Este blog pretende contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la cultura y de la sensibilidad territorial ante las múltiples manifestaciones de agresión y deterioro a que se ven sometidos los paisajes como consecuencia de actuaciones frecuente y deliberadamente insensibles con la calidad y los recursos que los identifican.
Desea significar el compromiso de la Geografía y de los geógrafos con la defensa de la calidad de los territorios y
de las buenas prácticas en el ejercicio de la acción pública y en sintonía con los objetivos y principios contemplados
Planteado también con fines didácticos, se concibe como un documento aplicable a la docencia, así como un espacio de encuentro, comunicación y debate con los estudiantes y profesores de Geografía, y con quienes se interesen
por la evolución y los métodos de esta disciplina, por la utilidad e importancia de la información geográfica,
por su dimensión aplicada y por las políticas relacionadas
con la Ordenación, el Gobierno y el Desarrollo del Territorio.
Tranquilo, relajado, transcurre el Cadagua por tierras del sur de Vizcaya, provenientes del septentrión burgalés. Da la impresión de que no pasa nada, pero ha pasado tanto y tan deprisa. Me detengo a observar la importancia de ese rio en la industrialización vasca y me sorprenden las obras de ingeniería que jalonan su curso con el fin de aprovechar la fuerza motriz del agua. Proyectos espectaculares.
Hace 52 años visité con mi padre la fábrica de boinas La Encartada. Él las vendía en su pequeño comercio burgalés. Le invitaron a visitarla y yo le acompañé. Aquello iba a ser mi sino. Para mí, aquel lugar era el fin del mundo. Entonces - la fábrica- estaba a pleno rendimiento. He vuelto a esa factoria mitificada en la memoria y hoy convertida en impresionante testimonio de patrimonio industrial. Admirable, una maravilla, todo el ciclo integrado de la fabricación textil a partir de la manufactura de la lana. Duró cien años, de 1892 al 8 de agosto de 1992. Merece la pena verlo de cerca. Aún sigue produciendo electricidad mediante su salto de agua y que vende a Iberdrola, lo que genera un beneficio con destino al mantenimiento del museo.
Antes de llegar a ese complejo fabril he conocido casualmente en el paseo a Pancho Pastori, arquitecto y fotógrafo de Montevideo. Un artista interesante, la verdad. Son las sorpresas que los viajes sin guión previo proporcionan. Hemos departido durante un rato a la sombra de las escuelas mientras comentabamos la imagen inconfundible del Cadagua en Valmaseda, cabecera de la comarca vizcaina de Las Encartaciones.
La Universidad de Valladolid apoya la conservación de los restos arqueológicos
Conocidas son en España las movilizaciones ciudadanas contra los intentos municipales de construir aparcamientos de automóviles en áreas con importantes restos arqueológicos. La centralidad de estos espacios, unida al interés comercial e inmobiliario de la operación, lleva a veces a los Ayuntamientos a primar este tipo de usos a costa de la preservación de manifestaciones artísticas de reconocida relevancia en la historia de las ciudades.
No sorprende, por tanto, que ante el riesgo que pone en peligro la salvaguarda de esos bienes patrimoniales, que forman parte consustancial de la personalidad de la ciudad, la reacción ciudadana se convierta en la postura colectiva más habitual para ponerlo freno. La experiencia revela que actuaciones de esta naturaleza, expresivas de la firme posición cívica frente a la destrucción irreversible del bien cultural, suelen ser tan consistentes como efectivas. En realidad, son actuaciones que no hacen sino denunciar la flagrante contravención de estas medidas con lo que las Leyes defensoras del patrimonio histórico-artístico establecen y las normas internacionales tratan de promover.
A finales de 2009, el gobierno de la Región de Murcia decidió anular el proyecto de construcción de una obra con ese fin en el espacio ocupado por las ruinas árabes en el jardín de San Esteban. Y aún permanece vivo el recuerdo de la decisión adoptada por el Ayuntamiento salmantino de no llevar a cabo la realización del parking previsto en la Plaza de los Bandos, ante la amenaza, planteada por ICOMOS, de retirar, en caso contrario, el reconocimiento de Salamanca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, otorgado en 1988.
Localización del yacimiento (fotografía de A. Quintero, El Norte de Castilla, 26.2.2012)
¿Qué ocurrirá en el caso de Valladolid, donde ha surgido el mismo problema, idéntico conflicto, pareja reacción? Desde hace tiempo una amenaza muy grave se cierne sobre la conservación del patrimonio arqueológico localizado junto a la iglesia de Santa María de la Antigua en Valladolid. En un entorno de gran calidad artística, el Ayuntamiento ha proyectado un aparcamiento de cuatro plantas que afectarían por completo a los restos arquitectónicos allí descubiertos, en los que coexisten testimonios de la época romana con restos medievales y elementos de construcciones del siglo XVIII. La lucha llevada a cabo por la Federación de Asociaciones Vecinales, por Ecologistas en Acción, y por expertos de la Universidad de Valladolid (por acuerdo unánime del Departamento de Arqueología) no ha sido suficiente para impedir este expolio, incomprensiblemente respaldado por la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León.
Manifestación en defensa del patrimonio de la Plaza de la Antigua (28 enero 2012)
Con todo, ello no ha impedido la celebración de actos de denuncia de las actuaciones municipales en este sentido y de apoyo a la construcción en ese lugar de un Parque Arqueológico alternativo al aparcamiento previsto. El recurso ante la decisión municipal también ha surtido efecto, ya que la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ha abierto diligencias de investigación penal contra el Ayuntamiento de Valladolid y las Comisiones de Patrimonio Cultural de Castilla y León y de Prevención Ambiental de la ciudad, ante la posibilidad de que hayan podido incurrir en la comisión de un delito contra el patrimonio histórico, según establece la Ley, ya se trata de la de Patrimonio Histórico Español, cuyo Art. 1.1. dispone que “son objeto de la presente Ley la protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español”, o delpropio Código Penal, donde figura un capítulo específico dedicado a la protección del patrimonio histórico (Libro II, Titulo XVI, Capítulo II), y al que asimismo se hace referencia explícita en los Arts. 321 a 324. Al fin,el 13 de noviembre, el tema ha quedado zanjado. Y lo ha hecho de acuerdo con los fines pretendidos por una ciudadanía activa, una ciudadanía sensible y preocupada por su patrimonio, aquella que se rebela contra la arbitrariedad y la especulación efectuada a costa de lo que es un bien de todos. Ha sido una batalla larga, dura, aunque muy bien llevada por la FederaciónVecinal Valladolidy por los grupos defensores del patrimonio histórico amenazado. Tras la sentencia del TSJ de Castilla y León por la que se suspende la segunda modificación del PGOU presentada por el Ayuntamiento para construir un aparcamiento cuyo impacto hubiera sido brutal e irreversible en un espacio de gran valor histórico-arquitectónico, el alcalde de la ciudad no ha tenido más remedio que rendirse a la evidencia...y a la ley.
Lo ha dicho esta tarde por la radio; lacónicamente, pero lo ha dicho: "acato la sentencia, el parking no se construirá porque la crisis no lo permite y el entorno será adecentado". Es cierto que utiliza la crisis como coartada para salvar la cara y que el proyecto de recuperar los restos arqueológicos para darlos a conocer ni se lo plantea, pero lo importante es que la obra destructora que se preveía no se va a llevar a cabo. El tiempo juega ahora a favor del sentido común. Enhorabuena a cuantos han luchado para que la sensibilidad prevaleciera sobre la especulación, la racionalidad sobre la barbarie, el bien colectivo sobre el uso interesado y lucrativo de unos pocos.
Burgos. De la Catedral gótica al Museo de la Evolución Humana:
contrastes y transformación simbólica del patrimonio urbano
"La inauguración del Museo de la Evolución Humana el 13 de julio de 2010 supuso un hito de gran importancia en la historia de las manifestaciones museísticas entendidas a gran escala y en la proyección cultural y de imagen de la ciudad de Burgos. Parece pertinente contemplar el proceso desde ambas perspectivas para entender en toda su amplitud de matices lo que significa la interrelación surgida entre el enriquecimiento del patrimonio cultural, asociado a descubrimientos de extraordinario valor científico, como inequívocamente lo tienen los hallados en la Sierra de Atapuerca, y los impactos que provoca en el espacio donde dicha experiencia tiene lugar.
Mas para que ese margen de posibilidades traduzca todo lo que puede dar de sí hay que recurrir a la propia capacidad que el propio territorio consiga desplegar para hacer rentable, en el sentido más amplio del concepto, lo que ese recurso proporciona, a fin de compatibilizar su reconocimiento como potencial endógeno y su calidad como elemento de acreditación hacia el exterior. Y es que sólo de ese modo pueden ser aprovechadas convenientemente las ventajas comparativas que de él se derivan hasta convertirlo en un vigoroso factor de desarrollo con visos de pronta consolidación y de garantizada continuidad en el tiempo.
Una vez más el ejemplo considerado pone al descubierto el alto nivel de responsabilidad que concierne a una política pública que desde el primer momento supo entender los desafíos a que se enfrenta para abordar la puesta en marcha de un plan de actuaciones destinadas a la utilización del bien como un producto atractivo, asociado a la construcción de edificios espectaculares y de gran impronta visual allá donde se ubiquen, funcionalmente integrado y culturalmente cohesionado, para la demanda turística, y respaldado además por un tratamiento mediático y divulgador de tanta envergadura como efectividad.
Es evidente que las bases para el reforzamiento de Burgos y de su entorno como destacada referencia turística entre las ciudades españolas parecen asentadas en la misma medida en que, sobre los cimientos de lo que Atapuerca representa, se ha configurado un nuevo espacio público, recuperado no de forma banal, como tantas veces ocurre, sino pleno de contenido y uso, capaz de imprimir una lógica funcional renovada al escenario más emblemático de la ciudad, merced a la trabazón producida, o susceptible de serlo, entre las valiosas referencias histórico-artísticas que han avalado su personalidad a través del tiempo, y que ilustran sobre el amplísimo campo de opciones estratégicas a que se abre en nuestros días el complejo modelo de relaciones construidas entre turismo y espacio urbano"......
No cabe duda que los Ayuntamientos desempeñan un papel primordial en la producción, directamente o mediante patrocinio, de actividades culturales. Con independencia de las matizaciones que pueda hacerse en torno al concepto de “cultura”, la experiencia nos pone de relieve el altísimo grado de responsabilidad que los municipios y sus gestores ostentan en la concepción y organización de la oferta que se brinda al ciudadano, lo que les convierte en órganos fundamentales de una parte sustancial de la formación cultural a la que accede la mayor parte de la sociedad y en artífices de iniciativas de las que depende muy directamente la calidad, el prestigio y el atractivo del territorio bajo su competencia.
Quizá la profusión de eventos, la pluralidad o disparidad de formatos diseñados, las situaciones de carencia o exceso en la programación, las contradicciones e insuficiencias que a veces presentan, la complejidad, en fin, de un fenómeno de tanta trascendencia nos sitúa ante una perspectiva donde la aplicación de criterios evaluadores constituye una imperiosa necesidad. Ni todo es cultura ni todo se puede presentar como tal. Parece obvio, pues, que sólo el empleo de criterios de ponderación que analicen el panorama y lo coloquen en su justa dimensión puede clarificar un panorama que a primera vista ofrece siempre contrastes que dificultan una valoraciónglobal.
Bienvenido sea, por tanto, el estudio que la Federación Española de Municipios y Provincias elaboró en 2009 a través de una Comisión de Trabajo muy cualificada con el fin de ayudar a poner orden o, lo que es mejor, a contribuir a fortalecer la dimensión cualitativa de las intervenciones que en materia cultural llevan a cabo las administraciones locales, ante el convencimiento de que se trata de un servicio esencial para identificar el nivel de calidad alcanzado a este respecto en un elemento de primera importancia en la estructura del sistema territorial.
Cádiz propone abrir un debate social y cultural de gran alcance en torno a una de sus pricipales efemérides: el bicentenario de la Constitución de 1812
Sorprendentemente de un documento de tanta relevancia apenas, que yo sepa, se ha hablado en España. Ello justifica mi interés en informar de su existencia para que no pase desapercibido y sirva para valorar lo que significa un aspecto tan importante de las políticas públicas locales.
Durante mucho tiempo hemos creído que Italia era uno de los países que mejor protegían su patrimonio cultural. Las iniciativas destinadas a la conservación de la riqueza monumental han sido referencia obligada en las investigaciones que centraban la atención no sólo en los métodos de evaluación y catalogación de los bienes culturales existentes sino también en las medidas adoptadas para su preservación y conocimiento.
Sin embargo, en un país donde el deterioro de la política alcanza niveles alarmantes, las señales de advertencia no han tardado en aparecer en un tema tan sensible como éste. De pronto el mundo se ha enterado de los riesgos que amenazan la salvaguarda de la ciudad de Pompeya como una de las manifestaciones arqueológicas más valoradas del mundo. Patrimonio de la Humanidad desde 1997, las denuncias que han aflorado en los medios de comunicación hablan de la situación de abandono, desconsideración y abuso a que se ve sometida como consecuencia de la mala gestión llevada a cabo, en la que se detectan las prácticas propias de la mafia napolitana, la llamada Camorra que todo lo pervierte y cuyo impacto resulta perceptible en la administración del conjunto monumental.Parece ser que el comisario designado por el gobierno que dirige Berlusconi, llamado Marcello Fiori, ha acometido actuaciones que empobrecen la calidad al tiempo que degradan la coherencia del conjunto. Constituye un ejemplo claro de manipulación de los valores culturales intrínsecos que son reemplazados por intervenciones pretendidamente espectaculares, de pésimo gusto y amparadas en la pretensión de rentabilidad aun a costa de la calidad y autenticidad del entorno.
La Asociación Italia Nostra ha levantado la voz contra la incuria, alude a la mala gestión llevada a cabo y reclama transparencia para conocer con detalle el alcance de las actuaciones llevadas a cabo. En los mismos términos se manifiesta el que fuera responsable estatal del sitio desde 1994 a 2009. Expresivamente señala que se ha de combatir la presencia de la mafia en la gestión de Pompeya, ya que edifica viviendas ilegales al tiempo que ejerce un control sobre los negocios en la zona. Según el diario L'Unità, un comerciante del área, Nicola Mercurio, se ha convertido "en el brazo derecho de Fiori". En junio de 2009, la policía de Nápoles descubrió un túnel secreto de 30 metros lleno de objetos robados del sitio arqueológico que desde la excavación llegaba hasta una vivienda próxima.
Es evidente que cuando la política se degrada a los extremos que está ocurriendo en Italia, los valores culturales corren muy serios riesgos.
Con todos los parabienes y respaldos institucionales – Ayuntamiento de Soria y Junta de Castilla y León – la construcción del polígono Soria II marchaba hasta ahora con el viento de popa. De 2005 data el acuerdo municipal y es el año en el que firma con el gobierno autónomo el compromiso de creación, a través de la empresa Gesturcal, de un área para ocupación industrial en suelo público. Aunque un año después se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) omitiendo la inclusión del poligono, la operación quedo legalizada mediante una modificacion del Plan a los pocos dias de las elecciones municipales de 2007.
Nada podría detener entonces esa operación urbanística de envergadura, que implicaba la expropiación de 117 Hectáreas para construir una superficie de uso industrial que Soria no necesitaba, ya que dispone de suelo para ese destino (polígono de Valcorba, de 274 Hectáreas) con un horizonte temporal de varias décadas. Al parecer nada disuadía a las instituciones promotoras a la hora de respaldar un proyecto ambicioso sin reparar en un importante factor de riesgo: incidía de lleno en un espacio de singular valor arqueológico y, por tanto, histórico-cultural que se corresponde con el entorno de la villa ibera de Numancia, elemento sustancial de un paisaje enriquecido y valorizado naturalmente por las vegas del Duero y del Tera. No son pocas ni irrelevantes las voces que se levantaron contra el atentado ambiental que se preveía. Allí se dieron cita las Reales Academias de Bellas Artes y de la Historia, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Y lo hicieron para defender unos valores patrimoniales que veían seriamente amenazados.
Las administraciones impulsoras eran conscientes del peligro, ya que, según informe elaborado por Gesturcal, empresa vinculada a la Junta de Castilla y León, la construcción del polígono industrial Soria II haría mella nada menos que sobre siete Bienes Declarados de Interés Cultural: el yacimiento de Numancia y el Cerco Romano de Garray, el casco antiguo de esa ciudad, la margen izquierda del río Duero, el claustro de la iglesia de San Pedro, la iglesia y el claustro de San Juan de Duero y su muralla medieval. Asimismo, dejaría ver sus impactos en edificios singulares y zonas de protección arqueológica como el puente sobre el Duero, Nevero, San Millán, Santa María del Puente, el monasterio de San Agustín y una casa particular de los siglos XVI y XVII.
Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ), con sede en Burgos, hizo público ayer el fallo de 14 de Enero por el que se anula dicha modificación del PGOU. Es el mismo juzgado que con anterioridad habia suspendido cautelarmente las operaciones de expropiación, motivado, entre otros argumentos, por la constatacion de que “existe un interés general en proteger todo el entorno de Numancia que podría quedar irreversiblemente dañado con la ejecución inminente de las obras del futuro polígono industrial Soria II". Más aún, apoyándose en esta sentencia, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria ha dictado otra anulando el acuerdo plenario del Ayuntamiento que autorizó la expropiación de los terrenos en la finca de "El Cabezo" de la que es propietaria la familia Marichalar, de gran abolengo en la capital soriana y que, tras una defensa firme de sus intereses y del patrimonio amenazado (entre sus alegaciones siempre aludía a la vulneración que el acuerdo hacía de las normas sobre patrimonios de suelo y los requisitos medioambientales, al no haber sometido el PGOU a evaluación de impacto ambiental) ha conseguido poner freno al disparate que se pretendía.
Sin duda es un hecho insólito y, que yo sepa, nunca había ocurrido hasta ahora. La salvaguarda del Barrio de El Cabanyal-Canyamelar-el Grao, de la ciudad de Valencia, está de momento asegurada, a la espera de las virulentas reacciones que sin duda se producirán a tenor de los intereses ocultos en juego, y que tanto han pesado en el urbanismo de esa ciudad mediterránea. La batalla ha sido larga y ejemplifica uno de los movimientos vecinales a favor del patrimonio arquitectónico más activo y contundente de cuantos se han vivido en España. Se trata de un histórico barrio marinero, situado junto a la costa y en paralelo a ella, al que, por sus características arquitectónicas - basadas en la confluencia que en sus edificios se produce entre el modernismo popular y el racionalismo - y valor urbanístico, se había reconocido desde 1993 la categoría de Bien de Interés Cultural, de acuerdo con la Ley del Patrimonio Histórico español.
Sin embargo, este reconocimiento no habia supuesto obstáculo alguno para que el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por Rita Barberá, del Partido Popular, elaborase - a través del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de El Cabanyal-Canyameral - un programa de demolición de una parte significativa del barrio – un total de 450 edificios, 1.651 viviendas – con el fin abrir una gran avenida a la costa. Para forzar su aplicación el barrio ha sido durante años abandonado a su suerte por ese Ayuntamiento (ausencia de inversión pública, mercado de la droga, deterioro y degradación crecientes, amenaza constante de demolición, efecto psicológico de falta de futuro). La reacción vecinal ha sido, en cambio, fulminante, y basta seguir su trayectoria para darse cuenta de hasta qué punto puede llegar la reacción ciudadana cuando se trata de preservar un patrimonio que considera elemento distintivo de su personalidad. Pocos movimientos vecinales en Europa alcanzan el nivel de movilización y de fortaleza cultural como el que defiende la supervivencia de este barrio vejado por el Ayuntamiento de la señora Barberá.
La medida parte de la sentencia del Tribunal Supremo, de 25 de Mayo de 2009, revocatoria de una anterior, que ha considerado prevalente, frente a la postura del Ayuntamiento, la conservación y regeneración de las edificaciones paralelas al mar por representar un legado de gran valor arquitectónico como espacio industrial y de vivienda, con manifestaciones emblemáticas de la historia económica y cultural valenciana. ¿Quién no recuerda las escenas inmortalizadas por el gran Joaquin Sorolla en este espacio emblemático de la personalidad urbana de Valencia?. Apoyándose en rigurosos informes elaborados por la Academia de la Historia y el Consejo Superior de Arquitectos, el Tribunal Supremo instó al Ministerio de Cultura para que se pronunciara sobre el tema y procediese a la aplicación de la sentencia. Y es precisamente lo que ha ocurrido varios meses después. El 4 de Enero de 2010 el Ministerio de Cultura ha decidido la paralización del plan urbanístico del Ayuntamiento de Valencia, a fin de evitar “el expolio del patrimonio histórico de El Cabanyal”. De este modo, el Ministerio, en el ejercicio de su competencia exclusiva en materia de defensa del Patrimonio Histórico Español, no hace sino aplicar el Art. 149.1.28 de la Constitución española y el Art. 6.b de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico.
Como era de esperar, la respuesta del Ayuntamiento - pese a que ya en 2004 la Consejería de Cultura del Gobierno autónomo, del mismo color político, se habia pronunciado también contra el PEPRI municipal - ha sido ruidosa e iracunda. Pero la medida está tomada, de modo que, con independencia del recurso que la Sra. Barberá pueda presentar ante la Audiencia Nacional, el conjunto urbanístico amenazado continúa en pie. Once años después de que la plataforma “Salvem El Cabanyal” comenzó su lucha en pro de un patrimonio en peligro, la justicia les ha dado, al fin, la razón.
Sin embargo, la evolución de los acontecimientos invita, de momento, al pesimismo. Ha estallado la batalla que enfrenta sensibilidad con barbarie, cultura con ignorancia, conservación con destrucción, respeto a los valores de la comunidad con intereses ocultos. El Gobierno de la Comunidad Valenciana - que en otro tiempo consideró un disparate lo que pretenden Barberá y quienes presionan sobre ella pra modelar la ciudad a su antojo - hace causa común con el Ayuntamiento y, por la via de urgencia, aprueba un decreto con el fin de contrarrestar la suspensión impuesta por el Gobierno Central. Que nadie busque en los argumentos de los miembros de la Generalitat aspectos que evidencien el menor atisbo de sensibilidad cultural. Defienden pura y simplemente los criterios que invocan las competencias propias frente a la Administración del Estado en un pulso por el poder que no hace sino corroborar el desastre que, desde el punto de vista urbanístico, ha traido consigo la asignación de competencias a administraciones que lo entienden como un negocio y como su propio Patio de Monipodio en el que arropar a sus clientelas y dar satisfacción a intereses inconfensables. Sacan a relucir los votos obtenidos en las pasadas elecciones esgrimiéndolos como patente de corso para justificar todo lo que se les ponga por delante. Pobre país este nuestro, donde los valores culturales se ven relegados al pozo de la ignominia, mientras campan a sus anchas los que, sumidos en corruptelas de toda especie, han convertido su ámbito de decisión en una mesa de póker, al servicio del mejor postor.
Que el Tribunal Supremo defienda su sentencia. Que el Ministerio de Cultura sea coherente con su decisión hasta las últimas consecuencias. El tema es tan grave, la medida de la Generalitat valenciana tan escandalosa, como las que acostumbra, que sólo el imperio de la Ley y del sentido común puede poner fin a tamaño disparate en la Comunidad Autónoma que durante el pasado año más ha dado que hablar y no precisamente con orgullo y para bien.
Que se conozca lo sucedido. Que no caiga, por el bien del patrimonio cultural de nuestro país, en saco roto.
