Este blog pretende contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la cultura y de la sensibilidad territorial ante las múltiples manifestaciones de agresión y deterioro a que se ven sometidos los paisajes como consecuencia de actuaciones frecuente y deliberadamente insensibles con la calidad y los recursos que los identifican.


Desea significar el compromiso de la Geografía y de los geógrafos con la defensa de la calidad de los territorios
y

de las buenas prácticas en el ejercicio de la acción pública y en sintonía con los objetivos y principios contemplados

en el Manifiesto por una Nueva Cultura del Territorio.


Planteado también con fines didácticos, se concibe como un documento aplicable a la docencia, así como un espacio de encuentro, comunicación y debate con los estudiantes y profesores de Geografía, y con quienes se interesen

por la evolución y los métodos de esta disciplina, por la utilidad e importancia de la información geográfica,

por su dimensión aplicada y por las políticas relacionadas

con la Ordenación, el Gobierno y el Desarrollo del Territorio.


sábado, 25 de septiembre de 2010

La gestión de los ríos en España: ¿coordinación estatal o descentralización autonómica?

Demarcaciones Hidrográficas de España

En el escenario político han hecho acto de presencia los argumentos que tratan de contener el desbarajuste en que se ha convertido, o corre el riesgo de convertirse, la gestión de los ríos en España. No ha sido una reacción emanada del Gobierno del Estado, sino de los grandes partidos. En esta dirección se ha pronunciado el 22 de septiembre de 2010 el Socialista abogando - a través de un documento dedicado a la "Gestión sostenible del agua. Hacia un gran pacto social"- por la creación de “un ente gestor global dependiente de la Administración General del Estado que coordinará todas y cada una de las demarcaciones hidrográficas y sus interdependencias, y en el que participarían las distintas administraciones y los usuarios". A los dos días, el Partido Popular ha hecho suya esta postura al afirmar que parece indispensable defender una planificación nacional del agua. “Que el agua sea planificada a nivel nacional", afirmó una de sus principales dirigentes.

La verdad es que tarde o temprano esta reacción se veía venir. Y lo ha hecho tras constatar los riesgos acertadamente apuntados por la Demarcación de Andalucía del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos cuando pocos días antes habían manifestado su "honda preocupación" por la situación de la gestión del agua en esa región, al señalar que era "contraria a principios esenciales de nuestro ordenamiento jurídico como son el de unidad de cuenca, unidad de gestión, coordinación, eficacia y respeto de la función pública basada en el mérito y la capacidad". Los argumentos de los expertos han sido contundentes cuando han puesto en evidencia hasta qué punto el traspaso de competencias sobre el río Guadalquivir a la Comunidad autónoma andaluza "se ha roto la unidad de cuenca y la unidad de gestión". "Se ha troceado el Guadalquivir separando planificación hidrológica del resto de la gestión, ya que de la primera se encarga el Estado y de la segunda, en la parte andaluza del Guadalquivir, la Junta de Andalucía", subrayando que "también se ha roto el principio de unidad de cuenca y unidad de gestión al volver a trocear los ríos dentro de Andalucía y gestionarlos en un primer escalón por provincias".


Sirva esta breve alusión al informe de los ingenieros andaluces - otro más entre los muchos argumentos técnicos que cuestionan la fragmentación del sistema hidrográfico español - para entender el contexto en el que se plantea la reacción política ante un problema que es estructural en la ordenación del territorio en España, generador de innumerables y crónicos motivos de conflicto que han enrarecido sensiblemente las relaciones entre las Comunidades autónomas, proclives a la tensión permanente que se crea entre la disponibilidad del recurso y su utilización económica.


El debate es tan extenso como agotador, y lo que sorprende es que, lejos de afrontarlo de acuerdo con los instrumentos de coordinación contemplados en las Leyes (Texto refundido de la Ley de Aguas de 2001, modificada por R.D. 4/2007, de 13 de abril), se haya procedido a la asignación de competencias sobre algunos caudales de la red básica del Estado a algunas CCAA, como ha sucedido concretamente en los casos de Andalucía y Castilla y León, a las que se reconoce atribuciones específicas en la gestión del Guadalquivir y del Duero, respectivamente. Si en el primer caso, la transferencia ya está efectuada, mayor resistencia ofrece el Estado a la hora de ejecutar la competencia asignada a Castilla y León dadas las prevenciones que provoca la responsabilidad regional sobre un río cuyo curso tiene carácter internacional.


Duero-Douro, fronterizo entre España y Portugal

Si somos conscientes de hasta qué punto la política del agua debe ser un tema de Estado, basado en pautas de coordinación apoyadas en estructuras de gestión que han funcionado bien, como son las Confederaciones Hidrográficas - a la par que se reafirma la necesidad de fortalecer un modelo de aprovechamiento basado en la “cultura del agua” – la idea planteada por los Partidos de ámbito nacional no es irrelevante ni inoportuna, aunque sí tardía o quizá innecesaria. Y ello debido al hecho de que la Ley ya contempla mecanismos en esta dirección, sin olvidar tampoco la pertinente reflexión efectuada por los ingenieros de Andalucia cuando señalan que "si desde el gobierno de Andalucía no se consigue que funcione un modelo moderno de gestión del agua, tal vez sea urgente volver al tradicional gestionado por las Confederaciones Hidrográficas dependientes del Estado"


De todos modos, la reacción ha sido inmediata. En términos muy drásticos se han pronunciado los políticos aragoneses, entre los que existe una coincidencia plena contra la construcción de trasvases procedentes del Ebro. Invocando el principio de "unidad de cuenca" - hecho que la fragmentación por regiones vulnera, ya que el Ebro transcurre también por Cantabria, Castilla y León, La Rioja y Cataluña - insiste en el argumento de que el ente gestor propuesto por el PSOE- puede vulnerar la Constitución y entrar en conflicto de competencias con el Estatuto de Autonomía. En esta línea se ha pronunciado el portavoz del Partido Aragonés Regionalista, al insistir en que "no aceptaremos un documento que no reconozca nuestros derechos en el Estatuto y que pueda perjudicar a Aragón", exigiendo el mismo trato otorgado a Andalucía para la gestión del Guadalquivir, y que con tanto énfasis han criticado los ingenieros de Caminos de esa Comunidad.


jueves, 16 de septiembre de 2010

Participación ciudadana y cultura ambiental: un largo camino por recorrer


Acaban de celebrarse en la Universidad de Valladolid unas Jornadas dedicadas a “La participación ciudadana en las políticas públicas ambientales”. Consideré que se trataba de un encuentro interesante y por eso asistí a la intervención de los representantes del Centro de Investigación de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria sobre “La Red de Municipios Sostenibles de Cantabria y los procesos de Agenda Local 21.




Aludo a este encuentro porque creo que es importante reflexionar sobre los métodos aplicados al desarrollo de la cultura ambiental a través de las diferentes modalidades de estímulo de la participación ciudadana. Es evidente que los avances en algo tan esencial para la preservación de la calidad del territorio como es la implicación de los ciudadanos en la defensa de los valores ambientales representan, o debieran representar, una de las líneas de acción prioritaria de los poderes públicos, en la medida en que la capacidad reactiva de la ciudadanía representa un activo a tener en cuenta a la hora de evitar alteraciones o comportamientos lesivos con el entorno.



Sin embargo, pese a los buenos propósitos con que este tipo de políticas son abordadas, la tarea no es, en modo alguno, algo sencilla ni tiene el éxito garantizado de antemano. La intervención que comento lo puso claramente de manifiesto. Los resultados son aún, escasos, en cierto sentido decepcionantes y abundan los inconvenientes cuando se trata de alentar la acción social como factor de incidencia efectiva en la toma de decisiones sobre esta decisiva materia. Bien sea porque se adolece de una actitud dirigista, no exenta de voluntarismo, bien porque la colaboración de los Ayuntamientos no sea tan firme como se desearía, bien porque la labor educativa requiere paciencia y un poder de convicción de los que a veces se carece, bien porque el corto plazo se aviene mal con procesos de formación lentos y a veces no bien entendidos lo cierto es que la autocrítica se impone a la hora de hacer balance de los resultados conseguidos.



De las fotografías que ilustran esta entrada pueden obtenerse conclusiones interesantes. Si en la que encabeza el texto se da cuenta de la entidad de la labor emprendida, en la segunda se exponen con claridad las características y el balance obtenido en los diferentes espacios de encuentro organizados con tal fin. El estado de la cuestión se completa con las dos que evidencian las limitaciones observadas: falta de representatividad y asistencia, y falta de resultados a corto plazo. He elegido ambas porque resumen bien lo que a menudo suele suceder. Reconocerlo en toda su dimensión y con sinceridad es un buen camino para que las medidas correctoras, y que ahí también se exponen, sean algo más que un conjunto de buenas intenciones.


lunes, 13 de septiembre de 2010

La cooperación transfronteriza se abre a nuevos horizontes y posibilidades: la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro

Es bien sabido que los compromisos entre Estados a la hora de acometer actuaciones coordinadas en ordenación del territorio no siempre resultan tarea fácil. El límite que impone la frontera, aunque como barrera de comunicación haya desaparecido en la Unión Europea, obliga a adaptar posiciones, instrumentos y estrategias orientados al cumplimiento de objetivos de interés común, a sabiendas de que la suma de esfuerzos resulta favorable para ambas partes sin merma de las respectivas personalidades, que, de enfrentadas, se convierten en complementarias.


La bibliografía sobre la cuestión es amplísima y viene avalada por el gran cúmulo de experiencias llevadas a cabo desde que en 1980 el Consejo de Europa destacase la particularidad de los espacios de frontera como una cuestión de relevancia específica y primordial para la comprensión del espacio europeo. De ahí deriva el Convenio Marco Europeo sobre Cooperación Transfronteriza, suscrito en Madrid el 21 de mayo de 1980 –posteriormente desarrollado en el Protocolo Adicional de 9 de noviembre de 1995 - con la voluntad de alentar la colaboración entre autoridades territoriales, en el que asimismo descansaran los Tratados de cooperación bilateral suscritos por España con Francia (en Bayona) el 10 de marzo de 1995 y con Portugal (en Valença do Minho) el 3 de octubre de 2002. Uno y otro definen la cobertura legal, sobre la base del Derecho Internacional, en la que se apoya la puesta en práctica de este tipo de estrategias por parte de las administraciones subestatales (Comunidades Autónomas y Entidades Locales) con voluntad para llevarlas a cabo mediante la creación de organismos específicos de cooperación con o sin personalidad jurídica.


Los organismos tradicionalmente puestos en práctica responden a una variada tipologia, que creo innecesario comentar, ya que lo más importante reside en el hecho de que todos ellos han servido, con resultados variables, para canalizar las ayudas proporcionadas por la Iniciativa Comunitaria INTERREG, que desde 1989 hasta 2006 han sido utilizadas de manera sustancial para financiar los proyectos destinados a consolidar esos vínculos históricamente obstaculizados por la frontera y que ahora tratan de afianzarse con la mirada puesta en el desarrollo integral del territorio.


Si mucho cabria decir de las luces y las sombras que han marcado la historia de INTERREG, aunque sin duda ha hecho posible cimentar las bases de una cultura a favor del encuentro por encima de la "raya", lo importante es el rumbo adquirido por la Cooperación Territorial (transfronteriza, transnacional y en redes) a raíz de la creación de un cauce nuevo que, con el nombre de Agrupación Europea de Cooperación Territorial (European Grouping Territorial Cooperation), ve la luz tras la aprobación del Reglamento (CE) nº 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006. La transposición de este este Reglamento fue realizada por Portugal mediante Decreto-Lei n.º 376/2007 y por España por Real Decreto 37/2008. Se trata, para precisar el alcance potencial de la medida, de un instrumento específicamente comunitario, dotado de personalidad jurídica y con el que se trata de superar las limitaciones e inseguridades de los instrumentos anteriores. Apoyado en un convenio de cooperación obligatorio, sus funciones se fundamentan en un régimen estatutario y en un presupuesto anual sujeto a informe certificado por expertos independientes. Recomiendo la lectura del Reglamento de referencia, que ilustra sobre las motivaciones y los objetivos que han inducido su puesta en marcha.


Edificio de Usos Múltiples, donde tienen su sede la AECT Duero-Douro y el Ayuntamiento de Trabanca (Salamanca)


Una de las primeras AECT aprobadas en la Unión Europea (donde en estos momentos existen quince en funcionamiento) es la que, con el nombre de Duero-Douro, fue constituida el 14 de Marzo de 2009, quedando definitivamente formalizada tras la publicación del Convenio y los Estatutos en el Diario de la Republica (7 de Marzo de 2009) y en el Boletín Oficial del Estado (21 abril 2009). Su dimensión territorial presenta una notable relevancia. De ella forman parte los distritos portugueses de Alto Trás-os-Montes, Douro, Beira Interior Norte y las provincias españolas de Salamanca y Zamora. En conjunto, la configuran 188 entidades públicas, de las que 107 son municipios transfronterizos de las provincias de Zamora y Salamanca, 7 Câmaras Municipales, 69 freguesias transfronterizas portuguesas, dos asociaciones de municipios, un organismo autónomo y dos entidades académicas: la Universidad de Salamanca y el Instituto Politécnico de Bragança. Todo ello representa una superficie de 8.910,27 Km2, en los que habitan 120.143 personas, de las que 73.328 son portuguesas y 46.815 españolas. La línea de frontera afectada se extiende a lo largo de 356,19 Kms.


Doy cuenta aquí de esta iniciativa porque creo interesante darla a conocer y porque vale la pena seguirla de cerca. En una medida muy notable en su génesis y desarrollo destaca la labor realizada por Don José Luis Pascual Criado, Director General de la Agrupación y alcalde del pueblo salmantino de Trabanca, donde tiene su sede. Hace unos días efectué una visita a las instalaciones de la AECT Duero-Douro, cuya trayectoria y perspectivas pueden seguirse en la excelente web diseñada al efecto, y mantuve una larga y fructífera conversación con el Sr.Pascual Criado, a quien desde esta ventana agradezco sinceramente su deferencia.


Con José Luis Pascual Criado, Director General de la AECT Duero-Douro y alcalde de Trabanca


Muchas, valiosas e ilustrativas fueron las ideas que me expuso y que trataré de aprovechar con fines cientificos. En cualquier caso, y más alla del reconocimiento que se pueda asignar a la impresionante labor llevada a cabo hasta ahora, no cabe duda de que nos encontramos ante una experiencia digna de ser observada y analizada, por cuanto abre un campo de posibilidades aún ineditas en ese epígrafe tan sensible de la ordenación del territorio como es la coordinación de actuaciones de desarrollo sostenible en el marco de la cooperación intermunicipal en un tramo muy crítico de la frontera hispano-portuguesa.


sábado, 4 de septiembre de 2010

La desigual protección de los espacios polares: graves amenazas se ciernen sobre el Ártico

El Polo Norte codiciado


Los espacios polares constituyen ámbitos naturales de gran importancia en la estructura de la biodiversidad natural y en la preservación del equilibrio climático de la Tierra. Son áreas particularmente sensibles a los impactos de las actividades humanas y siempre han sido percibidos como lugares a preservar tanto por su riqueza ambiental como por las implicaciones que derivarían de su alteración para el conjunto del planeta. Plenamente justificado está, por tanto, el interés que deben merecer las directrices que orientan las actuaciones llevadas a cabo en los extremos helados de la Tierra, pues su valor trasciende sin duda al estricto ámbito de referencia.


De 1959 data la firma en Washington del Tratado Antártico - un "Tratado de paz y cooperación" - suscrito por 12 países, a los que después se han sumado mucho más, hasta abarcar una relación de 46, entre ellos España. Desde el principio el Polo Sur se concibió como un espacio de interés mundial, ajeno a los conflictos de intereses entre Estados y como un compromiso ambiental de escala planetaria, dado el valor de los procesos naturales que en él tienen lugar. El Tratado ha sido contundente en la prohibición de que en el área se lleven a cabo investigaciones relacionadas con el armamento nuclear y en el establecimiento de los criterios aplicados al desarrollo de la labor científica por parte de los países con instalaciones destinadas a este fin. Posteriormente, y en coherencia con esta línea, se adoptó en Madrid, en 1991 el Acuerdo de Protección Ambiental, que considera a la Antártida como Área de Conservación Especial, obligando a los países implicados a una estricta regulación de las actividades realizadas, que han de ser objeto de evaluación regular e información abierta, con el fin de impedir todo riesgo de impacto o actuaciones lesivas para el entorno. En suma, se ha llegado en este caso a la configuración de un potente y efectivo sistema de protección (Antartic Treaty System) que supone una garantía sólida desde el punto de vista científico, técnico y político.


En cambio, numerosas y graves son las amenazas que afectan la preservación ambiental del Ártico, la zona de la Tierra más sensible al calentamiento global. Bastaría recordar el propósito de la reunión mantenida en mayo de 2008 en Groenlandia por Rusia, Estados Unidos, Canadá, Noruega y Dinamarca, motivados por un objetivo común: la negociación para llevar a cabo una distribución de las áreas de influencia en el Polo Norte, ante la posibilidad de que el aprovechamiento de sus recursos energéticos y mineros pudiera ser potenciado al amparo de las interesantes perspectivas propiciadas por la situación del mercado (competitividad de precios) y por la reducción de la masa helada que hasta ahora habia constituido un obstáculo a los trabajos de prospección.


Es así como de la fiebre del oro que históricamente atrajo a miles de personas a los territorios cercanos al Polo Norte se ha apoderado de las grandes empresas en nuestros días la obsesión por hacerse con las reservas de gas natural y petróleo que, equivalentes a cerca de la cuarta parte de las que aún quedan por descubrir, se localizan en el Ártico. Dos grandes perforaciones han sido ya acometidas por la firma escocesa Cairn Energy en la costa de Groenlandia con total aquiescencia de los responsables políticos de la isla. Únicamente Greenpeace ha manifestado hasta ahora su oposición a tal iniciativa. Se echan de menos otras voces muy beligerantes no ha mucho contra el calentamiento global.


Fuente: Agencia Gubernamental Americana de Investigación Geológica


El proceso de explotación a gran escala está aún en sus inicios pero todo parece indicar que, dependiendo de la coyuntura económica, su desarrollo no es alejado en el tiempo. En este contexto, y a diferencia de lo que sucede en el Polo Sur (aunque también en este caso surgen advertencias respecto al incremento de la corriente turística que afecta al área), da la impresión de que la existencia del Consejo Ártico, creado en 1996 y del que forman parte los ocho países cuya plataforma continental enlaza con el Polo Norte, no va a introducir los mecanismos de salvaguarda y protección, de carácter restrictivo, aplicados en el caso de la Antártida. Más bien se ha limitado a respaldar no tanto las investigaciones científicas de carácter conservacionista como los estudios de valoración de los recursos existentes y de las posibilidades abiertas para el desarrollo de la navegación en un territorio donde el deshielo propicia la apertura y continuidad de rutas marítimas rentables. Todo parece indicar que para el Polo Norte la suerte está echada ante la indiferencia de la comunidad internacional.




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