¿Hay que poner en entredicho la competencia urbanística de los Ayuntamientos?

El Mapa de la corrupción urbanística en la Comunidad valenciana

Aunque es un tema casi tabú, no debe hurtarse al debate público. Las numerosas experiencias observadas en España sobre el ejercicio de la autonomía aplicada a la decisión urbanística por parte de los Ayuntamientos ofrece un muestrario de irregularidades tan abundante que inevitablemente surge la necesidad de plantearse si esa competencia está bien desempeñada o de qué manera puede evitarse esa deriva que con harta frecuencia culmina en la destrucción de los paisajes y en la corrupción. Como es lógico, no se puede confiar en la buena voluntad de quienes participan de una forma de actuación que saben que es ilegal, y quen contraviene los principios recogidos en la Ley del Suelo vigente en España.

Sólo una correcta aplicación de la norma jurídica puede ofrecer las salidas convenientes a un problema de tanta envergadura. Siempre he pensado que los vínculos entre la Geografía y el Derecho deben ser reconocidos como una relación tan conveniente como operativa, que posibilita una adecuada vertebración de la ley con la perspectiva espacial que se precisa para que su aplicación sea coherente con las características y particularidades del ámbito donde cobra plasmación directa.

A modo de ejemplo, bastaría mencionar la interesante labor llevada a cabo por la Fiscalía de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la provincia de Valencia, desde la que se ha hecho de la justicia la herramienta indispensable en la regulación de las políticas urbanísticas municipales. El documento elaborado en 2008, tras solicitar a todos los ayuntamientos de la provincia la información necesaria para conocer la dimensión de la construcción ilegal, ha sido demoledor. Cuando se comprueba que más de 4.500 viviendas – aunque se piensa que son muchas más - han sido construidas fuera de la ley, la acción de la justicia se convierte en un principio rector inexcusable que, entre otras medidas, se traduce en la realización de advertencias a los responsables municipales para que cumplan sus responsabilidades de acuerdo con la legalidad al tiempo que se reclaman los expedientes abiertos por construcciones ilegales en suelo rústico no urbanizable de uso común, la modalidad más frecuente para el uso irregular del espacio con fines urbanísticos. Problema que se agrava al observar que son excepción los municipios que no tienen en su término construcciones ilegales.

En este contexto se entiende el sentido de las opiniones que abogan por someter a revisión las competencias urbanísticas que ostentan los Ayuntamientos para que, en su lugar, las ejerzan las Comunidades Autónomas. El principal argumento esgrimido alude a que la proximidad del municipio a los intereses inmobiliarios que en torno a él se concitan resta capacidad de iniciativa a aquél para enfrentarse a ellos o ajustar con la suficiente firmeza sus actuaciones a la legalidad. Se considera, por tanto, que el sistema está viciado ya que, cuando el órgano decisorio depende del afectado por esa decisión, el sistema no puede funcionar. Téngase en cuenta que con harta frecuencia los ayuntamientos incumplen con su obligación legal de abrir un expediente sancionador cuando la edificación no se atiene a la ley, provocando que los plazos se consuman y sea imposible el derribo de lo irregularmente construido. La mayor distancia que los órganos responsables de la región tienen respecto al ámbito de la infracción cometida, induce a pensar que la responsabilización autonómica permitiría resolver uno de los mayores problemas a que se enfrenta la ordenación del Territorio en España, aunque es evidente que ello exigiría una reforma de los estatutos de autonomía y una solución satisfactoria a los graves problemas de financiación de que adolecen los municipios.

No es éste, sin embargo, un debate que se esté planteando con la importancia, intensidad y urgencia que debiera. Pero, dada su trascendencia, me parece pertinente considerarlo en este blog.