La voracidad urbanística en la Comunidad Valenciana: la ley al servicio de la ocupación abusiva del espacio

El Programa SIOSE (Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España), dependiente del Ministerio de Fomento y ejecutado por las Comunidades Autónomas, ha dado a conocer el nivel de ocupación del territorio valenciano, con datos que desbordan las previsiones más alarmantes.

Durante el quinquenio 2001-2005 la invasión urbanística ha sobrepasado con creces la del periodo 1987-2000, tomado como referencia temporal comparativa. Ha sido un proceso in crescendo al que no se le ha puesto límite ni control. Si en esos trece años el aumento de ocupación del suelo valenciano fue del 52%, situando a la Comunidad Valenciana en el primer lugar de las regiones españoles, sólo en los cinco primeros años del siglo XXI el aumento ha sido del 37 %. De este modo, entre 1987 y 2005 el territorio transformado mediante diversas modalidades de ocupación artificial (urbanizaciones, polígonos, infraestructuras, etc.) ha pasado de 76.652 a 160.197 Has., lo que representa un incremento total del 109 %. Esencialmente, esa colonización se debe al impacto generalizado y errático de las urbanizaciones dispersas, que han extendido la mancha urbana de manera desaforada hasta situarla por encima de las 100.000 Hectáreas. No ha habido en España ni en Europa un caso igual.

Expansión urbanística al Sur de Benidorm (Alicante)

Aunque la crisis inmobiliaria, que empieza a acusar sus efectos a partir de 2007, ha provocado una contención de esta vorágine urbanística, cabe pensar que todavía puede presentar largo recorrido. No hay que olvidar el impacto previsible que han de tener, de llevarse a cabo, los numerosos Planes de Actuación Integrada que aún están en proceso de tramitación en las Comisiones Territoriales de Urbanismo y que, pese a que en algunos casos han sido paralizados por los Tribunales de Justicia, en su mayoría prevén desarrollos urbanísticos exagerados y, por supuesto, insostenibles. Lo cual no debe sorprender si se tiene en cuenta las condiciones en las que se desenvuelve la política urbanística de la Comunidad Valenciana al amparo de la Ley 6/1994, Reguladora de la Actividad Urbanística, que, como señala el texto adjunto, ha supuesto una desviación respecto al modelo urbanístico del Estado, al alterar aspectos esenciales de las formas de gestión con el fin de crear un contexto juridico favorecedor de toda clase de dislates en la Ordenación del Territorio.