Las lecciones de la catástrofe ambiental de Hungría: otra manifestación más de un problema irresuelto

La gravísima catástrofe humana y medioambiental provocada en el impresionante complejo metalúrgico de Ajka (Hungría) por la rotura el 4 de octubre de 2010 de la balsa que almacenaba los residuos de la planta de fabricación de aluminio, propiedad de la empresa Magyar Aluminium, localizada al oeste del país, y que ha traido consigo el vertido incontrolado de un millón de metros cúbicos de lodos tóxicos, ha puesto en evidencia los altísimos niveles de riesgo a que se ven expuestas las áreas situadas en las proximidades de los lugares de almacenamiento de los residuos minero-industriales, aunque su impacto adquiera mayor amplitud en función de los procesos difusores favorecidos por las corrientes de agua, tanto superficiales como subterráneas, que extienden sobremanera el área de incidencia, alcanzando extremos que resulta difícil evaluar hasta bastante tiempo después de transcurrido el accidente.

Se trata de un problema universal, asociado a los riesgos inherentes a las explotaciones mineras, cuyo conocimiento y valoración dista mucho aún de ofrecer el rigor necesario, con la consiguiente repercusión en la calidad de las medidas preventivas. Lo ocurrido en Hungría, que recuerda a la tragedia sucedida en la presa asociada a la mina de piritas de Aznalcóllar (Sevilla) en 1998, es una demostración fehaciente de las limitaciones de que aún adolecen los mecanismos de control y vigilancia que se presume debieran implicar en la Unión Europea medidas de actuación frente al riesgo, cuya amenaza es permanente, en consonancia con la consideración que tradicionalmente ha merecido la protección ambiental a través de un amplio arsenal de Reglamentos y Directivas.

Sorprende, efecto, que después de Aznalcóllar se haya tardado ocho años en poner en vigor una Directiva decididamente abocada a afrontar un problema letal en el territorio, con efectos potenciales de extremada gravedad. Los pasos dados hasta la aprobación de la Directiva 2006/21/ de 15 de marzo sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas pone fin a un periodo de tibieza e insuficiencias disciplinarias sobre este tipo de riesgo, de lo que adolecían las Directivas anteriores: la 96/82, promulgada a raiz del accidente de Seveso y la 2004/35 sobre responsabilidad medioambiental.

Las disposiciones de la Directiva de 2006 son claras cuando señalan que “es necesario establecer requisitos mínimos para prevenir o reducir en la medida de lo posible cualquier efecto adverso sobre el medio ambiente y la salud humana derivado de la gestión de residuos de las industrias extractivas, tales como los residuos de extracción y tratamiento (los residuos sólidos o lodos que se generan tras el proceso de tratamiento de los minerales mediante una serie de técnicas), la roca estéril y los terrenos de recubrimiento (el material que se mueve en una operación de extracción para acceder a un yacimiento mineral, también durante la fase de desarrollo previa a la producción) y la tierra vegetal (la capa superior del suelo)”.

Sin embargo, el plazo previsto para la trasposición a los ordenamientos respectivos se amplia hasta el 1 de mayo de 2012, fecha en la cual “los Estados miembros garantizarán que cualquier instalación de residuos a la que se haya otorgado una autorización o que esté ya en actividad el 1 de mayo de 2008 sea conforme a las disposiciones de la presente Directiva”.

Diario PÚBLICO. 8.10.2010

Diario EL PAIS. 16.10.2010

Lo sucedido en el pais centroeuropeo constituye, pues, una dramática llamada de atención, que revela una estrategia demasiado dilatoria respecto a las cautelas a adoptar ante una amenaza de riesgo letal y al tiempo la persistencia de un problema de enorme magnitud y gravedad en la tipología de los riesgos naturales y ambientales, objeto de estudio minucioso y solvente en la tesis doctoral realizada en el Departamento de Geografía de la Universidad de Cantabria por Maria Isabel Fernández Garrido.

En ella se presta atención, entre otras interesantes cuestiones, al problema que nos ocupa y que en España reviste una considerable dimensión. Utilizando datos del Instituto Geológico y Minero de España, el diario Público ha editado en su número de 8 de octubre de 2010 una elocuente información, en la que se señala la importancia de los residuos minerales por provincias, distribuidos en 7.096 instalaciones para depósitos procedentes de la extracción minera (industriales aparte), de las que 909 son de grandes dimensiones. No hay que olvidar tampoco que de las 524 que se hallan en situación de abandono, sólo 54 han sido objeto de medidas de restauración. Ejemplo de ello lo ofrece el trabajo llevado a cabo en este sentido en la balsa de las minas de la compañía Rio Tinto en el municipio gallego de Touro, considerada como una operación de buena práctica medioambiental.

La importancia del urbanismo en las políticas de igualdad

Centro de Referencia Estatal (c/Limonar de Cuba), lugar del Encuentro

Entiendo que la dimensión territorial de las políticas públicas debe abrirse a tantos desafíos y compromisos como problemas aquejan a las sociedades contemporáneas. La que comento es una línea de trabajo interesante, que adquiere mayor resonancia cuando se analiza desde la perspectiva de las estrategias acometidas a escala local por los municipios comprometidos con el tema que nos ocupa.

Me refiero a las directrices que orientan las decisiones a favor de impulsar políticas activas que afronten las situaciones críticas en que se encuentran las mujeres en los espacios urbanos, y a las que he hecho referencia en un artículo dedicado al tema. Es el tema que se ha abordado en la reunión promovida por el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, una ciudad muy dinámica, de 32.000 habs., situada en el área metropolitana de León, con el título “Urbanismo e Igualdad”. He tenido la oportunidad de asistir a la primera parte de las sesiones para conocer de cerca el enfoque que se da al análisis de los problemas y el tratamiento encaminado a su corrección.

Isabela Velazquez (derecha) acompañada de Concepción Rodriguez, Concejala de Bienestar Social

La intencionalidad del Encuentro ha sido bien clara. Se trata de “reflexionar sobre la forma y el uso que hombres y mujeres dan al espacio en el que viven y de qué manera los cambios producidos en nuestra sociedad (incorporación de la mujer al mercado de trabajo, corresponsabilidad familiar, sostenibilidad…) hace necesario una revisión en la forma de planificar el espacio, ya que la ciudad es utilizada por personas con iguales derechos y obligaciones”. En esta línea debo destacar la valiosa Ponencia desarrollada por Isabela Velázquez Valoria, arquitecta-urbanista, sobre un tema que da mucho de sí: “El espacio urbano desde la perspectiva de género: el papel de la mujer en nuestras ciudades y pueblos” y, por supuesto, la voluntad política expresada por la alcaldesa, Maria Eugenia Gancedo, del Partido Socialista, quien dio prueba del compromiso contraído con el desarrollo de las políticas de igualdad en el Municipio, en coherencia con los objetivos y metodología del II Plan de Igualdad 2009-2012.

Entre sus líneas de acción, se otorga un tratamiento específico al Area de Urbanismo y Vivienda, en desarrollo del Art. 31 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, referido a las “Políticas Urbanas, de Ordenación del Territorio y Vivienda”, y en el que se establece que “las administraciones públicas tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad y en las políticas urbanas la perspectiva de género"

Un tema, por tanto, merecedor de la máxima atención y que debe ser analizado a partir de las estrategias desplegadas por los Municipios y de los resultados que de ellas se deriven, aunque la tarea que tienen por delante no es en absoluto sencilla.

Con todo, no podemos pasar por alto aquellas experiencias - como la del municipio guipuzcoano de Aretxabaleta - que apuntan claramente en esa dirección, en las que también se centran los planteamientos desarrollados por Col.lectiu Punt 6.

Geografia, Método Regional y Planificación: una obra comprometida

He recibido una obra de la que quiero dejar constancia expresa. Amablemente me la envía su autor, Gerardo Mario de Jong, profesor de Geografía en la Universidad Nacional del Comahue, en la ciudad argentina de Neuquén. El libro lleva un título elocuente y atractivo: Geografía, Método Regional y Planificación. Publicada por la editorial Catálogos, de Buenos Aires, reúne y da a conocer las líneas esenciales del pensamiento del Doctor De Jong en torno a aspectos esenciales del conocimiento geográfico, tanto desde la perspectiva teórica como aplicada.

Es una obra de reflexión centrada en función de tres cuestiones básicas, que analiza con detenimiento en sendos capítulos, muy bien vertebrados entre sí. El primero se dedica al desarrollo del Concepto de Región, que interpreta retrospectivamente, trayendo a colación las grandes aportaciones de los maestros de la Geografía, con particular atención e hincapié, como es lógico, en el siglo XIX. El segundo ofrece una dimensión eminentemente práctica, ya que su objetivo consiste en dar a conocer los principios en los que se apoya lo que el autor entiende como la Planificación Regional, valorando el alcance de sus métodos, sus carencias, contradicciones y posibilidades para concluir en una valoración rigurosa de la “práctica planificadora” en América Latina y en Argentina, país que conoce bien, que ha estudiado en profundidad y sobre el que realiza aportaciones de gran interés en torno a “la ideología del desarrollo y la planificación regional en la Argentina”.

Y, por último, la obra se completa con un tercer capítulo dedicado a elaborar y sugerir una “propuesta metodológica para el análisis regional”. Es un valioso colofón, respaldado por una rigurosa fundamentación conceptual y una inequívoca carga ideológica, que se apoya en la decidida intencionalidad del autor de sustentar sus reflexiones en el contexto de las contradicciones que se plantean para el desarrollo regional dentro del modo de producción capitalista. De ahí el énfasis que hace en “las articulaciones dialécticas en que se manifiesta el fenómeno regional”, imposibles de entender al margen de los conflictos sociales y de las estrategias auspiciadas desde el poder para asegurar la consolidación del sistema pese a sus marcadas contradicciones estructurales.

Con Gerardo de Jong en el Museo Ernesto Bachmann (Villa El Chocón, Neuquén)

De todo ello se deduce el sólido soporte epistemológico en el que De Jong se ha basado para construir su coherente discurso de acuerdo con los principios sustantivos e intelectualmente válidos de la dialéctica marxista. Y es que en estos tiempos de simplificaciones reiteradas, de pensamiento débil, de taxonomías meramente descriptivas, de fetichismos tecnológicos sobrevaluados sin más pretensión que la mera expresividad formal de los fenómenos, en estos tiempos, en suma, en los que la forma prevalece sobre el fondo textos como el que nos ocupa merecen ser reseñados, entre otras razones porque nos acercan a una Geografía crítica, de firmes cimientos teóricos, comprometida con los problemas de su tiempo y concebida tanto para poner en evidencia las tensiones y desequilibrios que aquejan al funcionamiento de las estructuras espaciales como para apuntar las líneas de reflexión que permitan corregirlos o, cuando menos, que no sean banalizados en las interpretaciones que de ellos se hacen, de acuerdo con lo reiterado insistentemente por grandes maestros como David Harvey o Milton Santos, entre otros.

Una obra clave, pues, para reafirmar el ineludible compromiso de la Geografía y de los geógrafos con su tiempo y con su espacio.

La gestión de los ríos en España: ¿coordinación estatal o descentralización autonómica?

Demarcaciones Hidrográficas de España

En el escenario político han hecho acto de presencia los argumentos que tratan de contener el desbarajuste en que se ha convertido, o corre el riesgo de convertirse, la gestión de los ríos en España. No ha sido una reacción emanada del Gobierno del Estado, sino de los grandes partidos. En esta dirección se ha pronunciado el 22 de septiembre de 2010 el Socialista abogando - a través de un documento dedicado a la "Gestión sostenible del agua. Hacia un gran pacto social"- por la creación de “un ente gestor global dependiente de la Administración General del Estado que coordinará todas y cada una de las demarcaciones hidrográficas y sus interdependencias, y en el que participarían las distintas administraciones y los usuarios". A los dos días, el Partido Popular ha hecho suya esta postura al afirmar que parece indispensable defender una planificación nacional del agua. “Que el agua sea planificada a nivel nacional", afirmó una de sus principales dirigentes.

La verdad es que tarde o temprano esta reacción se veía venir. Y lo ha hecho tras constatar los riesgos acertadamente apuntados por la Demarcación de Andalucía del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos cuando pocos días antes habían manifestado su "honda preocupación" por la situación de la gestión del agua en esa región, al señalar que era "contraria a principios esenciales de nuestro ordenamiento jurídico como son el de unidad de cuenca, unidad de gestión, coordinación, eficacia y respeto de la función pública basada en el mérito y la capacidad". Los argumentos de los expertos han sido contundentes cuando han puesto en evidencia hasta qué punto el traspaso de competencias sobre el río Guadalquivir a la Comunidad autónoma andaluza "se ha roto la unidad de cuenca y la unidad de gestión". "Se ha troceado el Guadalquivir separando planificación hidrológica del resto de la gestión, ya que de la primera se encarga el Estado y de la segunda, en la parte andaluza del Guadalquivir, la Junta de Andalucía", subrayando que "también se ha roto el principio de unidad de cuenca y unidad de gestión al volver a trocear los ríos dentro de Andalucía y gestionarlos en un primer escalón por provincias".

Sirva esta breve alusión al informe de los ingenieros andaluces - otro más entre los muchos argumentos técnicos que cuestionan la fragmentación del sistema hidrográfico español - para entender el contexto en el que se plantea la reacción política ante un problema que es estructural en la ordenación del territorio en España, generador de innumerables y crónicos motivos de conflicto que han enrarecido sensiblemente las relaciones entre las Comunidades autónomas, proclives a la tensión permanente que se crea entre la disponibilidad del recurso y su utilización económica.

El debate es tan extenso como agotador, y lo que sorprende es que, lejos de afrontarlo de acuerdo con los instrumentos de coordinación contemplados en las Leyes (Texto refundido de la Ley de Aguas de 2001, modificada por R.D. 4/2007, de 13 de abril), se haya procedido a la asignación de competencias sobre algunos caudales de la red básica del Estado a algunas CCAA, como ha sucedido concretamente en los casos de Andalucía y Castilla y León, a las que se reconoce atribuciones específicas en la gestión del Guadalquivir y del Duero, respectivamente. Si en el primer caso, la transferencia ya está efectuada, mayor resistencia ofrece el Estado a la hora de ejecutar la competencia asignada a Castilla y León dadas las prevenciones que provoca la responsabilidad regional sobre un río cuyo curso tiene carácter internacional.

Duero-Douro, fronterizo entre España y Portugal

Si somos conscientes de hasta qué punto la política del agua debe ser un tema de Estado, basado en pautas de coordinación apoyadas en estructuras de gestión que han funcionado bien, como son las Confederaciones Hidrográficas - a la par que se reafirma la necesidad de fortalecer un modelo de aprovechamiento basado en la “cultura del agua” – la idea planteada por los Partidos de ámbito nacional no es irrelevante ni inoportuna, aunque sí tardía o quizá innecesaria. Y ello debido al hecho de que la Ley ya contempla mecanismos en esta dirección, sin olvidar tampoco la pertinente reflexión efectuada por los ingenieros de Andalucia cuando señalan que "si desde el gobierno de Andalucía no se consigue que funcione un modelo moderno de gestión del agua, tal vez sea urgente volver al tradicional gestionado por las Confederaciones Hidrográficas dependientes del Estado"

De todos modos, la reacción ha sido inmediata. En términos muy drásticos se han pronunciado los políticos aragoneses, entre los que existe una coincidencia plena contra la construcción de trasvases procedentes del Ebro. Invocando el principio de "unidad de cuenca" - hecho que la fragmentación por regiones vulnera, ya que el Ebro transcurre también por Cantabria, Castilla y León, La Rioja y Cataluña - insiste en el argumento de que el ente gestor propuesto por el PSOE- puede vulnerar la Constitución y entrar en conflicto de competencias con el Estatuto de Autonomía. En esta línea se ha pronunciado el portavoz del Partido Aragonés Regionalista, al insistir en que "no aceptaremos un documento que no reconozca nuestros derechos en el Estatuto y que pueda perjudicar a Aragón", exigiendo el mismo trato otorgado a Andalucía para la gestión del Guadalquivir, y que con tanto énfasis han criticado los ingenieros de Caminos de esa Comunidad.

Participación ciudadana y cultura ambiental: un largo camino por recorrer

Acaban de celebrarse en la Universidad de Valladolid unas Jornadas dedicadas a “La participación ciudadana en las políticas públicas ambientales”. Consideré que se trataba de un encuentro interesante y por eso asistí a la intervención de los representantes del Centro de Investigación de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria sobre “La Red de Municipios Sostenibles de Cantabria y los procesos de Agenda Local 21”.

Aludo a este encuentro porque creo que es importante reflexionar sobre los métodos aplicados al desarrollo de la cultura ambiental a través de las diferentes modalidades de estímulo de la participación ciudadana. Es evidente que los avances en algo tan esencial para la preservación de la calidad del territorio como es la implicación de los ciudadanos en la defensa de los valores ambientales representan, o debieran representar, una de las líneas de acción prioritaria de los poderes públicos, en la medida en que la capacidad reactiva de la ciudadanía representa un activo a tener en cuenta a la hora de evitar alteraciones o comportamientos lesivos con el entorno.

Sin embargo, pese a los buenos propósitos con que este tipo de políticas son abordadas, la tarea no es, en modo alguno, algo sencilla ni tiene el éxito garantizado de antemano. La intervención que comento lo puso claramente de manifiesto. Los resultados son aún, escasos, en cierto sentido decepcionantes y abundan los inconvenientes cuando se trata de alentar la acción social como factor de incidencia efectiva en la toma de decisiones sobre esta decisiva materia. Bien sea porque se adolece de una actitud dirigista, no exenta de voluntarismo, bien porque la colaboración de los Ayuntamientos no sea tan firme como se desearía, bien porque la labor educativa requiere paciencia y un poder de convicción de los que a veces se carece, bien porque el corto plazo se aviene mal con procesos de formación lentos y a veces no bien entendidos lo cierto es que la autocrítica se impone a la hora de hacer balance de los resultados conseguidos.

De las fotografías que ilustran esta entrada pueden obtenerse conclusiones interesantes. Si en la que encabeza el texto se da cuenta de la entidad de la labor emprendida, en la segunda se exponen con claridad las características y el balance obtenido en los diferentes espacios de encuentro organizados con tal fin. El estado de la cuestión se completa con las dos que evidencian las limitaciones observadas: falta de representatividad y asistencia, y falta de resultados a corto plazo. He elegido ambas porque resumen bien lo que a menudo suele suceder. Reconocerlo en toda su dimensión y con sinceridad es un buen camino para que las medidas correctoras, y que ahí también se exponen, sean algo más que un conjunto de buenas intenciones.

La cooperación transfronteriza se abre a nuevos horizontes y posibilidades: la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro

Es bien sabido que los compromisos entre Estados a la hora de acometer actuaciones coordinadas en ordenación del territorio no siempre resultan tarea fácil. El límite que impone la frontera, aunque como barrera de comunicación haya desaparecido en la Unión Europea, obliga a adaptar posiciones, instrumentos y estrategias orientados al cumplimiento de objetivos de interés común, a sabiendas de que la suma de esfuerzos resulta favorable para ambas partes sin merma de las respectivas personalidades, que, de enfrentadas, se convierten en complementarias.

La bibliografía sobre la cuestión es amplísima y viene avalada por el gran cúmulo de experiencias llevadas a cabo desde que en 1980 el Consejo de Europa destacase la particularidad de los espacios de frontera como una cuestión de relevancia específica y primordial para la comprensión del espacio europeo. De ahí deriva el Convenio Marco Europeo sobre Cooperación Transfronteriza, suscrito en Madrid el 21 de mayo de 1980 –posteriormente desarrollado en el Protocolo Adicional de 9 de noviembre de 1995 - con la voluntad de alentar la colaboración entre autoridades territoriales, en el que asimismo descansaran los Tratados de cooperación bilateral suscritos por España con Francia (en Bayona) el 10 de marzo de 1995 y con Portugal (en Valença do Minho) el 3 de octubre de 2002. Uno y otro definen la cobertura legal, sobre la base del Derecho Internacional, en la que se apoya la puesta en práctica de este tipo de estrategias por parte de las administraciones subestatales (Comunidades Autónomas y Entidades Locales) con voluntad para llevarlas a cabo mediante la creación de organismos específicos de cooperación con o sin personalidad jurídica.

Los organismos tradicionalmente puestos en práctica responden a una variada tipologia, que creo innecesario comentar, ya que lo más importante reside en el hecho de que todos ellos han servido, con resultados variables, para canalizar las ayudas proporcionadas por la Iniciativa Comunitaria INTERREG, que desde 1989 hasta 2006 han sido utilizadas de manera sustancial para financiar los proyectos destinados a consolidar esos vínculos históricamente obstaculizados por la frontera y que ahora tratan de afianzarse con la mirada puesta en el desarrollo integral del territorio.

Si mucho cabria decir de las luces y las sombras que han marcado la historia de INTERREG, aunque sin duda ha hecho posible cimentar las bases de una cultura a favor del encuentro por encima de la "raya", lo importante es el rumbo adquirido por la Cooperación Territorial (transfronteriza, transnacional y en redes) a raíz de la creación de un cauce nuevo que, con el nombre de Agrupación Europea de Cooperación Territorial (European Grouping Territorial Cooperation), ve la luz tras la aprobación del Reglamento (CE) nº 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006. La transposición de este este Reglamento fue realizada por Portugal mediante Decreto-Lei n.º 376/2007 y por España por Real Decreto 37/2008. Se trata, para precisar el alcance potencial de la medida, de un instrumento específicamente comunitario, dotado de personalidad jurídica y con el que se trata de superar las limitaciones e inseguridades de los instrumentos anteriores. Apoyado en un convenio de cooperación obligatorio, sus funciones se fundamentan en un régimen estatutario y en un presupuesto anual sujeto a informe certificado por expertos independientes. Recomiendo la lectura del Reglamento de referencia, que ilustra sobre las motivaciones y los objetivos que han inducido su puesta en marcha.

Edificio de Usos Múltiples, donde tienen su sede la AECT Duero-Douro y el Ayuntamiento de Trabanca (Salamanca)

Una de las primeras AECT aprobadas en la Unión Europea (donde en estos momentos existen quince en funcionamiento) es la que, con el nombre de Duero-Douro, fue constituida el 14 de Marzo de 2009, quedando definitivamente formalizada tras la publicación del Convenio y los Estatutos en el Diario de la Republica (7 de Marzo de 2009) y en el Boletín Oficial del Estado (21 abril 2009). Su dimensión territorial presenta una notable relevancia. De ella forman parte los distritos portugueses de Alto Trás-os-Montes, Douro, Beira Interior Norte y las provincias españolas de Salamanca y Zamora. En conjunto, la configuran 188 entidades públicas, de las que 107 son municipios transfronterizos de las provincias de Zamora y Salamanca, 7 Câmaras Municipales, 69 freguesias transfronterizas portuguesas, dos asociaciones de municipios, un organismo autónomo y dos entidades académicas: la Universidad de Salamanca y el Instituto Politécnico de Bragança. Todo ello representa una superficie de 8.910,27 Km2, en los que habitan 120.143 personas, de las que 73.328 son portuguesas y 46.815 españolas. La línea de frontera afectada se extiende a lo largo de 356,19 Kms.

Doy cuenta aquí de esta iniciativa porque creo interesante darla a conocer y porque vale la pena seguirla de cerca. En una medida muy notable en su génesis y desarrollo destaca la labor realizada por Don José Luis Pascual Criado, Director General de la Agrupación y alcalde del pueblo salmantino de Trabanca, donde tiene su sede. Hace unos días efectué una visita a las instalaciones de la AECT Duero-Douro, cuya trayectoria y perspectivas pueden seguirse en la excelente web diseñada al efecto, y mantuve una larga y fructífera conversación con el Sr.Pascual Criado, a quien desde esta ventana agradezco sinceramente su deferencia.

Con José Luis Pascual Criado, Director General de la AECT Duero-Douro y alcalde de Trabanca

Muchas, valiosas e ilustrativas fueron las ideas que me expuso y que trataré de aprovechar con fines cientificos. En cualquier caso, y más alla del reconocimiento que se pueda asignar a la impresionante labor llevada a cabo hasta ahora, no cabe duda de que nos encontramos ante una experiencia digna de ser observada y analizada, por cuanto abre un campo de posibilidades aún ineditas en ese epígrafe tan sensible de la ordenación del territorio como es la coordinación de actuaciones de desarrollo sostenible en el marco de la cooperación intermunicipal en un tramo muy crítico de la frontera hispano-portuguesa.

La desigual protección de los espacios polares: graves amenazas se ciernen sobre el Ártico

El Polo Norte codiciado

Los espacios polares constituyen ámbitos naturales de gran importancia en la estructura de la biodiversidad natural y en la preservación del equilibrio climático de la Tierra. Son áreas particularmente sensibles a los impactos de las actividades humanas y siempre han sido percibidos como lugares a preservar tanto por su riqueza ambiental como por las implicaciones que derivarían de su alteración para el conjunto del planeta. Plenamente justificado está, por tanto, el interés que deben merecer las directrices que orientan las actuaciones llevadas a cabo en los extremos helados de la Tierra, pues su valor trasciende sin duda al estricto ámbito de referencia.

De 1959 data la firma en Washington del Tratado Antártico - un "Tratado de paz y cooperación" - suscrito por 12 países, a los que después se han sumado mucho más, hasta abarcar una relación de 46, entre ellos España. Desde el principio el Polo Sur se concibió como un espacio de interés mundial, ajeno a los conflictos de intereses entre Estados y como un compromiso ambiental de escala planetaria, dado el valor de los procesos naturales que en él tienen lugar. El Tratado ha sido contundente en la prohibición de que en el área se lleven a cabo investigaciones relacionadas con el armamento nuclear y en el establecimiento de los criterios aplicados al desarrollo de la labor científica por parte de los países con instalaciones destinadas a este fin. Posteriormente, y en coherencia con esta línea, se adoptó en Madrid, en 1991 el Acuerdo de Protección Ambiental, que considera a la Antártida como Área de Conservación Especial, obligando a los países implicados a una estricta regulación de las actividades realizadas, que han de ser objeto de evaluación regular e información abierta, con el fin de impedir todo riesgo de impacto o actuaciones lesivas para el entorno. En suma, se ha llegado en este caso a la configuración de un potente y efectivo sistema de protección (Antartic Treaty System) que supone una garantía sólida desde el punto de vista científico, técnico y político.

En cambio, numerosas y graves son las amenazas que afectan la preservación ambiental del Ártico, la zona de la Tierra más sensible al calentamiento global. Bastaría recordar el propósito de la reunión mantenida en mayo de 2008 en Groenlandia por Rusia, Estados Unidos, Canadá, Noruega y Dinamarca, motivados por un objetivo común: la negociación para llevar a cabo una distribución de las áreas de influencia en el Polo Norte, ante la posibilidad de que el aprovechamiento de sus recursos energéticos y mineros pudiera ser potenciado al amparo de las interesantes perspectivas propiciadas por la situación del mercado (competitividad de precios) y por la reducción de la masa helada que hasta ahora habia constituido un obstáculo a los trabajos de prospección.

Es así como de la fiebre del oro que históricamente atrajo a miles de personas a los territorios cercanos al Polo Norte se ha apoderado de las grandes empresas en nuestros días la obsesión por hacerse con las reservas de gas natural y petróleo que, equivalentes a cerca de la cuarta parte de las que aún quedan por descubrir, se localizan en el Ártico. Dos grandes perforaciones han sido ya acometidas por la firma escocesa Cairn Energy en la costa de Groenlandia con total aquiescencia de los responsables políticos de la isla. Únicamente Greenpeace ha manifestado hasta ahora su oposición a tal iniciativa. Se echan de menos otras voces muy beligerantes no ha mucho contra el calentamiento global.

Fuente: Agencia Gubernamental Americana de Investigación Geológica

El proceso de explotación a gran escala está aún en sus inicios pero todo parece indicar que, dependiendo de la coyuntura económica, su desarrollo no es alejado en el tiempo. En este contexto, y a diferencia de lo que sucede en el Polo Sur (aunque también en este caso surgen advertencias respecto al incremento de la corriente turística que afecta al área), da la impresión de que la existencia del Consejo Ártico, creado en 1996 y del que forman parte los ocho países cuya plataforma continental enlaza con el Polo Norte, no va a introducir los mecanismos de salvaguarda y protección, de carácter restrictivo, aplicados en el caso de la Antártida. Más bien se ha limitado a respaldar no tanto las investigaciones científicas de carácter conservacionista como los estudios de valoración de los recursos existentes y de las posibilidades abiertas para el desarrollo de la navegación en un territorio donde el deshielo propicia la apertura y continuidad de rutas marítimas rentables. Todo parece indicar que para el Polo Norte la suerte está echada ante la indiferencia de la comunidad internacional.

Costas agredidas

Reanudo con el interés y los objetivos de siempre las reflexiones y sugerencias que en este blog tratan de sensibilizar a la opinión pública y a mis alumnos sobre los problemas que aquejan a los espacios amenazados por la incuria, la ignorancia o el lucro desmedido de que hacen gala muchos de quienes debieran ser responsables cuidadosos de la preservación de los rasgos naturales que los distinguen.

En esta época del año, cuando las costas españolas se encuentran abarrotadas de gente y el disfrute del mar aparece como la motivación principal del ocio al que se acogen los propios del país y un verdadero aluvión de cuantos lo visitan, no estaría de más dedicar un poco de tiempo y la atención que se pueda a los argumentos que, de mentes y plumas autorizadas y solventes, incitan a reflexionar sobre el maltrato de que ha sido objeto el litoral español. Con frecuencia he aludido a ello en esta ventana.

No entraré en más detalles, pues mi intención en estos momentos no es otra que la de invitarles a la lectura del artículo que con el título La destrucción de las playas españolas ha publicado recientemente el Dr. Miguel A. Losada, que desempeña la dirección del Centro Andaluz del Medio Ambiente (CEAMA). Es una voz seria y rigurosa, digna del importante organismo que preside y ante todo representante de ese clamor que hoy es compartido, aunque no tenga la resonancia que merece, por un sector cada vez más amplio de la sociedad española.

El poder de la información geográfica

En el Grupo de Geografia Económica de la Asociación de Geógrafos Españoles se ha debatido sobre la "Gobernanza" de las áreas empresariales

Naves en el Poligono industrial de Hontoria (Segovia), construido por SEPES

Las IV Jornadas de Geografía Económica celebradas en la Universidad de León durante los dias 1 y 2 de Julio han permitido una aproximación interesante al conocimiento de un aspecto esencial de la ordenación y del desarrollo del territorio como son las políticas relacionadas con la creación y acondicionamiento de los espacios para instalación y uso de las empresas.

El tema elegido ha dejado bien claro desde el principio la finalidad del Encuentro. Se trataba de reflexionar y debatir sobre “Las nuevas áreas empresariales: promoción y recualificación de suelo industrial, logística y gobernanza”. En conjunto, y tras la conferencia de inauguración, a cargo de Sergio Conti, de la Universitá de Torino, se presentaron dos ponencias y 22 comunicaciones, que fueron defendidas por sus respectivos autores, aunque la limitación del tiempo disponible hizo que el debate de que eran merecedoras quedase excesivamente reducido. La organización de las Jornadas tiene prevista la publicación de la conferencia, de las ponencias y de una selección de las comunicaciones.

Interés notable tuvo, por su parte, la mesa redonda celebrada en el Parque Tecnológico de León, moderada por mi buen amigo Lorenzo López Trigal, Catedrático de Geografía Humana de esa Universidad, y a la que estaban convocadas las instituciones que tienen competencias reconocidas en el acondicionamiento y gestión de suelo industrial. Representantes de SEPES, Entidad Estatal de Suelo, de la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales, de la Agencia de Desarrollo Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León y del Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo del Ayuntamiento de León se dieron cita para analizar, desde sus respectivos enfoques y responsabilidades, el modo de entender la política aplicada a un elemento esencial de la infraestructura para el desarrollo a las diferentes escalas – estatal, regional y local – en las que cada uno posee su respectivo ámbito de competencia.

Sin entrar a analizar en detalle las intervenciones, que estuvieron a la altura deseada, quisiera destacar la mención explícita que se hizo sobre el concepto de gobernanza de las áreas empresariales. La aplicación de este término a actuaciones de fuerte impacto espacial y medioambiental, donde no son infrecuentes las prácticas especulativas, los conflictos de intereses o el despliegue de iniciativas no exentas muchas veces de irracionalidad incorpora una dimensión digna de ser tenida en cuenta y que aparece bien resumida en la imagen que se acompaña. Un vistazo al texto (pueden ampliarlo presionando con el ratón sobre la imagen) ayuda a entender por dónde se han de encaminar las lógicas de actuación aplicadas a un aspecto tan sensible en su incidencia global sobre el territorio.

De izquierda a derecha, Juan Miguel Albertos, Joan Eugeni Sánchez y Gema González, Secretario, Presidente y Tesorera de la Junta Directiva saliente del Grupo de Geografía Económica de la AGE. En esa misma reunión fue elegida la nueva Junta que, presidida por Juan Miguel Albertos, contará también con Julia Salom y María Dolors Pitarch, como Secretaria y Tesorera, respectivamente

Y también deseo aludir en esta entrada a la labor llevada a cabo por los compañeros - Joan Eugeni Sánchez, Juan Miguel Albertos y Gema González - que en los últimos cuatro años han desempeñado con tanta dedicación como acierto la responsabilidad de dirección del Grupo de Geografía Económica de la Asociación de Geógrafos Españoles. Un Grupo que en estos momentos cuenta con 56 miembros y que lleva a cabo con regularidad y eficacia un meritorio programa de actividades que dignifican la Geografía española. Bien sea a través de las Actividades de Trabajo de Campo (la próxima en 2011) o de las Jornadas Científicas, como la que acaba de celebrarse en León, la labor del Grupo ofrece un balance plenamente satisfactorio a la hora de valorar el alcance y proyección de sus aportaciones en temas de tanta relevancia científica y aplicada como el estudio de los efectos espaciales de la industria, los procesos de innovación en el contexto de la economía globalizada, la dimensión de las estructuras productivas en red o todo el cúmulo de dinamismos asociados a las transformaciones tecnológicas acometidas por las empresas o en relación con las políticas y estrategias de los diferentes actores con incidencia reconocida en el desarrollo y reestructuración de los territorios.