de las interesantes perspectivas propiciadas por la situación del mercado (competitividad de precios) y por la reducción de la masa helada que hasta ahora habia constituido un obstáculo a los trabajos de prospección.

Es así como de la fiebre del oro que históricamente atrajo a miles de personas a los territorios cercanos al Polo Norte se ha apoderado de las grandes empresas en nuestros días la obsesión por hacerse con las reservas de gas natural y petróleo que, equivalentes a cerca de la cuarta parte de las que aún quedan por descubrir, se localizan en el Ártico. Dos grandes perforaciones han sido ya acometidas por la firma escocesa Cairn Energy en la costa de Groenlandia con total aquiescencia de los responsables políticos de la isla. Únicamente Greenpeace ha manifestado hasta ahora su oposición a tal iniciativa. Se echan de menos otras voces muy beligerantes no ha mucho contra el calentamiento global.

Fuente: Agencia Gubernamental Americana de Investigación Geológica

El proceso de explotación a gran escala está aún en sus inicios pero todo parece indicar que, dependiendo de la coyuntura económica, su desarrollo no es alejado en el tiempo. En este contexto, y a diferencia de lo que sucede en el Polo Sur (aunque también en este caso surgen advertencias respecto al incremento de la corriente turística que afecta al área), da la impresión de que la existencia del Consejo Ártico, creado en 1996 y del que forman parte los ocho países cuya plataforma continental enlaza con el Polo Norte, no va a introducir los mecanismos de salvaguarda y protección, de carácter restrictivo, aplicados en el caso de la Antártida. Más bien se ha limitado a respaldar no tanto las investigaciones científicas de carácter conservacionista como los estudios de valoración de los recursos existentes y de las posibilidades abiertas para el desarrollo de la navegación en un territorio donde el deshielo propicia la apertura y continuidad de rutas marítimas rentables. Todo parece indicar que para el Polo Norte la suerte está echada ante la indiferencia de la comunidad internacional.

La Amazonia como gran espacio hidroeléctrico: la presa de Belo Monte, la tercera del mundo, ya ha sido licitada en Brasil

Localización de la presa de Belo Monte en el rio Xingu

La producción de energía, entendida como respuesta al incremento de la demanda y a las expectativas de su progresión creciente, se ha convertido en un objetivo primordial de política pública que está por encima de las ideologías. Desde el poder nunca se han cuestionado – al menos que yo sepa – las grandes actuaciones encaminadas a la construcción de las infraestructuras necesarias para que la obtención de electricidad no sufra menoscabo alguno ni plantee problemas – reales o hipotéticos – de insuficiencia ante la evolución del consumo. Tan poderosos son los argumentos a favor de su condición de sector estratégico para la soberanía y el desarrollo internos como su capacidad para fortalecer la balanza comercial, atendiendo necesidades ajenas, que cualquier gobierno asume lo que ello significa, anteponiéndolo a cualquier otro tipo de consideraciones, obviamente motivadas por el espectacular impacto que una obra de estas características trae consigo.

A punto de finalizar su mandato, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ha decantado sin reserva alguna a favor de la construcción de la presa de Belo Monte, en el río Xingu, en el estado de Pará, en el corazón de la Amazonia. LLamada a ser la tercera instalación hidroeléctrica mayor del mundo (tras la de las Tres Gargantas en China y la Itaipú en la frontera Brasil-Paraguay), su potencia instalada asciende a 11 GW (esto es, con capacidad para producir 11 mil megavatios/hora) y su entrada de funcionamiento está prevista en 2015. No es una iniciativa nueva. Comenzó a plantearse en los años 70, cuando la sensibilidad ambiental era reducida y la política brasileña estaba marcada por la dictadura, pero la presión internacional la detuvo hasta que el gobierno actual la ha rescatado en el contexto de sus propósitos por convertirse en una de las principales economías del mundo.

Principales áreas de abastecimiento de la energia producida en Belo Monte

Este proyecto, cuya inversión se estima en 10.500 millones de dólares, ha sido ya adjudicado al consorcio Norte Energía, bajo el control mayoritario de la empresa estatal Compañía Hidroeléctrica Sao Francisco, y al que pertenecen otras siete firmas del sector de la construcción. Esta iniciativa forma parte de un ambicioso plan de acción energética de Brasil que al tiempo contempla la construcción de las hidroeléctricas de Santo Antonio, Jirau y Estreito más el espectacular complejo Tapajós, que el propio presidente ha definido como “una revolución en el sistema de producción de energía hidroeléctrica”.

Analizar a fondo lo que esto significa excede las posibilidades de esta nota, mas es obvio que estamos ante un tema de enorme relevancia geográfica. Todos sabemos bien los impactos que provoca la construcción de un embalse, causante de una modificación integral del espacio, ya que todos sus elementos – humanos y naturales – experimentan una transformación de extraordinaria envergadura a la par que irreversible, lo que sin duda ha de ser impresionante cuando la lámina de agua ocupe los 500 Kms cuadrados previstos.

Tierras indígenas inundadas por la construcción de la presa

Un espacio transformado

Sin embargo, las reacciones no se han hecho esperar. Y han venido fundamentalmente de las comunidades afectadas, que han mostrado un rechazo frontal, aun a sabiendas de que sus posibilidades son escasas. Han contado con el apoyo explicito de James Cameron, el celebrado director de la película Avatar (premonitoria en este sentido), quien ha afirmado en Brasil que la presa es un desastre ecológico sin paliativos y que supone una amenaza gravísima a los equilibrios ambientales de la región amazónica. No deja de ser un apoyo testimonial, que apenas ha sido secundado en un momento que permanece indiferente – salvo la protesta efectuada en Brasilia por Greenpeace- a este tipo de actuaciones. Al menos hasta ahora.

Una pregunta que se impone: ¿qué magnitudes alcanzan los costes ambientales del desarrollo en los llamados paises emergentes?. Ya saben, los BRIC (Brasil, Rusia, India y China)

Alcance y significado de las movilizaciones sociales contra la minería en Argentina

Proyectos mineros en la provincia de Catamarca (Argentina)

Poco o, peor aún, nada se sabe en España y en Europa de los movimientos que están teniendo lugar en Argentina contra las explotaciones mineras que de forma abusiva ocupan el territorio y lo transforman ocasionando impactos brutales a costa de la preservación de la calidad de los paisajes y los espacios de uso común, siempre esenciales para la economía y las formas de vida de la población.

El pasado 27 de Febrero ha tenido lugar una gran reunión en la ciudad de Andalgalá, provincia de Catamarca, en la que han participado cooperativas agrarias, asociaciones cívicas, organizaciones estudiantiles y ciudadanos particulares con el fin de crear una Coordinadora en Defensa del Territorio y los Bienes Comunes, que centre sus esfuerzos en la denuncia de las actuaciones efectuadas por las empresas mineras. Si en un principio sus esfuerzos se centran en Catamarca, su intención se abre al desarrollo de movilizaciones en cualquier otra provincia argentina.

Se trata, en cualquier caso, de promover un movimiento organizativo de gran alcance, orientado al cumplimiento de una serie de objetivos, cuya lectura resulta muy elocuente ya que nos sitúa en una perspectiva crítica respecto a las intervenciones mineras que, en el marco de una legislación privilegiada y permisiva, se acometen en América Latina, donde estas iniciativas movilizadoras han alcanzado un considerable desarrollo, capaz de ofrecer un marco de análisis y valoración de gran interés desde la perspectiva de la gestión del territorio en espacios mineros.

La explotación de hidrocarburos en la Amazonia: controles y amenazas masivos sobre el territorio

Uno de los temas a los que mayor atención deseo conceder en este blog es a los impactos derivados de la explotación económica de la Amazonia. Se trata de un territorio tan sensible como amenazado y en el que se concitan muchos de los grandes intereses que, regionales y mundiales, lo conciben como un campo de aprovechamiento de grandes posibilidades ante las que ningún control, o el mínimo posible, debe ser establecido.

Consciente de estos riesgos, y aplicando las lecciones obtenidas de los excelentes colegas del Centro de Desenvolvimento Sustentável de la Universidade de Brasilia, es mi propósito no dejar de destacar en esta ventana aquellos aspectos que deban ser conocidos, e incluso debatidos, para que no pierdan actualidad un tema y un territorio de cuyo futuro depende en buena medida el propio porvenir del planeta.

Por esa razón aludo aqui a la noticia dada a conocer en el foro SMART, al que pertenezco, por Alejandro F. Schweitzer, Profesor de Geografía de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, que también nos recomienda un blog muy interesante sobre la Otra Patagonia.

"Las concesiones para la exploración y explotación de petróleo y gas en la Amazonia peruana amenazan con cubrir el 70 por ciento de la región, según el artículo ’Un segundo ’boom’ de hidrocarburos amenaza la Amazonia peruana’, de investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la ONG Save America’s Forests.

La investigación, publicada en ’Environmental Research Letters’, desvela que hay 52 concesiones de hidrocarburos activas -que cubren el 41 por ciento de la región-, y alerta de que en la actualidad la región se encuentra en las etapas iniciales de un segundo "boom" de exploración de hidrocarburos y que la superficie de concesiones va camino de cubrir el 70 por ciento de la región.

Según el estudio, más de 100.000 kilómetros de líneas sísmicas y cerca de 700 pozos han producido unos 1.000 millones de barriles de petróleo en los últimos 70 años en la Amazonia peruana. Los investigadores apuntaron que se da una disminución constante en la producción de petróleo en la región, aunque la producción de gas natural se ha disparado desde 2004.

La mayor parte de las concesiones se superponen en zonas sensibles, como áreas naturales protegidas por el Estado peruano y territorios oficialmente reconocidos de los pueblos indígenas. De hecho, una quinta parte de las áreas protegidas y más de la mitad de las tierras indígenas registran concesiones de hidrocarburos

Los investigadores criticaron la expansión de la frontera hidrocarburífera, que hace que las últimas regiones remotas y vírgenes de la selva tropical amazónica estén al alcance de las voraces compañías de gas y petróleo"

Es otra manifestación más de los graves impactos a los que está sometida la Amazonia en el sector peruano, como ya indicaba a mediados de los noventa el Informe del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana

La batalla legal de Ecuador contra Chevron: la justa causa por la defensa de la Amazonia

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Aunque ignorada en los medios, no se debe desconocer la campaña de reparación que Ecuador plantea frente a los impactos provocados en el pais por la explotación petrolífera. Desde 1964 a 1990, Texaco (ahora propiedad de Chevron) llevó a cabo el aprovechamiento de los yacimientos de petróleo localizados en la región septentrional de la Amazonía Ecuatoriana, donde disfrutó de una concesión de un millón y medio de Hectáreas de selva, donde residían varias comunidades indígenas.

Durante este tiempo operó en 15 campos petroleros, perforó 339 pozos, construyó 22 estaciones de producción y efectuó sin control alguno el vertido de miles de millones de litros de residuos tóxicos, posteriormente abandonados – en 627 piscinas de residuos - tras la retirada de la Compañía, que nunca procedió al tratamiento y limpieza de los impactos causados. La elevada toxicidad de los contaminantes generados ha traido consigo deterioros irreversibles en la salud de la población, en la calidad de los ecosistemas vegetales y en la riqueza ambiental de la zona afectada. Se estima que la cantidad de crudo y desechos derramados en el medio ambiente ecuatoriano es treinta veces superior a la vertida por la catástrofe del Exxon Valdez en las costas de Alaska.

La magnitud del desastre provocado justifica que en 1990 un tribunal de Nueva York ordenase a Texaco someterse a la justicia ecuatoriana, lo que le convierte en el primer proceso en la historia que obliga a una petrolera estadounidense a responder ante los tribunales de otro país. De este modo, en mayo del 2003 se inició el juicio en la ciudad de Lago Agrio, a partir de la demanda presentada por colonos y miembros de cinco nacionalidades indígenas, en representación de más de 30.000 personas afectadas. La demanda exige un programa de reparación integral del espacio afectado, cuyo coste ascendería a 6.000 millones de dólares.

La reacción de Chevron ha sido ofensiva e insultante. Aparte de alegar que llevó a cabo un saneamiento entre 1996 y 1998, que todas las supervisiones técnicas invalidan por inefectivo, sus declaraciones abundan en el sentido de que jamás efectuará la limpieza ni abonará la sanción aunque judicialmente se le exija. Más aún, está tratando de presionar al gobierno de los Estados Unidos para que ejerza una actitud intimidatoria frente al ecuatoriano y así se proceda al archivo de la causa.

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En el mundo ha surgido un clamor en defensa de esta noble causa. Un clamor dirigido a la sensibilización ante la gravedad de los impactos ocasionados por las empresas que explotan los recursos naturales de forma brutal y sin consideración alguna hacia las comunidades afectadas. Se ha abierto con este fin un espacio de apoyo en pro del derecho de los pueblos que residen en la selva ecuatoriana a la dignidad y la justicia.

No dejen de ver el impresionante documento elaborado por Joe Berlinger, del que es un testimonio el que aqui se incluye.

A comienzos de noviembre de 2013, la Corte Nacional de Ecuador ha impuesto a la empresa una indemnización de 6.400 millones de euros (8.638 millones de dólares) por los vertidos efectuados en la Amazonia. 

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/11/131113_ultnot_fallo_caso_chevron_ecuador_bd.shtml

Cuando la energía nuclear se territorializa, la cuestión se plantea en toda su dimensión y gravedad

Sin duda estamos ante un problema muy serio, al que se quiere dar una solución sin más dilaciones. No es un tema nuevo, aunque daría la impresión de que se nos ha echado encima de la noche a la mañana. Se trata, nada menos, que de resolver el almacenamiento de los residuos de alta intensidad radiactiva que generan las centrales nucleares españolas. En conjunto los ocho reactores en funcionamiento pueden producir a lo largo de su vida activa unos 6.500 metros cúbicos de residuos, de los que el 1 por ciento son de alta actividad, en los que se contiene el 95 % de la radiactividad generada. Los de baja y media se acumulan en el cementerio de El Cabril (Córdoba), donde también van a parar los procedentes de empresas, laboratorios y hospitales. En la actualidad están almacenados 20.074 metros cúbicos, con la previsión de tener que gestionar un total de 203.000 cuando las centrales en funcionamiento queden canceladas. Este es un problema generalizado en el mundo, que no ha sido resuelto satisfactoriamente de forma generalizada.

La cuestión ha cobrado resonancia en España cuando se ha decidido bajar de la teoría a la práctica, de las medidas generales a su plasmación en la dura y cruda realidad territorial. Y es entonces cuando el tema nuclear levanta ampollas, incluso entre sus opciones defensoras. Mientras el tema se planteaba en términos de gestión no territorializada, la coincidencia política era total. Sin discrepancias entre ellos, el PSOE y el Partido Popular aprobaron en 2004 la creación de Almacén Temporal Centralizado (ATC) para el almacenamiento de este tipo de residuos radiactivos. Ambos convenían en que era necesaria una decisión de estas características, porque realmente lo es: mientras existan centrales nucleares, se generarán residuos altamente peligrosos y de vida dilatadísima. De lo contrario, ¿qué hacer con ellos?.

Nada se ha dicho del asunto hasta que, finalmente, se ha tomado la decisión de ponerlo en marcha. Y es entonces cuando la tensión, fácilmente previsible, ha estallado, poniendo en evidencia muchas cosas, fuertemente contradictorias entre sí. El Ministerio de Industria - responsable de la puesta en marcha del Plan General de Residuos Radiactivos (2.300 millones de euros), en buena medida financiado mediante la factura de la electricidad - ha convocado un concurso entre municipios para seleccionar al que se lleve al tiempo el paquete y el envoltorio. A finales de Enero concluye el plazo otorgado de cara a la designación. Una vez finalizado, el panorama se completa con trece localidades en liza: Albalá (Cáceres); Ascó (Tarragona); Campo de San Pedro (Segovia); Congosto de Valdavia (Palencia); Lomas de Campos (Palencia); Melgar de Arriba (Valladolid); Santervás de Campos (Valladolid); Santiuste de San Juan Bautista (Segovia); Torrubia de Soria (Soria); Yebra (Guadalajara); Villar de Cañas (Cuenca); Villar del Pozo (Ciudad Real) y Zarra (Valencia).

De ellas, más de la mitad ubicadas en Castilla y León, representativas de un mundo rural que se despuebla y en el que cualquier alternativa sirve como contrapeso frente a una tendencia declinante que no se detiene. Sorprende, sin embargo, que no se haya producido una plétora aúbn mayor en esta especie de rebatiña a la búsqueda del maná, primando el voluntarismo y las ansias de futuro, el que sea, de los pueblos frente a la racionalidad en los criterios que, sobre bases científicas, deben primar a la hora de determinar la localización de este tipo de instalaciones. Instalaciones que no pueden, ni deben, implantarse en cualquier sitio, sino donde la fundamentación científica establezca.

Manifestación antinuclear contra la instalación del ATC en Yebra (arriba) y en Campo de San Pedro (abajo)

En éstos y en todos los casos donde la cuestión se ha suscitado, y mientras el proceso está abierto, la batalla política se ha mezclado con la ciudadana creando, como era de esperar, un ambiente de conflicto, que seguramente no dará mucho juego, sobre todo si la decisión del Ministerio se antoja inminente y, conforme a lo contemplado en la Ley de instalación del ATC, resuelve en el plazo fijado a favor del Ayuntamiento que finalmente se haga con el “gordo nuclear”. La batalla entre defensa del entorno y pragmatismo local parece justificada en función tanto de la sensibilidad lógicamente suscitada por un impacto de estas características como por el señuelo por el que se sienten atraídos aquellos municipios que ven en el hecho de ser elegidos la llegada del maná que tanto ansían. Según se dice, la inversión prevista para la construcción del ATC y un centro tecnológico asociado es de 700 millones de euros, al tiempo que se contempla la creación de unos 300 puestos de trabajo durante los cinco años de la construcción del módulo inicial, pudiendo llegar en algún momento hasta los 500, y de 150 empleos permanentes durante los 60 años de vida del Almacén. Ante este anzuelo se comprende la actitud de los que hasta ahora – no muchos, por cierto - han saltado a la arena, por más que en todos ellos el debate ciudadano haya alcanzado cotas de tensión nunca vistas.

Pero lo que más sorprende es la hipocresía, entendida como ambigüedad calculada, que anida en el debate político. Unánimes a la hora de respaldar la medida en el Congreso, se muestran refractarios a que ésta cobre concreción material en el ámbito en el que baten sus armas e intereses electorales. El rechazo sin paliativos cuando la cuestión les afecta da paso a la indiferencia si el afectado es el vecino, de cuyo voto no dependen. Hay quien afirma que incluso mantienen un doble y contradictorio discurso: de apoyo a la implantación en su ámbito cuando hablan en privado, y de rechazo furibundo si hay microfonos delante. ¿Cómo entender si no el respaldo que tanto José Montilla como Artur Mas han dado al alcalde de Ascó, según ha indicado éste cuando les planteó particularmente el tema?

Entre tanto, el verdadero debate - ¿qué hacer con la energía nuclear en España? ¿hasta qué punto se está dispuesto a asumir los riesgos que entraña? – es eludido en toda su dimensión, pese a que en realidad resulta determinante ya que todo el mundo sabe que mientras se genere producción eléctrica de origen nuclear la cuestión de los residuos debe ser abordada con las mayores garantías posibles frente al enorme riesgo letal que encierran. Podrá discutirse la localización del ATC nuclear, pero de su necesidad no cabe duda alguna.