Este blog pretende contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la cultura y de la sensibilidad territorial ante las múltiples manifestaciones de agresión y deterioro a que se ven sometidos los paisajes como consecuencia de actuaciones frecuente y deliberadamente insensibles con la calidad y los recursos que los identifican.


Desea significar el compromiso de la Geografía y de los geógrafos con la defensa de la calidad de los territorios
y

de las buenas prácticas en el ejercicio de la acción pública y en sintonía con los objetivos y principios contemplados

en el Manifiesto por una Nueva Cultura del Territorio.


Planteado también con fines didácticos, se concibe como un documento aplicable a la docencia, así como un espacio de encuentro, comunicación y debate con los estudiantes y profesores de Geografía, y con quienes se interesen

por la evolución y los métodos de esta disciplina, por la utilidad e importancia de la información geográfica,

por su dimensión aplicada y por las políticas relacionadas

con la Ordenación, el Gobierno y el Desarrollo del Territorio.


sábado, 5 de mayo de 2012

Hacia una profunda transformación de la estructura municipal en España: un proceso de gran trascendencia para la ordenación territorial


Un pequeño municipio: Valmala (Burgos)

La dimensión de la crisis económico-financiera en la que está sumida la mayor parte de los países de la eurozona no sólo provoca la adopción de medidas que, en aras de la disminución del déficit y de la deuda, está ocasionando un debilitamiento frenético e  imparable del sector público (con enormes y posiblemente irreversibles costes sociales), sino que al tiempo sirve como pretexto justificativo para el despliegue de una ideología decidida a  someter a revisión el modelo de solidaridad vigente y a poner en entredicho las estructuras administrativas del Estado. El debate está abierto y, por lo que se ve, no hay institución ajena a su implacable estimación crítica, con previsiones que anticipan cambios sustanciales, y que probablemente no estarán exentos de conflictos. En principio, nada habría que objetar a la consideración de un enfoque valorativo riguroso sobre los problemas que afectan a la articulación, a la operatividad de su escala  y al funcionamiento de las instituciones, siempre y cuando la finalidad no sea otra que la de mejorar los mecanismos de gestión, evitar las situaciones de costo excesivo, armonizar sus pautas de cooperación y garantizar el mejor servicio a la ciudadanía.
Vientos de ajuste soplan, en efecto,  cuando de readaptar el modelo autonómico se trata, contemplando incluso la devolución de competencias a la Administración Central del Estado; en el punto de mira, y con la pretensión de evitar duplicidades, aparecen las cuestionadas Diputaciones en las Comunidades de carácter pluriprovincial; el proyecto de configurar demarcaciones judiciales mediante agrupación de juzgados marca una nueva senda en la administración territorial de la justicia; y, como no podía ser de otro modo, la aplicación del escalpelo afilado amenaza también con modificar a fondo la prolijidad del entramado municipal, que apenas ha experimentado modificaciones en las últimas décadas y al que se atribuyen carencias disfuncionales en virtud de su atomización y del escaso nivel de acomodo que actualmente ofrecen en el contexto de un modelo organizativo de la estructura de gestión local caracterizado por la concentración demográfica y por las exigencias que impone una distribución más eficiente de los recursos para atender la demanda de servicios de acuerdo con los criterios de calidad que precisa la sociedad actual. 



Llegan informaciones de que el Ministerio de Hacienda contempla la reordenación del complejo municipal sobre la base de un umbral mínimo de referencia de 5.000 habitantes, estableciendo así una drástica divisoria por debajo de la cual se sitúan 6.796 ayuntamientos, es decir, el 83,7% de los 8.116 existentes en España. Pasos decididos se están dando en esta dirección, que también prevé la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local y la reordenación de las competencias asignadas a los Ayuntamientos y a las Diputaciones Provinciales. Precisamente en estos términos se plantea la situación de las Entidades Locales en el Programa Nacional de Reformas 2012, donde se indica que "han ido asumiendo a lo largo del tiempo competencias más allá de las establecidas en su normativa reguladora, lo que ha supuesto cargas presupuestarias muy elevadas, sin que estuviera garantizada adecuadamente su financiación. Adicionalmente, el cuadro competencial actual resulta indefinido y confuso, y no garantiza la inexistencia de duplicidades".  Remitido a Bruselas, lo señalado en ese Programa se convierte en compromiso asumido, y no a largo plazo. 

Se trata de un tema decisivo, que sin duda ha de repercutir en la estructuración de la trama sobre la que reposan elementos y decisiones esenciales de las políticas públicas relacionadas con la ordenación del territorio. De momento, me limito a plantear la cuestión, que será desarrollada a medida que el proceso vaya cobrando entidad y se despeje la imprecisión que todavía se percibe en torno a tan importante tema, por más que sean numerosas y frecuentes las voces que denuncian lo que definen como una situación de despilfarro. Así se explica que algunas iniciativas hacen acto de presencia en esa dirección, como es el caso de la planteada por la Asamblea de la Comunidad de Madrid, que establece en 20.000 habitantes la cifra que, en su opinión, un Ayuntamiento debe tener para ser viable. 




No cabe duda de que, contemplado desde la perspectiva de la Comunidad de Castilla y León, en la que 2.189 de sus municipios no alcanzan la cifra de población señalada, la cuestión adquiere niveles de interés y de preocupación que no pueden quedar intelectualmente desatendidos, como lo demuestran los clamores surgidos en sentido contrario desde las esferas del poder regional y provincial.  El panorama a que se abre la región a este respecto puede ser traumático, por más que la simple advertencia de lo que se avecina anticipe que tarde o temprano actuaciones de calado van a tener lugar. 

4 comentarios:

  1. Artículo muy interesante, de un gran geógrafo y "difundidor" de la Geografía, no solamente en Castilla y León sino en todo el mundo.
    ¿Podríamos contar con tu autorización para difundirlo desde Revista de Castilla y León, a la que te invitamos a visitar?
    Buen fin de semana, Fernando

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    1. Muchas gracias por tan amable comentario. Para mi es una satisfacción recibir ese tipo de reconocimientos, máxime viniendo de una publicación que conozco, respeto y sigue desde hace tiempo. Por supuesto, no tengo inconveniente alguno en que los textos que publico en el blog sean recogidos en publicaciones tan acreditadas. Muchas gracias y un cordial saludo. Os deseo lo mejor.

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  2. Este problema es un problema del que se lleva hablando mucho tiempo, lo que fastidia es que hayan tenido que venir desde fuera (una vez más) a decirnos que esto es insostenible. Creo que, efectivamente, nadie puede dudar, de que Castilla y León tiene un serio problema, un exceso de pequeños municipios en clara crisis demográfica, fruto de ese proceso que ha generado una sociedad urbana, vinculada a la mecanización del campo y falta de expectativas de futuro en el medio rural, pese a que sean admirables iniciativas endógenas, incluso determinadas acciones dentro del denominado turismo rural.

    No obstante, el umbral que se propone desde el ministerio de hacienda me parece un abuso, creo que la realidad de nuestra región exige un umbral más bajo, estoy seguro de que se pueden desarrollar iniciativas que sean capaces de fijar y desarrollar actividades económicas en muchos municipios explotando los recursos que ofrece el territorio. Además, también tenemos en el aire, otro problema, que no se aborda, que es la financiación de los municipios, a los que se les han transferido competencias pero no se les ha dado poder de financiación más allá de los impuestos y tasas ciudadanas y del ladrillo.

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  3. Asunto interesante y más complejo aún el que se expone aquí.


    Por un lado, ¿qué vamos a hacer con las diputaciones provinciales? El proceso que se prevé llevar a cabo en Castilla y León de modernización y reestructuración de estas instituciones creo que será complejo y seguramente infructuoso, ligado a una lucha administrativa de poder por el control del territorio. Aún así, es necesario revisar el modelo de las diputaciones provinciales para optimizar los recursos públicos (de todos) y controlar que no se produzcan duplicidades o ciertas incongruencias (Contaba un día Felipe González que para arreglar 10 kilómetros de carretera habían intervenido tres administraciones distintas).

    Por otro lado, los municipios. Nuestros pueblos... Castilla y León tiene una gran peculiaridad en sus municipios, por eso considero del todo equivocado marcar un límite de tamaño de municipios "viables" para toda España. En la cuestión municipal tenemos dinámicas distintas, y los políticos que están planteando estas opciones deben echar un vistazo a los datos de los municipios de Murcia y los de Castilla y León y compararlos. ¿Municipios de más de 20.000 habitantes en Castilla y León? Muy pocos.. Debemos reducir el número, pero ¿tanto? Con ese umbral nos dejan sin pueblos y sin paisanos.

    Creo que aunque suene algo utópico, la solución al problema de minifundismo municipal que tenemos en nuestra comunidad autónoma pasa por la fusión voluntaria o, al menos, por un intento de concienciar a los alcaldes, aunque es un trabajo arduo y al final muchos municipios pueden que se fusionen forzosamente (por la ley y el orden de la viabilidad económica).

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