Cuando la energía nuclear se territorializa, la cuestión se plantea en toda su dimensión y gravedad

Sin duda estamos ante un problema muy serio, al que se quiere dar una solución sin más dilaciones. No es un tema nuevo, aunque daría la impresión de que se nos ha echado encima de la noche a la mañana. Se trata, nada menos, que de resolver el almacenamiento de los residuos de alta intensidad radiactiva que generan las centrales nucleares españolas. En conjunto los ocho reactores en funcionamiento pueden producir a lo largo de su vida activa unos 6.500 metros cúbicos de residuos, de los que el 1 por ciento son de alta actividad, en los que se contiene el 95 % de la radiactividad generada. Los de baja y media se acumulan en el cementerio de El Cabril (Córdoba), donde también van a parar los procedentes de empresas, laboratorios y hospitales. En la actualidad están almacenados 20.074 metros cúbicos, con la previsión de tener que gestionar un total de 203.000 cuando las centrales en funcionamiento queden canceladas. Este es un problema generalizado en el mundo, que no ha sido resuelto satisfactoriamente de forma generalizada.

La cuestión ha cobrado resonancia en España cuando se ha decidido bajar de la teoría a la práctica, de las medidas generales a su plasmación en la dura y cruda realidad territorial. Y es entonces cuando el tema nuclear levanta ampollas, incluso entre sus opciones defensoras. Mientras el tema se planteaba en términos de gestión no territorializada, la coincidencia política era total. Sin discrepancias entre ellos, el PSOE y el Partido Popular aprobaron en 2004 la creación de Almacén Temporal Centralizado (ATC) para el almacenamiento de este tipo de residuos radiactivos. Ambos convenían en que era necesaria una decisión de estas características, porque realmente lo es: mientras existan centrales nucleares, se generarán residuos altamente peligrosos y de vida dilatadísima. De lo contrario, ¿qué hacer con ellos?.

Nada se ha dicho del asunto hasta que, finalmente, se ha tomado la decisión de ponerlo en marcha. Y es entonces cuando la tensión, fácilmente previsible, ha estallado, poniendo en evidencia muchas cosas, fuertemente contradictorias entre sí. El Ministerio de Industria - responsable de la puesta en marcha del Plan General de Residuos Radiactivos (2.300 millones de euros), en buena medida financiado mediante la factura de la electricidad - ha convocado un concurso entre municipios para seleccionar al que se lleve al tiempo el paquete y el envoltorio. A finales de Enero concluye el plazo otorgado de cara a la designación. Una vez finalizado, el panorama se completa con trece localidades en liza: Albalá (Cáceres); Ascó (Tarragona); Campo de San Pedro (Segovia); Congosto de Valdavia (Palencia); Lomas de Campos (Palencia); Melgar de Arriba (Valladolid); Santervás de Campos (Valladolid); Santiuste de San Juan Bautista (Segovia); Torrubia de Soria (Soria); Yebra (Guadalajara); Villar de Cañas (Cuenca); Villar del Pozo (Ciudad Real) y Zarra (Valencia).

De ellas, más de la mitad ubicadas en Castilla y León, representativas de un mundo rural que se despuebla y en el que cualquier alternativa sirve como contrapeso frente a una tendencia declinante que no se detiene. Sorprende, sin embargo, que no se haya producido una plétora aúbn mayor en esta especie de rebatiña a la búsqueda del maná, primando el voluntarismo y las ansias de futuro, el que sea, de los pueblos frente a la racionalidad en los criterios que, sobre bases científicas, deben primar a la hora de determinar la localización de este tipo de instalaciones. Instalaciones que no pueden, ni deben, implantarse en cualquier sitio, sino donde la fundamentación científica establezca.

Manifestación antinuclear contra la instalación del ATC en Yebra (arriba) y en Campo de San Pedro (abajo)

En éstos y en todos los casos donde la cuestión se ha suscitado, y mientras el proceso está abierto, la batalla política se ha mezclado con la ciudadana creando, como era de esperar, un ambiente de conflicto, que seguramente no dará mucho juego, sobre todo si la decisión del Ministerio se antoja inminente y, conforme a lo contemplado en la Ley de instalación del ATC, resuelve en el plazo fijado a favor del Ayuntamiento que finalmente se haga con el “gordo nuclear”. La batalla entre defensa del entorno y pragmatismo local parece justificada en función tanto de la sensibilidad lógicamente suscitada por un impacto de estas características como por el señuelo por el que se sienten atraídos aquellos municipios que ven en el hecho de ser elegidos la llegada del maná que tanto ansían. Según se dice, la inversión prevista para la construcción del ATC y un centro tecnológico asociado es de 700 millones de euros, al tiempo que se contempla la creación de unos 300 puestos de trabajo durante los cinco años de la construcción del módulo inicial, pudiendo llegar en algún momento hasta los 500, y de 150 empleos permanentes durante los 60 años de vida del Almacén. Ante este anzuelo se comprende la actitud de los que hasta ahora – no muchos, por cierto - han saltado a la arena, por más que en todos ellos el debate ciudadano haya alcanzado cotas de tensión nunca vistas.

Pero lo que más sorprende es la hipocresía, entendida como ambigüedad calculada, que anida en el debate político. Unánimes a la hora de respaldar la medida en el Congreso, se muestran refractarios a que ésta cobre concreción material en el ámbito en el que baten sus armas e intereses electorales. El rechazo sin paliativos cuando la cuestión les afecta da paso a la indiferencia si el afectado es el vecino, de cuyo voto no dependen. Hay quien afirma que incluso mantienen un doble y contradictorio discurso: de apoyo a la implantación en su ámbito cuando hablan en privado, y de rechazo furibundo si hay microfonos delante. ¿Cómo entender si no el respaldo que tanto José Montilla como Artur Mas han dado al alcalde de Ascó, según ha indicado éste cuando les planteó particularmente el tema?

Entre tanto, el verdadero debate - ¿qué hacer con la energía nuclear en España? ¿hasta qué punto se está dispuesto a asumir los riesgos que entraña? – es eludido en toda su dimensión, pese a que en realidad resulta determinante ya que todo el mundo sabe que mientras se genere producción eléctrica de origen nuclear la cuestión de los residuos debe ser abordada con las mayores garantías posibles frente al enorme riesgo letal que encierran. Podrá discutirse la localización del ATC nuclear, pero de su necesidad no cabe duda alguna.