Este blog pretende contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la cultura y de la sensibilidad territorial ante las múltiples manifestaciones de agresión y deterioro a que se ven sometidos los paisajes como consecuencia de actuaciones frecuente y deliberadamente insensibles con la calidad y los recursos que los identifican.


Desea significar el compromiso de la Geografía y de los geógrafos con la defensa de la calidad de los territorios
y

de las buenas prácticas en el ejercicio de la acción pública y en sintonía con los objetivos y principios contemplados

en el Manifiesto por una Nueva Cultura del Territorio.


Planteado también con fines didácticos, se concibe como un documento aplicable a la docencia, así como un espacio de encuentro, comunicación y debate con los estudiantes y profesores de Geografía, y con quienes se interesen

por la evolución y los métodos de esta disciplina, por la utilidad e importancia de la información geográfica,

por su dimensión aplicada y por las políticas relacionadas

con la Ordenación, el Gobierno y el Desarrollo del Territorio.


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domingo, 6 de octubre de 2013

La tierra se rebela cuando se siente agredida

La tierra se rebela cuando se siente agredida. La naturaleza es indómita, elabora y construye sus estructuras conforme a procesos que la configuran en una secuencia muy lenta y de acuerdo con las lógicas naturales en las que precisamente se basan sus equilibrios y sus capacidades de respuesta a la intervención humana. Sólo cuando se respetan sus equilibrios, la Naturaleza se complace en su propia armonía y mantiene esa relación estable con el entorno humanizado, basada precisamente en la consideración rigurosa de los límites en los que se enmarca las tendencias respectivas. Cuando ese equilibrio se altera, producto de la codicia, de la ignorancia, de la desatención deliberada, de la agresión imprudente, sobreviene la catástrofe. 


Todo un cortejo incesante de riesgos se cierne sobre la sociedad cuando la irreflexión y el corto plazo priman sobre la investigación de la realidad y la anticipación de las amenazas que derivan de un tratamiento inadecuado de los elementos que configuran el medio físico. Pese a la contundencia y la gravedad de las lesiones sufridas en el tiempo, da la impresión de que se carece de la inteligencia necesaria para valorar lo que significan la prevención y la cautela, hoy mejoradas al amparo de los sorprendentes avances de la ciencia. Tierra de sismicidades de diversa entidad es el conjunto de la cuenca mediterránea que enlaza Europa con África  La Historia está repleta de experiencias que así lo testifican. Pero parece ser que no son suficientes para aprender la lección. Alterada la falla de Amposta y la red asociada, de la que han hablado los manuales desde siempre, las dislocaciones provocadas por la presión sobre un espacio geológicamente inestable van a permanecer latentes o explícitas durante mucho tiempo en la vida de los ciudadanos que ocupan el entorno del Delte de l'Ebre.




Amablemente el Dr. Roberto Martínez Alegría, experto en riesgos naturales y en evaluaciones de impacto ambiental, ha realizado el siguiente comentario en esta entrada que previamente fue publicada en Facebook  

Quizás tengo el punto de vista sesgado por la geología, pero "a priori" la reutilización de yacimientos de gas, petróleo o incluso agua (conocida como recarga de acuíferos) no me parece mala idea, es más si un yacimiento demostró su estanqueidad durante período geológicos, puede ser un aval de seguridad (no lo afirmo con rotundidad).

Tal vez el problema pudiera residir en un poco adecuado conocimiento del sistema de fallas, pero otra vez me entran dudas. Pues ese yacimiento se estudió intensamente (como trabajan los petroleros) para que se les escapen grandes estructuras tectónicas), pero se volvió a estudiar cuando se plantea su reutilización (proyecto Castor), y una vez más cuando se hace la EIA (aunque me gustaría saber si esta se hizo por el procedimiento completo del anexo I o el simplificado del anexo II). Por todo ello no me atrevo a entrar en una búsqueda desesperada de culpables.

Respecto al fracking creo cada caso habría que verlo en su contexto geológico, hay operaciones viables y seguras respecto a sismicidad inducida y/o contaminación de acuíferos y otras claramente no. Otro problema son los líquidos de retorno con dispersantes empleados en la fracturación hidráulica. Personalmente creo que incorporar el fracking al procedimiento de EIA (tal y como está en la última legislación de 2013) puede ser un avance en transparencia (consulta pública) otra cosa sería si nuestros "líderes y lideresas" capan con el "loable interés de la simplificación" las garantías de dicho procedimiento.

domingo, 11 de diciembre de 2011

Una práctica urbanística lesiva para los intereses públicos: el sistema de expropiaciones en la Comunidad Valenciana

L’Hort de Redal, una operación ruinosa para el Ayuntamiento de Alzira


“La legislación valenciana señala que, cuando se superan los cinco años de la aprobación de un plan urbanístico que prevé una dotación para la ciudad que debe ejecutarse por expropiación, es el propietario el que puede solicitar que se realice. Y eso es, precisamente, lo que ha ocurrido en Valencia desde hace, al menos, ocho años. En tiempo de bonanza no hubo problema, se pagaban los justiprecios fijados por el Jurado Provincial de Expropiación, y punto" (...)


“En la presentación de los presupuestos del ayuntamiento para 2012, el vicealcalde Alfonso Grau, argumentó lo que parece ser una práctica habitual en la ciudad: «Algunos vecinos ya se han aprendido el truco, y en cuanto pasan cinco años, solicitan que el ayuntamiento les expropie el suelo dotacional». Por este sistema —que tiene cobertura legal en el artículo 69 de la LUV— es por el que se están llevando a cabo todas las expropiaciones. Sin embargo, el PSPV lleva años advirtiendo de que existen 1,4 millones de m2 de suelo dotacional cuyos propietarios pueden solicitar la expropiacion. A un promedio de 1.000 euros el metro cuadrado, el ayuntamiento necesitaría 1.400 millones de euros”.


Ver texto completo

sábado, 9 de enero de 2010

La voracidad urbanística en la Comunidad Valenciana: la ley al servicio de la ocupación abusiva del espacio


El Programa SIOSE (Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España), dependiente del Ministerio de Fomento y ejecutado por las Comunidades Autónomas, ha dado a conocer el nivel de ocupación del territorio valenciano, con datos que desbordan las previsiones más alarmantes.

Durante el quinquenio 2001-2005 la invasión urbanística ha sobrepasado con creces la del periodo 1987-2000, tomado como referencia temporal comparativa. Ha sido un proceso in crescendo al que no se le ha puesto límite ni control. Si en esos trece años el aumento de ocupación del suelo valenciano fue del 52%, situando a la Comunidad Valenciana en el primer lugar de las regiones españoles, sólo en los cinco primeros años del siglo XXI el aumento ha sido del 37 %. De este modo, entre 1987 y 2005 el territorio transformado mediante diversas modalidades de ocupación artificial (urbanizaciones, polígonos, infraestructuras, etc.) ha pasado de 76.652 a 160.197 Has., lo que representa un incremento total del 109 %. Esencialmente, esa colonización se debe al impacto generalizado y errático de las urbanizaciones dispersas, que han extendido la mancha urbana de manera desaforada hasta situarla por encima de las 100.000 Hectáreas. No ha habido en España ni en Europa un caso igual.

Expansión urbanística al Sur de Benidorm (Alicante)

Aunque la crisis inmobiliaria, que empieza a acusar sus efectos a partir de 2007, ha provocado una contención de esta vorágine urbanística, cabe pensar que todavía puede presentar largo recorrido. No hay que olvidar el impacto previsible que han de tener, de llevarse a cabo, los numerosos Planes de Actuación Integrada que aún están en proceso de tramitación en las Comisiones Territoriales de Urbanismo y que, pese a que en algunos casos han sido paralizados por los Tribunales de Justicia, en su mayoría prevén desarrollos urbanísticos exagerados y, por supuesto, insostenibles. Lo cual no debe sorprender si se tiene en cuenta las condiciones en las que se desenvuelve la política urbanística de la Comunidad Valenciana al amparo de la Ley 6/1994, Reguladora de la Actividad Urbanística, que, como señala el texto adjunto, ha supuesto una desviación respecto al modelo urbanístico del Estado, al alterar aspectos esenciales de las formas de gestión con el fin de crear un contexto juridico favorecedor de toda clase de dislates en la Ordenación del Territorio.

miércoles, 6 de enero de 2010

La protección del Barrio valenciano de El Cabanyal está asegurada...



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Sin duda es un hecho insólito y, que yo sepa, nunca había ocurrido hasta ahora. La salvaguarda del Barrio de El Cabanyal-Canyamelar-el Grao, de la ciudad de Valencia, está de momento asegurada, a la espera de las virulentas reacciones que sin duda se producirán a tenor de los intereses ocultos en juego, y que tanto han pesado en el urbanismo de esa ciudad mediterránea. La batalla ha sido larga y ejemplifica uno de los movimientos vecinales a favor del patrimonio arquitectónico más activo y contundente de cuantos se han vivido en España. Se trata de un histórico barrio marinero, situado junto a la costa y en paralelo a ella, al que, por sus características arquitectónicas - basadas en la confluencia que en sus edificios se produce entre el modernismo popular y el racionalismo - y valor urbanístico, se había reconocido desde 1993 la categoría de Bien de Interés Cultural, de acuerdo con la Ley del Patrimonio Histórico español.

Sin embargo, este reconocimiento no habia supuesto obstáculo alguno para que el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por Rita Barberá, del Partido Popular, elaborase - a través del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de El Cabanyal-Canyameral - un programa de demolición de una parte significativa del barrio – un total de 450 edificios, 1.651 viviendas – con el fin abrir una gran avenida a la costa. Para forzar su aplicación el barrio ha sido durante años abandonado a su suerte por ese Ayuntamiento (ausencia de inversión pública, mercado de la droga, deterioro y degradación crecientes, amenaza constante de demolición, efecto psicológico de falta de futuro). La reacción vecinal ha sido, en cambio, fulminante, y basta seguir su trayectoria para darse cuenta de hasta qué punto puede llegar la reacción ciudadana cuando se trata de preservar un patrimonio que considera elemento distintivo de su personalidad. Pocos movimientos vecinales en Europa alcanzan el nivel de movilización y de fortaleza cultural como el que defiende la supervivencia de este barrio vejado por el Ayuntamiento de la señora Barberá.



La medida parte de la sentencia del Tribunal Supremo, de 25 de Mayo de 2009, revocatoria de una anterior, que ha considerado prevalente, frente a la postura del Ayuntamiento, la conservación y regeneración de las edificaciones paralelas al mar por representar un legado de gran valor arquitectónico como espacio industrial y de vivienda, con manifestaciones emblemáticas de la historia económica y cultural valenciana. ¿Quién no recuerda las escenas inmortalizadas por el gran Joaquin Sorolla en este espacio emblemático de la personalidad urbana de Valencia?. Apoyándose en rigurosos informes elaborados por la Academia de la Historia y el Consejo Superior de Arquitectos, el Tribunal Supremo instó al Ministerio de Cultura para que se pronunciara sobre el tema y procediese a la aplicación de la sentencia. Y es precisamente lo que ha ocurrido varios meses después. El 4 de Enero de 2010 el Ministerio de Cultura ha decidido la paralización del plan urbanístico del Ayuntamiento de Valencia, a fin de evitar “el expolio del patrimonio histórico de El Cabanyal”. De este modo, el Ministerio, en el ejercicio de su competencia exclusiva en materia de defensa del Patrimonio Histórico Español, no hace sino aplicar el Art. 149.1.28 de la Constitución española y el Art. 6.b de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico.


Como era de esperar, la respuesta del Ayuntamiento - pese a que ya en 2004 la Consejería de Cultura del Gobierno autónomo, del mismo color político, se habia pronunciado también contra el PEPRI municipal - ha sido ruidosa e iracunda. Pero la medida está tomada, de modo que, con independencia del recurso que la Sra. Barberá pueda presentar ante la Audiencia Nacional, el conjunto urbanístico amenazado continúa en pie. Once años después de que la plataforma “Salvem El Cabanyal” comenzó su lucha en pro de un patrimonio en peligro, la justicia les ha dado, al fin, la razón.

Sin embargo, la evolución de los acontecimientos invita, de momento, al pesimismo. Ha estallado la batalla que enfrenta sensibilidad con barbarie, cultura con ignorancia, conservación con destrucción, respeto a los valores de la comunidad con intereses ocultos. El Gobierno de la Comunidad Valenciana - que en otro tiempo consideró un disparate lo que pretenden Barberá y quienes presionan sobre ella pra modelar la ciudad a su antojo - hace causa común con el Ayuntamiento y, por la via de urgencia, aprueba un decreto con el fin de contrarrestar la suspensión impuesta por el Gobierno Central. Que nadie busque en los argumentos de los miembros de la Generalitat aspectos que evidencien el menor atisbo de sensibilidad cultural. Defienden pura y simplemente los criterios que invocan las competencias propias frente a la Administración del Estado en un pulso por el poder que no hace sino corroborar el desastre que, desde el punto de vista urbanístico, ha traido consigo la asignación de competencias a administraciones que lo entienden como un negocio y como su propio Patio de Monipodio en el que arropar a sus clientelas y dar satisfacción a intereses inconfensables. Sacan a relucir los votos obtenidos en las pasadas elecciones esgrimiéndolos como patente de corso para justificar todo lo que se les ponga por delante. Pobre país este nuestro, donde los valores culturales se ven relegados al pozo de la ignominia, mientras campan a sus anchas los que, sumidos en corruptelas de toda especie, han convertido su ámbito de decisión en una mesa de póker, al servicio del mejor postor.

Que el Tribunal Supremo defienda su sentencia. Que el Ministerio de Cultura sea coherente con su decisión hasta las últimas consecuencias. El tema es tan grave, la medida de la Generalitat valenciana tan escandalosa, como las que acostumbra, que sólo el imperio de la Ley y del sentido común puede poner fin a tamaño disparate en la Comunidad Autónoma que durante el pasado año más ha dado que hablar y no precisamente con orgullo y para bien.

Que se conozca lo sucedido. Que no caiga, por el bien del patrimonio cultural de nuestro país, en saco roto.

Para ampliar el conocimiento de lo que ese barrio significa aconsejo la lectura del artículo "El Cabanyal: patrimonio y especulación" de Ramón López de Lucio.


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