La ordenación del Area Central de Asturias: relaciones de conflicto entre los municipios y el gobierno regional

Asturias ofrece en estos momentos un caso elocuente de las tensiones que, a la hora de ordenar el territorio, se crean en España entre los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas. Se trata de un ejemplo significativo de las dificultades que entraña en nuestro país el diseño y aplicación de instrumentos de gestión metropolitana, y que he abordado en el artículo publicado en Scripta Nova, donde desarrollo el concepto de “cultura territorial metropolitana”.

El problema surgido en la Comunidad Autónoma asturiana tiene su punto de partida en las situaciones de conflicto que afloran a raíz de la presentación por el gobierno regional de las Directrices Específicas para el Área Central de Asturias – conocido como Plan Especial del Nudo Metropolitano - , con las que se pretende la ordenación de un área integrada por los concejos de Oviedo, Siero y Llanera, y donde se prevé un plan urbanizador estructurado en tres grandes complejos, la delimitación de amplios espacios verdes y la interconexión del conjunto por un tren tranvía circular. El proyecto incluye asimismo cuatro parques -dos fluviales en torno al río Nora, uno a ambos lados de la «Y» y otro en la parte trasera de Parque Principado- y tres áreas urbanas en Folgueras y Lugones (Siero) y La Morgal (Llanera). Es una iniciativa ambiciosa, que cabe enmarcar en el propósito de configurar un espacio de ordenación supramunicipal cohesionado sobre la base de criterios de entidad y enfoque metropolitanos. La lectura de las Directrices ilustra sobre el alcance y dimensión de las actuaciones.

La perspectiva regional trata de establecer, en principio, las bases de un modelo territorial coordinado en un sector del área central de Asturias, con la intención de armonizar las estrategias municipales de los tres Ayuntamientos implicados y quizá servir al tiempo - si bien ésta es una apreciación por mi parte - de referencia susceptible de aplicación a todo el espacio central de la región, cuya complejidad es bien conocida. En esa línea cabe entender, pues, la crítica que desde Gijón se hace en el sentido de reafirmar la conveniencia de «una estrategia territorial común» para Gijón, Oviedo, Avilés y las comarcas del Nalón y el Caudal, elaborada «de forma consensuada entre todos los municipios de este espacio y el Principado». La crítica se agudiza con el argumento que cuestiona las Directrices citadas, en la medida en que sólo pretenden «ordenar una parte, sin que previamente acordemos entre todos los criterios esenciales para la totalidad del área central».

Mas el problema no reside tanto en esta reclamación planteada por los Municipios que quedan fuera de las Directrices como de la reacción virulenta suscitada por los ayuntamientos de Siero y Llanera, que cuestionan y rechazan la intervención del gobierno regional en cuestiones que, entienden, son de su estricta competencia, por cuanto las actuaciones previstas afectan a los dos tercios de la superficie de Siero y a la tercera parte del de Llanera. Esgrimen para ello que se trata de una ingerencia inadmisible, que contraviene la autonomía municipal e invade atribuciones que les son específicas. Frente a estos planteamientos, claramente frontales, el gobierno autónomo subraya que “la legislación asturiana contempla unas figuras de urbanismo supramunicipales, que respetan mucho la autonomía de los ayuntamientos, pero que ordena los espacios que son supralocales y que afectan a los intereses regionales". He ahí otra manifestación más de uno de los problemas esenciales de la ordenación del territorio en España.

El debate, muy interesante desde el punto de vista de política territorial, está en su punto crucial. Dada la trascendencia del tema, trataré de seguirlo de cerca con el fin de dar cuenta de ello en esta misma entrada mediante las ampliaciones que permitan clarificar y estar al día de la marcha del proceso.