Este blog pretende contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la cultura y de la sensibilidad territorial ante las múltiples manifestaciones de agresión y deterioro a que se ven sometidos los paisajes como consecuencia de actuaciones frecuente y deliberadamente insensibles con la calidad y los recursos que los identifican.
Desea significar el compromiso de la Geografía y de los geógrafos con la defensa de la calidad de los territorios y
de las buenas prácticas en el ejercicio de la acción pública y en sintonía con los objetivos y principios contemplados
Planteado también con fines didácticos, se concibe como un documento aplicable a la docencia, así como un espacio de encuentro, comunicación y debate con los estudiantes y profesores de Geografía, y con quienes se interesen
por la evolución y los métodos de esta disciplina, por la utilidad e importancia de la información geográfica,
por su dimensión aplicada y por las políticas relacionadas
con la Ordenación, el Gobierno y el Desarrollo del Territorio.
Acabo de terminar la lectura de este libro en esta calurosa tarde agosteña y decido recomendarlo porque no sólo es interesante por el tema que aborda sino también por la utilidad que ofrece cuando se trata de valorar la importancia del entorno, del espacio, de vida en el comportamiento y la salud de las personas.
Es evidente que el bienestar del ser humano y su forma de reaccionar y organizarse dependen de la calidad de los elementos, naturales, ambientales, sociales y económicos que le rodean. De la vivienda, del mundo de relaciones, de los estímulos a la propia creatividad, del espacio público, de los efectos derivados de la revolución tecnológica. Profundizar en la cuestión, apoyándose en el impresionante soporte empírico en el que la obra se fundamenta, ayuda a valorar e interpretar críticamente aspectos esenciales del urbanismo, de la vida en las ciudades y en el mundo rural, los impactos de la desigualdad. En suma, proporciona los argumentos a favor de políticas públicas sensibles a la complejidad de las sociedades contemporáneas.
Integrar la Psicología y la Geografía. Se trata de un engarce tan valioso como necesario. Todo un desafío intelectual en defensa de un mundo mejor, más igualitario y saludable.
Que se sepa no se ha publicado aún una obra en
España que sistematice, recopile e interprete con perspectiva integrada las
imágenes que ha dejado la pandemia de la covid 19 en los espacios locales de
vida y relación durante su etapa más crítica. Ajenos a experiencias de este
tipo, no estábamos acostumbrados a vivir de manera tan traumática respecto a
nuestros hábitos y comportamientos convencionales. El inesperado cambio de vida
y de costumbres ha obligado a replantear muchos de los aspectos y formas de
convivencia, que en cierto modo han alterado nuestras percepciones sobre el
tiempo y el espacio. ¿Somos igual que
antes? ¿De qué modo hemos cambiado y hacia dónde? ¿Qué lecciones y advertencias hemos
aprendido?
Interesado en descubrirlas, he querido hacer uso de mi experiencia como experto en la interpretación de las dinámicas territoriales
para plasmarlas en la metamorfosis que la pandemia ha provocado, durante un
periodo que nunca se olvidará, en el espacio urbano vallisoletano. Partiendo de
la convicción de que la imagen debe apoyarse firmemente en el poder de la
palabra, esta obra, autoeditada, pretende dejar constancia para
siempre, a través de la simbiosis creada entre la fotografía y los mensajes que
aporta, de realidades que han de permanecer vigentes en la memoria, ya que de
lo que se trata es de que no queden relegadas a la indiferencia o al olvido.
Disponible - para envío personalizado a domicilio - en : fmaneromg@gmail.com
Ha supuesto un esfuerzo considerable, pero, al fin, ha visto la luz, superadas las dificultades que entraña una obra colectiva de esta envergadura. La iniciativa surgió de las Jornadas organizadas en Gerona por el Grupo de Geografía Económica de la Asociación de Geógrafos Españoles en junio de 2012, en las que se planteó la conveniencia de efectuar una reflexión colectiva sobre las implicaciones que la crisis desencadenada en 2007, y cuyos efectos alcanzaron enseguida manifestaciones dramáticas, ha provocado en la configuración de las estructuras territoriales españolas. Se trata de una valiosa aportación realizada desde la Geografía con el fin de dejar constancia de la utilidad y pertinencia que el enfoque geográfico ofrece cuando se trata de analizar, con espíritu crítico, objetividad analítica y visión comparada, los factores que determinan la transformación del territorio y sus efectos consecuentes. El resultado es una obra colectiva de 772 páginas. Plantear estas cuestiones desde una perspectiva crítica, apoyada en un sólido y actualizado soporte informativo y visualmente plasmado de manera muy expresiva a través de la expresión gráfica y cartográfica ayuda a profundizar en el conocimiento de un aspecto crucial de la realidad española, posibilita el avance de la perspectiva comparada y, lo que no es menos importante, pone en evidencia la sensibilidad intelectual y la capacidad científica de los geógrafos españoles para saber estar a la altura de las circunstancias. Coordinada por los Dres, Juan Miguel Albertos Puebla y José Luis Sánchez Hernández, de las Universidades de Valencia y Salamanca, respectivamente, forma parte del interesante balance ofrecido por el interesante Grupo de Geografía Económica de la AGE. Es una obra editada por el Servicio de Publicaciones de la Univesidad de Valencia y distribuida también por Librerías Marcial Pons, de Madrid.
La publicación del World Social Science Report 2013 supone un hito esencial en el avance del conocimiento sobre los impactos provocados por lo que se conoce como "el cambio ambiental global". Editado por la UNESCO y la OCDE sus conclusiones resultan contundentes cuando advierten de que dicho fenómeno "está trastocando todo en nuestro planeta, al modificarse los sistemas que sustentan la vida, y está afectando a las poblaciones del mundo, alterando sus medios de subsistencia, modos de vida, acciones e interacciones" Es un importante documento para el análisis y la interpretación de la realidad socio-espacial que conviene conocer. Consta de 100 artículos, realizados por 150 autores de 41 países. http://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/world-social-science-report-2013_9789264203419-en
La causa de la causa es la causa del mal causado. Aforismo clásico y elocuente, aplicable en buena medida a lo que actualmente sucede en España. En coherencia con esa idea unos geógrafos muy serios de la Universidad de La Laguna han hecho una indagación rigurosa sobre el
panorama de la corrupción urbanística en España, los factores que la motivan y
sus impactos en el espacio y en la sociedad. Nada como una buena investigación - apoyada en un esfuerzo meticuloso de recopilación, sistematización y tratamiento georreferenciado - para poner las cosas en su sitio y hacer que cada vela sea aguantada por el
palo que la corresponde. No ha habido un caso igual en la Europa que nos rodea.
Lamentablemente España es más diferente en sentido negativo de lo que debiera
ser porque la especificidad solo está justificada cuando se basa en criterios
prestigiosos, admirables y reconocidos. Cuando lo hace sobre parámetros de
descrédito y malas prácticas, la imagen es desoladora, por más que se empeñen
en mejorarla artificialmente quienes hacen denodados esfuerzos en pro de su
deterioro.
Puede verse el texto íntegro del trabajo en la Revista ERIA, publicada por el Departamento de Geografía de la Universidad de
Oviedo, Y es que los asturianos, cuando se ponen, y se ponen a menudo, lo hacen
muy bien
Preocupante situación la del medio ambiente en España. Cuando soplan los vientos de la bonanza económica, la voracidad puede con todo y deja en papel mojado las evaluaciones de impacto que ponen en entredicho las intervenciones de las que se esperan pingües beneficios. Pero, ay, cuando llega la crisis,
¿cómo dificultar un proyecto, por depredador ambientalmente que sea, si viene
henchido con el pan bajo el brazo y las prioridades aconsejan postponer aquellos objetivos, por bienintencionados que sean, que las cuestionan? Ocurra lo que ocurra, la preservación del
paisaje de calidad siempre se ha visto amenazada en nuestro país. La tendencia se
agrava más aún cuando los responsables públicos consideran el tema ambiental
como una incomodidad con la que no quieren convivir. Tal vez por ignorancia,
pero sobre todo porque los intereses en juego apuntan en otro sentido, lo
cierto es que la indiferencia prima sobre el interés, el abandono sobre la
preocupación, la incuria sobre la sensibilidad. No sorprende, por tanto, que,
tras intentar vetar la directiva de Eficiencia Energética de la UE, España haya abandonado el consejo de la Agencia Internacional de Energías Renovables.
Oportuna ocasión ésta para reflexionar sobre las repercusiones que la crisis está provocando en el territorio, máxime cuando todo apunta al final de una era y al rápido afianzamiento de otra en la que los mecanismos favorables a la equidad y a las solidaridades interterritoriales tienden a quedar arrumbados. Es una vertiente que no debe quedar desatendida en el contexto de los debates que profundizan en el conocimiento de una etapa de cambio integral, de la que ningún aspecto de la vida económica, social y cultural permanece ajeno. Y, por supuesto, no cabe duda de su trascendencia espacial, bien percibida a través de numerosas manifestaciones, detectadas a todas las escalas y con experiencias muy significativas. Baste de momento con llamar la atención, y en sintonía con el motivo que justifica esta entrada, sobre sus efectos sobre los diferentes aspectos que configuran y estructuran la realidad ambiental, y que bien se recoge en el texto incluido en el portal Ecoticias.
El debate suscitado en torno al modelo de ocupación del litoral español ha estado omnipresente en la vida política e intelectual española mucho antes de que fuese promulgada laLey de Costas en 1988, diez años después de que la Constitución, en su artículo 132, otorgara al litoral la condición de servicio público. Se trató de una ley tardía, acometida cuando ya el espacio que lame el mar había sufrido una de las mayores alteraciones estéticas y medioambientales de cuantas se conocen en Europa. Con todo, y puesto que el consuelo del “más vale tarde que nunca” suele reconfortar como paliativo de las amenazas que se ciernen en su ausencia, la Ley introdujo medidas que hacían pensar que, al fin, la voluntad de preservación de la calidad paisajística de la costa iba a prevalecer sobre los desmanes e incurias que crónicamente se habían ejercido sobre ella.
La Ley obligó a delimitar las áreas consideradas como dominio público, prohibió que se llevasen a cabo operaciones edificatorias, si bien, y en función de los perjuicios que pudiera ocasionar a terceros, autorizó el mantenimiento de las construcciones anteriores a la norma, asignándolas la condición de concesiones estatales durante un plazo de treinta años – susceptibles de prórroga hasta los sesenta – tras los cuales se procedería a su eliminación. La aplicación de la Ley ha sido azarosa y, como era de esperar, muy controvertida: en torno a ella se han generado un sinfín de pleitos, en los que la razón se ha decantado mayoritariamente a favor de la Administración, el tribunal Constitucional la respaldó frente al recurso presentado y, en medio de no pocas interrupciones, se ha realizado ya más del 90 % del deslinde previsto. Las aportaciones efectuadas por el Dr. José Torres Alfosea, profesor de Geografía de la Universidad de Alicante, son muy esclarecedoras sobre la evolución de la normativa relacionada con la ordenación de la costa en España y sobre las manifestaciones que derivan de la aplicación de la Ley ahora cuestionada. Su consulta es obligada si se quiere profundizar en el tema.
Todo se inscribe en un proceso jalonado de numerosas tensiones y denunciado en sus aspectos más críticos por los informes que han puesto en evidencia la gravedad de las operaciones, efectivas o programadas, que han continuado deteriorando uno de los principales elementos del patrimonio natural español. Un valor que es al tiempo factor de identificación del grado de sensibilidad de una sociedad hacia sus espacios litorales. Son varias las alusiones recogidas en este blog al respecto.
No parecen correr buenos tiempos para el futuro de las costas españolas, expuestas a una amenaza permanente que ha hecho de la Ley un documento muy vulnerable. Si las declaraciones en este sentido del responsable de Medio Ambiente en el gobierno que ha comenzado su andadura a finales de 2011 son reveladoras de hasta qué punto la dialéctica entre conservación y desarrollo se modifica sin escrúpulos a favor de una ruptura de los equilibrios y prevenciones con que ha de ser contemplada, el entendimiento de la Ley más como un obstáculo que como una cautela en pro de la preservación de un bien valioso y público hace presagiar un drástico cambio de rumbo que redundará aún más en la devastación urbanística de la costa. Más aún, si, como se ha dicho, es “una buena ley mal aplicada”, resulta preocupante esa “profunda reforma” que se preconiza desde el gobierno del Estado, que en esta ocasión esgrime la situación de crisis como argumento justificativo de la presión inmobiliaria sobre el litoral reproduciendo el modelo que antaño se justificaba por las posibilidades de un contexto diferente, en el que el mercado imponía su ley para orientar una oferta en el sentido más especulativo y desaforado que imaginarse pueda. En ambas ocasiones la interfaz territorial que se configura entre el mar y la superficie emergida se ha llevado, se lleva, y se va a llevar, la peor parte. Con todo, convendrá seguir de cerca las actuaciones planificadoras que se están llevando a cabo en el litoral español, y en ocasiones con gran diligencia normativa, como se refleja en la aprobación a comienzos de abril de 2012 de tres Planes de Ordenación litoral en Andalucía correspondientes a las provincias de Cadiz, Almería y Granada.
Como indica en su introducción, este informe no pretende ser “un programa de actuaciones, sino un conjunto de orientaciones estratégicas para mejorar la organización de la actividad productiva y la creación de empleo” en el medio rural. Con este propósito el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino - que, con el cambio de gobierno el 21 de diciembre de 2011, pierde esta denominación para llamarse de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente – ha editado uno de sus últimos informes, que fue presentado en Valladolid por la Fundación Perspectivas el 16 de diciembre.
MMAMRM (Madrid, 28 de noviembre de 2011)
Aunque no plantea una dimensión regionalizada de sus métodos y aportaciones, tiene, sin embargo, la utilidad de ofrecer un tratamiento sistematizado y coherente de lo que el estudio entiende como los “ámbitos clave” para la creación de empleo en los espacios rurales españoles, representativos de las posibilidades asociadas en este sentido a la diversificación de las actividades económicas que en ellos tienen, o pudieran tener, lugar.
Ignacio Macicior, Gerente de Foresa y Vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO)
El propósito perseguido es encomiable teniendo en cuenta la magnitud de los problemas que afectan a la configuración y desarrollo de los mercados de trabajo que caracterizan a este tipo de escenarios, en virtud, como se señala, de “las inercias y resistencias al cambio que en la población rural imponen los usos, las costumbres y los aprovechamientos tradicionales”, lo que no debe impedir resaltar “ una serie de características susceptibles de ofrecer oportunidades relevantes de negocio y de generación de empleo”, incluso en un entorno de crisis y, por ende, a partir de “medidas concebidas sin precisar incremento del gasto público”.
Ignacio Pérez García, Director de Twice Consulting
Objetivos que, en cualquier caso, conllevan la necesidad de abordar los problemas estructurales existentes a partir de una serie de actuaciones, que, en opinión de los autores del informe, se resumen esencialmente en cuatro: simplificación del marco institucional, reducción de la burocracia administrativa, mejora de la coordinación, comunicación y colaboración entre administraciones y culminación de los procesos de Ordenación Territorial pendientes. Se hace, pues, especial hincapié en la importancia de la política territorial como uno de los soportes esenciales en los que han de apoyarse las estrategias de dinamización socio-económica.
Con todo, es evidente que la operatividad y eficacia de estas reflexiones y directrices tiene mucho que ver con las particularidades de los distintos escenarios de aplicación, dada la conocida diversidad y las marcadas diferencias que caracterizan al medio rural en España. De ahí que las conclusiones alcanzadas deban ser sometidas al obligado tamiz que relativiza su plasmación concreta en un territorio tan complejo y fuertemente contrastado.
A finales de los años ochenta, con ocasión de un viaje a Sevilla, recuerdo que José Manuel Rubio Recio, Catedrático de Geografía Física en aquella Universidad, organizó una excursión al Parque Nacional de Doñana, que, como dijo y luego confirmó con todo lujo de detalles, conocía “como la palma de la mano”. Buena parte de esa familiaridad con el magnífico entorno natural que se extiende junto a la desembocadura del Guadalquivir la había adquirido de sus contactos, relaciones, encuentros y experiencias compartidos durante muchos años con José Antonio Valverde Gómez, al que siempre le cupo la distinción y el reconocimiento de ser considerado como “el padre de Doñana”. De origen vallisoletano (1926), biólogo y afín a los métodos de los geógrafos, fue desde 1987 hijo predilecto de Andalucía y premio Castilla y León de Conservación de la Naturaleza y Medio Ambiente en su primera edición (1989).
En aquel viaje, el profesor Rubio Recio nos presentó a José Antonio Valverde, con quien mantuvimos una reunión de varias horas, que fueron una auténtica delicia, pues nos permitieron descubrir lo que había sido su ingente tarea en pro de la defensa de ese espacio excepcional, los sinsabores de sus empeños, las incertidumbres a que se enfrentaba, ladifícillucha emprendida contra el proyecto ministerial de desecación de la zona, aunque felizmente todo ello culminó en la valoración oficial de su relevancia ecológica cuando en 1969 se le otorgó la condición de Parque Nacional, iniciativa a la que también contribuyeron las actuaciones desplegadas en ese sentido por prestigiosos naturalistas británicos y estadounidenses, que secundaron las posiciones defendidas por Valverde. Éste falleció en 2003 adornado por el prestigio inmenso que adquirió como resultado de la labor llevada a cabo.
Hoy ha llegado a mis manos una obra que lo recuerda con el rigor y la seriedad que esa hazaña merecen. La ha escrito Jorge Molina, un joven onubense que sabe muy bien de lo que habla y que ha llevado a cabo una interesante tarea de recopilación de datos, con el fin de poner en evidencia lo que supuso la “salvación” de Doñana del destino agrario y cinegético con que su aprovechamiento habia sido concebido. El libro lleva un título elocuente - “Doñana, todo era nuevo y salvaje” – y ha sido editada por la Fundación Lara. Su estilo es claro, su estructura coherente, sus referencias curiosísimas, su pretensión más que justificada. Una obra sencilla y grande a la vez, de gran interés geográfico, y, desde luego, necesaria para entender la historia del conservacionismo en España y la lucha que hizo posible la preservación de uno de los espacios naturales más singulares de Europa.
La Revista Cuadernos Geográficos, editada por la Universidad de Granada, acaba de publicar su número 47/2010 (697 páginas), dedicado monográficamente a un tema de gran actualidad e importancia científica: “El estado de la Ordenación del Territorio en España”.
Coordinada por el Dr. D. Francisco Rodríguez Martínez, catedrático de Geografía de la Universidad granadina y director de su Instituto de Desarrollo Regional, la obra constituye una oportuna y excelente aportación para el conocimiento de las tendencias que definen las políticas de ordenación territorial en un país necesitado de reflexiones críticas y rigurosas en un aspecto decisivo de la calidad del territorio y de sus paisajes.
El número de las colaboraciones recogidas y la variedad de aspectos y enfoques considerados convierten a este número en un texto de referencia para conocer en profundidad contenidos básicos en la formación de los geógrafos y de cuantos se interesan por la práctica de la gestión de los recursos territoriales.
La gravedad de la crisis ambiental en que se encuentra el Ártico constituye uno de los principales motivos de preocupación de quienes se interesan sinceramente por la situación ecológica del planeta. Es un problema global, al que ya he hecho alusión anteriormente y que a nadie puede dejar indiferente pues de cuanto sucede en este espacio singular dependen procesos que inciden sobre el conjunto de la Tierra y sus equilibrios ambientales. Todas las perspectivas son necesarias para aportar al tratamiento del tema la información que haga posible un conocimiento riguroso de la realidad y de las tendencias que la definen.
De ahí el interés y la utilidad que en esta confluencia de métodos y saberes posee el enfoque jurídico, ya que contribuye a esclarar el significado y el alcance de las tensiones que afectan al territorio y condicionan las formas de intervención sobre él. No en vano se trata de una cuestión que atañe plenamente al Derecho Internacional, al que hay que recurrir para comprender los conflictos surgidos a partir de la delimitación del área entre los Estados ribereños y las controversias provocadas por las apetencias de unos y otras sobre un área codiciada por su posición estratégica en las grandes rutas marítimas internacionales y por la riqueza y variedad de sus recursos naturales.
Profundizar en el significado de las delimitaciones que derivan en la presión ejercida sobre la zona constituye la base científica en la que ha de apoyarse la interpretación de los diferentes instrumentos aplicados a la protección y preservación del medio ambiente ártico, es decir, desde los promovidos por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y los ligados a los Convenios Internacionales para la prevención de la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos (OILPOL) o de la contaminación por buques (MARPOL) a los denominados de “soft law” desarrollados en el marco del Consejo Árticoy de su Estrategia de Protección Medioambiental (AEPS), adoptada en 1991 en Rovaniemi.
Todos estos aspectos son analizados con rigor y profundidad en la obra que aquí se comenta, realizada por la Doctora Ana Manero Salvador, profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid, responsable de una de las principales aportaciones efectuadas en España sobre este tema tan actual como polémico y de necesaria consideración. Los plantea de forma muy bien sistematizada para llegar a la crítica conclusión de que “la voluntad política de los Estados está lejos de valorar el Artico como un espacio natural a proteger”, como resultado de una “visión cortoplacista que puede afectar gravemente a la Comunidad Internacional, dado que el deshielo definitivo del Artico tendrá terribles consecuencias a nivel global”.
Después de analizar los argumentosutilizados por el Tribunal Constitucional anulando el Art. 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que otorgaba a dicha Comunidad las competencias exclusivas "sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y que no afectasen a ninguna otra región", estaba cantado que la misma resolución iba a echar por tierra el art. 75.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que planteaba el mismo nivel de atribuciones que Andalucía, en esta ocasión sobre el río Duero. En ambos casos, la decisión ha sido unánime y zanja, a su favor, el recurso planteado por la Junta de Extremadura contra uno y otro artículo.
Personal y profesionalmente, celebro el acuerdo adoptado por el Tribunal Constitucional. Y lo hago sobre la base de los mismos argumentos que hace más de un año me llevaron a suscitar el tema en este mismo espacio. Me remito a ellos, porque la opinión sigue siendo la misma, es decir, defensora de la preservación del principio de "unidad de cuenca" (definida por la Ley de Aguas de 1985), y ahora respaldada por la sentencia del Tribunal garante de la Constitución. Es sin duda una advertencia que no debe ser pasada por alto cuando se trata de valorar lo que para la gestión integral, equitativa y sostenible de un recurso de tanta trascendencia como el agua tiene la aplicación estricta, y proclive a la fragmentación, del modelo autonómico. Basta leer el Manifiesto por la "Unidad de Cuenca y por la Eficiencia y Especialización en la Gestión Pública del Agua" para darse cuenta de ello.
Y, desde luego, resulta sorprendente que los respectivos Parlamentos autonómicos, el Congreso y el Senado hayan respaldado en su día la inclusión de esa competencia en las respectivas reformas estatutarias teniendo en cuenta el sentido y los objetivos de la Directiva Marco Europea del Agua y cuando está claro que contraviene el Art. 149.1.22 de la Constitución española en el que explícitamente se señala que "el Estado tiene competencia exclusiva en la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma". El hecho de que además, y por lo que respecta al Duero, se trate de un curso internacional, cuya ordenación implica acuerdos entre Estados, añade otro factor más en apoyo de la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional.
CYBERGEO ha publicado recientemente un interesante artículo sobre la ordenación y gestión de la cuenca del Loire. Aconsejo su lectura
Frente a la ciudad ultracompetitiva y rutilante, frente al modelo de crecimiento insaciable, irracional y sin valoración de sus impactos sociales, frente a la cultura del despilfarro y la ostentación banal, frente a la lógica de la exclusión y del “sálvese quien pueda”, se impone otra forma diferente de entender las realidades urbanas contemporáneas. Se impone la visión de la ciudad como espacio de residencia y de relación de las personas, como ámbito de convivencia e integración, como escenario abierto a la práctica urbanística concebida con criterios que respeten y plasmen en el espacio el reconocimiento inequívoco y fehaciente de los derechos humanos.
Ahí es nada: los derechos humanos como paradigma en la perspectiva de la gestión territorial. ¿Es posible encontrar algo más convincente en esta época donde priman actuaciones y directrices que sistemáticamente los conculcan? Ese es el empeño que han tratado de plasmar en un libro Pablo Gigosos y Manuel Saravia, ambos arquitectos y de reconocida trayectoria en la defensa de un modo de plantear la arquitectura y la ciudad con visión humanista y solidaria. En esta ocasión lo han reflejado en la obra que ayer fue presentada al público en un acto de la Asociación Cultural Ciudad Sostenible de Valladolid, a la que pertenezco y de la que habitualmente voy dando cuenta en este blog (16.4.2010 y 15.12.2010).
Son tan pocas y excepcionales las oportunidades que en Valladolid existen para comentar y debatir sobre temas que realmente interesen a la gente (y me imagino que en otras tantas ciudades sucede lo mismo) que iniciativas como la que comento merecen ser reseñadas. Y en esta ocasión lo es por partida doble: por el compromiso que los autores han hecho siempre a favor de un urbanismo sensible con los problema de la sociedad, y porque nunca se profundizará suficientemente en lo que debe significar la lucha en pro de un modelo de ciudad que afronte y, en lo medida de lo posible, resuelva los problemas que estructuralmente la aquejan y que no son otros que los que afectan a los ciudadanos residentes en ellas, y que hoy son ya mayoría en la humanidad.
Pablo Gigosos, Manuel Saravia y Susana Ordóñez
El libro presentado lleva un título tan descorazonador como provocativo: “Urbanismo para náufragos” (Fundación César Manrique, 2010). Y está bien que así sea porque, en efecto, el motivo que lo justifica es más que pertinente. Se basa en un objetivo primordial: analizar de qué manera los derechos humanos – es decir, los que emanan de la Carta suscrita por Naciones Unidas en 1948 - se reflejan en la práctica urbanística, a sabiendas de que su cumplimiento lleva a valorar y a entender la ciudad de otra manera. Y para ello nada tan expresivo como partir de la referencia que en este contexto proporciona la figura del “náufrago”,es decir, del ciudadano que “ocupa el final de la fila”, del último en la estructura de una sociedad jerarquizada donde las jerarquías introducen desigualdad y, por tanto, situaciones de flagrante discriminación en el respeto que merecen sus derechos como ser humano.
La reflexión está clara a juicio de los autores, pues ellos mismos formulan la pregunta “¿Qué es lo más conveniente para el último ciudadano?”, para llegar a la siguiente respuesta: “si adaptamos la ciudad para que atienda también al último ciudadano, será mejor para todos”. Respetar a este ciudadano, en congruencia con el reconocimiento del valor que tiene el derecho a la ciudad - en el marco de una “ciudad para todos”, como afirmaba Pierre Genestier, - lleva a anteponer un Urbanismo B(ásico) al Urbanismo A(berrante) que prevalece en el modelo organizativo de las relaciones de dominación y exclusión que rigen los vínculos sociales en el mundo contemporáneo.
Plantear esta reflexión pormenorizadamente a través del análisis e interpretación de los once derechos que amparan a quien reside en las ciudades, de modo que todos puedan acceder a ellos sin barreras ni segregaciones, es sin duda un ejercicio tan necesario como saludable en una época en la que, como tituló hace tiempo un excelente número monográfico de Le Monde Diplomatique (nº 13, 1991), “la ville partout, et partout en crise” (la ciudad en todas partes, y en todas partes en crisis).
Y es que la ciudad es, bien lo sabemos, el ámbito de todas las contradicciones y donde las situaciones de conflicto nunca aparecen definitivamente resueltas. De ahí el interés y la utilidad de este tipo de reflexiones que, vistas desde la Geografía, nos remiten a las grandes aportaciones de Peter Haggett o David Bunge, por más que tampoco quepa ignorar el alcance que en términos espaciales pudiera reconocerse a las ideas centrales - "la justicia como equidad" o "la razón pública" como "la razón común de todos los ciudadanos" - que emanan de la Teoría de la Justicia, una de las grandes obras del pensamiento del siglo XX, de John Rawls.
Todos los epítetos elogiosos se han quedado pequeños para identificar lo que, en las palabras de sus promotores y gestores, significa o puede significar la conocida como la Ciudad de la Cultura de Galicia. Se trata de un complejo faraónico, espectacular, diseñado por Peter Einsemann, que, al fin, inicia su andadura como contenedor de actividades culturales de toda índole en una de las atalayas que se yerguen frente a Santiago de Compostela. Ambicioso y descomunal, concluye así - aunque quedan aún pendientes de construir varios edificios de los previstos - un proyecto arquitectónico iniciado en 1999 por voluntad del Gobierno de Galicia, presidido a la sazón por Manuel Fraga Iribarne, que, al lanzarlo a los cuatro vientos, no cabía en sí de gozo, mientras contemplaba desde el Monte do Gozo - muy cerca de donde se ha instalado la cosa - un horizonte de esplendorosas expectativas, de relumbrón garantizado, ante las que nada se ponía por delante. Otros tiempos, otras ambiciones, otras certezas, otras sensibilidades. Eran tiempos en los que las Comunidades Autónomas pensaban que todo el monte era orégano y que los endeudamientos de entonces no iban a condicionar la feria de las vanidades en la que se habia convertido aquel país alegre y confiado, que de pronto se ha dado cuenta de su cruda realidad, a la que habrá de acostumbrarse por mucho tiempo.
Ha sido un tema recurrente, abierto a reflexiones y comentarios de todo tiempo, en la historia gallega de los últimos años. Acercarse por Santiago, algo muy recomendable siempre, significaba, a mi me ha ocurrido en varias ocasiones,pasar un buen rato oyendo hablar de esa iniciativa, ya sea mediante improperios mayúsculos ya con valoraciones más o menos entusiastas ya con escepticismo y desdén.Pero a nadie dejaba indiferente, entre otras razones porque el costo ha sido desbordado respecto a las previsiones iniciales (duplicado, hasta alcanzar los 300 millones de euros), porque su impacto en el paisaje es sobrecogedor y porque la eficacia del uso que se pueda hacer de él está sumida en la mayor de las incógnitas. Ahora habrá que dotarlo y mantenerlo. Macroedificiosos silentes, pozos sin fondo.
Tras doce años de obras, ruidos y comentarios, la Ciudad de la Cultura acaba de abrir sus puertas. Su puesta en marcha ha consistido simplemente en la inauguración de una biblioteca y un archivo, de los que ya disponía suficientemente Galicia. Buen momento, pues, para la reflexión autorizada. Y nada mejor que las reflexiones , expresivas y contundentes, con las que nos deleita, informa y asombra el Dr. José Fariña Tojo, profesor de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid. Natural de Santiago de Compostela, sabe de lo que habla.
Es la razón por la que invito a la lectura de su texto ("Locura en el Monte Gaiás") , que, a diferencia de los turiferarios con botafumeiro que beben de las fuentes del palacio de Raxoi en la plaza del Obradoiro, sede de la Xunta de Galicia, revela seriedad, cultura, profesionalidad y sentido del territorio.
Al tiempo que envío los mejores deseos en el año 2011 a cuantos visitan este blog y se interesan por lo que él se dice, aprovecho también la ocasión, con la intención de comenzarlo con buen pie, para recomendar la lectura de un interesante artículo ("Rosas en invierno") publicado por el arquitecto Luis Fernández-Galianosobre el sentido de los cambios previsibles en el panorama arquitectónico y, por ende, urbanístico y territorial de nuestro tiempo.
No cabe duda que la crisis en que nos encontramos sumidos no va ser inocua ni trivial desde el punto de vista que aquí nos interesa, el socio-territorial. Muchos paradigmas y modelos de gestión están siendo sometidos a revisión, a medida que se comprueban sin paliativos los costes provocados durante una etapa en la que las expectativas presagiadas, tan henchidas de voluntarismo como de inconsciencia del largo plazo, no se corrrespondían con las que honestamente podían permitir la realidad y las posibilidades con que se contaba. De ahí la urgencia de reflexionar sobre ella y sus ineludibles implicaciones territoriales. Se imponen, ya era hora, la autocrítica y la valoración de los rumbos en los que conviene enmarcar los nuevos procesos que configuran las realidades espaciales en que nos desenvolvemos. Buena oportunidad para comenzar el año abriéndonos a nuevas perspectivas que pronto, quizá, dejarán de ser meras especulaciones para convertirse en ejemplos palmarios de una forma diferente de entender lo que vemos y sentimos.
Léanlo. Merece la pena.
Y, de paso, tampoco estaría de más echar un vistazo a las propuestas recogidas en la exposición , a la que precisamente alude Fernández-Galiano en su artículo, y que con el expresivo título "Small Scale, Big Change: New Architectures of Social Engagement"está teniendo lugar en el MOMA de New York. Se trata de un claro ejemplo de hasta qué punto con las pequeñas cosas se pueden realizar impresionantes transformaciones.
El pasado 13 de diciembre se ha presentado en Ciudad de Panamá un documento excepcional, cuya consulta resulta obligada para quienes se interesan por los problemas ambientales y territoriales del mundo y de la época que nos ha tocado vivir. Me refiero al Atlas of Our Changing Environment,referido al espacio de América Latina y el Caribe. Es obra del organismo más cualificado para llevar a cabo tan impresionante tarea: el United Nation Environment Program / PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente), que anualmente presenta sus interesantes y valiosos informes sobre la situación medioambiental del mundo, lo que le convierte en un texto de obligada referencia para el conocimiento de las tendencias y problemas que definen la situación de los ecosistemas terrestres, en un contexto de cambio estructural de las condiciones en que se desenvuelven. La minuciosidad y rigor con que analiza los casos problemáticos - un total de 65 - son notables y de una gran utilidad didáctica. Como herramienta de clase no tiene desperdicio.
El informe sobre América Latina y el Caribe merece consideración, ya que es uno de los ámbitos por el que este blog también se muestra atento. Y lo es además por la sensibilidad que provoca la constatación de la gravísima crisis ambiental que afecta al continente, debido a los impactos ocasionados por el crecimiento incesante y desorganizado de las ciudades y por la intensidad de los procesos de deforestación. En ello ha insistido con especial contundencia durante la presentación del informe la Dra. Graciela Metternicht,coordinadora del PNUMA para Latinoamérica.
Especial atención concede el informe a la pésima calidad de las infraestructuras ambientales (abastecimiento de agua, saneamiento, almacenamiento de los residuos), a la contaminación del agua y a la frecuencia y magnitud de los desastres naturales, que cobran gravedad extrema en áreas urbanas construidas sin prevención alguna, acentuando la situación de vulnerabilidad frente al riesgo y la catástrofe, con manifestaciones particularmente dramáticas en Centroamérica y el Caribe. No en vano aquí se localizan siete países que se cuentan entre los más propensos del mundo a padecer desastres naturales con impactos agravados por la ausencia de planificación que corrija o mitigue la intensidad de sus efectos.
Y, como no podía ser de otro modo, la deforestación ocupa una parte destacada dentro de este crítico y muy preocupante diagnóstico. Se calcula que anualmente la región pierde en torno a 43.500 Kilometros cuadrados de superficie boscosa, de lo que son claro testimonio lo sucedido en la Amazonía brasileña donde cada año se destruyen 7.000 kilómetros cuadrados de bosques o en Ecuador, donde la deforestación está provocando la desaparición de entre 140.000 y 300.000 hectáreas de bosque al año, especialmente en la costa, donde se ha producido "uno de los casos más dramáticos de extinción masiva de especies". Tampoco hay que olvidar la situación trágica en que se encuentra Argentina, como consecuencia del deterioro erosivo que, debido a las prácticas agroganaderas, sufren más de 60 millones de hectáreas.
Y, como colofón, el informe emite de nuevo una contundente señal de alarma respecto a las tendencias observadas en las acumulaciones glaciares, bien expresivas en el caso de Chile, el de mayor relevancia superficial en este bien de interés ambiental (22.000 km2), pese a que el 87% acusaba evidentes retrocesos, un 7% se encontraba estable y sólo un 6% presentaba ligeros avances.
La consulta de este Atlas, bien diseñado y estructurado, resulta muy aleccionadora.
Oriol Nel-lo, Iñaki Atxukarro y José María Ezquiaga
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He ahí, englobado en la “Crónica de los Diálogos del Paisaje”, un conjunto de reflexiones interesantes, a cargo de Oriol Nel.lo, geógrafo catalán y José María Ezquiaga, arquitecto madrileño. Abordan una cuestión de actualidad, un tema sensible y muy ligado a la dimensión territorial de las políticas públicas.
Fueron planteadas en un acto celebrado en la Universidad del Pais Vasco, en el campus de Vitoria-Gazteiz, el 18 de noviembre, y no cabe duda que en ellas se encierran valiosas ideas y aportaciones que merece la pena conocer. Por esa razón, las incluyo en esta sala, que sintoniza con los ponentes, con su meritoria trayectoria profesional y con sus intervenciones. Como es obvio, se enmarcan en el contexto de las directrices planteadas en el Convenio Europeo del Paisaje, ratificado por España el 26 de noviembre de 2007, y con vigencia desde el 1 de marzo de 2008, como ya indiqué en su día en este blog.
Es aconsejable la lectura de lectura de ambos textos y su consideración como tema de debate.
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