Hacia una nueva Ley de Ordenación del Territorio en Castilla y León

Un nueva Ley de Ordenación del Territorio se acomete el Castilla y León.  

Con la ampulosa denominación de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, su Anteproyecto ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno el día 27 de diciembre de 2012. 

Es un documento que conviene analizar y discutir, dada su importancia y su singularidad. En su análisis, valoración y seguimiento se centrará este blog, abierto al debate y a la reflexión de un tema de gran significación geográfica. 

De entrada llama la atención el hecho de presentarse como una Ley de Ordenación del Territorio sin engarce con la Ley ya aprobada y vigente desde 1998. Se presenta como una norma de nuevo cuño, adanista, sin balance alguno de lo realizado hasta ahora, estrictamente circunscrita a la mera reordenación administrativa de la región, en un intento decidido a favor de la modificación de la estructura municipal existente, cuyas disfunciones trata de hacer frente mediante la creación de 176 unidades básicas de ordenación (15 urbanas y 161 rurales). La finalidad no es otra que la de  adecuar el modelo resultante a las exigencias que impone la pretendida racionalidad en la reasignación de los recursos y en la gestión de los servicios esenciales sobre la base de las diferentes modalidades con que se contempla la reestructuración de la compleja trama constituida por las corporaciones locales  y las formas de integración y cooperación que entre ellas puedan producirse. Todo ello arropado también bajo el argumento del ahorro a que obliga el cumplimiento de los objetivos de déficit y sin olvidar tampoco lo que significa el reforzamiento de las atribuciones asignadas a las Diputaciones a costa de la capacidad competencial de los municipios (especialmente de los de menor tamaño). 

El recurso a figuras ya contempladas en las Leyes administrativas (estatal y autonómica), aunque inéditas o insuficientes en su aplicación más operativa desde el punto de vista funcional, revela que no se trata de una norma original sino de un intento, formal y políticamente apoyado en la disposición de los poderes locales y en la aquiescencia de las fuerzas parlamentarias, para asumir los objetivos de ajuste administrativo que se persiguen.  ¿En realidad, nace con el el consenso que el gobierno regional subraya? ¿Asistiremos a un debate interesante en las Cortes regionales o será todo un mero trámite, al amparo del respaldo político previamente recibido? El hecho de que el presidente de la Federación Regional de Municipios y provincias alerte de que su "tramitación será larga" es un advertencia que no puede ser pasada por alto. 

Y es que, más allá de la voluntad política con que han de abordarse, sus objetivos y resultados van a depender mucho de la incentivación económica que se aplique, nada desdeñable en una operación tan ambiciosa, aunque no exenta de incertidumbres dado el momento en que nos encontramos. Como tampoco hay que hacer caso omiso de las modificaciones que pudiera introducir ulteriormente la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local a la que el Gobierno central se ha comprometido.

Sin duda la Ordenación del Territorio, tal y como revela el propio significado del concepto, el considerable desarrollo teórico de que ha sido objeto y la valiosa experiencia comparada, es mucho más que eso, aunque es obvio que la dimensión administrativa, como soporte para el funcionamiento eficaz y equitativo de los servicios,  ocupa un papel esencial en la concepción y aplicación de los instrumentos reguladores de las políticas públicas aplicadas al buen gobierno del territorio. No cabe duda de que nos encontramos ante un Anteproyecto de Ley singular dentro de España, lo que le confiere un papel de referencia precisamente por el enfoque aplicado a la configuración de un nuevo modelo de gestión administrativa local alternativo al atomizado y problemático panorama municipal heredado. 

Surge, no obstante, una pregunta inevitable: ¿derogará la Ley de 1998? Si no es así, ¿de qué forma, y permaneciendo vigente, se articulará con ella y con los instrumentos de ordenación y desarrollo territorial que contempla? ¿De qué va servir lo realizado hasta ahora y el denso cuerpo legislativo aprobado a su amparo?

El aumento de la temperatura en la Antártida: un fenómeno comprobado

Las comprobaciones realizadas - dadas a conocer en la Revista Nature GeoScience - ponen en evidencia el proceso de calentamiento que afecta a la Antártida desde 1958, con un ascenso térmico de 2,4 grados, que supera en tres veces el experimentado en el planeta durante el mismo período. 

En defensa de nuestra costa: un manifiesto oportuno y necesario

Son muchos los geógrafos españoles comprometidos con la preservación de la calidad de los territorios. La fuerte y sistemática alteración sufrida por el litoral, como consecuencia del incumplimiento de la Ley de Costas (1988),  de lo que he dado cuenta a menudo en este blog, tiende a agravarse con las medidas adoptadas en este sentido por el gobierno en el Consejo de Ministros celebrado el fatídico 13 de julio de 2012, que ha supuesto una involución en aspectos esenciales de la vida social, económica, cultural y territorial española. En el tema que nos ocupa se ha dado luz verde al anteproyecto de la presentada como Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral. Un título pomposo, cuya intencionalidad queda despejada con la lectura e interpretación de lo que en ella se propone. 

Por esa razón es bienvenido y pertinente el manifiesto en defensa de la costa que un grupo de colegas de los Departamentos de Geografía de las Universidades españolas han dado a conocer públicamente, y cuyo conocimiento resulta necesario no sólo como reflejo de una postura intelectualmente contraria a la revisión de la Ley sino también como expresión de ese empeño a favor de una cultura del territorio que sepa conciliar el desarrollo con la defensa de sus valores paisajísticos. 


Es un documento abierto a la implicación de cuantos deseen adherirse a él. Pueden hacerlo a través del enlace abierto con tal fin por el Colegio de Geógrafos. 

Cuidado con el impacto ambiental de los Parques Eólicos

Declarado ilegal el Parque Eólico Villabandín II y Ampliación, en la Montaña leonesa 

Preparando Rio+20 desde el NOA argentino

El inmenso ruido que está provocando la crisis económica eclipsa la importancia de acontecimientos de alcance internacional que no deben ser relegados a la indiferencia o al menosprecio. Veinte años han transcurrido ya desde la celebración de la Primera Cumbre de la Tierra, que tuvo lugar en Río de Janeiro y que marcó un hito en la evolución de la sensibilidad por los problemas ambientales. Rio+20 prolonga la experiencia en el tiempo con un programa tan ambicioso como incierto. 

Hacer un seguimiento de lo que han significado estas Cumbres a lo largo de estas dos décadas ayuda a comprender ese panorama contradictorio en el que se desenvuelve el mundo contemporáneo, marcado por la contraposición entre deseos y decepciones, entre promesas e incumplimientos. Con todo, constituyen referencias esenciales a las que hay que acudir aunque sólo sea para comprobar los avances teóricos y metodológicos alcanzados en el tratamiento de este tipo de cuestiones y de qué manera las sensibilidades sociales se han decantando, con mayor o menor convencimiento, en esta dirección. Interesa destacar que, aunque la organización del evento concede un protagonismo a las entidades gubernamentales de los Estados que acuden a la convocatoria, no hay que pasar por alto la iniciativa desplegada por grupos y asociaciones, que logran movilizar en torno al acontecimiento las ideas con las que se trata de imbuir en la sociedad la preocupación por los problemas planteados a escala planetaria y que también les conciernen directamente. 

Me ha llamado la atención, y por eso lo comento aquí, la acción llevada a cabo con este propósito por un grupo de ciudadanos residentes en una de las regiones más críticas del Cono Sur latinoamericano. Bien conocidos son los problemas – de pobreza, desigualdad, medio ambiente – que aquejan al Noroeste Argentino, al NOA, del que forman parte las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. La idea de poner en marcha una Conferencia de Desarrollo Sostenible del NOA, con el expresivo nombre Rio+20+NOA=VOS y sustentada en una interesante reflexión teórica y operativa, significa un empeño encomiable por lo que supone de implicar a la ciudadanía en un compromiso colectivo sobre cuestiones que trascienden su ámbito estricto de reflexión aunque es obvio que cuanto se plantee en Rio+20 debe asumir las propuestas y reflexiones que emanen de los niveles locales y de los procesos de vertebración socio-cultural que en ellos se fragüen.  

Hacia una profunda transformación de la estructura municipal en España: un proceso de gran trascendencia para la ordenación territorial

Un pequeño municipio: Valmala (Burgos)

La dimensión de la crisis económico-financiera en la que está sumida la mayor parte de los países de la eurozona no sólo provoca la adopción de medidas que, en aras de la disminución del déficit y de la deuda, está ocasionando un debilitamiento frenético e  imparable del sector público (con enormes y posiblemente irreversibles costes sociales), sino que al tiempo sirve como pretexto justificativo para el despliegue de una ideología decidida a  someter a revisión el modelo de solidaridad vigente y a poner en entredicho las estructuras administrativas del Estado. El debate está abierto y, por lo que se ve, no hay institución ajena a su implacable estimación crítica, con previsiones que anticipan cambios sustanciales, y que probablemente no estarán exentos de conflictos. En principio, nada habría que objetar a la consideración de un enfoque valorativo riguroso sobre los problemas que afectan a la articulación, a la operatividad de su escala  y al funcionamiento de las instituciones, siempre y cuando la finalidad no sea otra que la de mejorar los mecanismos de gestión, evitar las situaciones de costo excesivo, armonizar sus pautas de cooperación y garantizar el mejor servicio a la ciudadanía.

Vientos de ajuste soplan, en efecto,  cuando de readaptar el modelo autonómico se trata, contemplando incluso la devolución de competencias a la Administración Central del Estado; en el punto de mira, y con la pretensión de evitar duplicidades, aparecen las cuestionadas Diputaciones en las Comunidades de carácter pluriprovincial; el proyecto de configurar demarcaciones judiciales mediante agrupación de juzgados marca una nueva senda en la administración territorial de la justicia; y, como no podía ser de otro modo, la aplicación del escalpelo afilado amenaza también con modificar a fondo la prolijidad del entramado municipal, que apenas ha experimentado modificaciones en las últimas décadas y al que se atribuyen carencias disfuncionales en virtud de su atomización y del escaso nivel de acomodo que actualmente ofrecen en el contexto de un modelo organizativo de la estructura de gestión local caracterizado por la concentración demográfica y por las exigencias que impone una distribución más eficiente de los recursos para atender la demanda de servicios de acuerdo con los criterios de calidad que precisa la sociedad actual. 

Llegan informaciones de que el Ministerio de Hacienda contempla la reordenación del complejo municipal sobre la base de un umbral mínimo de referencia de 5.000 habitantes, estableciendo así una drástica divisoria por debajo de la cual se sitúan 6.796 ayuntamientos, es decir, el 83,7% de los 8.116 existentes en España. Pasos decididos se están dando en esta dirección, que también prevé la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local y la reordenación de las competencias asignadas a los Ayuntamientos y a las Diputaciones Provinciales. Precisamente en estos términos se plantea la situación de las Entidades Locales en el Programa Nacional de Reformas 2012, donde se indica que "han ido asumiendo a lo largo del tiempo competencias más allá de las establecidas en su normativa reguladora, lo que ha supuesto cargas presupuestarias muy elevadas, sin que estuviera garantizada adecuadamente su financiación. Adicionalmente, el cuadro competencial actual resulta indefinido y confuso, y no garantiza la inexistencia de duplicidades".  Remitido a Bruselas, lo señalado en ese Programa se convierte en compromiso asumido, y no a largo plazo. 

Se trata de un tema decisivo, que sin duda ha de repercutir en la estructuración de la trama sobre la que reposan elementos y decisiones esenciales de las políticas públicas relacionadas con la ordenación del territorio. De momento, me limito a plantear la cuestión, que será desarrollada a medida que el proceso vaya cobrando entidad y se despeje la imprecisión que todavía se percibe en torno a tan importante tema, por más que sean numerosas y frecuentes las voces que denuncian lo que definen como una situación de despilfarro. Así se explica que algunas iniciativas hacen acto de presencia en esa dirección, como es el caso de la planteada por la Asamblea de la Comunidad de Madrid, que establece en 20.000 habitantes la cifra que, en su opinión, un Ayuntamiento debe tener para ser viable. 

No cabe duda de que, contemplado desde la perspectiva de la Comunidad de Castilla y León, en la que 2.189 de sus municipios no alcanzan la cifra de población señalada, la cuestión adquiere niveles de interés y de preocupación que no pueden quedar intelectualmente desatendidos, como lo demuestran los clamores surgidos en sentido contrario desde las esferas del poder regional y provincial.  El panorama a que se abre la región a este respecto puede ser traumático, por más que la simple advertencia de lo que se avecina anticipe que tarde o temprano actuaciones de calado van a tener lugar. 

Avanzando en el conocimiento de los espacios fronterizos

Espacios transfronterizos en la Unión Europea: un mosaico complejo de cooperación interterritorial 

Cuando se puso en marcha la Asociación de Regiones Fronterizas de Europa a comienzos de los setenta todos los argumentos a su favor justificaron la necesidad de otorgar un reconocimiento específico a esos espacios en los que la frontera había marcado rupturas históricas más o menos pronunciadas y que, ya desvaídas en un contexto de paz e integración, podrían aprovechar las posibilidades de escala permitidas por el mejor conocimiento mutuo, por el aprovechamiento de los recursos compartidos y, en general, de las ventajas que derivan de la vecindad contemplada como soporte, potencialmente firme, de estrategias comunes de desarrollo, a ser posible con un horizonte a largo plazo y apoyadas en estructuras estables de cooperación.

La importancia y la difusión de la cooperación transfronteriza se ha convertido en uno de los aspectos esenciales en la Ordenación del Territorio europeo a través de experiencias múltiples que en los últimos años han comenzado a tener resonancia y merecer la atención del mundo latinoamericano. No en vano son el resultado de una dilatada trayectoria que, inicialmente promovida e impulsada con fuerte convicción por el Consejo de Europa, aparece asumida como una de las líneas esenciales de la política de cohesión territorial de la Unión Europea, desde que a finales de los años ochenta del siglo XX, para alcanzar su plena consolidación en la década siguiente,  acomete la organización y el respaldo financiero de  programas específicamente orientados en esta dirección (RECITE y TERRA) y aborda, mediante la iniciativa comunitaria INTERREG (A), un ambicioso plan de actuación que se prolonga sin solución de continuidad hasta 2006 para cobrar específica carta de naturaleza en el Objetivo “Cooperación Territorial” a partir del periodo de programación 2007-2013, y que a su vez coincide con la aprobación de una figura – las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial - que ha de ser clave en el futuro como plataforma jurídica en la que apoyar el desarrollo de los programas.

Proyecto de Siega Verde: protección ambiental y patrimonial  en el Valle del Águeda (Salamanca)

El balance que pudiera hacerse de la dilatada ejecutoria de los programas operativos  y de los proyectos auspiciados en este sentido merece una valoración dispar y seguramente en numerosas ocasiones la autocrítica se impone como actitud obligada. Mas tampoco cabe duda de que, cuando se recorre el territorio no son pocas las manifestaciones que evidencian cambios significativos en el panorama global, fundamentalmente asociados a la mejora de las infraestructuras, la dotación de equipamientos públicos, el apoyo a las relaciones interempresariales con fines estratégicos, la rehabilitación y protección del patrimonio y la salvaguarda de los valores ambientales. Sin duda los problemas que aún subsisten son tan numerosos como complicadas las soluciones que pudieran plantearse para su corrección, aunque también es verdad que el conocimiento y valoración de  la experiencia acumulada ayuda mucho cuando se trata de entender la pluralidad de matices que ofrece la cooperación transfronteriza, muy mediatizada obviamente por las características del entorno donde se lleva a cabo, la capacidad de iniciativa desplegada, la calidad y envergadura de los proyectos, la movilización social que los respalda y la solidez del liderazgo en el que se sustentan.

Dentro de el amplio y heterogéneo elenco de escenarios donde puede apreciarse la realidad ofrecida por los espacios transfronterizos particular interés presentan los espacios situados a ambos lados de la frontera hispano-portuguesa, posiblemente una de las más críticas del territorio integrado europeo. Visitarla, conocerla de cerca, estudiarla, interpretarla y efectuar las aportaciones que contribuyan a hacer de ella un espacio de relación, buena vecindad y oportunidades son empeños acreditados por los Departamentos de Geografía de las Universidades de Castilla y León desde hace mucho tiempo. Los trabajos de las Universidades de Salamanca y de  León constituyen obras de referencia a las que hay que acudir necesariamente para encontrar luz y rigor en un panorama bibliográfico bastante heteróclito.

Desde el Departamento de Geografía de la Universidad de Valladolid también se ha considerado oportuno asumir lo que estos espacios significan como documentos visuales de primera importancia para la formación de los alumnos. Si, en efecto y evocando a Antonio Machado, sólo es posible hacer camino al andar, nada mejor que poner a su disposición los elementos que lo hagan posible. Con este fin se han concebido dos visitas que acercan a sendos ámbitos de estudio con afinidades entre sí pero también con diferencias marcadas. En ello estriba precisamente la expresividad de estos espacios, repletos de matices en un entorno de coherencias y desafíos bien definidas. 

Profesores y alumnos del 3º Curso del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio (Universidad de Valladolid) en el mirador de Sapinha. Parque Natural do Douro Internacional 

De un lado, la visita al valle del río Águeda ayuda a entender el significado integrador que proporciona una cuenca vertiente bien definida, con centro funcional en Ciudad Rodrigo y con elementos naturales de gran interés, cuyo análisis se plantea desde la perspectiva del tratamiento sostenible de los recursos, conforme a los objetivos y la metodología del proyecto que, en el marco del Programa Operativo de Cooperación España-Portugal, presentó a nuestros profesores y alumnos del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio el Dr. Roberto Martínez-Alegría, profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (Valladolid) y que se lleva a cabo en colaboración con el Instituto Politécnico de Castelo Branco.

Profesores y alumnos de Primero del Grado de Historia (Universidad de Valladolid) en la sede de la Fundación Rei Afonso Henriques (Zamora) 

Y, de otro, no hay que dudar del valor formativo que para los alumnos que inician el Grado de Historia tiene el conocimiento directo de esta realidad mediante la visita efectuada a la Fundación Rei Afonso Henriques, que desde 1994 acoge en Zamora las diversas manifestaciones de que es susceptible la relación académica, científica, empresarial y cultural entre Portugal y España, para tomar finalmente contacto con lo que representa la integración europea y el respaldo a las iniciativas transfronterizas plasmadas en la Agrupación Europeade Cooperación Territorial Duero-Douro, con sede en la villa salmantina de Trabanca.

Valiosas aportaciones de los estudiantes de Geografía latinoamericanos

Revista Latinoamericana de Estudiantes de Geografía 

“La propuesta de construir una revista simboliza una apuesta sensata por la inclusión, el debate y la integración de realidades disímiles, particulares y heterogéneas que son el resultado de la compleja especialización característica de nuestro continente.

Éstas deben convertirse en el eje articulador que establezca las directrices desde las cuales nuestra disciplina debe actuar con verdadero compromiso social. Además, el intercambio de experiencias en torno a un proyecto común es una excelente oportunidad para establecer un diálogo con otros, que, desde su diversas y complejas posturas, enriquecen el trabajo geográfico en tanto se constituye como una experiencia formativa para todos”.

También en Facebook

Reflexiones de un geógrafo en torno a Vitoria-Gasteiz, Green Capital 2012

Más allá del galardón o del respaldo acreditado que pueda darse a una ciudad para distinguir los méritos realizados para conseguirlo, el hecho brinda una oportunidad a la reflexión, a la clarificación y, si llega el caso, al debate. Nunca  se debe dar un tema por cerrado, por más que ofrezca indicios o pruebas evidentes de que el panorama ofrecido resulta satisfactorio en un momento determinado. La visión  crítica del geógrafo debe estar presente siempre ante el espacio que se expande ante su mirada, entre otras razones porque entiende que los procesos territoriales propenden  a la generación de tensiones y no están exentos, por tanto, de carencias o problemas que deben ser analizados con el debido rigor y, a ser posible, corregidos con la suficiente voluntad política y la necesaria sensibilidad territorial.

De ahí el interés que tiene la apertura de un campo de análisis y reflexiones sobre la experiencia de la ciudad española de Vitoria-Gasteiz, que,  entre otras funciones, desempeña la de acoger la sede del Gobierno del País Vasco, y que ha sido  reconocida como Ciudad Verde Europea 2012, amén de ofrecer un panorama urbano y urbanístico positivamente valorado dentro de la categoría de las ciudades medias. Las ideas que al respecto vierte el Dr. Ruiz Urrestarazu, Catedrático de Geografía en la Universidad pública vasca,  en el espacio creado con este fin por un medio de comunicación muy enraizado en esa tierra, son dignas de tenerse en cuenta tanto como aportación al conocimiento de aspectos interesantes de las realidades urbanas contemporáneas como desde la perspectiva de lo que supone esa experiencia concreta en el ámbito territorial en que se inserta.

Conflictos en torno a los impactos ambientales de las infraestructuras: los aprovechamientos hidroeléctricos en la Patagonia chilena

Impactos ambientales de extraordinaria magnitud y gravedad van a afectar en muy poco tiempo a los paisajes y a la calidad ecológica del profundo sur del mundo. Es un problema que nos compete y ante el que debemos mostrar nuestra opinión, por más que los espacios afectados nos resulten remotos. En este mundo de interdependencias múltiples, no ha lugar a la ignorancia, al desdén o a la actitud irresponsable ante sucesos que nos conmocionan por su trascendencia. No importa dónde se encuentren, pues siempre nos serán próximos.

¿Cómo permanecer indiferentes a lo que el gobierno chileno perpreta en el extremo meridional del país, en el territorio que se identifica con el territorio de la Patagonia - concretamente en sectores correspondientes a las Regiones X (Los Lagos) y XI (Aysén) - , donde se han labrado algunos de los espacios naturales más bellos y espectaculares de la Tierra? Bien sabemos, porque la experiencia es harto ilustrativa, hasta qué punto las áreas de montañas son vulnerables a las intervenciones que sobre ellas se ejercen para aprovechar sus recursos, provocar amenazas que distorsionan los elementos en los que se basa la calidad y diversidad de sus ecosistemas o construir infraestructuras que alteran las características y equilibrios legados por la evolución natural.

Confluencia de los ríos Baker y Chacabuco en Cochrane, región de Aysén (AP/Jorge Uzon)

Tan numerosas son, por desgracia, las manifestaciones que reiteradamente nos ponen en evidencia el alcance de estos riesgos inherentes a la utilización de los espacios ambientalmente valiosos como abundantes, e interesantísimos, los testimonios que avalan la singularidad de los paisajes que configuran ese entramado de altitudes, tipos de relieve, modelado y formas de vida existentes en el extremo meridional de ese gran país, Chile, donde se dan, por su disposición en latitud, todos los climas del mundo.

La autorización al grupo HydroAisén, mayoritariamente participado por la firma española ENDESA, de construir en esta área cinco grandes centrales hidroeléctricas, con una potencia instalada total de 2.750 megawatios, que provocarán la inundación de 6.000 Has. y la afectación de un total de 25.000 como consecuencia de las operaciones llevadas a cabo, no es nueva. Gravita desde hace mucho tiempo como una iniciativa plenamente en el ámbito de la decisión pública, que finalmente acuerda acometerla a mediados de 2011, abriendo a partir de entonces un proceso que avanza en esa dirección, aunque no exento de irregularidades, alentado por las perspectivas creadas en el mercado de la energía eléctrica en el Cono sur americano, donde tiende a configurarse una estrategia de integración energética de gran alcance, en la que el gobierno chileno no quiere permanecer ausente.

Como era inevitable, un clima de fuerte contestación emana de un sector relevante de la sociedad chilena y de quienes en la comunidad internacional consideran que ese proyecto constituye una aberración ecológica, un desastre ambiental de enorme gravedad. Según los análisis de impacto efectuados, la construcción de estas obras afectaría a 6 parques nacionales, 11 reservas nacionales, 26 sitios prioritarios de conservación, 16 humedades y 32 áreas protegidas privadas. En ese contexto las tensiones no cesan de aumentar, a medida que se cuestiona el acuerdo de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA), de respaldar el proyecto minimizando la intensidad de sus impactos, y cuyo informe ha sido avalado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, al rechazar los recursos de impugnación presentados por las organizaciones sociales opuestas al proyecto de HydroAisén. Con todo, también existe, en el fragor del debate, posiciones claramente defensoras de la actuación, que en su mayor parte – así lo he detectado a través del seguimiento de la prensa chilena – proceden de individuos y grupos de la capital, de Santiago, que, a 1.600 Kilómetros del espacio amenazado y afectado, quizá ven los riesgos matizados por la lejanía mientras permanecen convencidos de que han de primar más las ventajas obtenidas que las pérdidas ocasionadas. Su actitud no eclipsa, sin embargo, la de los chilenos que desde Santiago y todo el país cuestionan firmemente la iniciativa.

Es un clamor que también ha llegado a España, donde la opinión pública testimonia también su preocupación al respecto. El 11 de abril de 2012 se ha publicado una carta al director en la prensa española (Diario El Pais) que expresa bastante bien el sentido del malestar creado. Vale la pena leerla:

Hay ocasiones singulares y excepcionales, en las que el valor y la sostenibilidad de un lugar pasan por no tocarlo. Porque científica, técnica y simbólicamente modificarlo implicaría la pérdida definitiva e insustituible de un enorme patrimonio de todos.

Es la que tendrá lugar si Endesa y sus filiales siguen adelante con su proyecto hidroeléctrico en la Patagonia chilena. Un proyecto obsoleto, implanteable hoy en Europa, que no se ha molestado en estudiar alternativas, e ineficaz para su propio objetivo de abastecimiento energético a corto plazo. Los ríos Baker y Pascua —a los que afectaría— son dos de los últimos 30 grandes ríos que quedan en el mundo no regulados por infraestructuras humanas. Son, por lo tanto, ejemplos en peligro extremo de extinción. Sus cuencas se extienden por parques y reservas en una región en gran parte virgen e inexplorada, con algunos de los ecosistemas y paisajes mejor conservados del planeta. Cinco mega-centrales que aniquilarán el carácter prístino de los ríos y destruirán el hábitat del huemul (el ciervo más amenazado de América), acompañadas de miles de kilómetros de tendidos de alta tensión que alterarán decenas de espacios naturales protegidos no son dignas de una sociedad avanzada, ni pueden denominarse desarrollo sostenible.

Si Endesa insiste en este camino, dañará para siempre la Patagonia, y será culpable de algo más grave que el delito ecológico. Habrá contribuido a degradar la condición humana. Eduardo Crespo de Nogueira y Greer. Galapagar. Madrid

El proyecto de Vegas Sand en España: ¿Hacia un modelo de país-casino, hacia la creación de nuevo paraíso fiscal o hacia otra iniciativa ilusoria más?

La iniciativa de localizar en España un macrocomplejo de ocio promovido por el empresario norteamericano Sheldon Adelson no puede permanecer ajena al debate que lógicamente provoca una operación que, al menos por lo que se sabe hasta ahora, presenta una gran magnitud en todos sus aspectos, incluyendo obviamente la territorial. Los datos con que se ofrece son, en efecto, espectaculares: por lo que se dice en la prensa, vendría asociada a una inversión de 18.000 millones de euros y a la creación de cerca de 200.000 puestos de trabajo. Son las cifras que insistentemente marcan el frontispicio publicitario de la propuesta, que de entrada provoca un señuelo poderosísimo al que resulta muy difícil sustraerse. Algo así como el maná tan deseado en estos tiempos de crisis galopante, en los que la simple expectativa de ver nacer un nuevo empleo se antepone a cualquier otra consideración.

Mas no se trata de un proyecto creador de valor añadido, de mejora de la innovación, de transformación cualitativa del sistema de producción, es decir, de aquellos elementos y factores que sustentan un modelo de desarrollo consistente, capaz de fortalecer la posición competitiva en el mundo del espacio donde se ubica. Nada de eso. Es un complejo de servicios a lo grande, un eslabón más de esa cadena de organizaciones dedicadas al consumo de bienes efímeros en torno a la economía del ocio intensivo, donde el capital fluye incesantemente para nutrir el mismo tipo de estructura que el grupo en cuestión ha puesto en marcha en Las Vegas, Bethlehem, Macao y Singapur, tres enclaves característicos del capitalismo incontrolado; un modo de entender la actuación en el territorio al margen a cualquier tipo de prejuicio, consumidor pavoroso de suelo, agua y energía, y que ahora se brinda a España para que el país del sol, de la buena mesa y de la permisividad asegurada - acomodaticia a favor de los particulares intereses que lo promueven - se incorpore a esa red vertebrada por la única lógica que deriva de la economía de casino, con todas las connotaciones y efectos, cuando menos sospechosos, que ello implica. No otra ha de ser la finalidad de la infraestructura creada, en cuyo inventario se alude a la instalación de seis casinos (con 1.065 mesas y 18.000 máquinas recreativas), una docena de hoteles, cuatro campos de golf, varios teatros.... En fin, algo sobrecogedor, al menos en teoría, pues su materialización económico-espacial aún permanece en nebulosa.

Y es que no son pocos ni irrelevantes los requisitos o contrapartidas que se han de satisfacer para que esa idea se concrete, ya que, dada su trascendencia, no puede quedar al albur de la disposición que en sentido favorable pueda mostrar una Comunidad Autónoma o un Ayuntamiento. Ha de ser un tema de Estado, sujeto a los mecanismos de vigilancia que eviten situaciones de excepción y precedentes perjudiciales en la regulación de un sistema territorial integrado. Todo permanece aún en la oscuridad que impone la prevalencia de la voluntad del magnate, ante la que, por lo que se ve, el poder político muestra una pleitesía que roza la vergüenza ajena. Sin embargo, más allá de la supeditación que parece mostrar éste hacia aquél, lo cierto es que las líneas rojas que marcan no pueden ser pasadas por alto: costosas obras de infraestructura previas, exenciones fiscales y de cuotas (durante dos años) a la Seguridad Social , concesión gratuita de terrenos, modificaciones legislativas de gran calado, con incidencia sobre la Ley de Extranjería y la legislación laboral, entre otros aspectos que contravienen la ley.

Todo ello otorga a la operación un status de excepcionalidad, más en consonancia con las características de los enclaves desregulados donde funciona en Asia que con las propias de un entorno ajustado a las normas propias de un Estado integrador en Europa. De ahí las cautelas con que los técnicos de Hacienda contemplan la iniciativa, a la que asocian con un potencial foco de blanqueo de capitales, como consecuencia de la “isla fiscal” que el tratamiento concedido acabaría configurando.

En cualquier caso, numerosas incógnitas se ciernen sobre el proyecto, que de momento su promotor ha desestimado ubicar en Barcelona dadas las limitaciones que la normativa aplicada al área prevista introducía para la construcción de edificios de gran altura. La mirada se cierne ahora sobre Madrid, cuyo Gobierno regional se deshace en elogios mientras abriga expectativas que le llevan a aceptar todo tipo de servidumbres y transgresiones de la norma con tal de satisfacer las apetencias de Mr. Adelson y de quienes le secundan. En estas condiciones - y mientras nos llegan informaciones sobre los problemas y las críticas a las que se enfrenta el modelo en su ámbito de origen - es necesario desplegar un debate sobre la cuestión, que, entre otros foros, ya está iniciado, con el espíritu crítico que le caracteriza, en el blog de Stepien y Barno.

La Ordenación del Territorio en Angola: un baluarte de la cooperación portuguesa en Africa

Bien poco se conoce de las estrategias de ordenación y desarrollo territorial desplegadas en el continente africano. El sesgo académico a favor del estudio e interpretación de lo que desde esa perspectiva sucede en Europa y en América Latina ha relegado a un segundo plano una realidad nutrida de experiencias que no conviene pasar por alto. Y ello por dos razones que considero justificadas: porque amplía el horizonte de las políticas concebidas en este sentido, lo que contribuye a enriquecer el panorama tanto en función de los hechos analizados en concreto como de la estimación comparativa que, a mayor escala, pudiera hacerse; y porque aporta dimensiones muy interesantes a la hora de valorar las características del contexto en que se produce, los factores que lo motivan y los condicionamientos a que se enfrenta.

De ahí la atención que sin duda suscita la importancia que se concede a la Ordenación del Territorio en el marco de los programas de cooperación establecidos entre Portugal y Angola, ese inmenso país del África austral que fue colonia portuguesa durante siglos hasta acceder a la independencia – tras una guerra dilatada con la metrópoli – en 1975, tras la cual se inició una atroz guerra civil que no concluyó hasta 2002.

En la actualidad Angola se ha convertido en una tierra de promisión para un sector importante de la sociedad portuguesa que, lacerado por la crisis y por los efectos de la intervención a que su economía está sometida, vuelve la mirada hacia la antigua posesión ultramarina, a la búsqueda de unas posibilidades de vida que no encuentra en el país ibérico. No sorprende, por tanto, ese empeño de Portugal por afianzar los vínculos que le unen con Angola, por más que, en realidad, respondan más a evocaciones de carácter histórico-cultural que propiamente económicas, máxime cuando todas las comprobaciones abundan a favor de la fortísima presencia alcanzada por China en Angola, que en muy pocos años se ha convertido en una de sus principales plataformas de afianzamiento en África.


Por esa razón tiene interés, a mi juicio, el marco de perspectivas que pudiera abrirse a raíz del desarrollo del protocolo de colaboración en materia de iniciativas e inversiones relacionadas con la Ordenación del Territorio, formalizado en 2010 y que dos años después, en marzo de 2012, se reactiva, con el propósito de mantener vivo el empeño a favor de una relación que los portugueses no quieren ver desvaída. A nadie se le oculta que dicha estrategia no es ajena al escenario de oportunidades susceptibles de abrirse a medida que adquieran concreción práctica y material los objetivos contemplados en el programa “Angola 2025”, concebido como un ambicioso Plan Estratégica referido al conjunto del Estado, en el que, como no podía ser de otro modo, se preven importantes operaciones de transformación espacial, entre las que se contempla la creación de nuevas ciudades, la recuperación de espacios de interés histórico, la protección de áreas ecológicamente sensibles y, por supuesto, la construcción de infraestructuras de toda índole.

Visto de este modo, asistimos a la configuración de un panorama muy ilustrativo desde el punto de vista geográfico sobre el alcance de la cooperación entre Europa y Africa, fielmente ejemplificado por la proyección portuguesa, interesada en hacer de la “Ordenación del Territorio” un argumento de afianzamiento en un país al que le unen fuertes vínculos históricos y que actualmente se ha convertido en uno de los cauces neutralizadores de la fuerte crisis en que aparece sumida la nación que siempre hizo de Africa la expresión de sus deseos para dejar de ser considerado “um pais pequeno”.

Argumentos en torno a la vivienda: un derecho constitucional vulnerado y un gravísimo problema socio-territorial

Tantas veces se ha esgrimido el derecho a la vivienda como uno de los principios en los que ha de basarse una sociedad justa y solidaria que a veces da la impresión de haberse convertido más en tópico que en un objetivo asumido con la suficiente voluntad para llevarlo a cabo.

Sin embargo, nunca estará de más evocar el Artículo 47 de la Constitución Española, que resulta contundente e inequívoco cuando señala que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

Leer este texto desde la perspectiva que aporta la experiencia y el conocimiento de cómo han ido los hechos en la realidad conduce a la rabia y a un enorme sentimiento de decepción. Posiblemente sea éste uno de los aspectos más vulnerados del texto constitucional, ya que, si se exceptúan las leyes de vivienda protegida, brillan por su ausencia las normas decididamente orientadas a salvaguardar el cumplimiento de este derecho mediante la puesta en práctica de los mecanismos legales que lo hagan posible.

Por el contrario, aparece como un sector desbocado, pieza codiciada de los intereses más espurios y cortoplacistas, expresión elocuente de la resistencia a introducir regulaciones específicas capaces de poner freno a los afanes especulativos y de introducir la regulación necesaria en la evolución de los precios, motivo al que se atribuye la responsabilidad esencial en la expansión imparable de la corrupción, en el despliegue de ingentes cantidades de dinero elusivo fiscalmente y en el aumento escalofriante de la deuda privada, en la que a su vez radica una parte sustancial de la crisis del sistema financiero, que tantos sacrificios está costando a la sociedad española.

Ante este incumplimiento flagrante de un derecho constitucional, que al tiempo ha provocado impactos gravísimos e irreversibles en el territorio - hasta identificarlo como la manifestación más patente del escándalo generalizado – no es posible permanecer indiferentes a lo que ello significa geográfica y socialmente ni eludir la crítica, suficientemente justificada. No es tampoco baldío el tiempo ocupado en valorar el sentido de las reflexiones sobre lo que representa o puede representar la vivienda como elemento primordial en la vida del ser humano y en el desarrollo de su capacidad de relación y de convivencia.

¿Qué futuro espera a las costas españolas?

El debate suscitado en torno al modelo de ocupación del litoral español ha estado omnipresente en la vida política e intelectual española mucho antes de que fuese promulgada la Ley de Costas en 1988, diez años después de que la Constitución, en su artículo 132, otorgara al litoral la condición de servicio público. Se trató de una ley tardía, acometida cuando ya el espacio que lame el mar había sufrido una de las mayores alteraciones estéticas y medioambientales de cuantas se conocen en Europa. Con todo, y puesto que el consuelo del “más vale tarde que nunca” suele reconfortar como paliativo de las amenazas que se ciernen en su ausencia, la Ley introdujo medidas que hacían pensar que, al fin, la voluntad de preservación de la calidad paisajística de la costa iba a prevalecer sobre los desmanes e incurias que crónicamente se habían ejercido sobre ella.

La Ley obligó a delimitar las áreas consideradas como dominio público, prohibió que se llevasen a cabo operaciones edificatorias, si bien, y en función de los perjuicios que pudiera ocasionar a terceros, autorizó el mantenimiento de las construcciones anteriores a la norma, asignándolas la condición de concesiones estatales durante un plazo de treinta años – susceptibles de prórroga hasta los sesenta – tras los cuales se procedería a su eliminación. La aplicación de la Ley ha sido azarosa y, como era de esperar, muy controvertida: en torno a ella se han generado un sinfín de pleitos, en los que la razón se ha decantado mayoritariamente a favor de la Administración, el tribunal Constitucional la respaldó frente al recurso presentado y, en medio de no pocas interrupciones, se ha realizado ya más del 90 % del deslinde previsto. Las aportaciones efectuadas por el Dr. José Torres Alfosea, profesor de Geografía de la Universidad de Alicante, son muy esclarecedoras sobre la evolución de la normativa relacionada con la ordenación de la costa en España y sobre las manifestaciones que derivan de la aplicación de la Ley ahora cuestionada. Su consulta es obligada si se quiere profundizar en el tema.

Todo se inscribe en un proceso jalonado de numerosas tensiones y denunciado en sus aspectos más críticos por los informes que han puesto en evidencia la gravedad de las operaciones, efectivas o programadas, que han continuado deteriorando uno de los principales elementos del patrimonio natural español. Un valor que es al tiempo factor de identificación del grado de sensibilidad de una sociedad hacia sus espacios litorales. Son varias las alusiones recogidas en este blog al respecto.

No parecen correr buenos tiempos para el futuro de las costas españolas, expuestas a una amenaza permanente que ha hecho de la Ley un documento muy vulnerable. Si las declaraciones en este sentido del responsable de Medio Ambiente en el gobierno que ha comenzado su andadura a finales de 2011 son reveladoras de hasta qué punto la dialéctica entre conservación y desarrollo se modifica sin escrúpulos a favor de una ruptura de los equilibrios y prevenciones con que ha de ser contemplada, el entendimiento de la Ley más como un obstáculo que como una cautela en pro de la preservación de un bien valioso y público hace presagiar un drástico cambio de rumbo que redundará aún más en la devastación urbanística de la costa. Más aún, si, como se ha dicho, es “una buena ley mal aplicada”, resulta preocupante esa “profunda reforma” que se preconiza desde el gobierno del Estado, que en esta ocasión esgrime la situación de crisis como argumento justificativo de la presión inmobiliaria sobre el litoral reproduciendo el modelo que antaño se justificaba por las posibilidades de un contexto diferente, en el que el mercado imponía su ley para orientar una oferta en el sentido más especulativo y desaforado que imaginarse pueda. En ambas ocasiones la interfaz territorial que se configura entre el mar y la superficie emergida se ha llevado, se lleva, y se va a llevar, la peor parte. Con todo, convendrá seguir de cerca las actuaciones planificadoras que se están llevando a cabo en el litoral español, y en ocasiones con gran diligencia normativa, como se refleja en la aprobación a comienzos de abril de 2012 de tres Planes de Ordenación litoral en Andalucía correspondientes a las provincias de Cadiz, Almería y Granada.

En defensa del patrimonio arqueológico: los restos históricos amenazados en el entorno de La Antigua (Valladolid)

La Universidad de Valladolid apoya la conservación de los restos arqueológicos

Conocidas son en España las movilizaciones ciudadanas contra los intentos municipales de construir aparcamientos de automóviles en áreas con importantes restos arqueológicos. La centralidad de estos espacios, unida al interés comercial e inmobiliario de la operación, lleva a veces a los Ayuntamientos a primar este tipo de usos a costa de la preservación de manifestaciones artísticas de reconocida relevancia en la historia de las ciudades.

No sorprende, por tanto, que ante el riesgo que pone en peligro la salvaguarda de esos bienes patrimoniales, que forman parte consustancial de la personalidad de la ciudad, la reacción ciudadana se convierta en la postura colectiva más habitual para ponerlo freno. La experiencia revela que actuaciones de esta naturaleza, expresivas de la firme posición cívica frente a la destrucción irreversible del bien cultural, suelen ser tan consistentes como efectivas. En realidad, son actuaciones que no hacen sino denunciar la flagrante contravención de estas medidas con lo que las Leyes defensoras del patrimonio histórico-artístico establecen y las normas internacionales tratan de promover.

A finales de 2009, el gobierno de la Región de Murcia decidió anular el proyecto de construcción de una obra con ese fin en el espacio ocupado por las ruinas árabes en el jardín de San Esteban. Y aún permanece vivo el recuerdo de la decisión adoptada por el Ayuntamiento salmantino de no llevar a cabo la realización del parking previsto en la Plaza de los Bandos, ante la amenaza, planteada por ICOMOS, de retirar, en caso contrario, el reconocimiento de Salamanca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, otorgado en 1988.

Localización del yacimiento (fotografía de A. Quintero, El Norte de Castilla, 26.2.2012)

¿Qué ocurrirá en el caso de Valladolid, donde ha surgido el mismo problema, idéntico conflicto, pareja reacción? Desde hace tiempo una amenaza muy grave se cierne sobre la conservación del patrimonio arqueológico localizado junto a la iglesia de Santa María de la Antigua en Valladolid. En un entorno de gran calidad artística, el Ayuntamiento ha proyectado un aparcamiento de cuatro plantas que afectarían por completo a los restos arquitectónicos allí descubiertos, en los que coexisten testimonios de la época romana con restos medievales y elementos de construcciones del siglo XVIII. La lucha llevada a cabo por la Federación de Asociaciones Vecinales, por Ecologistas en Acción, y por expertos de la Universidad de Valladolid (por acuerdo unánime del Departamento de Arqueología) no ha sido suficiente para impedir este expolio, incomprensiblemente respaldado por la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León.

Manifestación en defensa del patrimonio de la Plaza de la Antigua (28 enero 2012)

Con todo, ello no ha impedido la celebración de actos de denuncia de las actuaciones municipales en este sentido y de apoyo a la construcción en ese lugar de un Parque Arqueológico alternativo al aparcamiento previsto. El recurso ante la decisión municipal también ha surtido efecto, ya que la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ha abierto diligencias de investigación penal contra el Ayuntamiento de Valladolid y las Comisiones de Patrimonio Cultural de Castilla y León y de Prevención Ambiental de la ciudad, ante la posibilidad de que hayan podido incurrir en la comisión de un delito contra el patrimonio histórico, según establece la Ley, ya se trata de la de Patrimonio Histórico Español, cuyo Art. 1.1. dispone que “son objeto de la presente Ley la protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español”, o del propio Código Penal, donde figura un capítulo específico dedicado a la protección del patrimonio histórico (Libro II, Titulo XVI, Capítulo II), y al que asimismo se hace referencia explícita en los Arts. 321 a 324.

Al fin,el 13 de noviembre, el tema ha quedado zanjado. Y lo ha hecho de acuerdo con los fines pretendidos por una ciudadanía activa, una ciudadanía sensible y preocupada por su patrimonio, aquella que se rebela contra la arbitrariedad y la especulación efectuada a costa de lo que es un bien de todos. Ha sido una batalla larga, dura, aunque muy bien llevada por la Federación Vecinal Valladolid y por los grupos defensores del patrimonio histórico amenazado. Tras la sentencia del TSJ de Castilla y León por la que se suspende la segunda modificación del PGOU presentada por el Ayuntamiento para construir un aparcamiento cuyo impacto hubiera sido brutal e irreversible en un espacio de gran valor histórico-arquitectónico, el alcalde de la ciudad no ha tenido más remedio que rendirse a la evidencia...y a la ley. 

http://www.20minutos.es/noticia/1645075/0/

Lo ha dicho esta tarde por la radio; lacónicamente, pero lo ha dicho: "acato la sentencia, el parking no se construirá porque la crisis no lo permite y el entorno será adecentado". Es cierto que utiliza la crisis como coartada para salvar la cara y que el proyecto de recuperar los restos arqueológicos para darlos a conocer ni se lo plantea, pero lo importante es que la obra destructora que se preveía no se va a llevar a cabo. El tiempo juega ahora a favor del sentido común. Enhorabuena a cuantos han luchado para que la sensibilidad prevaleciera sobre la especulación, la racionalidad sobre la barbarie, el bien colectivo sobre el uso interesado y lucrativo de unos pocos.

Quizás también le interese:

Abrir la Custodia del Territorio a la colaboración ciudadana

La participación en actividades relacionadas con el conocimiento del territorio y la defensa de la calidad de sus valores ambientales y patrimoniales se ha convertido en una tarea que trasciende de la mera curiosidad científico-cultural para convertirse en una iniciativa plena de compromiso cívico. De ahí la importancia merecida por los proyectos que tienen que ver directamente con la salvaguarda de los elementos territorialmente más valiosos.

Me limito en esta ocasión a hacerme eco de la información recientemente recibida de uno de los responsables de la Plataforma de Custodia del Territorio - una iniciativa de la Fundación Biodiversidad - a propósito de la ejecución del programa LANDLIFE, dirigido por la Red Catalana y cuya finalidad consiste en difundir en Europa el conocimiento de la “custodia del territorio y de su utilidad como herramienta de conservación”, a fin de lograr una implicación directa de la ciudadanía, de los propietarios del suelo y de las organizaciones empeñadas en defender la conservación de la naturaleza y de los bienes que la significan.

Se trata, en otras palabras, de impulsar la motivación social en un aspecto tan sensible, en cuya defensa todas las voces son pocas. De ahí le conveniencia de no desaprovechar la oportunidad que brinda la respuesta del cuestionario abierto (hasta el día 17 de febrero) y con el que se trata de implicar a la ciudadanía en la mejora del conocimiento y el estado de desarrollo de la custodia del territorio en Europa. Y, aunque no es una iniciativa muy arraigada en España, no se debe pasar por alto, y precisamente por ello, aquéllas que revelan la sensibilidad de quienes las llevan a cabo y sus efectos, de lo que bien puede ser ejemplo la acometida en el municipio extremeño de Almendralejo.

Cuando los problemas territoriales de las pequeñas escalas se convierten en globales

.

Si las tecnologías de la comunicación han diluido los efectos entorpecedores de la distancia, las posibilidades de expandir espacialmente los debates que tienen lugar ocasionalmente en las pequeñas escalas permiten que éstas, y los problemas que las aquejan, sean divulgados y conocidos sin restricciones. Cuando una pequeña emisora, emprendida con esfuerzo, calidad y mucha voluntad, aprovecha Internet para difundir los hechos que preocupan a los ciudadanos que residen en su entorno, ese escenario y lo que sobre él se dice y se discute cobran una proyección insólita que en cierta medida contribuye a enriquecer también el debate global. En esa interrelación informativa de escalas diferentes reside sin duda una de las perspectivas más interesantes para hacer uso de la experiencia comparada y afianzarse en el convencimiento de que los problemas geográficamente lejanos nos son cada vez más próximos. También la experiencia personal me lleva a reafirmarme en esa idea.

De izquierda a derecha: Joaquin Robledo, Rosi Casares (periodistas), Julio López (Unión de Pequeños Agricultores), Fernando Manero (geógrafo), Nunilo Gato (alcalde de Tiedra, Valladolid)

Recientemente he participado en un debate sobre estos temas, a invitación de los responsables de una pequeña pero muy activa emisora –radiocastillayleon.com - radicada en Valladolid, y que acepté gustosamente al brindarme la posibilidad de compartir un momento de debate con dos personas representativas, por conocedoras y combativas, de un mundo en crisis: el máximo responsable de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Castilla y León y el alcalde de Tiedra, un pequeño municipio de la provincia de Valladolid. Sus nombres: Julio López y Nunilo Gato, respectivamente. Gentes curtidas en la experiencia del mundo agrario y del rural profundo. Conocedores a fondo de una realidad socio-económica y territorialmente problemática como es la región de Castilla y León, sus reflexiones son de gran ayuda para entender la visión de quienes se encuentran “al pie del cañón”. Modestamente, y con el solo afán de aprender, compartí con ambos un rato de conversación, moderada por Joaquín Robledo (Premio Francisco de Cossío de Periodismo) y en compañía de Rosi Casares en la producción, y que no desearía quedase reducido a las estrechas paredes de una pequeña sala, pues, aun siendo pequeña, también forma parte, y merecidamente, de lo global.

Las intervenciones están recogidas en el siguiente enlace:

Debate sobre territorio, población, desarrollo y mundo rural en Castilla y León

Una aportación significativa al conocimiento de Castilla y León

Profundizar en el conocimiento del territorio para interpretarlo mejor y contribuir así a su correcta ordenación y buen gobierno. Tal es el objetivo que ha animado a un grupo de profesores de Geografía y Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid a realizar un esfuerzo de análisis, coherente y actualizado, de ideas y de contenidos sobre la realidad demográfica, económica y territorial de la región más extensa de la Unión Europea, caracterizada a su vez por rasgos y tendencias que revelan la dimensión de los contrastes y condicionamientos propios de este tipo de escenarios.

Sustentado el trabajo - Población y Poblamiento en Castilla y León - en una valiosa aportación documental, gráfica y cartográfica, ha sido coordinado por José María Delgado Urrecho, del Departamento de Geografía de la citada Universidad, a instancias del Consejo Económico y Social de Castilla y León, lo que revela el propósito del estudio de convertirse, más allá de su relevancia científica y del espíritu crítico que lo inspira, en un documento de ayuda a la decisión, tanto pública como privada.