Después de analizar los argumentos utilizados por el Tribunal Constitucional anulando el Art. 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que otorgaba a dicha Comunidad las competencias exclusivas "sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y que no afectasen a ninguna otra región", estaba cantado que la misma resolución iba a echar por tierra el art. 75.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que planteaba el mismo nivel de atribuciones que Andalucía, en esta ocasión sobre el río Duero. En ambos casos, la decisión ha sido unánime y zanja, a su favor, el recurso planteado por la Junta de Extremadura contra uno y otro artículo.
Personal y profesionalmente, celebro el acuerdo adoptado por el Tribunal Constitucional. Y lo hago sobre la base de los mismos argumentos que hace más de un año me llevaron a suscitar el tema en este mismo espacio. Me remito a ellos, porque la opinión sigue siendo la misma, es decir, defensora de la preservación del principio de "unidad de cuenca" (definida por la Ley de Aguas de 1985), y ahora respaldada por la sentencia del Tribunal garante de la Constitución. Es sin duda una advertencia que no debe ser pasada por alto cuando se trata de valorar lo que para la gestión integral, equitativa y sostenible de un recurso de tanta trascendencia como el agua tiene la aplicación estricta, y proclive a la fragmentación, del modelo autonómico. Basta leer el Manifiesto por la "Unidad de Cuenca y por la Eficiencia y Especialización en la Gestión Pública del Agua" para darse cuenta de ello.
Y, desde luego, resulta sorprendente que los respectivos Parlamentos autonómicos, el Congreso y el Senado hayan respaldado en su día la inclusión de esa competencia en las respectivas reformas estatutarias teniendo en cuenta el sentido y los objetivos de la Directiva Marco Europea del Agua y cuando está claro que contraviene el Art. 149.1.22 de la Constitución española en el que explícitamente se señala que "el Estado tiene competencia exclusiva en la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma". El hecho de que además, y por lo que respecta al Duero, se trate de un curso internacional, cuya ordenación implica acuerdos entre Estados, añade otro factor más en apoyo de la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional.
CYBERGEO ha publicado recientemente un interesante artículo sobre la ordenación y gestión de la cuenca del Loire. Aconsejo su lectura
Gracias por esta explicación tan clara y convincente. La sentencia es lógica y normal y la demagogia, la vulgaridad y la incapacidad de nuestros políticos, infinita. Ponerle fronteras a un río... cualquier día nos envasan el aire y nos lo venden. Deberían mirar los mapas físicos y no los políticos. En los primeros aprendes que las montañas y los ríos se extienden más allá de las lindes provinciales. En los segundos solo ves puzzles de colores apagados. Gracias, Manero
ResponderEliminarEstando de acuerdo con la sentencia que impide a Castilla y León y Andalucía tener competencias exclusivas sobre las cuencas que mayoritariamente cubren su territorio, me gustaría dar otro enfoque que no he visto a nadie tener en cuenta (quizá sea errado, pero es como yo lo veo). Es el tema de los trasvases. La gestión estatal de un recurso natural como es el agua es la idónea, pero no siempre la más correcta. Me explico. ¿No es posible que estas prisas por obtener competencias de los ríos se deban a la barbaridad que están cometiendo con el Tajo? Hay un refrán castellano que dice “cuando las barbas de tu vecino veas pelar, por las tuyas a remojar”. El Ebro no necesita medidas protectoras, con el solo hecho de cruzar territorio catalán no se va a tocar. Para que luego digan que con la política no se consigue nada.
ResponderEliminarEl caso del trasvase del Tajo podría producirse también en Duero y Guadalquivir. Al igual que en el primero, la cuenca alta de estos dos ríos tiene un peso demográfico muy limitado. No protestarían, y si lo hacen no se les oiría, si montan un gran embalse (como los de Entrepeñas y Buendía) destinado en un elevadísimo porcentaje a sacar el líquido elemento de su cuenca originaria. Tampoco van a decir nada río abajo, el grueso de la población ni tan siquiera sabe de dónde sale el agua que bebe. Pero como decía anteriormente, el caso del Tajo es muy particular. Para que en el centro peninsular, conservador e inmovilista por naturaleza, surjan asociaciones en defensa de algo muy grave tiene que ser la afrenta. Porque además da la casualidad que en esta cuenca está la mayor aglomeración de toda la península y dos capitales de Estado. El Canal de Isabel II funciona a las mil maravillas y sin necesidad de importar agua de otras cuencas… por el momento. Pero conozco el río Alberche y el pantano del Burguillo. He visto cómo en los últimos años la reserva de agua va mermando cada vez más. ¿Cambio climático con estíos más severos? No digo que no influya, pero más lo hace el crecimiento continuo y desmesurado de la gran aglomeración madrileña que necesita toda el agua posible para salir adelante. Y al contrario que las cuencas de Júcar y Segura, en ésta sí que hay agua para abastecer de sobra a todo el entramado metropolitano capitalino. Tan solo sería necesario que el Canal de Isabel II pudiera disponer del agua de la cabecera del río Tajo. Esto es lo que yo entiendo como “unidad de cuenca”.
Segunda parte.
ResponderEliminarPensará usted que represento al típico regionalista/nacionalista insolidario. Nada más lejos de la realidad. Si el agua sobrase, ni convenio con los regantes por una módica cantidad ni nada de nada. Que se lleven el agua gratuitamente. Lo que no concibo es que se nos llene la boca de “unidad de cuenca” y “sostenibilidad” y que nadie se digne a criticar o al menos advertir que mientras en una tierra desértica como es Levante montan centenares de campos de golf, el Tajo a su paso por la provincia de Toledo es una cloaca, cuando antes estaba lleno de vida. Desviar un río de la vertiente atlántica para que desemboque en Alicante no va a modificar la progresiva salinización de un mar deficitario como el Mediterráneo (perdone que me tome esta licencia, fuera de contexto). Lo que sí provoca es que en los pequeños municipios que lindan con los grandes pantanos desde donde se trasvasa, todos los veranos tengan que ser abastecidos con camiones cisterna, porque los derechos han sido vendidos a otra cuenca. No culpo a los levantinos, ellos piden (más bien exigen) y se les concede.
¿Y qué hacemos nosotros? Importar su modelo de desarrollo (no acabo de acostumbrarme a ver la palabra desarrollo en el nombre de modelos de este tipo). Apostamos por la expansión moderna de la ciudad acorde a la cultura de los centros comerciales y el vehículo privado, venga a montar urbanizaciones arrasando pinares, venga a construir pisos que nunca serán ocupados, verdes campos de golf en eriales… ¿Que ocupa espacio protegidos?¿Que contraviene alguna ley? No pasa nada, en vez de evitar el daño, arrasamos con lo que haya y cambiamos la ley para que todo cuadre. Quizá por cosas de este tipo siento más alegría que pena porque la Junta no pueda disponer del agua a su antojo.
Perdón por el tochazo y la bilis soltada y enhorabuena por el blog. Hace falta más cultura del territorio, especialmente en un país como este.
Saludos cordiales.
Gallium, agradezco mucho sus palabras, la concreción de sus reflexiones y el objetivo que las anima. No se las voy a discutir porque tiene toda la razón. La tiene cuando analiza y critica las características del modelo de transformación (que no de desarrollo) territorial que prevalece en España, uno de cuyos rasgos esenciales consiste en la utilización ineficiente de los recursos hídricos, producto de la debilidad que en nuestro país tiene, y hoy más que nunca, la cultura del agua, entendida como un recurso que no se puede dilapidar ni utilizar sin valoración del coste que implica tanto económica como ambientalmente. Es un comportamiento particularmente grave en un país con fuerte desequilibrios y contrastes en la disponibilidad de ese bien natural, cuya constatación ha sido reconocida como uno de los problemas esenciales del territorio y como una constante de la historia hidráulica de España a lo largo del tiempo y particularmente en el siglo XX. La lectura de los grandes documentos elaborados en este sentido, entre ellos los que acompañan al Plan de Obras Hidráulicas de Manuel Lorenzo Pardo en la II República, revela hasta qué punto constituye un problema estratégico de primer orden, que, en coherencia con la postura defendida entonces, que la Constitución de 1978 recoge y que desarrolla la Ley de Aguas de 1985, sólo cabe afrontar como una estrategia de Estado sobre la base de una política en la que aparezca conciliados el principio de solidaridad interterritorial con la corrección de las situaciones de despilfarro que lleven a lesionar el valor del recurso como potencial factor de desarrollo allí donde la naturaleza contribuye a su formación. Dudo mucho, por tanto, de la eficacia que la aplicación de los límites autonómicos, totalmente artificiales, puedan tener a la hora de afrontar el problema, pues supone una fragmentación de los sistemas de gestión que tampoco garantiza el correcto uso del agua en el marco de las competencias autonómicas. Pues,en esencia, se trata de una cuestión asociada al modelo de desarrollo, a su revisión en los términos que aconseja una perspectiva más sostenibles de los bienes naturales irracionalmente utilizados, por lo que, en función de lo que la visión integral de los procesos aconseja, parece más razonable que sea en el marco del Pacto por el Agua que España necesita donde se resuelve un problema secular de la sociedad, de la economía y del territorio españoles.
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