Demoledor informe sobre la destrucción de la costa andaluza

Impacto provocado por la construcción del Hotel Alarrobico en el espacio natural protegido del Cabo de Gata, Almería

Cien metros resulta insuficiente. Una distancia mínima. La Ley de Costas se ha quedado corta, claramente superada por la masiva construcción de las dos últimas décadas. Estas ideas las podría suscribir cualquiera que conozca el Sur de España y buena parte del litoral español. Y el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, no sólo las confirma, sino que propone cambios para preservar lo poco que queda intacto, sin enladrillar: “Los valores naturales de la franja litoral no son reconocibles en su mayoría de su trazado”, se lamenta. Los detalles y denuncian abundan en el informe sobre la destrucción de la costa andaluza.

“¿Por qué no dejamos en suspenso la norma y discutimos si no sería conveniente proteger el territorio hasta los 500 metros a partir del límite interior de la ribera del mar?”, se pregunta el Defensor andaluz. “No sabemos cómo van a crecer las mareas en el futuro y esta sería una buena medida”, insiste. ¿Precedentes? “Creo que hasta ahora no lo había planteado nadie, ni en España, ni en la Unión Europea. Quizá algún grupo ecologista, no lo sé”.

En las conclusiones del estudio se precisa “ordenar” esta zona con criterios “extraordinariamente restrictivos” respecto de posibles intervenciones urbanísticas que repiten los “modelos” residenciales y turísticos ya existentes. Veinte años después de la entrada en vigor de la Ley de Costas, Chamizo lanza otro dardo: “Todavía queda por aprobar el deslinde definitivo, aproximadamente del 15 o 20% de nuestro litoral”. E insta a las administraciones a adoptar “cuantas medidas sean necesarias para recuperar el dominio público usurpado”. Si es precios, con las compensaciones necesarias.

Otra denuncia plantea en relación con la financiación municipal, dado el elevado peso que en ella tiene el urbanismo. La Oficina del Defensor del Pueblo alerta que el “grave y estructural déficit” de los ayuntamientos de Andalucía no pueden “pretender enjugarse en gran medida con los ingresos procedentes de la actividad urbanística”. El informe deja claro que el mantenimiento y conservación de las nuevas infraestructuras generan “nuevos gastos”. Y es más, años después, “ningún servicio público supone un superávit en su gestión, sino que más bien termina por originar más déficit”.

Las urbanizaciones ilegales suponen otro quebradero de cabeza para el equipo de Chamizo. En Andalucía, concreta el estudio, existen 1.000 construcciones de este tipo. Y este problema “muy pocos municipios lo han abordado con el rigor necesario”. Por ello, solicitó cuando se trate de parcelaciones en la que no haya prescrito la infracción administrativa, las autoridades “impidan la consolidación de las infracciones”, llegando incluso a su demolición si fuera necesario. En el caso de que dicha infracción haya prescrito, instó a que se acometa su regularización y que los costes de la misma recaiga sobre los promotores o los residentes de las edificaciones “nunca las arcas municipales”.

Chamizo también exige una “urgente” reforma del Código Penal que refuerce las penas por comisión de delitos urbanísticos. La intención es perseguir “más eficazmente” estos delitos, ya que, en experiencias compartidas con la Red de Fiscales Medioambientales, se evidencia la existencia de no pocas “imprecisiones técnicas y lagunas en el actual texto en lo que concierne a los delitos de ordenación del territorio”.

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz también ha detallado en este informe las infracciones urbanísticas en suelo no urbanizable. “Con independencia de que tales actuaciones pueden ser, además, constitutivas de delito a tenor de lo previsto en los arts. 319 y 320 del Código Penal, revisten una especial gravedad por el daño que ocasionan en un suelo que debe ser preservado por motivos ambientales”. Añade el estudio: “Se trata de una tipología de infracción en la que, a la hora de su denuncia, ha tomado un importante papel el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que contrasta con la actitud de no pocos responsables municipales que ni tramitan expedientes sancionadores, ni cursan denuncias a los juzgados cuando tienen conocimiento de la ejecución de obras de esta naturaleza en su término municipal”.

Por ello, el estudio no duda en criticar la labor de las autoridades municipales: “Carece de justificación hablar de obras clandestinas cuando se trata de edificaciones que se realizan en el término municipal, sobre el que el Ayuntamiento puede y debe ejercer sus competencias, y son perfectamente detectables por cualquier ciudadano y, desde luego, por los agentes de la Policía Local”. Y apunta “Y, por supuesto, carece de justificación que tantos responsables públicos municipales se amparen en que carecen de medios para perseguir estas infracciones cuando, al tratarse de conductas presuntamente delictivas, basta con que trasladen las denuncias de los hechos de los que tienen conocimiento –lo cual además constituye una obligación «ex lege»- a las autoridades judiciales”. Eso sí, para Chamizo, todavía hay un 90% del territorio interior de Andalucía “salvable”. En el litoral, no.

Este informe no hace sino corroborar el diagnóstico y las conclusiones recogidos en el Informe Destrucción a toda Costa 2006 elaborado por Greenpeace, donde lleva a cabo un análisis riguroso de las gravísimas alteraciones a que se ve sometido el litoral andaluz.