Este blog pretende contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la cultura y de la sensibilidad territorial ante las múltiples manifestaciones de agresión y deterioro a que se ven sometidos los paisajes como consecuencia de actuaciones frecuente y deliberadamente insensibles con la calidad y los recursos que los identifican.
de las buenas prácticas en el ejercicio de la acción pública y en sintonía con los objetivos y principios contemplados
en el Manifiesto por una Nueva Cultura del Territorio.
Planteado también con fines didácticos, se concibe como un documento aplicable a la docencia, así como un espacio de encuentro, comunicación y debate con los estudiantes y profesores de Geografía, y con quienes se interesen
por la evolución y los métodos de esta disciplina, por la utilidad e importancia de la información geográfica,
por su dimensión aplicada y por las políticas relacionadas
con la Ordenación, el Gobierno y el Desarrollo del Territorio.
miércoles, 23 de febrero de 2011
Réquiem por las costas españolas
miércoles, 16 de febrero de 2011
El modelo energético español: un problema irresuelto e indebidamente abordado

Cada vez se pone más en evidencia las incertidumbres a que conduce la ausencia de una política energética, clara y coherente, en España. Es, a mi juicio, otra manifestación más de las contradicciones, las insuficiencias y los errores que se han instalado con harta frecuencia, y al parecer de manera definitiva, en el modo de actuación aplicado a aspectos esenciales relativos al empleo de los recursos – territoriales y financieros - en los que se basa también, y de manera primordial, la Ordenación (sostenible) del Territorio. La resistencia a plantear un debate, serio y riguroso, sobre el modelo energético español lleva a situaciones tan sorprendentes como la que ha conducido a introducir en la Ley de Economía Sostenible - el gran proyecto de reestructuración económica del país, aprobado en marzo de 2010 - el acuerdo por el que las centrales nucleares se mantengan en funcionamiento más allá de los 40 años para los que fueron diseñadas.
La propuesta, proveniente de Convergencia i Unió y el Partido Nacionalista Vasco, ha sido respaldada por el Partido Popular y por el que sustenta al Gobierno, que modifica así el criterio defendido hasta ahora y que en su momento fue aplicado a la Central de Garona (Burgos), que, excepcionalmente, será clausurada en 2013 mientras las demás permanecerán activas con independencia de que hayan alcanzado o no el tiempo de vida previsto cuando fueron construidas. Y sorprende también que a estas alturas aún permanezca en incógnita la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) para residuos de elevada radiactividad y cuya ubicación se pensaba dejar resuelta en agosto de 2010. En suma, se ha alargado la vida de centrales que se encuentran amortizadas desde hace muchos años y cuyos beneficios, por esa misma razón, son espectaculares, sin que tampoco haya quedado zanjada la cuestión del almacenamiento, particularmente crítico en el caso de los de alta intensidad, para los que se prevé el ATC, y que mientras tanto permanecen en las piscinas de las centrales o se envían a Francia, con un coste de 60.000 euros diarios a partir de 2011.
La decisión se ha inclinado, con la aquiescencia de CCOO y UGT, a favor de los grandes grupos de intereses articulados en torno a la energía nuclear, sin que al tiempo se haya procedido a clarificar -ni se hayan fijado plazos para ello, la estructura del “mix” energético, en coherencia con los recursos del país, con las necesidades a largo plazo en función de la demanda y con las exigencias a que obliga una estrategia más racionalizadora del consumo, que en España alcanza, por unidad de producto, niveles sensiblemente más elevados que en el conjunto europeo. Los cálculos efectuados apuntan al hecho de que por cada 1.000 euros de Producto Interior Bruto el consumo alcanza los 184 Kep (kilogramos equivalentes petróleo) frente a los 169 del promedio de la Unión Europea. Es evidente que se trata de una pauta insostenible teniendo en cuenta que más de las tres cuartas partes del suministro energético español provienen del exterior, lo que determina un altísimo nivel de dependencia y de fragilidad para la economía.
Sin necesidad de entrar en consideraciones pormenorizadas sobre la importancia y el papel que desempeñan, o pueden desempeñar, las distintas fuentes de generación, deseo sobre todo destacar que en estos términos, de indefinición y proclives a la sorpresa, se plantea un problema aún irresuelto. Un problema que no puede afrontarse mediante medidas puntuales, contradictorias con los mensajes previamente transmitidos, creando incertidumbres regulatorias y al margen de ese debate necesario y obligado que brilla por su ausencia, y con la seriedad necesaria, en los foros políticos y económicos que proliferan con tanto ruido como ineficacia en la vida pública española.
domingo, 13 de febrero de 2011
La calidad del aire en España: ¿negligencia o incompetencia?

Y es que, según el Real Decreto 1073/2002 (de 18 de octubre), se asigna a las Comunidades Autónomas la responsabilidad de garantizar la calidad del aire en sus respectivos territorios, salvo en el caso de la ciudad de Madrid donde esta función compete estrictamente al Ayuntamiento, debido a la existencia de instrumentos de medición instalados con anterioridad a la promulgación de la Directiva Comunitaria sobre la mejora de la calidad del aire en las ciudades europeas.
Aunque dicha Directiva data del año 1996 (96/62/CE), su transposición íntegra al ordenamiento español aún no se ha llevado a cabo. Ha habido por parte de la Administración del Estado una clara negligencia en este sentido, que ha motivado sentencias condenatorias hacia España. Quizá por esa razón, de forma paliativa, se ha optado por aplicar las Directivas secundarias que emanan de aquélla (1999/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE y 2004/107/CE), centradas sobre todo en el establecimiento de los límites fijados para los diferentes contaminantes.
La insuficiencia y la lentitud siguen marcando la pauta en este sentido. Baste recordar que la última de las Leyes aprobadas en España sobre la cuestión - Ley 34/2007 de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera – carece aún del indispensable desarrollo reglamentario. Y, para rizar aún más el rizo, señalemos que la Directiva 2008/50/CE, donde se ordena y sistematiza el sistema regulador existente hasta entonces y que pone al día los procedimientos y cálculos de medición, debiera haber sido incorporada a la legislación española en junio de 2010. Al no haberse llevado a cabo todavía, la UE ha abierto el correspondiente procedimiento de infracción al Estado español.
Ante esta situación no estaría de más realizar una consulta del informe sobre la Calidad del Aire de las Ciudades Españolas. Clave de Sostenibilidad Urbana, realizado por el Observatorio de la Sostenibilidad, cuando Cristina Narbona era responsable del Ministerio de Medio Ambient
Sin duda, un paso adelante en esta dirección ha sido el dado por la aprobación en el Consejo de Ministros de 4 de noviembre de 2011 del Plan Nacional de Calidad del Aire.
lunes, 7 de febrero de 2011
Participación ciudadana y Ordenación del Territorio: una interesante iniciativa en el País Vasco
