El deterioro de un espacio singular: el Lago de Sanabria

Hace tiempo que las alarmas se encendieron en el Lago de Sanabria, un espacio natural de gran valor, construido por la acción del modelado glaciar en las sierras Segundera y Cabrera, al Noroeste de la provincia de Zamora. Declarado Parque Natural en 1978, constituye un espacio de gran valor ambiental con una superficie de 22.365 Has., donde destacan las 318 Has. ocupadas por el Lago que da nombre al conjunto.  

Las observaciones realizadas por la Estación Biológica Internacional Duero-Douro han puesto de manifiesto una situación de grave deterioro como consecuencia de los vertidos de aguas residuales y la precariedad, o ausencia, de infraestructuras de depuración que eviten el proceso de contaminación a que se ve sometido el Lago. 

El Duero: un río sin fronteras y en una cuenca integrada

Después de analizar los argumentos utilizados por el Tribunal Constitucional anulando el Art. 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que otorgaba a dicha Comunidad las competencias exclusivas "sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y que no afectasen a ninguna otra región", estaba cantado que la misma resolución iba a echar por tierra el art. 75.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que planteaba el mismo nivel de atribuciones que Andalucía, en esta ocasión sobre el río Duero. En ambos casos, la decisión ha sido unánime y zanja, a su favor, el recurso planteado por la Junta de Extremadura contra uno y otro artículo.

Personal y profesionalmente, celebro el acuerdo adoptado por el Tribunal Constitucional. Y lo hago sobre la base de los mismos argumentos que hace más de un año me llevaron a suscitar el tema en este mismo espacio. Me remito a ellos, porque la opinión sigue siendo la misma, es decir, defensora de la preservación del principio de "unidad de cuenca" (definida por la Ley de Aguas de 1985), y ahora respaldada por la sentencia del Tribunal garante de la Constitución. Es sin duda una advertencia que no debe ser pasada por alto cuando se trata de valorar lo que para la gestión integral, equitativa y sostenible de un recurso de tanta trascendencia como el agua tiene la aplicación estricta, y proclive a la fragmentación, del modelo autonómico. Basta leer el Manifiesto por la "Unidad de Cuenca y por la Eficiencia y Especialización en la Gestión Pública del Agua" para darse cuenta de ello.

Y, desde luego, resulta sorprendente que los respectivos Parlamentos autonómicos, el Congreso y el Senado hayan respaldado en su día la inclusión de esa competencia en las respectivas reformas estatutarias teniendo en cuenta el sentido y los objetivos de la Directiva Marco Europea del Agua y cuando está claro que contraviene el Art. 149.1.22 de la Constitución española en el que explícitamente se señala que "el Estado tiene competencia exclusiva en la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma". El hecho de que además, y por lo que respecta al Duero, se trate de un curso internacional, cuya ordenación implica acuerdos entre Estados, añade otro factor más en apoyo de la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional.

CYBERGEO ha publicado recientemente un interesante artículo sobre la ordenación y gestión de la cuenca del Loire. Aconsejo su lectura

La gestión de los ríos en España: ¿coordinación estatal o descentralización autonómica?

Demarcaciones Hidrográficas de España

En el escenario político han hecho acto de presencia los argumentos que tratan de contener el desbarajuste en que se ha convertido, o corre el riesgo de convertirse, la gestión de los ríos en España. No ha sido una reacción emanada del Gobierno del Estado, sino de los grandes partidos. En esta dirección se ha pronunciado el 22 de septiembre de 2010 el Socialista abogando - a través de un documento dedicado a la "Gestión sostenible del agua. Hacia un gran pacto social"- por la creación de “un ente gestor global dependiente de la Administración General del Estado que coordinará todas y cada una de las demarcaciones hidrográficas y sus interdependencias, y en el que participarían las distintas administraciones y los usuarios". A los dos días, el Partido Popular ha hecho suya esta postura al afirmar que parece indispensable defender una planificación nacional del agua. “Que el agua sea planificada a nivel nacional", afirmó una de sus principales dirigentes.

La verdad es que tarde o temprano esta reacción se veía venir. Y lo ha hecho tras constatar los riesgos acertadamente apuntados por la Demarcación de Andalucía del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos cuando pocos días antes habían manifestado su "honda preocupación" por la situación de la gestión del agua en esa región, al señalar que era "contraria a principios esenciales de nuestro ordenamiento jurídico como son el de unidad de cuenca, unidad de gestión, coordinación, eficacia y respeto de la función pública basada en el mérito y la capacidad". Los argumentos de los expertos han sido contundentes cuando han puesto en evidencia hasta qué punto el traspaso de competencias sobre el río Guadalquivir a la Comunidad autónoma andaluza "se ha roto la unidad de cuenca y la unidad de gestión". "Se ha troceado el Guadalquivir separando planificación hidrológica del resto de la gestión, ya que de la primera se encarga el Estado y de la segunda, en la parte andaluza del Guadalquivir, la Junta de Andalucía", subrayando que "también se ha roto el principio de unidad de cuenca y unidad de gestión al volver a trocear los ríos dentro de Andalucía y gestionarlos en un primer escalón por provincias".

Sirva esta breve alusión al informe de los ingenieros andaluces - otro más entre los muchos argumentos técnicos que cuestionan la fragmentación del sistema hidrográfico español - para entender el contexto en el que se plantea la reacción política ante un problema que es estructural en la ordenación del territorio en España, generador de innumerables y crónicos motivos de conflicto que han enrarecido sensiblemente las relaciones entre las Comunidades autónomas, proclives a la tensión permanente que se crea entre la disponibilidad del recurso y su utilización económica.

El debate es tan extenso como agotador, y lo que sorprende es que, lejos de afrontarlo de acuerdo con los instrumentos de coordinación contemplados en las Leyes (Texto refundido de la Ley de Aguas de 2001, modificada por R.D. 4/2007, de 13 de abril), se haya procedido a la asignación de competencias sobre algunos caudales de la red básica del Estado a algunas CCAA, como ha sucedido concretamente en los casos de Andalucía y Castilla y León, a las que se reconoce atribuciones específicas en la gestión del Guadalquivir y del Duero, respectivamente. Si en el primer caso, la transferencia ya está efectuada, mayor resistencia ofrece el Estado a la hora de ejecutar la competencia asignada a Castilla y León dadas las prevenciones que provoca la responsabilidad regional sobre un río cuyo curso tiene carácter internacional.

Duero-Douro, fronterizo entre España y Portugal

Si somos conscientes de hasta qué punto la política del agua debe ser un tema de Estado, basado en pautas de coordinación apoyadas en estructuras de gestión que han funcionado bien, como son las Confederaciones Hidrográficas - a la par que se reafirma la necesidad de fortalecer un modelo de aprovechamiento basado en la “cultura del agua” – la idea planteada por los Partidos de ámbito nacional no es irrelevante ni inoportuna, aunque sí tardía o quizá innecesaria. Y ello debido al hecho de que la Ley ya contempla mecanismos en esta dirección, sin olvidar tampoco la pertinente reflexión efectuada por los ingenieros de Andalucia cuando señalan que "si desde el gobierno de Andalucía no se consigue que funcione un modelo moderno de gestión del agua, tal vez sea urgente volver al tradicional gestionado por las Confederaciones Hidrográficas dependientes del Estado"

De todos modos, la reacción ha sido inmediata. En términos muy drásticos se han pronunciado los políticos aragoneses, entre los que existe una coincidencia plena contra la construcción de trasvases procedentes del Ebro. Invocando el principio de "unidad de cuenca" - hecho que la fragmentación por regiones vulnera, ya que el Ebro transcurre también por Cantabria, Castilla y León, La Rioja y Cataluña - insiste en el argumento de que el ente gestor propuesto por el PSOE- puede vulnerar la Constitución y entrar en conflicto de competencias con el Estatuto de Autonomía. En esta línea se ha pronunciado el portavoz del Partido Aragonés Regionalista, al insistir en que "no aceptaremos un documento que no reconozca nuestros derechos en el Estatuto y que pueda perjudicar a Aragón", exigiendo el mismo trato otorgado a Andalucía para la gestión del Guadalquivir, y que con tanto énfasis han criticado los ingenieros de Caminos de esa Comunidad.

La Amazonia como gran espacio hidroeléctrico: la presa de Belo Monte, la tercera del mundo, ya ha sido licitada en Brasil

Localización de la presa de Belo Monte en el rio Xingu

La producción de energía, entendida como respuesta al incremento de la demanda y a las expectativas de su progresión creciente, se ha convertido en un objetivo primordial de política pública que está por encima de las ideologías. Desde el poder nunca se han cuestionado – al menos que yo sepa – las grandes actuaciones encaminadas a la construcción de las infraestructuras necesarias para que la obtención de electricidad no sufra menoscabo alguno ni plantee problemas – reales o hipotéticos – de insuficiencia ante la evolución del consumo. Tan poderosos son los argumentos a favor de su condición de sector estratégico para la soberanía y el desarrollo internos como su capacidad para fortalecer la balanza comercial, atendiendo necesidades ajenas, que cualquier gobierno asume lo que ello significa, anteponiéndolo a cualquier otro tipo de consideraciones, obviamente motivadas por el espectacular impacto que una obra de estas características trae consigo.

A punto de finalizar su mandato, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ha decantado sin reserva alguna a favor de la construcción de la presa de Belo Monte, en el río Xingu, en el estado de Pará, en el corazón de la Amazonia. LLamada a ser la tercera instalación hidroeléctrica mayor del mundo (tras la de las Tres Gargantas en China y la Itaipú en la frontera Brasil-Paraguay), su potencia instalada asciende a 11 GW (esto es, con capacidad para producir 11 mil megavatios/hora) y su entrada de funcionamiento está prevista en 2015. No es una iniciativa nueva. Comenzó a plantearse en los años 70, cuando la sensibilidad ambiental era reducida y la política brasileña estaba marcada por la dictadura, pero la presión internacional la detuvo hasta que el gobierno actual la ha rescatado en el contexto de sus propósitos por convertirse en una de las principales economías del mundo.

Principales áreas de abastecimiento de la energia producida en Belo Monte

Este proyecto, cuya inversión se estima en 10.500 millones de dólares, ha sido ya adjudicado al consorcio Norte Energía, bajo el control mayoritario de la empresa estatal Compañía Hidroeléctrica Sao Francisco, y al que pertenecen otras siete firmas del sector de la construcción. Esta iniciativa forma parte de un ambicioso plan de acción energética de Brasil que al tiempo contempla la construcción de las hidroeléctricas de Santo Antonio, Jirau y Estreito más el espectacular complejo Tapajós, que el propio presidente ha definido como “una revolución en el sistema de producción de energía hidroeléctrica”.

Analizar a fondo lo que esto significa excede las posibilidades de esta nota, mas es obvio que estamos ante un tema de enorme relevancia geográfica. Todos sabemos bien los impactos que provoca la construcción de un embalse, causante de una modificación integral del espacio, ya que todos sus elementos – humanos y naturales – experimentan una transformación de extraordinaria envergadura a la par que irreversible, lo que sin duda ha de ser impresionante cuando la lámina de agua ocupe los 500 Kms cuadrados previstos.

Tierras indígenas inundadas por la construcción de la presa

Un espacio transformado

Sin embargo, las reacciones no se han hecho esperar. Y han venido fundamentalmente de las comunidades afectadas, que han mostrado un rechazo frontal, aun a sabiendas de que sus posibilidades son escasas. Han contado con el apoyo explicito de James Cameron, el celebrado director de la película Avatar (premonitoria en este sentido), quien ha afirmado en Brasil que la presa es un desastre ecológico sin paliativos y que supone una amenaza gravísima a los equilibrios ambientales de la región amazónica. No deja de ser un apoyo testimonial, que apenas ha sido secundado en un momento que permanece indiferente – salvo la protesta efectuada en Brasilia por Greenpeace- a este tipo de actuaciones. Al menos hasta ahora.

Una pregunta que se impone: ¿qué magnitudes alcanzan los costes ambientales del desarrollo en los llamados paises emergentes?. Ya saben, los BRIC (Brasil, Rusia, India y China)

Intensificación del deterioro de las praderas marinas en España

La ONG Oceana calcula que España pierde cada año praderas marinas por valor de 60 millones de euros debido a factores como la pesca de arrastre, la construcción de puertos y marinas, y los vertidos. Este dato se ha dado a conocer en una rueda de prensa en la que la organización de conservación marina y Fundación Banco Santander han presentado los resultados de un proyecto conjunto de restauración de praderas marinas desarrollado en Almería el año pasado. Conviene hacer mención a la valiosa labor llevada a cabo por la Plataforma Praderas Marinas de la Axarquía que en Octubre de 2008 organizó el I Congreso sobre el tema en España.

Ambas entidades llevan tres años trabajando para restaurar las praderas marinas de esta provincia y pedir la protección de Punta Entinas-El Sabinar. Para ello han puesto en marcha un proyecto de regeneración de las zonas degradadas e impulsar la creación de una nueva zona protegida cerca de Roquetas de Mar. Los trabajos de recuperación de este paraje han llevado al desarrollo de un plan de recogida y posterior siembra de semillas de la planta marina Cymodocea nodosa, conocida como "prado del caballito de mar", para conocer el éxito que podría alcanzarse en caso de optar por esta iniciativa.

El resultado de este trabajo ha demostrado que las medidas de regeneración de ecosistemas dañados sólo son positivas cuando se realizan dentro de un plan integral de protección. En caso contrario, la capacidad de recuperación es menor al 2,5% de la superficie original, cuando sería 10 veces superior en una zona protegida. "Invertir en conservación es 500 veces más barato que en recuperación. Restaurar 10 hectáreas tiene un coste medio de 7,2 millones de euros, lo que costearía la vigilancia y protección de un área de 5.000 hectáreas durante siete años", ha declarado Xavier Pastor, Director Ejecutivo de Oceana en Europa. "Además, es imposible recuperar una zona degradada si antes no se acaba con lo que provoca este deterioro: pesca de arrastre, extracción de arena, prospecciones petrolíferas y mineras, acuicultura, turismo masivo, construcciones en el litoral, etc".

Un dato que merece ser tenido en cuenta es la pérdida económica que supone la desaparición de ecosistemas tan productivos como las praderas marinas. Según cálculos de Oceana, nuestro país puede contar con más de 100.000 hectáreas de estos hábitats y cada año se pierde entre un 3% y un 5% de su superficie. A juicio de Oceana, el área de Punta Entinas-El Sabinar, que representa en torno a 10.000 hectáreas, debe ser declarada como zona protegida para conservar tres hábitats muy sensibles y de gran importancia para el ecosistema marino como son las praderas de fanerógamas marinas, el maërl y los arrecifes de algas rojas.

El trabajo realizado por Oceana por medio de robots submarinos, buceadores y buques de investigación también permitirá conocer la riqueza biológica de este paraje natural. "La alternancia de hábitats en los que se encuentran hasta tres especies de fanerógamas marinas, junto a arrecifes y rodolitos de algas rojas, convierten al sur de Almería en una zona de alta diversidad biológica", ha explicado Ricardo Aguilar, Director de Investigación y Proyectos de Oceana en Europa. "Son vitales para la pesca, la protección de las playas, la captura de CO2 y el mantenimiento de la biodiversidad", concluye Aguilar.