Los efectos medioambientales de la crisis

Preocupante situación la del medio ambiente en España. Cuando soplan los vientos de la bonanza económica, la voracidad puede con todo y deja en papel mojado las evaluaciones de impacto que ponen en entredicho las intervenciones de las que se esperan pingües beneficios. Pero, ay, cuando llega la crisis, ¿cómo dificultar un proyecto, por depredador ambientalmente que sea, si viene henchido con el pan bajo el brazo y las prioridades aconsejan postponer aquellos objetivos, por bienintencionados que sean, que las cuestionan? 

Ocurra lo que ocurra, la preservación del paisaje de calidad siempre se ha visto amenazada en nuestro país. La tendencia se agrava más aún cuando los responsables públicos consideran el tema ambiental como una incomodidad con la que no quieren convivir. Tal vez por ignorancia, pero sobre todo porque los intereses en juego apuntan en otro sentido, lo cierto es que la indiferencia prima sobre el interés, el abandono sobre la preocupación, la incuria sobre la sensibilidad. No sorprende, por tanto, que, tras intentar vetar la directiva de Eficiencia Energética de la UE, España haya abandonado el consejo de la Agencia Internacional de Energías Renovables. 

Oportuna ocasión ésta para reflexionar sobre las repercusiones que la crisis está provocando en el territorio, máxime cuando todo apunta al final de una era y al rápido afianzamiento de otra en la que los mecanismos favorables a la equidad y a las solidaridades interterritoriales tienden a quedar arrumbados. Es una vertiente que no debe quedar desatendida en el contexto de los debates que profundizan en el conocimiento de una etapa de cambio integral, de la que ningún aspecto de la vida económica, social y cultural permanece ajeno. Y, por supuesto, no cabe duda de su trascendencia espacial, bien percibida a través de numerosas manifestaciones, detectadas a todas las escalas y con experiencias muy significativas. Baste de momento con llamar la atención, y en sintonía con el motivo que justifica esta entrada,  sobre sus efectos sobre los diferentes aspectos que configuran y estructuran la realidad ambiental, y que bien se recoge en el texto incluido en el portal Ecoticias.  

La crisis y los problemas ambientales 

¿Porqué estudiar Geografía?

Vermeer de Delft: El geógrafo (1668)

Diez razones para estudiar Geografía 

Interesante reflexión, valioso análisis sobre el Paisaje

Autora de una Guía de Buenas Prácticas para la observación del Paisaje Agrario como espacio patrimonial en el occidente peninsular (Ministerio de Medio Ambiente), la arquitecta Esther Prada ha publicado un ínteresante artículo en el blog de José Fariña. La presentación que éste hace del texto, centrado en las comarcas del occidente castellano-leonés, me evita insistir en ideas que comparto plenamente y que además se ven ratificadas con la lectura de las valiosas reflexiones que la autora desarrolla. Y lo hace con la solvencia del científico y la sensibilidad del artista, pues, en efecto, llama la atención el magnífico engarce realizado entre la concepción  del paisaje, cimentada en un riguroso tratamiento metodológico, y la expresión gráfica, tan excelente y cuidadosa que invita al conocimiento in situ del espacio estudiado. 

Es una excelente reflexión que merece ser conocida 

Paisaje, lugar e identidad  (Esther Prada)

¿Venganza de la Geografía o voluntad clarificadora de las transformaciones espaciales?

“La geografía es el factor más poderoso en las relaciones exteriores de los Estados porque es lo más permanente”... “La geografía no desaparece, sino que es más crucial”... Reflexiones de este tipo salpican la obra de Robert D. Kaplan, expresivamente titulada "La venganza de la Geografia". Desde el periodismo viajero, en el que autor ofrece obras muy sólidas, Kaplan hace uso del concepto de "Geografía" para significar el valor y la responsabilidad que le corresponde como disciplina orientada a la interpretación de los procesos espaciales y a los impactos reestructuradores que de ellos se derivan.

Ciencia enraizada en el tiempo, conocimiento sustancial y vertebrador de la Historia, su compañera indisociable, la Geografía sigue siendo la gran ignorada en nuestras sociedades que saben poco del territorio y a menudo lo maltratan, sin percatarse de que ellas y las que las sucedan están unidas a él como la piel al cuerpo. Cuidado,pues, con desconsiderar lo que la Geografía aporta al conocimiento humano, que es mucho y del que se hacen eco los publicistas más sensibles. En esencia, aporta sensibilidad, conciencia del espacio en el que se vive, cultura del territorio que se aprovecha, sabiduría para saberlo interpretar con visión de futuro... ya que la importancia del presente queda mediatizada por la visión que del futuro se tenga a partir del momento en el quedan al descubierto sus problemas, sus posibilidades y sus contradicciones. 

Hacia una nueva Ley de Ordenación del Territorio en Castilla y León

Un nueva Ley de Ordenación del Territorio se acomete el Castilla y León.  

Con la ampulosa denominación de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, su Anteproyecto ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno el día 27 de diciembre de 2012. 

Es un documento que conviene analizar y discutir, dada su importancia y su singularidad. En su análisis, valoración y seguimiento se centrará este blog, abierto al debate y a la reflexión de un tema de gran significación geográfica. 

De entrada llama la atención el hecho de presentarse como una Ley de Ordenación del Territorio sin engarce con la Ley ya aprobada y vigente desde 1998. Se presenta como una norma de nuevo cuño, adanista, sin balance alguno de lo realizado hasta ahora, estrictamente circunscrita a la mera reordenación administrativa de la región, en un intento decidido a favor de la modificación de la estructura municipal existente, cuyas disfunciones trata de hacer frente mediante la creación de 176 unidades básicas de ordenación (15 urbanas y 161 rurales). La finalidad no es otra que la de  adecuar el modelo resultante a las exigencias que impone la pretendida racionalidad en la reasignación de los recursos y en la gestión de los servicios esenciales sobre la base de las diferentes modalidades con que se contempla la reestructuración de la compleja trama constituida por las corporaciones locales  y las formas de integración y cooperación que entre ellas puedan producirse. Todo ello arropado también bajo el argumento del ahorro a que obliga el cumplimiento de los objetivos de déficit y sin olvidar tampoco lo que significa el reforzamiento de las atribuciones asignadas a las Diputaciones a costa de la capacidad competencial de los municipios (especialmente de los de menor tamaño). 

El recurso a figuras ya contempladas en las Leyes administrativas (estatal y autonómica), aunque inéditas o insuficientes en su aplicación más operativa desde el punto de vista funcional, revela que no se trata de una norma original sino de un intento, formal y políticamente apoyado en la disposición de los poderes locales y en la aquiescencia de las fuerzas parlamentarias, para asumir los objetivos de ajuste administrativo que se persiguen.  ¿En realidad, nace con el el consenso que el gobierno regional subraya? ¿Asistiremos a un debate interesante en las Cortes regionales o será todo un mero trámite, al amparo del respaldo político previamente recibido? El hecho de que el presidente de la Federación Regional de Municipios y provincias alerte de que su "tramitación será larga" es un advertencia que no puede ser pasada por alto. 

Y es que, más allá de la voluntad política con que han de abordarse, sus objetivos y resultados van a depender mucho de la incentivación económica que se aplique, nada desdeñable en una operación tan ambiciosa, aunque no exenta de incertidumbres dado el momento en que nos encontramos. Como tampoco hay que hacer caso omiso de las modificaciones que pudiera introducir ulteriormente la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local a la que el Gobierno central se ha comprometido.

Sin duda la Ordenación del Territorio, tal y como revela el propio significado del concepto, el considerable desarrollo teórico de que ha sido objeto y la valiosa experiencia comparada, es mucho más que eso, aunque es obvio que la dimensión administrativa, como soporte para el funcionamiento eficaz y equitativo de los servicios,  ocupa un papel esencial en la concepción y aplicación de los instrumentos reguladores de las políticas públicas aplicadas al buen gobierno del territorio. No cabe duda de que nos encontramos ante un Anteproyecto de Ley singular dentro de España, lo que le confiere un papel de referencia precisamente por el enfoque aplicado a la configuración de un nuevo modelo de gestión administrativa local alternativo al atomizado y problemático panorama municipal heredado. 

Surge, no obstante, una pregunta inevitable: ¿derogará la Ley de 1998? Si no es así, ¿de qué forma, y permaneciendo vigente, se articulará con ella y con los instrumentos de ordenación y desarrollo territorial que contempla? ¿De qué va servir lo realizado hasta ahora y el denso cuerpo legislativo aprobado a su amparo?

El aumento de la temperatura en la Antártida: un fenómeno comprobado

Las comprobaciones realizadas - dadas a conocer en la Revista Nature GeoScience - ponen en evidencia el proceso de calentamiento que afecta a la Antártida desde 1958, con un ascenso térmico de 2,4 grados, que supera en tres veces el experimentado en el planeta durante el mismo período. 

En defensa de nuestra costa: un manifiesto oportuno y necesario

Son muchos los geógrafos españoles comprometidos con la preservación de la calidad de los territorios. La fuerte y sistemática alteración sufrida por el litoral, como consecuencia del incumplimiento de la Ley de Costas (1988),  de lo que he dado cuenta a menudo en este blog, tiende a agravarse con las medidas adoptadas en este sentido por el gobierno en el Consejo de Ministros celebrado el fatídico 13 de julio de 2012, que ha supuesto una involución en aspectos esenciales de la vida social, económica, cultural y territorial española. En el tema que nos ocupa se ha dado luz verde al anteproyecto de la presentada como Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral. Un título pomposo, cuya intencionalidad queda despejada con la lectura e interpretación de lo que en ella se propone. 

Por esa razón es bienvenido y pertinente el manifiesto en defensa de la costa que un grupo de colegas de los Departamentos de Geografía de las Universidades españolas han dado a conocer públicamente, y cuyo conocimiento resulta necesario no sólo como reflejo de una postura intelectualmente contraria a la revisión de la Ley sino también como expresión de ese empeño a favor de una cultura del territorio que sepa conciliar el desarrollo con la defensa de sus valores paisajísticos. 


Es un documento abierto a la implicación de cuantos deseen adherirse a él. Pueden hacerlo a través del enlace abierto con tal fin por el Colegio de Geógrafos. 

Cuidado con el impacto ambiental de los Parques Eólicos

Declarado ilegal el Parque Eólico Villabandín II y Ampliación, en la Montaña leonesa 

Preparando Rio+20 desde el NOA argentino

El inmenso ruido que está provocando la crisis económica eclipsa la importancia de acontecimientos de alcance internacional que no deben ser relegados a la indiferencia o al menosprecio. Veinte años han transcurrido ya desde la celebración de la Primera Cumbre de la Tierra, que tuvo lugar en Río de Janeiro y que marcó un hito en la evolución de la sensibilidad por los problemas ambientales. Rio+20 prolonga la experiencia en el tiempo con un programa tan ambicioso como incierto. 

Hacer un seguimiento de lo que han significado estas Cumbres a lo largo de estas dos décadas ayuda a comprender ese panorama contradictorio en el que se desenvuelve el mundo contemporáneo, marcado por la contraposición entre deseos y decepciones, entre promesas e incumplimientos. Con todo, constituyen referencias esenciales a las que hay que acudir aunque sólo sea para comprobar los avances teóricos y metodológicos alcanzados en el tratamiento de este tipo de cuestiones y de qué manera las sensibilidades sociales se han decantando, con mayor o menor convencimiento, en esta dirección. Interesa destacar que, aunque la organización del evento concede un protagonismo a las entidades gubernamentales de los Estados que acuden a la convocatoria, no hay que pasar por alto la iniciativa desplegada por grupos y asociaciones, que logran movilizar en torno al acontecimiento las ideas con las que se trata de imbuir en la sociedad la preocupación por los problemas planteados a escala planetaria y que también les conciernen directamente. 

Me ha llamado la atención, y por eso lo comento aquí, la acción llevada a cabo con este propósito por un grupo de ciudadanos residentes en una de las regiones más críticas del Cono Sur latinoamericano. Bien conocidos son los problemas – de pobreza, desigualdad, medio ambiente – que aquejan al Noroeste Argentino, al NOA, del que forman parte las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. La idea de poner en marcha una Conferencia de Desarrollo Sostenible del NOA, con el expresivo nombre Rio+20+NOA=VOS y sustentada en una interesante reflexión teórica y operativa, significa un empeño encomiable por lo que supone de implicar a la ciudadanía en un compromiso colectivo sobre cuestiones que trascienden su ámbito estricto de reflexión aunque es obvio que cuanto se plantee en Rio+20 debe asumir las propuestas y reflexiones que emanen de los niveles locales y de los procesos de vertebración socio-cultural que en ellos se fragüen.  

Hacia una profunda transformación de la estructura municipal en España: un proceso de gran trascendencia para la ordenación territorial

Un pequeño municipio: Valmala (Burgos)

La dimensión de la crisis económico-financiera en la que está sumida la mayor parte de los países de la eurozona no sólo provoca la adopción de medidas que, en aras de la disminución del déficit y de la deuda, está ocasionando un debilitamiento frenético e  imparable del sector público (con enormes y posiblemente irreversibles costes sociales), sino que al tiempo sirve como pretexto justificativo para el despliegue de una ideología decidida a  someter a revisión el modelo de solidaridad vigente y a poner en entredicho las estructuras administrativas del Estado. El debate está abierto y, por lo que se ve, no hay institución ajena a su implacable estimación crítica, con previsiones que anticipan cambios sustanciales, y que probablemente no estarán exentos de conflictos. En principio, nada habría que objetar a la consideración de un enfoque valorativo riguroso sobre los problemas que afectan a la articulación, a la operatividad de su escala  y al funcionamiento de las instituciones, siempre y cuando la finalidad no sea otra que la de mejorar los mecanismos de gestión, evitar las situaciones de costo excesivo, armonizar sus pautas de cooperación y garantizar el mejor servicio a la ciudadanía.

Vientos de ajuste soplan, en efecto,  cuando de readaptar el modelo autonómico se trata, contemplando incluso la devolución de competencias a la Administración Central del Estado; en el punto de mira, y con la pretensión de evitar duplicidades, aparecen las cuestionadas Diputaciones en las Comunidades de carácter pluriprovincial; el proyecto de configurar demarcaciones judiciales mediante agrupación de juzgados marca una nueva senda en la administración territorial de la justicia; y, como no podía ser de otro modo, la aplicación del escalpelo afilado amenaza también con modificar a fondo la prolijidad del entramado municipal, que apenas ha experimentado modificaciones en las últimas décadas y al que se atribuyen carencias disfuncionales en virtud de su atomización y del escaso nivel de acomodo que actualmente ofrecen en el contexto de un modelo organizativo de la estructura de gestión local caracterizado por la concentración demográfica y por las exigencias que impone una distribución más eficiente de los recursos para atender la demanda de servicios de acuerdo con los criterios de calidad que precisa la sociedad actual. 

Llegan informaciones de que el Ministerio de Hacienda contempla la reordenación del complejo municipal sobre la base de un umbral mínimo de referencia de 5.000 habitantes, estableciendo así una drástica divisoria por debajo de la cual se sitúan 6.796 ayuntamientos, es decir, el 83,7% de los 8.116 existentes en España. Pasos decididos se están dando en esta dirección, que también prevé la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local y la reordenación de las competencias asignadas a los Ayuntamientos y a las Diputaciones Provinciales. Precisamente en estos términos se plantea la situación de las Entidades Locales en el Programa Nacional de Reformas 2012, donde se indica que "han ido asumiendo a lo largo del tiempo competencias más allá de las establecidas en su normativa reguladora, lo que ha supuesto cargas presupuestarias muy elevadas, sin que estuviera garantizada adecuadamente su financiación. Adicionalmente, el cuadro competencial actual resulta indefinido y confuso, y no garantiza la inexistencia de duplicidades".  Remitido a Bruselas, lo señalado en ese Programa se convierte en compromiso asumido, y no a largo plazo. 

Se trata de un tema decisivo, que sin duda ha de repercutir en la estructuración de la trama sobre la que reposan elementos y decisiones esenciales de las políticas públicas relacionadas con la ordenación del territorio. De momento, me limito a plantear la cuestión, que será desarrollada a medida que el proceso vaya cobrando entidad y se despeje la imprecisión que todavía se percibe en torno a tan importante tema, por más que sean numerosas y frecuentes las voces que denuncian lo que definen como una situación de despilfarro. Así se explica que algunas iniciativas hacen acto de presencia en esa dirección, como es el caso de la planteada por la Asamblea de la Comunidad de Madrid, que establece en 20.000 habitantes la cifra que, en su opinión, un Ayuntamiento debe tener para ser viable. 

No cabe duda de que, contemplado desde la perspectiva de la Comunidad de Castilla y León, en la que 2.189 de sus municipios no alcanzan la cifra de población señalada, la cuestión adquiere niveles de interés y de preocupación que no pueden quedar intelectualmente desatendidos, como lo demuestran los clamores surgidos en sentido contrario desde las esferas del poder regional y provincial.  El panorama a que se abre la región a este respecto puede ser traumático, por más que la simple advertencia de lo que se avecina anticipe que tarde o temprano actuaciones de calado van a tener lugar. 

Avanzando en el conocimiento de los espacios fronterizos

Espacios transfronterizos en la Unión Europea: un mosaico complejo de cooperación interterritorial 

Cuando se puso en marcha la Asociación de Regiones Fronterizas de Europa a comienzos de los setenta todos los argumentos a su favor justificaron la necesidad de otorgar un reconocimiento específico a esos espacios en los que la frontera había marcado rupturas históricas más o menos pronunciadas y que, ya desvaídas en un contexto de paz e integración, podrían aprovechar las posibilidades de escala permitidas por el mejor conocimiento mutuo, por el aprovechamiento de los recursos compartidos y, en general, de las ventajas que derivan de la vecindad contemplada como soporte, potencialmente firme, de estrategias comunes de desarrollo, a ser posible con un horizonte a largo plazo y apoyadas en estructuras estables de cooperación.

La importancia y la difusión de la cooperación transfronteriza se ha convertido en uno de los aspectos esenciales en la Ordenación del Territorio europeo a través de experiencias múltiples que en los últimos años han comenzado a tener resonancia y merecer la atención del mundo latinoamericano. No en vano son el resultado de una dilatada trayectoria que, inicialmente promovida e impulsada con fuerte convicción por el Consejo de Europa, aparece asumida como una de las líneas esenciales de la política de cohesión territorial de la Unión Europea, desde que a finales de los años ochenta del siglo XX, para alcanzar su plena consolidación en la década siguiente,  acomete la organización y el respaldo financiero de  programas específicamente orientados en esta dirección (RECITE y TERRA) y aborda, mediante la iniciativa comunitaria INTERREG (A), un ambicioso plan de actuación que se prolonga sin solución de continuidad hasta 2006 para cobrar específica carta de naturaleza en el Objetivo “Cooperación Territorial” a partir del periodo de programación 2007-2013, y que a su vez coincide con la aprobación de una figura – las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial - que ha de ser clave en el futuro como plataforma jurídica en la que apoyar el desarrollo de los programas.

Proyecto de Siega Verde: protección ambiental y patrimonial  en el Valle del Águeda (Salamanca)

El balance que pudiera hacerse de la dilatada ejecutoria de los programas operativos  y de los proyectos auspiciados en este sentido merece una valoración dispar y seguramente en numerosas ocasiones la autocrítica se impone como actitud obligada. Mas tampoco cabe duda de que, cuando se recorre el territorio no son pocas las manifestaciones que evidencian cambios significativos en el panorama global, fundamentalmente asociados a la mejora de las infraestructuras, la dotación de equipamientos públicos, el apoyo a las relaciones interempresariales con fines estratégicos, la rehabilitación y protección del patrimonio y la salvaguarda de los valores ambientales. Sin duda los problemas que aún subsisten son tan numerosos como complicadas las soluciones que pudieran plantearse para su corrección, aunque también es verdad que el conocimiento y valoración de  la experiencia acumulada ayuda mucho cuando se trata de entender la pluralidad de matices que ofrece la cooperación transfronteriza, muy mediatizada obviamente por las características del entorno donde se lleva a cabo, la capacidad de iniciativa desplegada, la calidad y envergadura de los proyectos, la movilización social que los respalda y la solidez del liderazgo en el que se sustentan.

Dentro de el amplio y heterogéneo elenco de escenarios donde puede apreciarse la realidad ofrecida por los espacios transfronterizos particular interés presentan los espacios situados a ambos lados de la frontera hispano-portuguesa, posiblemente una de las más críticas del territorio integrado europeo. Visitarla, conocerla de cerca, estudiarla, interpretarla y efectuar las aportaciones que contribuyan a hacer de ella un espacio de relación, buena vecindad y oportunidades son empeños acreditados por los Departamentos de Geografía de las Universidades de Castilla y León desde hace mucho tiempo. Los trabajos de las Universidades de Salamanca y de  León constituyen obras de referencia a las que hay que acudir necesariamente para encontrar luz y rigor en un panorama bibliográfico bastante heteróclito.

Desde el Departamento de Geografía de la Universidad de Valladolid también se ha considerado oportuno asumir lo que estos espacios significan como documentos visuales de primera importancia para la formación de los alumnos. Si, en efecto y evocando a Antonio Machado, sólo es posible hacer camino al andar, nada mejor que poner a su disposición los elementos que lo hagan posible. Con este fin se han concebido dos visitas que acercan a sendos ámbitos de estudio con afinidades entre sí pero también con diferencias marcadas. En ello estriba precisamente la expresividad de estos espacios, repletos de matices en un entorno de coherencias y desafíos bien definidas. 

Profesores y alumnos del 3º Curso del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio (Universidad de Valladolid) en el mirador de Sapinha. Parque Natural do Douro Internacional 

De un lado, la visita al valle del río Águeda ayuda a entender el significado integrador que proporciona una cuenca vertiente bien definida, con centro funcional en Ciudad Rodrigo y con elementos naturales de gran interés, cuyo análisis se plantea desde la perspectiva del tratamiento sostenible de los recursos, conforme a los objetivos y la metodología del proyecto que, en el marco del Programa Operativo de Cooperación España-Portugal, presentó a nuestros profesores y alumnos del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio el Dr. Roberto Martínez-Alegría, profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (Valladolid) y que se lleva a cabo en colaboración con el Instituto Politécnico de Castelo Branco.

Profesores y alumnos de Primero del Grado de Historia (Universidad de Valladolid) en la sede de la Fundación Rei Afonso Henriques (Zamora) 

Y, de otro, no hay que dudar del valor formativo que para los alumnos que inician el Grado de Historia tiene el conocimiento directo de esta realidad mediante la visita efectuada a la Fundación Rei Afonso Henriques, que desde 1994 acoge en Zamora las diversas manifestaciones de que es susceptible la relación académica, científica, empresarial y cultural entre Portugal y España, para tomar finalmente contacto con lo que representa la integración europea y el respaldo a las iniciativas transfronterizas plasmadas en la Agrupación Europeade Cooperación Territorial Duero-Douro, con sede en la villa salmantina de Trabanca.

Valiosas aportaciones de los estudiantes de Geografía latinoamericanos

Revista Latinoamericana de Estudiantes de Geografía 

“La propuesta de construir una revista simboliza una apuesta sensata por la inclusión, el debate y la integración de realidades disímiles, particulares y heterogéneas que son el resultado de la compleja especialización característica de nuestro continente.

Éstas deben convertirse en el eje articulador que establezca las directrices desde las cuales nuestra disciplina debe actuar con verdadero compromiso social. Además, el intercambio de experiencias en torno a un proyecto común es una excelente oportunidad para establecer un diálogo con otros, que, desde su diversas y complejas posturas, enriquecen el trabajo geográfico en tanto se constituye como una experiencia formativa para todos”.

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Reflexiones de un geógrafo en torno a Vitoria-Gasteiz, Green Capital 2012

Más allá del galardón o del respaldo acreditado que pueda darse a una ciudad para distinguir los méritos realizados para conseguirlo, el hecho brinda una oportunidad a la reflexión, a la clarificación y, si llega el caso, al debate. Nunca  se debe dar un tema por cerrado, por más que ofrezca indicios o pruebas evidentes de que el panorama ofrecido resulta satisfactorio en un momento determinado. La visión  crítica del geógrafo debe estar presente siempre ante el espacio que se expande ante su mirada, entre otras razones porque entiende que los procesos territoriales propenden  a la generación de tensiones y no están exentos, por tanto, de carencias o problemas que deben ser analizados con el debido rigor y, a ser posible, corregidos con la suficiente voluntad política y la necesaria sensibilidad territorial.

De ahí el interés que tiene la apertura de un campo de análisis y reflexiones sobre la experiencia de la ciudad española de Vitoria-Gasteiz, que,  entre otras funciones, desempeña la de acoger la sede del Gobierno del País Vasco, y que ha sido  reconocida como Ciudad Verde Europea 2012, amén de ofrecer un panorama urbano y urbanístico positivamente valorado dentro de la categoría de las ciudades medias. Las ideas que al respecto vierte el Dr. Ruiz Urrestarazu, Catedrático de Geografía en la Universidad pública vasca,  en el espacio creado con este fin por un medio de comunicación muy enraizado en esa tierra, son dignas de tenerse en cuenta tanto como aportación al conocimiento de aspectos interesantes de las realidades urbanas contemporáneas como desde la perspectiva de lo que supone esa experiencia concreta en el ámbito territorial en que se inserta.

Conflictos en torno a los impactos ambientales de las infraestructuras: los aprovechamientos hidroeléctricos en la Patagonia chilena

Impactos ambientales de extraordinaria magnitud y gravedad van a afectar en muy poco tiempo a los paisajes y a la calidad ecológica del profundo sur del mundo. Es un problema que nos compete y ante el que debemos mostrar nuestra opinión, por más que los espacios afectados nos resulten remotos. En este mundo de interdependencias múltiples, no ha lugar a la ignorancia, al desdén o a la actitud irresponsable ante sucesos que nos conmocionan por su trascendencia. No importa dónde se encuentren, pues siempre nos serán próximos.

¿Cómo permanecer indiferentes a lo que el gobierno chileno perpreta en el extremo meridional del país, en el territorio que se identifica con el territorio de la Patagonia - concretamente en sectores correspondientes a las Regiones X (Los Lagos) y XI (Aysén) - , donde se han labrado algunos de los espacios naturales más bellos y espectaculares de la Tierra? Bien sabemos, porque la experiencia es harto ilustrativa, hasta qué punto las áreas de montañas son vulnerables a las intervenciones que sobre ellas se ejercen para aprovechar sus recursos, provocar amenazas que distorsionan los elementos en los que se basa la calidad y diversidad de sus ecosistemas o construir infraestructuras que alteran las características y equilibrios legados por la evolución natural.

Confluencia de los ríos Baker y Chacabuco en Cochrane, región de Aysén (AP/Jorge Uzon)

Tan numerosas son, por desgracia, las manifestaciones que reiteradamente nos ponen en evidencia el alcance de estos riesgos inherentes a la utilización de los espacios ambientalmente valiosos como abundantes, e interesantísimos, los testimonios que avalan la singularidad de los paisajes que configuran ese entramado de altitudes, tipos de relieve, modelado y formas de vida existentes en el extremo meridional de ese gran país, Chile, donde se dan, por su disposición en latitud, todos los climas del mundo.

La autorización al grupo HydroAisén, mayoritariamente participado por la firma española ENDESA, de construir en esta área cinco grandes centrales hidroeléctricas, con una potencia instalada total de 2.750 megawatios, que provocarán la inundación de 6.000 Has. y la afectación de un total de 25.000 como consecuencia de las operaciones llevadas a cabo, no es nueva. Gravita desde hace mucho tiempo como una iniciativa plenamente en el ámbito de la decisión pública, que finalmente acuerda acometerla a mediados de 2011, abriendo a partir de entonces un proceso que avanza en esa dirección, aunque no exento de irregularidades, alentado por las perspectivas creadas en el mercado de la energía eléctrica en el Cono sur americano, donde tiende a configurarse una estrategia de integración energética de gran alcance, en la que el gobierno chileno no quiere permanecer ausente.

Como era inevitable, un clima de fuerte contestación emana de un sector relevante de la sociedad chilena y de quienes en la comunidad internacional consideran que ese proyecto constituye una aberración ecológica, un desastre ambiental de enorme gravedad. Según los análisis de impacto efectuados, la construcción de estas obras afectaría a 6 parques nacionales, 11 reservas nacionales, 26 sitios prioritarios de conservación, 16 humedades y 32 áreas protegidas privadas. En ese contexto las tensiones no cesan de aumentar, a medida que se cuestiona el acuerdo de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA), de respaldar el proyecto minimizando la intensidad de sus impactos, y cuyo informe ha sido avalado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, al rechazar los recursos de impugnación presentados por las organizaciones sociales opuestas al proyecto de HydroAisén. Con todo, también existe, en el fragor del debate, posiciones claramente defensoras de la actuación, que en su mayor parte – así lo he detectado a través del seguimiento de la prensa chilena – proceden de individuos y grupos de la capital, de Santiago, que, a 1.600 Kilómetros del espacio amenazado y afectado, quizá ven los riesgos matizados por la lejanía mientras permanecen convencidos de que han de primar más las ventajas obtenidas que las pérdidas ocasionadas. Su actitud no eclipsa, sin embargo, la de los chilenos que desde Santiago y todo el país cuestionan firmemente la iniciativa.

Es un clamor que también ha llegado a España, donde la opinión pública testimonia también su preocupación al respecto. El 11 de abril de 2012 se ha publicado una carta al director en la prensa española (Diario El Pais) que expresa bastante bien el sentido del malestar creado. Vale la pena leerla:

Hay ocasiones singulares y excepcionales, en las que el valor y la sostenibilidad de un lugar pasan por no tocarlo. Porque científica, técnica y simbólicamente modificarlo implicaría la pérdida definitiva e insustituible de un enorme patrimonio de todos.

Es la que tendrá lugar si Endesa y sus filiales siguen adelante con su proyecto hidroeléctrico en la Patagonia chilena. Un proyecto obsoleto, implanteable hoy en Europa, que no se ha molestado en estudiar alternativas, e ineficaz para su propio objetivo de abastecimiento energético a corto plazo. Los ríos Baker y Pascua —a los que afectaría— son dos de los últimos 30 grandes ríos que quedan en el mundo no regulados por infraestructuras humanas. Son, por lo tanto, ejemplos en peligro extremo de extinción. Sus cuencas se extienden por parques y reservas en una región en gran parte virgen e inexplorada, con algunos de los ecosistemas y paisajes mejor conservados del planeta. Cinco mega-centrales que aniquilarán el carácter prístino de los ríos y destruirán el hábitat del huemul (el ciervo más amenazado de América), acompañadas de miles de kilómetros de tendidos de alta tensión que alterarán decenas de espacios naturales protegidos no son dignas de una sociedad avanzada, ni pueden denominarse desarrollo sostenible.

Si Endesa insiste en este camino, dañará para siempre la Patagonia, y será culpable de algo más grave que el delito ecológico. Habrá contribuido a degradar la condición humana. Eduardo Crespo de Nogueira y Greer. Galapagar. Madrid

El proyecto de Vegas Sand en España: ¿Hacia un modelo de país-casino, hacia la creación de nuevo paraíso fiscal o hacia otra iniciativa ilusoria más?

La iniciativa de localizar en España un macrocomplejo de ocio promovido por el empresario norteamericano Sheldon Adelson no puede permanecer ajena al debate que lógicamente provoca una operación que, al menos por lo que se sabe hasta ahora, presenta una gran magnitud en todos sus aspectos, incluyendo obviamente la territorial. Los datos con que se ofrece son, en efecto, espectaculares: por lo que se dice en la prensa, vendría asociada a una inversión de 18.000 millones de euros y a la creación de cerca de 200.000 puestos de trabajo. Son las cifras que insistentemente marcan el frontispicio publicitario de la propuesta, que de entrada provoca un señuelo poderosísimo al que resulta muy difícil sustraerse. Algo así como el maná tan deseado en estos tiempos de crisis galopante, en los que la simple expectativa de ver nacer un nuevo empleo se antepone a cualquier otra consideración.

Mas no se trata de un proyecto creador de valor añadido, de mejora de la innovación, de transformación cualitativa del sistema de producción, es decir, de aquellos elementos y factores que sustentan un modelo de desarrollo consistente, capaz de fortalecer la posición competitiva en el mundo del espacio donde se ubica. Nada de eso. Es un complejo de servicios a lo grande, un eslabón más de esa cadena de organizaciones dedicadas al consumo de bienes efímeros en torno a la economía del ocio intensivo, donde el capital fluye incesantemente para nutrir el mismo tipo de estructura que el grupo en cuestión ha puesto en marcha en Las Vegas, Bethlehem, Macao y Singapur, tres enclaves característicos del capitalismo incontrolado; un modo de entender la actuación en el territorio al margen a cualquier tipo de prejuicio, consumidor pavoroso de suelo, agua y energía, y que ahora se brinda a España para que el país del sol, de la buena mesa y de la permisividad asegurada - acomodaticia a favor de los particulares intereses que lo promueven - se incorpore a esa red vertebrada por la única lógica que deriva de la economía de casino, con todas las connotaciones y efectos, cuando menos sospechosos, que ello implica. No otra ha de ser la finalidad de la infraestructura creada, en cuyo inventario se alude a la instalación de seis casinos (con 1.065 mesas y 18.000 máquinas recreativas), una docena de hoteles, cuatro campos de golf, varios teatros.... En fin, algo sobrecogedor, al menos en teoría, pues su materialización económico-espacial aún permanece en nebulosa.

Y es que no son pocos ni irrelevantes los requisitos o contrapartidas que se han de satisfacer para que esa idea se concrete, ya que, dada su trascendencia, no puede quedar al albur de la disposición que en sentido favorable pueda mostrar una Comunidad Autónoma o un Ayuntamiento. Ha de ser un tema de Estado, sujeto a los mecanismos de vigilancia que eviten situaciones de excepción y precedentes perjudiciales en la regulación de un sistema territorial integrado. Todo permanece aún en la oscuridad que impone la prevalencia de la voluntad del magnate, ante la que, por lo que se ve, el poder político muestra una pleitesía que roza la vergüenza ajena. Sin embargo, más allá de la supeditación que parece mostrar éste hacia aquél, lo cierto es que las líneas rojas que marcan no pueden ser pasadas por alto: costosas obras de infraestructura previas, exenciones fiscales y de cuotas (durante dos años) a la Seguridad Social , concesión gratuita de terrenos, modificaciones legislativas de gran calado, con incidencia sobre la Ley de Extranjería y la legislación laboral, entre otros aspectos que contravienen la ley.

Todo ello otorga a la operación un status de excepcionalidad, más en consonancia con las características de los enclaves desregulados donde funciona en Asia que con las propias de un entorno ajustado a las normas propias de un Estado integrador en Europa. De ahí las cautelas con que los técnicos de Hacienda contemplan la iniciativa, a la que asocian con un potencial foco de blanqueo de capitales, como consecuencia de la “isla fiscal” que el tratamiento concedido acabaría configurando.

En cualquier caso, numerosas incógnitas se ciernen sobre el proyecto, que de momento su promotor ha desestimado ubicar en Barcelona dadas las limitaciones que la normativa aplicada al área prevista introducía para la construcción de edificios de gran altura. La mirada se cierne ahora sobre Madrid, cuyo Gobierno regional se deshace en elogios mientras abriga expectativas que le llevan a aceptar todo tipo de servidumbres y transgresiones de la norma con tal de satisfacer las apetencias de Mr. Adelson y de quienes le secundan. En estas condiciones - y mientras nos llegan informaciones sobre los problemas y las críticas a las que se enfrenta el modelo en su ámbito de origen - es necesario desplegar un debate sobre la cuestión, que, entre otros foros, ya está iniciado, con el espíritu crítico que le caracteriza, en el blog de Stepien y Barno.

La Ordenación del Territorio en Angola: un baluarte de la cooperación portuguesa en Africa

Bien poco se conoce de las estrategias de ordenación y desarrollo territorial desplegadas en el continente africano. El sesgo académico a favor del estudio e interpretación de lo que desde esa perspectiva sucede en Europa y en América Latina ha relegado a un segundo plano una realidad nutrida de experiencias que no conviene pasar por alto. Y ello por dos razones que considero justificadas: porque amplía el horizonte de las políticas concebidas en este sentido, lo que contribuye a enriquecer el panorama tanto en función de los hechos analizados en concreto como de la estimación comparativa que, a mayor escala, pudiera hacerse; y porque aporta dimensiones muy interesantes a la hora de valorar las características del contexto en que se produce, los factores que lo motivan y los condicionamientos a que se enfrenta.

De ahí la atención que sin duda suscita la importancia que se concede a la Ordenación del Territorio en el marco de los programas de cooperación establecidos entre Portugal y Angola, ese inmenso país del África austral que fue colonia portuguesa durante siglos hasta acceder a la independencia – tras una guerra dilatada con la metrópoli – en 1975, tras la cual se inició una atroz guerra civil que no concluyó hasta 2002.

En la actualidad Angola se ha convertido en una tierra de promisión para un sector importante de la sociedad portuguesa que, lacerado por la crisis y por los efectos de la intervención a que su economía está sometida, vuelve la mirada hacia la antigua posesión ultramarina, a la búsqueda de unas posibilidades de vida que no encuentra en el país ibérico. No sorprende, por tanto, ese empeño de Portugal por afianzar los vínculos que le unen con Angola, por más que, en realidad, respondan más a evocaciones de carácter histórico-cultural que propiamente económicas, máxime cuando todas las comprobaciones abundan a favor de la fortísima presencia alcanzada por China en Angola, que en muy pocos años se ha convertido en una de sus principales plataformas de afianzamiento en África.


Por esa razón tiene interés, a mi juicio, el marco de perspectivas que pudiera abrirse a raíz del desarrollo del protocolo de colaboración en materia de iniciativas e inversiones relacionadas con la Ordenación del Territorio, formalizado en 2010 y que dos años después, en marzo de 2012, se reactiva, con el propósito de mantener vivo el empeño a favor de una relación que los portugueses no quieren ver desvaída. A nadie se le oculta que dicha estrategia no es ajena al escenario de oportunidades susceptibles de abrirse a medida que adquieran concreción práctica y material los objetivos contemplados en el programa “Angola 2025”, concebido como un ambicioso Plan Estratégica referido al conjunto del Estado, en el que, como no podía ser de otro modo, se preven importantes operaciones de transformación espacial, entre las que se contempla la creación de nuevas ciudades, la recuperación de espacios de interés histórico, la protección de áreas ecológicamente sensibles y, por supuesto, la construcción de infraestructuras de toda índole.

Visto de este modo, asistimos a la configuración de un panorama muy ilustrativo desde el punto de vista geográfico sobre el alcance de la cooperación entre Europa y Africa, fielmente ejemplificado por la proyección portuguesa, interesada en hacer de la “Ordenación del Territorio” un argumento de afianzamiento en un país al que le unen fuertes vínculos históricos y que actualmente se ha convertido en uno de los cauces neutralizadores de la fuerte crisis en que aparece sumida la nación que siempre hizo de Africa la expresión de sus deseos para dejar de ser considerado “um pais pequeno”.