Este blog pretende contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la cultura y de la sensibilidad territorial ante las múltiples manifestaciones de agresión y deterioro a que se ven sometidos los paisajes como consecuencia de actuaciones frecuente y deliberadamente insensibles con la calidad y los recursos que los identifican.


Desea significar el compromiso de la Geografía y de los geógrafos con la defensa de la calidad de los territorios
y

de las buenas prácticas en el ejercicio de la acción pública y en sintonía con los objetivos y principios contemplados

en el Manifiesto por una Nueva Cultura del Territorio.


Planteado también con fines didácticos, se concibe como un documento aplicable a la docencia, así como un espacio de encuentro, comunicación y debate con los estudiantes y profesores de Geografía, y con quienes se interesen

por la evolución y los métodos de esta disciplina, por la utilidad e importancia de la información geográfica,

por su dimensión aplicada y por las políticas relacionadas

con la Ordenación, el Gobierno y el Desarrollo del Territorio.


viernes, 28 de octubre de 2011

Ordenación y desarrollo territorial en las campiñas meridionales del Duero

Ignacio Molina y Fernando Manero (Universidad de Valladolid) a ambos lados de Maria Teresa Rebollo (Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Medina del Campo)

Conocer mejor nuestra tierra para mejor gobernarla: no otra es la pretensión que nos motiva a quienes cultivamos el a veces incomprendido oficio de interpretar geográficamente el territorio con el fin de ordenarlo bien. ¿De qué otra forma podría abordarse la solución de sus problemas sino a partir de una clara fundamentación de sus causas y teniendo en cuenta al tiempo las posibilidades que existen para neutralizarlas u orientarlas en la dirección correctora y más adecuada? De cuando en cuando procuramos dar prueba de este empeño en público, a sabiendas de que no siempre es fácil encontrar la palabra adecuada para mantener la atención de un auditorio que en estos temas - pues de nada baladí se trata - es cada vez más exigente y al que le cuesta tragar con ruedas de molino. Se trata, para precisar las cosas, de dejar la semilla del argumento, sólido y convincente, en el campo más o menos abonado para que pueda germinar en acciones al servicio de la comunidad y del propio espacio en el que vive.

Mi compañero Ignacio Molina dio cumplida cuenta ayer de sus saberes y destrezas en el Ayuntamiento de Medina del Campo, en acto presidido por una amable anfitriona, representante del gobierno local. Trataba nada de menos que de inspirar confianza en el espacio estudiado como tema de Tesis Doctoral, que yo dirigí, y que ahora se presentaba como documento útil para la toma de decisiones. ¿El resultado? On verra, pero confieso que salí moderadamente satisfecho. Me limité a acompañarle y a comentar, discretamente pero sin ambigüedad, lo que vale la técnica, bien cultivada, de la Geografía.

domingo, 23 de octubre de 2011

"Los espacios de la indignación": análisis e interpretación de Leopoldo Uría


Los movimientos sociales proyectados en la calle provocan una impronta espacial de primera magnitud. La Historia ofrece ejemplos significativos que evidencian la diversidad de modalidades e impactos ofrecida en la ciudad por la rebeldía popular frente a las situaciones que la inducen o justifican. En torno a esta cuestión, de gran interés histórico y de indudable actualidad, han girado las reflexiones efectuadas por Leopoldo Uría, catedrático de la ETS de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, en su conferencia sobre “Los espacios de la indignación” impartida dentro de las actividades llevadas a cabo por la Asociación Cultural Ciudad Sostenible, a la que pertenezco.

Su intervención estuvo sustentada en un concepto que empleó como argumento y soporte esenciales de las ideas expuestas. Se trata de la noción de Proxémica, acuñada en los años sesenta del siglo XX por Edward T. Hall para definir las distancias y vínculos establecidos por las personas entre las que se establecen formas de relación y de comportamiento plasmadas en un espacio determinado. Presentada, pues, como “una charla proxémica”, el objetivo de la reflexión no era otro que el de analizar, desde la perspectiva del arquitecto, de qué manera se preparan y organizan los escenarios para la acción humana tanto en las relaciones de convivencia como en las situaciones críticas. La proxemia se identifica ante todo con la ciudad, hasta el punto de que cuando la ciudad entra en crisis, o se difumina en formas de crecimiento que no fraguan sociedades cohesionadas, la proxemia desaparece o, más propiamente aún, se convierte en la “ciudad antiproxémica”.

La profusión de ejemplos que acreditan el valor de lo proxémico es extraordinaria. La alusión a Roma como punto de partida – con su referencia explícita a la dimensión desempeñada por el Foro como ágora primigenia de encuentro y condensador social – permite un recorrido a través del tiempo, en el que destacan hitos principales, asociados a la configuración de grandes espacios proxémicos – “el Vaticano es el espacio proxémico más importante de la historia”, señaló – que, omnipresentes en el tiempo, no han cesado de diversificarse y de abrirse a nuevas facetas de expresión, en las que lo lúdico y lo reivindicativo cobran una notable relevancia al tiempo que se entreveran en un muestrario de experiencias muy significativas y en muchos casos históricamente emblemáticas.

Centrando, sin embargo, la atención en el alcance espacial ofrecido por las manifestaciones de la indignación todo cuanto se relaciona con ella constituye una perspectiva primordial, tanto por el hecho de ser una forma de expresión y manifestación inherente a las sociedades como por su relevancia histórica. Su expresión más paradigmática remite necesariamente al concepto de “Revolución”, al que cabe asignar connotaciones polisémicas, ya que en torno a él gravitan objetivos y estrategias muy variables, por más que se muestren coincidentes con la motivación que los integra, es decir, el rechazo al poder o la contestación a una práctica que vulnera los objetivos que defienden y persiguen los “revolucionarios”. El repaso a la historia de las revoluciones nos ofrece un panorama tan rico de experiencias como complejo en cuanto a sus manifestaciones y resultados. Desde la rebelión de los esclavos bajo el liderazgo de Espartaco hasta las revoluciones que conmocionan en nuestros días el mundo árabe, el abanico es extraordinariamente amplio y los fenómenos y tensiones que lo acompañan se convierten en los símbolos representativos de cada una de las épocas en las que tuvieron lugar. En todo momento, implicaron cambios decisivos en la evolución histórica y su impronta en el espacio público ha marcado el fundamento en el que se basa su percepción temporal.



Llegados al momento actual, las reflexiones efectuadas por Uría sobre la protesta social surgida en España nos introducen en la valoración de unos hechos que no han cesado de cobrar trascendencia y visibilidad desde que hicieron su aparición a mediados de mayo de 2011, como expresión de "la voluntad de reivindicar la política desde los espacios públicos", en acertada expresión de López de Lucio. Su análisis revela aspectos importantes, que no pueden entenderse al margen del impacto que en los procesos de movilización han tenido las nuevas tecnologías de la información y de la implicación que en ellos han tenido aquellos sectores de la sociedad en los que, entre otros, se ha cebado la crisis y que remiten a dos categorías bien identificadas: los “sin futuro” y los “pre-parados”. En cualquier caso, prima en ellos la condición de “sin”: sin trabajo, sin futuro....



En cierto modo pudiera considerarse como un movimiento de nuevo cuño, que nos acerca a una “nueva proxémica”, en la que destacan una serie de rasgos no carentes de interés. Según Uría, el espacio del 15 M es: neutral (el espacio como valor en sí mismo), va asociado a las posibilidades que ofrece la centralidad de los ámbitos seleccionados y se distingue por el hecho de favorecer una gran proyección mediática. A estos caracteres habría que sumar otros que igualmente lo definen: son espacios permanentemente abiertos al debate entre quienes en ellos confluyen, se dotan de una simbología propia en la que el gesto y el mensaje - con textos variados y con frecuencia de pronta y contundente asimilación, que hacen suyas las inmensas posibilidades abiertas por las redes sociales a través de Internet - adquiere gran importancia en su proceso de difusión y presenta además una tendencia a la recomposición, en la medida en que, aun desapareciendo temporalmente, sus convocados regresan a la plaza donde recuperan sus hábitos, mensajes y posturas anteriores como si no hubiera existido solución de continuidad. Y, lo que no es menos importante, en estos espacios prevalece el anonimato, la ausencia de liderazgos reconocidos y permanentes, de nombres representativos de la colectividad, capaces de asumir responsabilidades individualizadas respecto al grupo. En otras palabras, son espacios en las que “están todos juntos, pero de manera indiferenciada”.

De ahí precisamente sus incertidumbres. ¿Será esta sensación la que ha llevado a Zygmunt Bauman a suscitar la preocupación sobre su viabilidad futura? Con todo, es evidente que su huella espacial no puede ser minusvalorada.


lunes, 10 de octubre de 2011

La figura de José Antonio Valverde y la defensa del Parque de Doñana


A finales de los años ochenta, con ocasión de un viaje a Sevilla, recuerdo que José Manuel Rubio Recio, Catedrático de Geografía Física en aquella Universidad, organizó una excursión al Parque Nacional de Doñana, que, como dijo y luego confirmó con todo lujo de detalles, conocía “como la palma de la mano”. Buena parte de esa familiaridad con el magnífico entorno natural que se extiende junto a la desembocadura del Guadalquivir la había adquirido de sus contactos, relaciones, encuentros y experiencias compartidos durante muchos años con José Antonio Valverde Gómez, al que siempre le cupo la distinción y el reconocimiento de ser considerado como “el padre de Doñana”. De origen vallisoletano (1926), biólogo y afín a los métodos de los geógrafos, fue desde 1987 hijo predilecto de Andalucía y premio Castilla y León de Conservación de la Naturaleza y Medio Ambiente en su primera edición (1989).

En aquel viaje, el profesor Rubio Recio nos presentó a José Antonio Valverde, con quien mantuvimos una reunión de varias horas, que fueron una auténtica delicia, pues nos permitieron descubrir lo que había sido su ingente tarea en pro de la defensa de ese espacio excepcional, los sinsabores de sus empeños, las incertidumbres a que se enfrentaba, la difícil lucha emprendida contra el proyecto ministerial de desecación de la zona, aunque felizmente todo ello culminó en la valoración oficial de su relevancia ecológica cuando en 1969 se le otorgó la condición de Parque Nacional, iniciativa a la que también contribuyeron las actuaciones desplegadas en ese sentido por prestigiosos naturalistas británicos y estadounidenses, que secundaron las posiciones defendidas por Valverde. Éste falleció en 2003 adornado por el prestigio inmenso que adquirió como resultado de la labor llevada a cabo.


Hoy ha llegado a mis manos una obra que lo recuerda con el rigor y la seriedad que esa hazaña merecen. La ha escrito Jorge Molina, un joven onubense que sabe muy bien de lo que habla y que ha llevado a cabo una interesante tarea de recopilación de datos, con el fin de poner en evidencia lo que supuso la “salvación” de Doñana del destino agrario y cinegético con que su aprovechamiento habia sido concebido. El libro lleva un título elocuente - “Doñana, todo era nuevo y salvaje” – y ha sido editada por la Fundación Lara. Su estilo es claro, su estructura coherente, sus referencias curiosísimas, su pretensión más que justificada. Una obra sencilla y grande a la vez, de gran interés geográfico, y, desde luego, necesaria para entender la historia del conservacionismo en España y la lucha que hizo posible la preservación de uno de los espacios naturales más singulares de Europa.


domingo, 9 de octubre de 2011

La postergación del "Nuevo Valladolid"


La crisis ha paralizado los proyectos urbanísticos más ambiciosos. A bombo y platillo, con toda la parafernalia de que es capaz, el Ayuntamiento de Valladolid, dio a conocer en 2008 la propuesta de reestructuración urbanística - Modificación del Plan General para la reordenación de la red ferroviaria central - en el espacio liberado en el entorno de la estación como consecuencia del soterramiento ferroviario, que daría lugar a la disponibilidad de un total de 98,61 Has. Con ello -véase el documento completo - se pretendía alumbrar “el nuevo Valladolid”, asociado la liberación de un "importante espacio central" y a la realización de una serie de operaciones de envergadura, entre las que destacaba fundamentalmente la creación de una gran avenida, de cuatro kms. de largo y 60 metros de ancho, que modificaría totalmente la fisonomía de la ciudad en este sector al tiempo que facilitaría la vertebración de los barrios del este con el centro, históricamente separados - y de qué manera - por el trazado del ferrocarril. A lo largo del eje configurado, y enlazados entre sí por un corredor verde, se construirían tres barrios - Talleres, Ariza y Argales - en los que se preveía la construcción de 5.972 viviendas, de las que 1.792 serían de protección oficial. El coste de la operación ascendería a 1.100 millones de euros.

Todo ello ha quedado puesto en entredicho porque el sistema de financiación previsto se enfrenta a una gran dificultad. Concebido en momentos de euforia – aunque hay que reconocer que, cuando se aprobó el proyecto, los síntomas de la crisis económica eran ya perceptibles – la operación debía ser financiada, en el 85 % de su coste, mediante la venta de los terrenos urbanizables hasta entonces ocupados por los talleres de RENFE y las vías férreas. El resultado no se ha hecho esperar: retraso en los plazos de ejecución del soterramiento y, por ende, paralización completa del proyecto diseñado por Richard Rogers. El propio arquitecto lo ha señalado con motivo de una visita a la ciudad del Pisuerga. Sus declaraciones en este sentido son elocuentes: no sólo habrá que “repensar el proyecto”, aunque no dice en qué sentido, sino que ante todo el horizonte de su ejecución se remite a un plazo de 25 años, un cuarto de siglo por delante. Suena a compromiso eludido, a aplazamiento sine die, a postergación relegada en la memoria y ni siquiera ya propensa al debate, máxime cuando la propia opinión del gobierno municipal apunta ya claramente en esa dirección. Un síntoma inequívoco de los nuevos tiempos de hogaño frente a la fanfarria de antaño.


martes, 6 de septiembre de 2011

La Ordenación del Territorio en España



Situación de la Ordenación del Territorio en España (a 30.6.2007)


INSTRUMENTOS DE RANGO REGIONAL


INSTRUMENTOS DE RANGO SUBREGIONAL


Fuente: Base de Datos de Ordenación del Territorio (BIOT) del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino

viernes, 5 de agosto de 2011

Una obra esencial sobre la situación de la Ordenación del Territorio en España


La Revista Cuadernos Geográficos, editada por la Universidad de Granada, acaba de publicar su número 47/2010 (697 páginas), dedicado monográficamente a un tema de gran actualidad e importancia científica: “El estado de la Ordenación del Territorio en España”.

Coordinada por el Dr. D. Francisco Rodríguez Martínez, catedrático de Geografía de la Universidad granadina y director de su Instituto de Desarrollo Regional, la obra constituye una oportuna y excelente aportación para el conocimiento de las tendencias que definen las políticas de ordenación territorial en un país necesitado de reflexiones críticas y rigurosas en un aspecto decisivo de la calidad del territorio y de sus paisajes.

El número de las colaboraciones recogidas y la variedad de aspectos y enfoques considerados convierten a este número en un texto de referencia para conocer en profundidad contenidos básicos en la formación de los geógrafos y de cuantos se interesan por la práctica de la gestión de los recursos territoriales.

jueves, 14 de julio de 2011

Malos tiempos para las sensibilidades y las cautelas ambientales

Corren malos tiempos para la sensibilización ambiental.

Pero, ¿es que los ha habido buenos alguna vez? Cuando la euforia inmobiliaria sacudía al país por los cuatro costados, todos tuvimos ocasión de comprobar con qué desidia y desconsideración se trataban las cuestiones relacionadas con los impactos provocados. Cuando llega la crisis, las prioridades son otras y encaminan sus miradas hacia la solución de las emergencias que conmocionan a la sociedad, relegando a un segundo plano aquellos objetivos que cualitativamente contribuyen a la mejora de las condiciones en las que se desenvuelve la vida de una sociedad.

En uno u otro caso, el territorio es la víctima, el problema desatendido, el valor menospreciado. Por tanto, duele, aunque no sorprenda, lo que certeramente se denomina "la crónica de una decepción". No pintan bien los balances que proporciona el conocimiento de la situación en que se encuentran los Informes de Impacto Ambiental ni las Memorias requeridas en los procedimientos de Evaluación Ambiental Estratégica del planeamiento urbanístico.

Y, por otro lado, no parecen desacertadas las reflexiones que insisten en la necesidad de fortalecer el enfoque crítico aplicado a los instrumentos esgrimidos políticamente como expresión de una voluntad a favor de la calidad ambiental del territorio. La experiencia acumulada de las Agendas 21 ayuda a comprender que no siempre el balance ha sido tan satisfactorio como se pretendía ni los procedimientos puestos en práctica tan efectivos. Las ideas sugeridas al respecto por Salvador Rueda, director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona apuntan claramente en esta dirección, que no podemos ignorar.


martes, 5 de julio de 2011

El destino de los Fondos de Ayuda a los Ayuntamientos: ¿Qué impacto? ¿Qué relevancia?


Desde el primer momento se trató de una medida polémica, muy controvertida y virulentamente vapuleada por la oposición al Gobierno socialista de España. Con ella se trataba de cumplir un doble objetivo: aliviar el altísimo nivel de paro provocado por la quiebra drástica del modelo de crecimiento inmobiliario en el que se habían apoyado las variables expansivas de la economía y del empleo; y, por otro, de proporcionar a los Ayuntamientos, independientemente de su tamaño, unas aportaciones que permitieran afrontar, sin recurrir a su propio presupuesto, obras de diferente envergadura, conforme a un Plan en el que la autonomía local no se veía cercenada aunque sus iniciativas se encuadrasen en la función coordinadora ejercida por la Administración Central.


La oposición política cuestionó la medida, en efecto, pero fueron excepcionales los municipios que renunciaron a esas ayudas que para muchos les vino como anillo al dedo. "Toma el dinero y corre" se dijeron muchos de sus denostadores. Finalizado el programa, y con la perspectiva suficiente, cabe preguntarse: ¿Cómo afectó dicho plan al conjunto del territorio? ¿Qué proyectos se llevaron a cabo, dónde y con qué cuantía? ¿De qué manera sirvió para mejorar la dotación funcional de los municipios o contribuir a la mejora de sus servicios e instalaciones? Es evidente que sólo el análisis detallado permitirá despejar correctamente tales incógnitas, extraer conclusiones expresivas sobre sus carencias, limitaciones o ventajas, pero no cabe duda también que la información espacializada que suministra el Ministerio de Política y Administración Pública constituye una buena fuente de la que se pueden deducir interesantes consideraciones.


domingo, 3 de julio de 2011

Accidente en el Parque de Yellowstone


Catástrofe en el Parque Nacional de Yellowstone, como consecuencia de un vertido provocado por la rotura de un oleoducto de la Exxon Mobil.

Una noticia que ha pasado desapercibida en la prensa española.

lunes, 27 de junio de 2011

La ciudad de Detroit: ¿de la crisis a la recuperación?

Auge, ocaso e intentos de recuperación de una ciudad industrial. De la expansión a la muerte. De la muerte a la vida, como describe, ante la perspectiva de un espacio que trata de sobrevivir, el artículo de Okrent en Time. Aproximarse con la atención que merece al conocimiento de lo que ha sido y de lo que ha ocurrido en la ciudad estadounidense de Detroit como consecuencia de la crisis ayuda a entender la dimensión espacial de los ciclos de la economía capitalista.


Es un ejemplo elocuente de transformación del territorio en función de las estrategias de desarrollo desplegadas a lo largo de la historia.

jueves, 2 de junio de 2011

El Ártico amenazado: una rigurosa interpretación de los conflictos espacio-ambientales analizados desde la perspectiva jurídica


La gravedad de la crisis ambiental en que se encuentra el Ártico constituye uno de los principales motivos de preocupación de quienes se interesan sinceramente por la situación ecológica del planeta. Es un problema global, al que ya he hecho alusión anteriormente y que a nadie puede dejar indiferente pues de cuanto sucede en este espacio singular dependen procesos que inciden sobre el conjunto de la Tierra y sus equilibrios ambientales. Todas las perspectivas son necesarias para aportar al tratamiento del tema la información que haga posible un conocimiento riguroso de la realidad y de las tendencias que la definen.

De ahí el interés y la utilidad que en esta confluencia de métodos y saberes posee el enfoque jurídico, ya que contribuye a esclarar el significado y el alcance de las tensiones que afectan al territorio y condicionan las formas de intervención sobre él. No en vano se trata de una cuestión que atañe plenamente al Derecho Internacional, al que hay que recurrir para comprender los conflictos surgidos a partir de la delimitación del área entre los Estados ribereños y las controversias provocadas por las apetencias de unos y otras sobre un área codiciada por su posición estratégica en las grandes rutas marítimas internacionales y por la riqueza y variedad de sus recursos naturales.

Profundizar en el significado de las delimitaciones que derivan en la presión ejercida sobre la zona constituye la base científica en la que ha de apoyarse la interpretación de los diferentes instrumentos aplicados a la protección y preservación del medio ambiente ártico, es decir, desde los promovidos por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y los ligados a los Convenios Internacionales para la prevención de la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos (OILPOL) o de la contaminación por buques (MARPOL) a los denominados de “soft law” desarrollados en el marco del Consejo Ártico y de su Estrategia de Protección Medioambiental (AEPS), adoptada en 1991 en Rovaniemi.

Todos estos aspectos son analizados con rigor y profundidad en la obra que aquí se comenta, realizada por la Doctora Ana Manero Salvador, profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid, responsable de una de las principales aportaciones efectuadas en España sobre este tema tan actual como polémico y de necesaria consideración. Los plantea de forma muy bien sistematizada para llegar a la crítica conclusión de que “la voluntad política de los Estados está lejos de valorar el Artico como un espacio natural a proteger”, como resultado de una “visión cortoplacista que puede afectar gravemente a la Comunidad Internacional, dado que el deshielo definitivo del Artico tendrá terribles consecuencias a nivel global”.


lunes, 11 de abril de 2011

La conservación del Patrimonio Natural de Castilla y León: un debate irresuelto

Red de Espacios Naturales de Castilla y León

La importancia, el interés y la diversidad que ofrece el medio físico de la Comunidad de Castilla y León, la de mayor superficie (94.223 Km2) de la Unión Europea, justifican la atención que necesariamente se ha de conceder a cuantas disposiciones y medidas se adopten en relación con la ordenación y el tratamiento de sus valores ambientales.

Profundizar en el conocimiento de los objetivos que se pretenden mediante la Ley constituye un ejercicio de análisis territorial indispensable para comprender no sólo la relevancia de los elementos que configuran el potencial ecológico de la región sino también el alcance de los riesgos que lo amenazan o el significado de las medidas de gestión contempladas. Como tema de estudio, abierto a los ámbitos de la reflexión y del debate en los que los geógrafos han de acreditar su solvencia, concedo gran utilidad al conocimiento con ese fin del Borrador de la Ley de Conservación del Patrimonio Natural de Castilla y León, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de 13 de diciembre de 2010: un texto que en modo alguno debe ser ignorado por cuantos se interesan por las pautas que orientan la gestión de la Naturaleza en España. Se trata de una norma adaptada a la legislación estatal tres años después de la promulgación de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, y de la 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que precisamente fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad por parte de la Comunidad Autónoma.

Parque Natural de Fuentes Carrionas (Montaña palentina)

Por su densidad técnica y por su estructura argumental aconsejo la lectura del Borrador de la citada Ley del mismo modo que estimo también pertinente la consulta de las alegaciones presentadas al texto por Ecologistas en Acción – tanto en su perspectiva general como en el detalle que aplica a la valoración del articulado – ya que aporta ideas valiosas, que ayudan a entender el valor de la metodología aplicada a la interpretación de la norma sujeta al periodo de alegaciones, y que sin duda encierran observaciones bien argumentadas y susceptibles de enriquecer el modo de abordar, con el rigor y la precisión debidos, cuestiones tan sensibles como las que siempre entraña el proceso regulador relacionado con la protección del Patrimonio Natural.

domingo, 3 de abril de 2011

El Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico sobre Canarias: luces y sombras en torno a la Ordenación del Territorio y la práctica urbanística

Mogán (Gran Canaria)

Una iniciativa como la que aquí se comenta merece, en principio, ser conocida y valorada en función del interés que pudiera suscitar en el contexto de los debates planteados en torno a la práctica de la ordenación del territorio en España. Me refiero a la puesta en marcha en Gran Canaria el 1 de abril de 2011 del Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico (CAPTE), impulsado por un sector del empresariado de las islas con el fin de desarrollar un espacio de reflexión sobre la situación del archipiélago, que permita analizar a fondo sus problemas, valorar la dimensión de sus recursos y potencialidades, al entender que sólo así es posible “resolver sus incertidumbres, eludiendo cuidadosamente los riesgos de la endogamia y los proselitismos sectoriales”. Se trata, al parecer, de un órgano profesional, de un think tank o laboratorio de ideas concebido al margen de las cuitas políticas y de los afanes de los gobernantes, que pudieran sesgar el sentido de sus aportaciones realizadas sobre la base de la necesaria independencia y capacidad crítica sobre la realidad que les concierne.

El sentido de sus fines ha quedado bien en evidencia desde el primer momento. Pues, al convertir a los problemas que afectan al urbanismo canario en el centro de atención primordial, parece evidente hasta qué punto la cuestión territorial y, ante todo, urbanística haya podido influir en la movilización que ha dado lugar al nacimiento de ese foro de discusión y a la vez de alternativas. Haciendo hincapié en lo que, a su juicio, constituye un desbarajuste clamoroso, cuyo desencadenamiento sitúa en los efectos de la moratoria turística (2001-2003) y en la aprobación de las Directrices que provocaron la paralización de los planes generales y parciales que en ese momento se estaban llevando a cabo, el CATPE trata de transmitir a la opinión pública el nivel de inquietud provocado por las manifestaciones desastrosas de un modelo de ordenación y gestión del territorio apoyado en una maraña legislativa de la que deriva un escenario de gran confusión en el que se desenvuelven erráticamente las administraciones locales y la Comunidad Autónoma, como corresponde a una situación caracterizada por “la exasperación ante el desorden normativo, la abulia administrativa y la desesperante judicialización de la gestión del territorio”.

Denuncia con fuerza la existencia de un panorama especialmente crítico que tiene que ver con el hecho de que Canarias sea la región española con mayor número de normas de ordenación territorial, ya que en ella confluyen, se solapan y contradicen nada menos que 17 leyes, decretos y reglamentos diferentes, lo que, “lejos de dar mayor eficacia a la planificación de los recursos, obstruye las iniciativas inversoras y frustra cualquier tipo de actividad empresarial”. Más aún, en este contexto Canarias aparece como un espacio condicionado por el riesgo y la inseguridad jurídica, “hasta acabar siendo un lastre para el PIB autonómico”.

Basta echar un vistazo a sus observaciones para darse cuenta de lo que entiende como un desastre sin paliativos: “ Tras la paralización normativa que introdujo entre 2001 y 2003 la primera ley de directrices de ordenación del territorio y el turismo, el caos, el descuido, la incapacidad o la desidia se han adueñado de la planificación del suelo en los municipios, hasta el punto que sólo el 22% de ellos (20 de un total de 88) tiene sus deberes urbanísticos al día. En este escenario, no es ni mucho menos menor el dato que a continuación aflora con significativa e inquietante contundencia: el atraso brutal que a los efectos sufre Gran Canaria, donde sólo dos de sus 21 municipios, Agaete y Gáldar, tienen sus planes generales plenamente adaptados al marco normativo autonómico. Un problema que, mucho antes de que lo diagnosticara con toda su crudeza el CATPE, ya ha provocado la fuga de decenas de millones de euros de inversión, incluidas las que algunas empresas derivan hacia Tenerife sólo porque, aunque muy lejos del escenario óptimo, allí está algo más avanzada la planificación territorial. Y un retraso que adquiere ribetes escandalosos si se considera que, a diferencia de los tinerfeños, los dos municipios turísticos por excelencia de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, aún tienen estancados y sin visos de avance sus respectivos planes generales”.

Como puede verse, no se trata de una iniciativa promovida por grupos conservacionistas o vinculados al ecologismo activo, sino que emana del propio sector empresarial, preocupado por la errática profusión reguladora y por las contradicciones que de ella derivan hasta ejercer un efecto de inseguridad permanente. Sus propuestas van en la dirección correctora de los comportamientos que han conducido a un panorama que califican de "desolador". Habrá que observar el alcance de sus propuestas que de momento se decantan a favor de la derogación de la primera ley de moratoria turística y la corrección de la segunda. La razón, según parece, no es otra que la que viene motivada “por los riesgos de voracidad enladrilladora que, como acredita la situación actual de determinadas zonas de los sures turísticos, podría conllevar una involución normativa radical”.

En cualquier caso, y desde la perspectiva que anima este blog, no debe ser ignorado lo que representa una voluntad proclive al fomento de la reflexión crítica, en pro de medidas que defienden una ordenación del territorio apoyada en normas claras, coherentes y sólidamente cimentadas en los principios de la seguridad jurídica. En mi opinión, sería la vertiente más valiosa y positiva de la propuesta que el CAPTE preconiza, y que "a priori" debe ser bien recibida, por más que no quepa ignorar tampoco la suspicacia suscitada en un sector de la sociedad grancanaria cuando alude a la posibilidad de que, tras este planteamiento, tal vez subyazca la idea de que se eliminen los elementos de control o regulación que encauzan - o debieran encauzar, superando las contradicciones reguladoras de que actualmente adolece - la política territorial y urbanística. Sólo la experiencia y la observación de su trayectoria dará respuesta a esta disyuntiva aparente sobre sus propósitos reales.

Ver:

http://www.laprovincia.es/canarias/2011/04/03/empresarios-exigen-derogar-primera-moratoria-nueva-ley-territorio/363092.html


miércoles, 30 de marzo de 2011

Cuando la ley se modifica para invalidar una sentencia protectora de la calidad ambiental del territorio: el caso de la Junta de Extremadura


¿Todo vale para el pretendido desarrollo de un espacio determinado? ¿Hasta qué punto sus valores ambientales han de ser tenidos en cuenta antes de proceder a la elaboración y aplicación del plan abocado a la generación de impactos que inevitablemente acaban haciendo mella sobre la calidad de dichos valores? ¿Cuáles son los límites a la intervención humana en un territorio reconocido como sensible y digno de ser preservado? ¿En qué términos se plantea la seguridad jurídica de las decisiones? ¿Corremos el riesgo de modificar la legislación en función de los intereses en juego, cuando estos se ven afectados por una sentencia firme, precisamente amparada en la norma establecida por quienes, cuando les interesa, la cuestionan?

Mucho me temo que este va a ser un debate permanente y de muy largo recorrido en nuestro país, donde aún seguimos asistiendo al despliegue de actuaciones que, con el pretexto del desarrollo al alcance de la mano, no parecen tener control en ese proceso de autojustificación que lleva a considerar que sólo así, mediante la desnaturalización de espacios ambientalmente valiosos, es posible liberar a los lugares y a las comarcas de la postración en que se encuentran. Ejemplos los tenemos a cientos, y casi siempre en el listado interminable hacen acto de presencia espacios de gran calidad ambiental, sujetos, en principio, a instrumentos de protección y salvaguarda que, en virtud de la aplicación de la normativa concebida para singularizarlos, se adoptan y perviven con tal fin... hasta que las circunstancias, asociadas a la presión de intereses con fines especulativos, acaban por restar importancia a la preservación apoyada en dichos instrumentos, considerados más un obstáculo que una garantía a mantener.
Traigamos a colación, como ejemplo palmario, lo sucedido en Extremadura, donde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma ha emitido una sentencia, con fecha 9 de marzo de 2011, contraria a la construcción del macrocomplejo turístico “Marina Isla”, ubicado en un espacio perteneciente a la Red Natura 2000. Y lo ha hecho, como puede verse en el texto, mediante argumentos contundentes que frenan en seco – al declarar su nulidad - una iniciativa amparada en la figura de Proyecto de Interés Regional, a la que con frecuencia se recurre por parte de las Comunidades Autónomas para promover y autorizar intervenciones al margen de los mecanismos que regulan la toma de decisiones con la necesaria transparencia y apertura al debate y a la participación públicos.
Y es que, tras estimar el recurso presentado contra el Proyecto, “consistente en la recalificación y ordenación de terrenos situados en el embalse de Valdecañas (Badajoz), con destino a la construcción del Complejo turístico, de salud, paisajístico y de servicios Marina Isla de Valdecañas”, acuerda “ declarar nulo de pleno derecho el mencionado decreto, y el proyecto de interés regional que en el mismo se aprueba definitivamente, por no estar ajustados al ordenamiento jurídico” y “ordenar la reposición de los terrenos a que se refieren las mencionadas actuaciones a la situación anterior a la aprobación de dicho proyecto y los actos que se hubiera ejecutado con fundamento en el mismo”.
Sin embargo, es una sentencia incómoda que pronto tratará de ser invalidada políticamente. La estrategia emprendida por el Gobierno extremeño consiste en someter al Parlamento, para su aprobación el 31 de marzo de 2011, la modificación “ad hoc” de la Ley del Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura, con el fin de legalizar el complejo citado, tras la sentencia que lo declara nulo. El argumento utilizado señala que la tramitación de la propuesta de ley para modificar la Ley del Suelo «no se hace por el caso de Valdecañas sino porque éste proyecto ha puesto de manifiesto que hay dudas de interpretación para futuros proyectos». Los argumentos se modulan con este fin, llegando incluso a afirmar que "la correcta coordinación de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística con la normativa reguladora se ve comprometida, sin embargo, en aquellos casos en los que se suscitan dudas sobre la real y efectiva voluntad del legislador, bien sea porque las normas dictadas carecen de la adecuada o minuciosa redacción exigible o bien porque se siguen interpretaciones que se apartan de las líneas seguidas al aprobarse". Sorprendente, ¿no?
Más aún, se defiende como una pretensión aclaratoria aplicada al Art. 11 de la Ley esgrimiendo un razonamiento que no tiene desperdicio: “"la mera inclusión de unos terrenos en la Red Ecológica Natura 2000 no determinará, por sí sola, su clasificación como suelo no urbanizable, pudiendo ser objeto de una transformación urbanística compatible con la preservación de los valores ambientales necesarios para garantizar la integridad del área, y comprendiendo únicamente los actos de alteración del estado natural de los terrenos que expresamente se autoricen en el correspondiente procedimiento de evaluación ambiental".
A nadie le debe pasar por alto lo que en el fondo ha sucedido. Cuando la sentencia paraliza el Proyecto, se hace frente a la sentencia modificando la Ley en la que la propia sentencia se ampara. Lisa y llanamente estamos, como bien ha afirmado el Dr. Brufao, de la Universidad extremeña, ante “un atentado contra el Estado de Derecho y la división de poderes”. Una vez más quedan en evidencia las argucias a las que se recurre en la práctica de la Ordenación del Territorio.

Una ley de interés territorial: La Ley de Economía Social



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