Para el gobierno de las Islas Canarias la biodiversidad del archipiélago es más un obstáculo que un valor

Por sus características geográficas - insularidad, situación, configuración geomorfológica y clima - el archipiélago canario es uno de los espacios naturales más interesantes y valiosos del mundo. Bien conocidos son los elementos que conforman su riqueza ecológica, caracterizada por la importancia de los endemismos existentes en su flora y en su fauna, como corresponde lógicamente a los comportamientos evolutivos propios de un ámbito insular.

Pues bien, precisamente en el año dedicado a la preservación de la Biodiversidad, el gobierno autónomo de las Islas Canarias ha decidido tramitar por el procedimiento de urgencia – utilizando el mes de enero, que es inhábil a efectos parlamentarios - una proposición de ley por la que fija el nuevo catalogo de especies amenazadas, en el que reduce la protección al 50% de las especies que se encuentran en situación de peligro. En concreto, el registro efectuado elimina 226 especies protegidas, rebaja la cobertura a otras 131 y ampara a 94 en condiciones ambientalmente aberrantes, ya que sólo preservará las plantas o los animales que se encuentren dentro de un espacio protegido, dejando abandonados a su suerte a los que se desarrollen fuera de él. Es lo que los expertos han calificado como “forma de protección perversa”.

Sobre este asunto ya se ha pronunciado el Consejo Consultivo del Parlamento canario que llama la atención sobre la falta de un régimen sancionador claro al tiempo que advierte que el catálogo propuesto no puede suponer una disminución de la protección respecto a lo establecido en el catálogo estatal de especies amenazadas, que ha de ser el referente al que la norma canaria deberá atenerse para evitar discordancias entre el catálogo canario y el español. Utilizar, por ejemplo, el concepto de "especie de interés para los ecosistemas canarios” es una irregularidad, ya que trata de una figura inexistente en el catálogo nacional y, por tanto, susceptible de permitir una mayor discrecionalidad en los niveles de protección. Y que es realmente de lo que se trata: utilizar un remedo legislativo para legitimar una accion lesiva para el ecosistema.

No es, en efecto, una cuestión meramente nominal. Esta calificación que propone el gobierno canario, integrado por esa mezcolanza de intereses llamada Coalición Canaria y el Partido Popular, permitiría dar salida a la construcción del macropuerto de Granadilla, al Sur de la isla de Tenerife, que ya fue paralizada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dado el grave impacto que dicha obra iba a provocar en las praderas marinas formadas por los “sebadales”, especies subacuáticas de gran interés ambiental que afloran en la zona. Al incluirlas ahora en la categoría de "especie de interés para los ecosistemas canarios”, la cuestión quedaría desbloqueada de forma artera al amparo de una argucia legal con el único fin de llevar a cabo una obra muy polémica y de gravísimo impacto ambiental.

Sin embargo, desde el 1 de enero una orden del Ministerio de Medio Ambiente rescata los sebadales del sur de Tenerife, concediéndoles el rango de Zona Especial de Conservación, junto a otros 26 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) en las costas canarias. La orden es consecuencia de la Ley 42/2007 sobre el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que a su vez desarrolla una normativa de la Unión Europea.