La iniciativa de localizar en España un macrocomplejo de ocio promovido por el empresario norteamericano Sheldon Adelson no puede permanecer ajena al debate que lógicamente provoca una operación que, al menos por lo que se sabe hasta ahora, presenta una gran magnitud en todos sus aspectos, incluyendo obviamente la territorial. Los datos con que se ofrece son, en efecto, espectaculares: por lo que se dice en la prensa, vendría asociada a una inversión de 18.000 millones de euros y a la creación de cerca de 200.000 puestos de trabajo. Son las cifras que insistentemente marcan el frontispicio publicitario de la propuesta, que de entrada provoca un señuelo poderosísimo al que resulta muy difícil sustraerse. Algo así como el maná tan deseado en estos tiempos de crisis galopante, en los que la simple expectativa de ver nacer un nuevo empleo se antepone a cualquier otra consideración.
Mas no se trata de un proyecto creador de valor añadido, de mejora de la innovación, de transformación cualitativa del sistema de producción, es decir, de aquellos elementos y factores que sustentan un modelo de desarrollo consistente, capaz de fortalecer la posición competitiva en el mundo del espacio donde se ubica. Nada de eso. Es un complejo de servicios a lo grande, un eslabón más de esa cadena de organizaciones dedicadas al consumo de bienes efímeros en torno a la economía del ocio intensivo, donde el capital fluye incesantemente para nutrir el mismo tipo de estructura que el grupo en cuestión ha puesto en marcha en Las Vegas, Bethlehem, Macao y Singapur, tres enclaves característicos del capitalismo incontrolado; un modo de entender la actuación en el territorio al margen a cualquier tipo de prejuicio, consumidor pavoroso de suelo, agua y energía, y que ahora se brinda a España para que el país del sol, de la buena mesa y de la permisividad asegurada - acomodaticia a favor de los particulares intereses que lo promueven - se incorpore a esa red vertebrada por la única lógica que deriva de la economía de casino, con todas las connotaciones y efectos, cuando menos sospechosos, que ello implica. No otra ha de ser la finalidad de la infraestructura creada, en cuyo inventario se alude a la instalación de seis casinos (con 1.065 mesas y 18.000 máquinas recreativas), una docena de hoteles, cuatro campos de golf, varios teatros.... En fin, algo sobrecogedor, al menos en teoría, pues su materialización económico-espacial aún permanece en nebulosa.
Y es que no son pocos ni irrelevantes los requisitos o contrapartidas que se han de satisfacer para que esa idea se concrete, ya que, dada su trascendencia, no puede quedar al albur de la disposición que en sentido favorable pueda mostrar una Comunidad Autónoma o un Ayuntamiento. Ha de ser un tema de Estado, sujeto a los mecanismos de vigilancia que eviten situaciones de excepción y precedentes perjudiciales en la regulación de un sistema territorial integrado. Todo permanece aún en la oscuridad que impone la prevalencia de la voluntad del magnate, ante la que, por lo que se ve, el poder político muestra una pleitesía que roza la vergüenza ajena. Sin embargo, más allá de la supeditación que parece mostrar éste hacia aquél, lo cierto es que las líneas rojas que marcan no pueden ser pasadas por alto: costosas obras de infraestructura previas, exenciones fiscales y de cuotas (durante dos años) a la Seguridad Social , concesión gratuita de terrenos, modificaciones legislativas de gran calado, con incidencia sobre la Ley de Extranjería y la legislación laboral, entre otros aspectos que contravienen la ley.
Todo ello otorga a la operación un status de excepcionalidad, más en consonancia con las características de los enclaves desregulados donde funciona en Asia que con las propias de un entorno ajustado a las normas propias de un Estado integrador en Europa. De ahí las cautelas con que los técnicos de Hacienda contemplan la iniciativa, a la que asocian con un potencial foco de blanqueo de capitales, como consecuencia de la “isla fiscal” que el tratamiento concedido acabaría configurando.
En cualquier caso, numerosas incógnitas se ciernen sobre el proyecto, que de momento su promotor ha desestimado ubicar en Barcelona dadas las limitaciones que la normativa aplicada al área prevista introducía para la construcción de edificios de gran altura. La mirada se cierne ahora sobre Madrid, cuyo Gobierno regional se deshace en elogios mientras abriga expectativas que le llevan a aceptar todo tipo de servidumbres y transgresiones de la norma con tal de satisfacer las apetencias de Mr. Adelson y de quienes le secundan. En estas condiciones - y mientras nos llegan informaciones sobre los problemas y las críticas a las que se enfrenta el modelo en su ámbito de origen - es necesario desplegar un debate sobre la cuestión, que, entre otros foros, ya está iniciado, con el espíritu crítico que le caracteriza, en el blog de Stepien y Barno.
