Este blog pretende contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la cultura y de la sensibilidad territorial ante las múltiples manifestaciones de agresión y deterioro a que se ven sometidos los paisajes como consecuencia de actuaciones frecuente y deliberadamente insensibles con la calidad y los recursos que los identifican.


Desea significar el compromiso de la Geografía y de los geógrafos con la defensa de la calidad de los territorios
y

de las buenas prácticas en el ejercicio de la acción pública y en sintonía con los objetivos y principios contemplados

en el Manifiesto por una Nueva Cultura del Territorio.


Planteado también con fines didácticos, se concibe como un documento aplicable a la docencia, así como un espacio de encuentro, comunicación y debate con los estudiantes y profesores de Geografía, y con quienes se interesen

por la evolución y los métodos de esta disciplina, por la utilidad e importancia de la información geográfica,

por su dimensión aplicada y por las políticas relacionadas

con la Ordenación, el Gobierno y el Desarrollo del Territorio.


miércoles, 23 de febrero de 2011

Réquiem por las costas españolas


Tapia de Casariego (Asturias)

Hacía tiempo que la suerte estaba echada y cualquier pretensión de corregir la tendencia que durante décadas ha marcado el modelo de ocupación del litoral español ha quedado relegada al olvido. Peor aún, en la frustración y en el desencanto que provoca observar cómo uno de los elementos más valiosos de nuestro patrimonio natural aparece sumido en el camino que inexorablemente ha de llevar a su definitiva desnaturalización, a su empobrecimiento como bien ecológico en paralelo a la exacerbación de su importancia como factor clave en la generación de riqueza a costa de lo que sea.

Poco más puedo decir de un tema que he tratado varias veces en este blog y siempre reiterando el mismo enfoque, pues no hay otro desde la perspectiva que profesionalmente defiendo. Y es que la Ley de Costas, que data de 1988, se ha convertido, hace tiempo ya, en papel mojado, destruido por un oleaje inmisericorde. Las polémicas suscitadas en torno a la situación que se encuentran las edificaciones construidas antes de la entrada en vigor de la Ley han ido minando las perspectivas de aplicación de la norma, favoreciendo así el mantenimiento de los hechos consumados y, lo que es más grave, propiciando incumplimientos sistemáticos que precisamente se amparaban en la tolerancia por parte de las Administraciones públicas, hasta arrinconar por completo el breve período de vigilancia y cumplimiento que tuvo durante la etapa de Cristina Narbona como Ministra de Medio Ambiente. Después, llegó el silencio, y, como dice el poema de Góngora, "miró al soslayo, fuese y no hubo nada". ¿Alguien ha oído hablar de nuevo del Hotel Algarrobico en el Cabo de Gata?

De ello da fiel testimonio la excelente crónica de Rafael Méndez, que anteriormente ya había abordado esta cuestión. Se trata de un texto periodístico riguroso y detallado, que define los aspectos esenciales de un problema que conviene conocer, aunque posteriormente pueda ser ampliada con análisis y documentos que permitan valorar el sentido de la tendencia y sus principales manifestaciones en un proceso que, al parecer, se muestra ya inexorable. Y lamentablemente lo es, por más que entre en contradicción con lo señalado en la Recomendación de la Unión Europea (2002/413) sobre la gestión integrada de las zonas costeras en Europa. Recomiendo la consulta del Documento de Síntesis.

miércoles, 16 de febrero de 2011

El modelo energético español: un problema irresuelto e indebidamente abordado





Cada vez se pone más en evidencia las incertidumbres a que conduce la ausencia de una política energética, clara y coherente, en España. Es, a mi juicio, otra manifestación más de las contradicciones, las insuficiencias y los errores que se han instalado con harta frecuencia, y al parecer de manera definitiva, en el modo de actuación aplicado a aspectos esenciales relativos al empleo de los recursos – territoriales y financieros - en los que se basa también, y de manera primordial, la Ordenación (sostenible) del Territorio. La resistencia a plantear un debate, serio y riguroso, sobre el modelo energético español lleva a situaciones tan sorprendentes como la que ha conducido a introducir en la Ley de Economía Sostenible - el gran proyecto de reestructuración económica del país, aprobado en marzo de 2010 - el acuerdo por el que las centrales nucleares se mantengan en funcionamiento más allá de los 40 años para los que fueron diseñadas.


La propuesta, proveniente de Convergencia i Unió y el Partido Nacionalista Vasco, ha sido respaldada por el Partido Popular y por el que sustenta al Gobierno, que modifica así el criterio defendido hasta ahora y que en su momento fue aplicado a la Central de Garona (Burgos), que, excepcionalmente, será clausurada en 2013 mientras las demás permanecerán activas con independencia de que hayan alcanzado o no el tiempo de vida previsto cuando fueron construidas. Y sorprende también que a estas alturas aún permanezca en incógnita la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) para residuos de elevada radiactividad y cuya ubicación se pensaba dejar resuelta en agosto de 2010. En suma, se ha alargado la vida de centrales que se encuentran amortizadas desde hace muchos años y cuyos beneficios, por esa misma razón, son espectaculares, sin que tampoco haya quedado zanjada la cuestión del almacenamiento, particularmente crítico en el caso de los de alta intensidad, para los que se prevé el ATC, y que mientras tanto permanecen en las piscinas de las centrales o se envían a Francia, con un coste de 60.000 euros diarios a partir de 2011.


La decisión se ha inclinado, con la aquiescencia de CCOO y UGT, a favor de los grandes grupos de intereses articulados en torno a la energía nuclear, sin que al tiempo se haya procedido a clarificar -ni se hayan fijado plazos para ello, la estructura del “mix” energético, en coherencia con los recursos del país, con las necesidades a largo plazo en función de la demanda y con las exigencias a que obliga una estrategia más racionalizadora del consumo, que en España alcanza, por unidad de producto, niveles sensiblemente más elevados que en el conjunto europeo. Los cálculos efectuados apuntan al hecho de que por cada 1.000 euros de Producto Interior Bruto el consumo alcanza los 184 Kep (kilogramos equivalentes petróleo) frente a los 169 del promedio de la Unión Europea. Es evidente que se trata de una pauta insostenible teniendo en cuenta que más de las tres cuartas partes del suministro energético español provienen del exterior, lo que determina un altísimo nivel de dependencia y de fragilidad para la economía.


Sin necesidad de entrar en consideraciones pormenorizadas sobre la importancia y el papel que desempeñan, o pueden desempeñar, las distintas fuentes de generación, deseo sobre todo destacar que en estos términos, de indefinición y proclives a la sorpresa, se plantea un problema aún irresuelto. Un problema que no puede afrontarse mediante medidas puntuales, contradictorias con los mensajes previamente transmitidos, creando incertidumbres regulatorias y al margen de ese debate necesario y obligado que brilla por su ausencia, y con la seriedad necesaria, en los foros políticos y económicos que proliferan con tanto ruido como ineficacia en la vida pública española.



domingo, 13 de febrero de 2011

La calidad del aire en España: ¿negligencia o incompetencia?



La constatación y el agravamiento de los niveles de contaminación alcanzados en la ciudad de Madrid en la primera quincena del mes de febrero han vuelto a sacar a la luz el problema que afecta al medio ambiente, particularmente referido a la calidad del aire, en las ciudades españolas y que en el caso de la capital alcanza umbrales preocupantes, tanto mayores cuanto evasivas se muestran las declaraciones de los responsables de la calidad ambiental madrileña. Las efectuadas por la concejal del sector, Sra. Botella Serrano, aludiendo a que “más asfixia el paro” y a que se trata de un problema que se utiliza para tapar otros más graves, como la crisis económica, revelan no sólo incompetencia clamorosa sino grave ignorancia o desdén hacia las tareas que la conciernen.


Y es que, según el Real Decreto 1073/2002 (de 18 de octubre), se asigna a las Comunidades Autónomas la responsabilidad de garantizar la calidad del aire en sus respectivos territorios, salvo en el caso de la ciudad de Madrid donde esta función compete estrictamente al Ayuntamiento, debido a la existencia de instrumentos de medición instalados con anterioridad a la promulgación de la Directiva Comunitaria sobre la mejora de la calidad del aire en las ciudades europeas.


Aunque dicha Directiva data del año 1996 (96/62/CE), su transposición íntegra al ordenamiento español aún no se ha llevado a cabo. Ha habido por parte de la Administración del Estado una clara negligencia en este sentido, que ha motivado sentencias condenatorias hacia España. Quizá por esa razón, de forma paliativa, se ha optado por aplicar las Directivas secundarias que emanan de aquélla (1999/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE y 2004/107/CE), centradas sobre todo en el establecimiento de los límites fijados para los diferentes contaminantes.


La insuficiencia y la lentitud siguen marcando la pauta en este sentido. Baste recordar que la última de las Leyes aprobadas en España sobre la cuestión - Ley 34/2007 de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera – carece aún del indispensable desarrollo reglamentario. Y, para rizar aún más el rizo, señalemos que la Directiva 2008/50/CE, donde se ordena y sistematiza el sistema regulador existente hasta entonces y que pone al día los procedimientos y cálculos de medición, debiera haber sido incorporada a la legislación española en junio de 2010. Al no haberse llevado a cabo todavía, la UE ha abierto el correspondiente procedimiento de infracción al Estado español.

Ante esta situación no estaría de más realizar una consulta del informe sobre la Calidad del Aire de las Ciudades Españolas. Clave de Sostenibilidad Urbana, realizado por el Observatorio de la Sostenibilidad, cuando Cristina Narbona era responsable del Ministerio de Medio Ambient

Sin duda, un paso adelante en esta dirección ha sido el dado por la aprobación en el Consejo de Ministros de 4 de noviembre de 2011 del Plan Nacional de Calidad del Aire.


lunes, 7 de febrero de 2011

Participación ciudadana y Ordenación del Territorio: una interesante iniciativa en el País Vasco


Creo que es interesante analizar la importancia que tiene la participación ciudadana en la concepción y tratamiento de las políticas territoriales. Acabo de terminar un artículo sobre la cuestión, que pronto verá la luz en una conocida Revista de Geografía, y gracias al cual he podido indagar en un tema que sorprendentemente ha sido escasamente estudiado desde nuestra disciplina. Es una carencia que conviene subsanar, ya que difícilmente podrían entenderse las estrategias adoptadas, las soluciones de conflicto, el modelo de decisión aplicado a la solución de problemas que inevitablemente surgen en una estructura socio-territorial compleja si no se valora en su justa perspectiva el alcance de los instrumentos que, desde el poder político, se ponen a disposición de los ciudadanos para que, a través de sus opiniones, debidamente articuladas en el contexto de una sociedad organizada y sensible pueda alcanzar el nivel de atención que le permita incidir en la toma de decisiones.

De ahí la utilidad de las experiencias analizadas “ex profeso”, necesarias para entender las posibilidades, perspectivas e incertidumbres que gravitan en torno al concepto de participación ciudadana como uno de los baluartes esenciales, y a la par más controvertidos, de las políticas públicas relacionadas con la ordenación del territorio. Y ello por dos razones fundamentales. que desearía destacar: porque, como manifestación primordial de la llamada “gestión de proximidad”, ejemplifica el nivel de compromiso e implicación de la sociedad en el diseño de las estrategias territoriales, y porque pone a prueba – en función de las relaciones que en el seno del territorio se construyen entre los individuos, las asociaciones y las instituciones - la calidad de los mecanismos de gestión pública, que precisamente encuentran en el reconocimiento de la participación una de las bases que aseguran el reforzamiento de su legitimidad democrática.

Por esta razón, considero oportuno informar de la iniciativa emprendida recientemente por el gobierno del Pais Vasco, impulsor de la propuesta EcoEuskadi 2020, con la que se trata de reflexionar sobre aspectos de prosperidad económica, equidad y cohesión social, y protección del medio ambiente con el horizonte temporal del año 2020. El resultado contribuirá a orientar las políticas públicas en Euskadi en clave de sostenibilidad”.

La invitación que se hace a la sociedad se muestra muy abierta, en función de las posibilidades permitidas por la comunicación a través de las páginas web diseñadas al efecto.



La iniciativa acaba de comenzar. No estaría de más hacer un seguimiento de sus pasos, a sabiendas de que procesos así no son fáciles ni tienen el éxito garantizado de antemano. Aunque, como es obvio, frente a la pasividad, al dirigismo despótico y a las prácticas opacas que sólo benefician a quien las ejecuta y a sus camarillas, ideas como la que comento deben ser siempre bienvenidas.


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