Este blog pretende contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la cultura y de la sensibilidad territorial ante las múltiples manifestaciones de agresión y deterioro a que se ven sometidos los paisajes como consecuencia de actuaciones frecuente y deliberadamente insensibles con la calidad y los recursos que los identifican.
Desea significar el compromiso de la Geografía y de los geógrafos con la defensa de la calidad de los territorios y
de las buenas prácticas en el ejercicio de la acción pública y en sintonía con los objetivos y principios contemplados
Planteado también con fines didácticos, se concibe como un documento aplicable a la docencia, así como un espacio de encuentro, comunicación y debate con los estudiantes y profesores de Geografía, y con quienes se interesen
por la evolución y los métodos de esta disciplina, por la utilidad e importancia de la información geográfica,
por su dimensión aplicada y por las políticas relacionadas
con la Ordenación, el Gobierno y el Desarrollo del Territorio.
Ha supuesto un esfuerzo considerable, pero, al fin, ha visto la luz, superadas las dificultades que entraña una obra colectiva de esta envergadura. La iniciativa surgió de las Jornadas organizadas en Gerona por el Grupo de Geografía Económica de la Asociación de Geógrafos Españoles en junio de 2012, en las que se planteó la conveniencia de efectuar una reflexión colectiva sobre las implicaciones que la crisis desencadenada en 2007, y cuyos efectos alcanzaron enseguida manifestaciones dramáticas, ha provocado en la configuración de las estructuras territoriales españolas. Se trata de una valiosa aportación realizada desde la Geografía con el fin de dejar constancia de la utilidad y pertinencia que el enfoque geográfico ofrece cuando se trata de analizar, con espíritu crítico, objetividad analítica y visión comparada, los factores que determinan la transformación del territorio y sus efectos consecuentes. El resultado es una obra colectiva de 772 páginas. Plantear estas cuestiones desde una perspectiva crítica, apoyada en un sólido y actualizado soporte informativo y visualmente plasmado de manera muy expresiva a través de la expresión gráfica y cartográfica ayuda a profundizar en el conocimiento de un aspecto crucial de la realidad española, posibilita el avance de la perspectiva comparada y, lo que no es menos importante, pone en evidencia la sensibilidad intelectual y la capacidad científica de los geógrafos españoles para saber estar a la altura de las circunstancias. Coordinada por los Dres, Juan Miguel Albertos Puebla y José Luis Sánchez Hernández, de las Universidades de Valencia y Salamanca, respectivamente, forma parte del interesante balance ofrecido por el interesante Grupo de Geografía Económica de la AGE. Es una obra editada por el Servicio de Publicaciones de la Univesidad de Valencia y distribuida también por Librerías Marcial Pons, de Madrid.
Como indica en su introducción, este informe no pretende ser “un programa de actuaciones, sino un conjunto de orientaciones estratégicas para mejorar la organización de la actividad productiva y la creación de empleo” en el medio rural. Con este propósito el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino - que, con el cambio de gobierno el 21 de diciembre de 2011, pierde esta denominación para llamarse de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente – ha editado uno de sus últimos informes, que fue presentado en Valladolid por la Fundación Perspectivas el 16 de diciembre.
MMAMRM (Madrid, 28 de noviembre de 2011)
Aunque no plantea una dimensión regionalizada de sus métodos y aportaciones, tiene, sin embargo, la utilidad de ofrecer un tratamiento sistematizado y coherente de lo que el estudio entiende como los “ámbitos clave” para la creación de empleo en los espacios rurales españoles, representativos de las posibilidades asociadas en este sentido a la diversificación de las actividades económicas que en ellos tienen, o pudieran tener, lugar.
Ignacio Macicior, Gerente de Foresa y Vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO)
El propósito perseguido es encomiable teniendo en cuenta la magnitud de los problemas que afectan a la configuración y desarrollo de los mercados de trabajo que caracterizan a este tipo de escenarios, en virtud, como se señala, de “las inercias y resistencias al cambio que en la población rural imponen los usos, las costumbres y los aprovechamientos tradicionales”, lo que no debe impedir resaltar “ una serie de características susceptibles de ofrecer oportunidades relevantes de negocio y de generación de empleo”, incluso en un entorno de crisis y, por ende, a partir de “medidas concebidas sin precisar incremento del gasto público”.
Ignacio Pérez García, Director de Twice Consulting
Objetivos que, en cualquier caso, conllevan la necesidad de abordar los problemas estructurales existentes a partir de una serie de actuaciones, que, en opinión de los autores del informe, se resumen esencialmente en cuatro: simplificación del marco institucional, reducción de la burocracia administrativa, mejora de la coordinación, comunicación y colaboración entre administraciones y culminación de los procesos de Ordenación Territorial pendientes. Se hace, pues, especial hincapié en la importancia de la política territorial como uno de los soportes esenciales en los que han de apoyarse las estrategias de dinamización socio-económica.
Con todo, es evidente que la operatividad y eficacia de estas reflexiones y directrices tiene mucho que ver con las particularidades de los distintos escenarios de aplicación, dada la conocida diversidad y las marcadas diferencias que caracterizan al medio rural en España. De ahí que las conclusiones alcanzadas deban ser sometidas al obligado tamiz que relativiza su plasmación concreta en un territorio tan complejo y fuertemente contrastado.
Las reflexiones planteadas en el Encuentro celebrado en Madrid para abordar el debate en torno a esta cuestión de contenido tan actual como inequívoco – “Contra la depredación de los bienes comunes. Ciudad, territorio, capitalismo” – arrojan claridad sobre los factores que han determinado las pautas dominantes en la ordenación del territorio y la gestión urbana en España así como la dimensión de sus impactos espaciales. De ellas emana una perspectiva de análisis e interpretación que ayuda mucho a comprender el entorno en el que se han desenvuelto los procesos analizados y, sobre todo, a ilustrar el significado de los planteamientos estratégicos que, en clave eminentemente especulativa, lo han hecho posible.
Paisaje Transversal – esa excelente “plataforma transdisciplinar para la negociación urbana y la acción territorial”, de la que forman parte también los geógrafos – ha tenido el acierto - y el detalle - de insertar en su blog los videos que recogen las exposiciones efectuadas en esas Jornadas, que, a mi juicio, han marcado un hito significativo en esos debates tan necesarios por cuanto ponen el punto de mira en temas insuficientemente abordados en el panorama intelectual español, pese a que su incidencia en la sociedad, en la economía y en el territorio ofrezca una trascendencia incuestionable desde el punto de vista político, del modelo de desarrollo imperante y de la calidad de vida de los ciudadanos.
Desde el primer momento se trató de una medida polémica, muy controvertida y virulentamente vapuleada por la oposición al Gobierno socialista de España. Con ella se trataba de cumplir un doble objetivo: aliviar el altísimo nivel de paro provocado por la quiebra drástica del modelo de crecimiento inmobiliario en el que se habían apoyado las variables expansivas de la economía y del empleo; y, por otro, de proporcionar a los Ayuntamientos, independientemente de su tamaño, unas aportaciones que permitieran afrontar, sin recurrir a su propio presupuesto, obras de diferente envergadura, conforme a un Plan en el que la autonomía local no se veía cercenada aunque sus iniciativas se encuadrasen en la función coordinadora ejercida por la Administración Central.
La oposición política cuestionó la medida, en efecto, pero fueron excepcionales los municipios que renunciaron a esas ayudas que para muchos les vino como anillo al dedo. "Toma el dinero y corre" se dijeron muchos de sus denostadores. Finalizado el programa, y con la perspectiva suficiente, cabe preguntarse:¿Cómo afectó dicho plan al conjunto del territorio? ¿Qué proyectos se llevaron a cabo, dónde y con qué cuantía? ¿De qué manera sirvió para mejorar la dotación funcional de los municipios o contribuir a la mejora de sus servicios e instalaciones? Es evidente que sólo el análisis detallado permitirá despejar correctamente tales incógnitas, extraer conclusiones expresivas sobre sus carencias, limitaciones o ventajas, pero no cabe duda también que la información espacializada que suministra el Ministerio de Política y Administración Pública constituye una buena fuente de la que se puedendeducir interesantes consideraciones.
Cada vez se pone más en evidencia las incertidumbres a que conduce la ausencia de una política energética, clara y coherente, en España. Es, a mi juicio, otra manifestación más de las contradicciones, las insuficiencias y los errores que se han instalado con harta frecuencia, y al parecer de manera definitiva, en el modo de actuación aplicado a aspectos esenciales relativos al empleo de los recursos – territoriales y financieros -en los que se basa también, y de manera primordial, la Ordenación (sostenible) del Territorio. La resistencia a plantear un debate, serio y riguroso, sobre el modelo energético español lleva a situaciones tan sorprendentes como la que ha conducido a introducir en la Ley de Economía Sostenible - el gran proyecto de reestructuración económica del país, aprobado en marzo de 2010 - el acuerdo por el que las centrales nucleares se mantengan en funcionamiento más allá de los 40 años para los que fueron diseñadas.
La propuesta, proveniente de Convergencia i Unió y el Partido Nacionalista Vasco, ha sido respaldada por el Partido Popular y por el que sustenta al Gobierno, que modifica así el criterio defendido hasta ahora y que en su momento fue aplicado a la Central de Garona (Burgos), que, excepcionalmente, será clausurada en 2013 mientras las demás permanecerán activas con independencia de que hayan alcanzado o no el tiempo de vida previsto cuando fueron construidas. Y sorprende también que a estas alturas aún permanezca en incógnita la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) para residuos de elevada radiactividad y cuya ubicación se pensaba dejar resuelta en agosto de 2010. En suma, se ha alargado la vida de centrales que se encuentran amortizadas desde hace muchos años y cuyos beneficios, por esa misma razón, son espectaculares, sin que tampoco haya quedado zanjada la cuestión del almacenamiento, particularmente crítico en el caso de los de alta intensidad, para los que se prevé el ATC, y que mientras tanto permanecen en las piscinas de las centrales o se envían a Francia, con un coste de 60.000 euros diarios a partir de 2011.
La decisión se ha inclinado, con la aquiescencia de CCOO y UGT, a favor de los grandes grupos de intereses articulados en torno a la energía nuclear, sin que al tiempo se haya procedido a clarificar -ni se hayan fijado plazos para ello, la estructura del “mix” energético, en coherencia con los recursos del país, con las necesidades a largo plazo en función de la demanda y con las exigencias a que obligauna estrategia más racionalizadora del consumo, que en España alcanza, por unidad de producto, niveles sensiblemente más elevados que en el conjunto europeo. Los cálculos efectuados apuntan al hecho de que por cada 1.000 euros de Producto Interior Bruto el consumo alcanza los 184 Kep (kilogramos equivalentes petróleo) frente a los 169 del promedio de la Unión Europea. Es evidente que se trata de una pauta insostenible teniendo en cuenta que más de las tres cuartas partes del suministro energético español provienen del exterior, lo que determina un altísimo nivel de dependencia y de fragilidad para la economía.
Sin necesidad de entrar en consideraciones pormenorizadas sobre la importancia y el papel que desempeñan, o pueden desempeñar, las distintas fuentes de generación, deseo sobre todo destacar que en estos términos, de indefinición y proclives a la sorpresa, se plantea un problema aún irresuelto. Un problema que no puede afrontarse mediante medidas puntuales, contradictorias con los mensajes previamente transmitidos, creando incertidumbres regulatorias y al margen de ese debate necesario y obligado que brilla por su ausencia, y con la seriedad necesaria, en los foros políticos y económicos que proliferan con tanto ruido como ineficacia en la vida pública española.
Ya he hecho referencia en este bloga la celebración del Congreso Nacional de Medio Ambiente("Ahora más que nunca"), que tuvo lugar en Madrid a finales del pasado mes de noviembre. Entre las sesiones celebradas, una de las más interesantes, y a la que tuve la oportunidad de asistir, fue sin duda la dedicada a la Regeneración Urbana Integrada, concepto esencial ligado a la práctica urbanística de tratamiento integral - con criterios y objetivos de recuperación social, económica y ambiental - de espacios urbanos en situación crítica. Tanto las experiencias analizadas como la expresividad de los ejemplos planteados sirvieron para transmitir un mensaje de confianza en la actuación racional, equilibrada e integradora tanto sobre la ciudad como en los espacios de uso industrial, que no debiera ser pasada por alto.
Por esa razón hay que agradecer a SEPES, la Sociedad Española de Promoción de Suelo Industrial, dependiente del Ministerio de Fomento, la deferencia que ha tenido al colgar en la red las distintas intervenciones planteadas en aquel encuentro y aqui recogidas en una serie de videos. Es un documento valioso, de gran utilidad teórica y práctica, cuya consulta aconsejo.
El Baluarte. Palacio de Congresos de Pamplona, lugar de celebración del VI CIOT
Como suele ser habitual, el VI Congreso Internacional de Ordenación del Territorio, organizado por FUNDICOT en Pamplona durante los dias 27,28 y 29 de octubre ha cubierto satisfactoriamente las expectativas creadas. Ha servido para reunir a cerca de dos centenares de expertos y profesionales del territorio en torno a una serie de temas de crucial importancia en el momento actual. La verdad es que las áreas temáticas han estado bienelegidas, pues han centrado la atención en cuestiones de tanta relevancia, teórica y aplicada, como son: “Experiencias y buen gobierno en materia de Ordenación del Territorio”, “Ciudades y cambio global”, “Turismo Interior y Costero”, “Desarrollo Rural y reservas de la biosfera”, “Paisaje y Patrimonio territorial” e “Infraestructuras y territorio”.
Puesto que hacer una crónica detallada de las presentaciones y debates desborda en estos momentos mis posibilidades de tiempo, me limitaré simplemente a dejar constancia del interés de las conferencias inaugurales que abordaron dos temas abiertos a la polémica: la primera corrió a cargo de Andreas Faludi, Profesor de la Europe Delft University of Technology y la segunda fue impartida por Antonio Serrano, Presidente de Fundicot.
Faludi trató con rigor un aspecto que particularmente me preocupa: la evolución y el futuro de la política de Cohesión Territorial de la Unión Europea. Tras una descripción del proceso seguido desde los inicios de la experiencia comunitaria, suscitó la cuestión que en estos momentos más preocupa: ¿hacia dónde se orientan las medidas de cohesión que han sustentado durante décadas, y sobre todo desde finales de los ochenta, esos objetivos de gran alcance como son la convergencia interregional y la cohesión del territorio europeo?
La respuesta viene dada (ver imagen) por las importantes novedades que introduce lo que él denomina el período Post-Delorsy que, en esencia y como se ve en la imagen así como el documento de Faludi disponible en la red, incorpora una serie de ideas relevantes: los enfoques preconizados por el informe Sapir & Kok, claramente en sintonía con los objetivos de competitividad planteados en la Agenda de Lisboa; larenacionalización de las ayudas, coherente con la idea de que los Estados asuman una parte sustancial de los gastos financieros que implica la política de desarrollo regional,yla defensa de los principios contemplados en la Community Strategic Guidelines on Cohesion (CSG, 2006), en los que, como el propio conferenciante subrayó, cobra especial significado la valorización del conocimiento geográfico (geography matters). La lectura de este documento resulta esclarecedora, tanto por la concreción de los objetivos que plantea como por la aproximación que permite al entendimiento de los desafíos recogidos en la Estrategia Europa 2020, en la que se centró la reunión de ESPON celebrada en Alcalá de Henares y de la que ya he tratado en este blog.
Por su parte, la intervención de Antonio Serrano sirvió para tener una visión coherente e integrada de las pautas que han orientado la Ordenación del Territorio en España desde los años cuarenta hasta nuestros días. La clara delimitación de las etapas que han jalonado este proceso, a través de las interrelaciones habidas entre crecimiento económico y cambio espacial, permite definir un panorama muy ilustrativo sobre las directrices que han encauzado la política territorial española desde un Estado centralista a un modelo de gobierno del territorio fuertemente descentralizado, con su correspondiente correlato en la adaptación del sistema normativo, y en el que las disposiciones aprobadas por las Comunidades Autónomas se traducen en un entramado regulador extraordinariamente denso.
A medida que los impactos provocados por el crecimiento (stock productivo, infraestructuras de comunicación, indicadores de desarrollo, distribución espacial de la pobreza, transformaciones en el paisaje.... ) han ido modelando las estructuras territoriales, han hecho acto de presencia también las disfunciones que han entorpecido el buen desarrollo de las prácticas asociadas a la planificación de los impactos y de las dinámicas que los explican. Basta simplemente con echar un vistazo a la síntesis que el autor realiza sobre "los problemas de la planificación" para hacerse una idea cabal de los problemas que aquejan a la ordenación del territorio en España.
La gravísima catástrofe humana y medioambientalprovocada en el impresionante complejo metalúrgico de Ajka (Hungría) por la rotura el 4 de octubre de 2010 de la balsa que almacenaba los residuos de la planta de fabricación de aluminio, propiedad de la empresa Magyar Aluminium, localizada al oeste del país, y que ha traido consigo el vertido incontrolado de un millón de metros cúbicos de lodos tóxicos, ha puesto en evidencia los altísimos niveles de riesgo a que se ven expuestas las áreas situadas en las proximidades de los lugares de almacenamiento de los residuos minero-industriales, aunque su impacto adquiera mayor amplitud en función de los procesos difusores favorecidos por las corrientes de agua, tanto superficiales como subterráneas, que extienden sobremanera el área de incidencia, alcanzando extremos que resulta difícil evaluar hasta bastante tiempo después de transcurrido el accidente.
Se trata de un problema universal, asociado a los riesgos inherentes a las explotaciones mineras, cuyo conocimiento y valoración dista mucho aún de ofrecer el rigor necesario, con la consiguiente repercusión en la calidad de las medidas preventivas. Lo ocurrido en Hungría, que recuerda a la tragedia sucedida en la presa asociada a la mina de piritas de Aznalcóllar (Sevilla) en 1998, es una demostración fehaciente de las limitaciones de que aún adolecen los mecanismos de control y vigilancia que se presume debieran implicar en la Unión Europea medidas de actuación frente al riesgo, cuya amenaza es permanente, en consonancia con la consideración que tradicionalmente ha merecido la protección ambiental a través de un amplio arsenal de Reglamentos y Directivas.
Sorprende, efecto, que después de Aznalcóllar se haya tardado ocho años en poner en vigor una Directiva decididamente abocada a afrontar un problema letal en el territorio, con efectos potenciales de extremada gravedad. Los pasos dados hasta la aprobación de la Directiva2006/21/ de 15 de marzo sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas pone fin a un periodo de tibieza e insuficiencias disciplinarias sobre este tipo de riesgo, de lo que adolecían las Directivas anteriores: la 96/82, promulgada a raiz del accidente de Seveso y la 2004/35 sobre responsabilidad medioambiental.
Las disposiciones de la Directiva de 2006 son claras cuando señalan que “es necesario establecer requisitos mínimos para prevenir o reducir en la medida de lo posible cualquier efecto adverso sobre el medio ambiente y la salud humana derivado de la gestión de residuos de las industrias extractivas, tales como los residuos de extracción y tratamiento (los residuos sólidos o lodos que se generan tras el proceso de tratamiento de los minerales mediante una serie de técnicas), la roca estéril y los terrenos de recubrimiento (el material que se mueve en una operación de extracción para acceder a un yacimiento mineral, también durante la fase de desarrollo previa a la producción) y la tierra vegetal (la capa superior del suelo)”.
Sin embargo, el plazo previsto para la trasposición a los ordenamientos respectivos se amplia hasta el 1 de mayo de 2012, fecha en la cual “los Estados miembros garantizarán que cualquierinstalación de residuos a la que se haya otorgado una autorización o que esté ya en actividad el 1 de mayo de 2008 sea conforme a las disposiciones de la presente Directiva”.
Diario PÚBLICO. 8.10.2010
Diario EL PAIS. 16.10.2010
Lo sucedido en el pais centroeuropeo constituye, pues, una dramática llamada de atención, que revela una estrategia demasiado dilatoria respecto a las cautelas a adoptar ante una amenaza de riesgo letal y al tiempo la persistencia de un problema de enorme magnitud y gravedad en la tipología de los riesgos naturales y ambientales, objeto de estudio minucioso y solvente en la tesis doctoral realizada en el Departamento de Geografía de la Universidad de Cantabria por Maria Isabel Fernández Garrido.
En ella se presta atención, entre otras interesantes cuestiones, al problema que nos ocupa y que en España reviste una considerable dimensión. Utilizando datos del Instituto Geológico y Minero de España, el diario Público ha editado en su número de 8 de octubre de 2010 una elocuente información, en la que se señala la importancia de los residuos minerales por provincias, distribuidos en 7.096 instalaciones para depósitos procedentes de la extracción minera (industriales aparte), de las que 909 son de grandes dimensiones. No hay que olvidar tampoco que de las 524 que se hallan en situación de abandono, sólo 54 han sido objeto de medidas de restauración. Ejemplo de ello lo ofrece el trabajo llevado a cabo en este sentido en la balsa de las minas de la compañía Rio Tinto en el municipio gallego de Touro, considerada como una operación de buena práctica medioambiental.
En el escenario político han hecho acto de presencia los argumentos que tratan de contener el desbarajuste en que se ha convertido, o corre el riesgo de convertirse, la gestión de los ríos en España. No ha sido una reacción emanada del Gobierno del Estado, sino de los grandes partidos. En esta dirección se ha pronunciado el 22 de septiembre de 2010 el Socialista abogando - a través de un documento dedicado a la "Gestión sostenible del agua. Hacia un gran pacto social"- por la creación de “un ente gestor global dependiente de la Administración General del Estado que coordinará todas y cada una de las demarcaciones hidrográficas y sus interdependencias, y en el que participarían las distintas administraciones y los usuarios". A los dos días, el Partido Popular ha hecho suya esta postura al afirmarque parece indispensable defender una planificación nacional del agua. “Que el agua sea planificada a nivel nacional", afirmó una de sus principales dirigentes.
La verdad es que tarde o temprano esta reacción se veía venir. Y lo ha hecho tras constatar los riesgos acertadamente apuntados por la Demarcación de Andalucía del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos cuando pocos días antes habían manifestado su "honda preocupación" por la situación de la gestión del agua en esa región, al señalar que era "contraria a principios esenciales de nuestro ordenamiento jurídico como son el de unidad de cuenca, unidad de gestión, coordinación, eficacia y respeto de la función pública basada en el mérito y la capacidad". Los argumentos de los expertos han sido contundentes cuando han puesto en evidencia hasta qué punto el traspaso de competencias sobre el río Guadalquivir a la Comunidad autónoma andaluza "se ha roto la unidad de cuenca y la unidad de gestión". "Se ha troceado el Guadalquivir separando planificación hidrológica del resto de la gestión, ya que de la primera se encarga el Estado y de la segunda, en la parte andaluza del Guadalquivir, la Junta de Andalucía", subrayando que "también se ha roto el principio de unidad de cuenca y unidad de gestión al volver a trocear los ríos dentro de Andalucía y gestionarlos en un primer escalón por provincias".
Sirva esta breve alusión al informe de los ingenieros andaluces - otro más entre los muchos argumentos técnicos que cuestionan la fragmentación del sistema hidrográfico español - para entender el contexto en el que se plantea la reacción política ante un problema que es estructural en la ordenación del territorio en España, generador de innumerables y crónicos motivos de conflicto que han enrarecido sensiblemente las relaciones entre las Comunidades autónomas, proclives a la tensión permanente que se crea entre la disponibilidad del recurso y su utilización económica.
El debate es tan extenso como agotador, y lo que sorprende es que, lejos de afrontarlo de acuerdo con los instrumentos de coordinación contemplados en las Leyes (Texto refundido de la Ley de Aguas de 2001, modificada por R.D. 4/2007, de 13 de abril), se haya procedido a la asignación de competencias sobre algunos caudales de la red básica del Estado a algunas CCAA, como ha sucedido concretamente en los casos de Andalucía y Castilla y León, a las que se reconoce atribuciones específicas en la gestión del Guadalquivir y del Duero, respectivamente. Si en el primer caso, la transferencia ya está efectuada, mayor resistencia ofrece el Estado a la hora de ejecutar la competencia asignada a Castilla y León dadas las prevenciones que provoca la responsabilidad regional sobre un río cuyo curso tiene carácter internacional.
Duero-Douro, fronterizo entre España y Portugal
Si somos conscientes de hasta qué punto la política del agua debe ser un tema de Estado, basado en pautas de coordinación apoyadas en estructuras de gestión que han funcionado bien, como son las Confederaciones Hidrográficas - a la par que se reafirma la necesidad de fortalecer un modelo de aprovechamiento basado en la “cultura del agua” – la idea planteada por los Partidos de ámbito nacional no es irrelevante ni inoportuna, aunque sí tardía o quizá innecesaria. Y ello debido al hecho de que la Ley ya contempla mecanismos en esta dirección, sin olvidar tampoco la pertinente reflexión efectuada por los ingenieros de Andalucia cuando señalan que "si desde el gobierno de Andalucía no se consigue que funcione un modelo moderno de gestión del agua, tal vez sea urgente volver al tradicional gestionado por las Confederaciones Hidrográficas dependientes del Estado"
De todos modos, la reacción ha sido inmediata. En términos muy drásticos se han pronunciado los políticos aragoneses, entre los que existe una coincidencia plena contra la construcción de trasvases procedentes del Ebro. Invocando el principio de "unidad de cuenca" - hecho que la fragmentación por regiones vulnera, ya que el Ebro transcurre también por Cantabria, Castilla y León, La Rioja y Cataluña - insiste en el argumento de que el ente gestor propuesto por el PSOE- puede vulnerar la Constitución y entrar en conflicto de competencias con el Estatuto de Autonomía. En esta línea se ha pronunciado el portavoz del Partido Aragonés Regionalista, al insistir en que "no aceptaremos un documento que no reconozca nuestros derechos en el Estatuto y que pueda perjudicar a Aragón", exigiendo el mismo trato otorgado a Andalucía para la gestión del Guadalquivir, y que con tanto énfasis han criticado los ingenieros de Caminos de esa Comunidad.
Reanudo con el interés y los objetivos de siempre las reflexiones y sugerencias que en este blog tratan de sensibilizar a la opinión pública y a mis alumnos sobre los problemas que aquejan a los espacios amenazados por la incuria, la ignorancia o el lucro desmedido de que hacen gala muchos de quienes debieran ser responsables cuidadosos de la preservación de los rasgos naturales que los distinguen.
En esta época del año, cuando las costas españolas se encuentran abarrotadas de gente y el disfrute del mar aparece como la motivación principal del ocio al que se acogen los propios del país y un verdadero aluvión de cuantos lo visitan, no estaría de más dedicar un poco de tiempo y la atención que se pueda a los argumentos que, de mentes y plumas autorizadas y solventes, incitan a reflexionar sobre el maltrato de que ha sido objeto el litoral español. Con frecuencia he aludido a ello en esta ventana.
No entraré en más detalles, pues mi intención en estos momentos no es otra que la de invitarles a la lectura del artículo que con el título La destrucción de las playas españolas ha publicado recientemente el Dr. Miguel A. Losada, que desempeña la dirección del Centro Andaluz del Medio Ambiente (CEAMA). Es una voz seria y rigurosa, digna del importante organismo que preside y ante todo representante de ese clamor que hoy es compartido, aunque no tenga la resonancia que merece, por un sector cada vez más amplio de la sociedad española.
La información geográfica es un instrumento fundamental para el conocimiento del territorio y la toma de las decisiones que inciden sobre él. Es un soporte esencial para el tratamiento espacializado de las variables que configuran las estructuras territoriales, ayudando a su mejor interpretación para abrirla a un margen de posibilidades que no hacen si no favorecer la sensibilidad y la corrección de los análisis que emanan del buen uso de lo que una realidad espacial es a través de los elementos que la integran.
La Directiva de la Unión EuropeaINSPIRE (Infraestructure for Spatial Information in Europe) data del año 2007 (Directiva 2007/2/CE, publicadaen el Diario Oficial de la UE el 25 de abril) y nace con la finalidad de impulsar la creación de una Infraestructura de Datos Espaciales en Europa, fijando un plazo de dos años para que los Estados miembros efectúan la preceptiva transposición en susrespectivas legislaciones y procedimientos administrativos estatales. Es una Directiva de la que se ha hablado poco y que conviene consultar.
Hay que felicitarse de que, al fin, en España este cumplimiento se haya llevado a cabo. El 17 de junio de 2010 el Parlamento español ha aprobado la Ley sobre las Infraestructuras y los Servicios de Información Geográfica en España. Apenas se ha me4ncionado el tema en la prensa, lo que no es extraño habida cuenta del escaso interés que normalmente suscitan este tipo de cuestiones.
Pero hay que darlas a conocer, porque sin duda interesan o debieran interesar, ya que no es cuestión baladí si se consideran las aportaciones que introduce en el panorama de la información especializada. Baste señalar los siguientes aspectos. Al amparo de la Ley:
- Se garantiza el acceso a una información geográfica de calidad
- Se crea el Sistema Cartográfico Nacional como marco común de actuación de todas las Administraciones públicas.
- Se facilita el acceso a la Sociedad del Conocimiento a través de la Infraestructura de Datos Espaciales de España
En suma, como se ha señalado desde el Ministerio de Fomento español, “las infraestructuras de información geográfica permiten acceder a la información sobre el territorio, aportada por las distintas Administraciones Públicas, conforme a unos modelos normalizados que garantizan la “interoperabilidad” de toda esa información. Así se permite que una información geográfica esté al alcance de cualquier usuario a través de Internet. Con este nuevo concepto, un mapa es el reflejo gráfico de la información que se quiera seleccionar de esas infraestructuras”, es decir, “se crea un nuevo concepto de lo que debemos entender por mapa, que no se limita ya a las dimensiones del papel, sino que se convierte en el reflejo gráfico y digital de toda la información disponible”.
El Instituto Geográfico Nacional actuará como coordinador y operador del Portal de la Infraestructura de Información Geográfica de España, poniendo a disposición del público, de manera gratuita, servicios en Internet para localizar, visualizar y obtener el Mapa Topográfico Nacional, en escalas 1:25.000 y 1:50.000.
Estamos sin duda ante un documento importante que invita al conocimiento y a la reflexión en torno a la aplicación práctica y efectiva de un concepto - el mismo de Desarrollo Sostenible - no exento de polémica y aquejado al tiempo de numerosas incertidumbres e incógnitas sobre su aplicabilidad.
Personalmente aplaudo la decisión del Gobierno de España de dar, al fin, salida a un Programa que ha tenido larga singladura y atravesado no pocas vicisitudes en su trayectoria (debates, consultas, alegaciones...) hasta llegar a su aprobación. Un Programa plurianual que se apoya en los objetivos previstos en la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Hacerlo en momentos de crisis no es tampoco asunto baladí. Es más, se aproxima bastante a la perspectiva que defiende la necesidad de racionalizar las intervenciones sobre el territorio y acometer con criterios de defensa y salvaguarda la gestión de sus bienes y recursos más sensibles en consonancia con las cautelas y ajustes a que obliga una crisis que en España ofrece en la estimación de los graves impactos ocasionados por el crecimiento en la etapa anterior una de sus dimensiones más esclarecedoras sobre el nuevo rumbo a que obliga la autocrítica, aún por hacer con la sinceridad necesaria.
Habrá que estar vigilantes al desarrollo de la Ley y a la comprobación de sus efectos sobre una realidad extraordinariamente compleja y contrastada como la que ofrece el mundo rural español. Estaremos atentos a la disposición mostrada por las Comunidades Autónomas en este sentido al amparo del alto margen de responsabilidad de acción que las compete, conscientes de que sin su colaboración esta Ley se limitaría a ser un compendio de meras intenciones. Y veremos de qué modo la sociedad, y particularmente la que reside en un ámbito caracterizado por una situación repleta de contradicciones y dificultades, asume unos objetivos que, genéricos en su formulación, habrán de acusar una plasmación específica, de conformidad con los objetivos pretendidos, cuando traten de adquirir carta de naturaleza en el propio territorio. De ahí la importancia que cabe conceder al denominado "contrato territorial de zona rural" , que incorpora el propio concepto de "agricultura territorial" recogido en el Art. 16 de la Ley.
Una pregunta aflora inevitablemente: ¿será posible en España armonizar la acción de las administraciones públicas para el cumplimiento de los fines previstos en la Ley? Lean sus objetivos y tendrán conciencia cabal de lo mucho que se pretende, hasta el punto de que no están ausentes las voces que la plantean como la solución a los problemas derivados de la despoblación.
