"La condición espacial" de Ana Fani Alessandri Carlos

Interesante reseña sobre esta obra

La Ordenación del Territorio en España

Situación de la Ordenación del Territorio en España (a 30.6.2007)

INSTRUMENTOS DE RANGO REGIONAL

INSTRUMENTOS DE RANGO SUBREGIONAL

Fuente: Base de Datos de Ordenación del Territorio (BIOT) del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino

Una obra esencial sobre la situación de la Ordenación del Territorio en España

La Revista Cuadernos Geográficos, editada por la Universidad de Granada, acaba de publicar su número 47/2010 (697 páginas), dedicado monográficamente a un tema de gran actualidad e importancia científica: “El estado de la Ordenación del Territorio en España”.

Coordinada por el Dr. D. Francisco Rodríguez Martínez, catedrático de Geografía de la Universidad granadina y director de su Instituto de Desarrollo Regional, la obra constituye una oportuna y excelente aportación para el conocimiento de las tendencias que definen las políticas de ordenación territorial en un país necesitado de reflexiones críticas y rigurosas en un aspecto decisivo de la calidad del territorio y de sus paisajes.

El número de las colaboraciones recogidas y la variedad de aspectos y enfoques considerados convierten a este número en un texto de referencia para conocer en profundidad contenidos básicos en la formación de los geógrafos y de cuantos se interesan por la práctica de la gestión de los recursos territoriales.

Malos tiempos para las sensibilidades y las cautelas ambientales

Corren malos tiempos para la sensibilización ambiental.

Pero, ¿es que los ha habido buenos alguna vez? Cuando la euforia inmobiliaria sacudía al país por los cuatro costados, todos tuvimos ocasión de comprobar con qué desidia y desconsideración se trataban las cuestiones relacionadas con los impactos provocados. Cuando llega la crisis, las prioridades son otras y encaminan sus miradas hacia la solución de las emergencias que conmocionan a la sociedad, relegando a un segundo plano aquellos objetivos que cualitativamente contribuyen a la mejora de las condiciones en las que se desenvuelve la vida de una sociedad.

En uno u otro caso, el territorio es la víctima, el problema desatendido, el valor menospreciado. Por tanto, duele, aunque no sorprenda, lo que certeramente se denomina "la crónica de una decepción". No pintan bien los balances que proporciona el conocimiento de la situación en que se encuentran los Informes de Impacto Ambiental ni las Memorias requeridas en los procedimientos de Evaluación Ambiental Estratégica del planeamiento urbanístico.

Y, por otro lado, no parecen desacertadas las reflexiones que insisten en la necesidad de fortalecer el enfoque crítico aplicado a los instrumentos esgrimidos políticamente como expresión de una voluntad a favor de la calidad ambiental del territorio. La experiencia acumulada de las Agendas 21 ayuda a comprender que no siempre el balance ha sido tan satisfactorio como se pretendía ni los procedimientos puestos en práctica tan efectivos. Las ideas sugeridas al respecto por Salvador Rueda, director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona apuntan claramente en esta dirección, que no podemos ignorar.

El destino de los Fondos de Ayuda a los Ayuntamientos: ¿Qué impacto? ¿Qué relevancia?

Desde el primer momento se trató de una medida polémica, muy controvertida y virulentamente vapuleada por la oposición al Gobierno socialista de España. Con ella se trataba de cumplir un doble objetivo: aliviar el altísimo nivel de paro provocado por la quiebra drástica del modelo de crecimiento inmobiliario en el que se habían apoyado las variables expansivas de la economía y del empleo; y, por otro, de proporcionar a los Ayuntamientos, independientemente de su tamaño, unas aportaciones que permitieran afrontar, sin recurrir a su propio presupuesto, obras de diferente envergadura, conforme a un Plan en el que la autonomía local no se veía cercenada aunque sus iniciativas se encuadrasen en la función coordinadora ejercida por la Administración Central.

La oposición política cuestionó la medida, en efecto, pero fueron excepcionales los municipios que renunciaron a esas ayudas que para muchos les vino como anillo al dedo. "Toma el dinero y corre" se dijeron muchos de sus denostadores. Finalizado el programa, y con la perspectiva suficiente, cabe preguntarse: ¿Cómo afectó dicho plan al conjunto del territorio? ¿Qué proyectos se llevaron a cabo, dónde y con qué cuantía? ¿De qué manera sirvió para mejorar la dotación funcional de los municipios o contribuir a la mejora de sus servicios e instalaciones? Es evidente que sólo el análisis detallado permitirá despejar correctamente tales incógnitas, extraer conclusiones expresivas sobre sus carencias, limitaciones o ventajas, pero no cabe duda también que la información espacializada que suministra el Ministerio de Política y Administración Pública constituye una buena fuente de la que se pueden deducir interesantes consideraciones.

Accidente en el Parque de Yellowstone

Catástrofe en el Parque Nacional de Yellowstone, como consecuencia de un vertido provocado por la rotura de un oleoducto de la Exxon Mobil.

Una noticia que ha pasado desapercibida en la prensa española.

La ciudad de Detroit: ¿de la crisis a la recuperación?

Auge, ocaso e intentos de recuperación de una ciudad industrial. De la expansión a la muerte. De la muerte a la vida, como describe, ante la perspectiva de un espacio que trata de sobrevivir, el artículo de Okrent en Time. Aproximarse con la atención que merece al conocimiento de lo que ha sido y de lo que ha ocurrido en la ciudad estadounidense de Detroit como consecuencia de la crisis ayuda a entender la dimensión espacial de los ciclos de la economía capitalista.

Es un ejemplo elocuente de transformación del territorio en función de las estrategias de desarrollo desplegadas a lo largo de la historia.

El Ártico amenazado: una rigurosa interpretación de los conflictos espacio-ambientales analizados desde la perspectiva jurídica

La gravedad de la crisis ambiental en que se encuentra el Ártico constituye uno de los principales motivos de preocupación de quienes se interesan sinceramente por la situación ecológica del planeta. Es un problema global, al que ya he hecho alusión anteriormente y que a nadie puede dejar indiferente pues de cuanto sucede en este espacio singular dependen procesos que inciden sobre el conjunto de la Tierra y sus equilibrios ambientales. Todas las perspectivas son necesarias para aportar al tratamiento del tema la información que haga posible un conocimiento riguroso de la realidad y de las tendencias que la definen.

De ahí el interés y la utilidad que en esta confluencia de métodos y saberes posee el enfoque jurídico, ya que contribuye a esclarar el significado y el alcance de las tensiones que afectan al territorio y condicionan las formas de intervención sobre él. No en vano se trata de una cuestión que atañe plenamente al Derecho Internacional, al que hay que recurrir para comprender los conflictos surgidos a partir de la delimitación del área entre los Estados ribereños y las controversias provocadas por las apetencias de unos y otras sobre un área codiciada por su posición estratégica en las grandes rutas marítimas internacionales y por la riqueza y variedad de sus recursos naturales.

Profundizar en el significado de las delimitaciones que derivan en la presión ejercida sobre la zona constituye la base científica en la que ha de apoyarse la interpretación de los diferentes instrumentos aplicados a la protección y preservación del medio ambiente ártico, es decir, desde los promovidos por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y los ligados a los Convenios Internacionales para la prevención de la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos (OILPOL) o de la contaminación por buques (MARPOL) a los denominados de “soft law” desarrollados en el marco del Consejo Ártico y de su Estrategia de Protección Medioambiental (AEPS), adoptada en 1991 en Rovaniemi.

Todos estos aspectos son analizados con rigor y profundidad en la obra que aquí se comenta, realizada por la Doctora Ana Manero Salvador, profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid, responsable de una de las principales aportaciones efectuadas en España sobre este tema tan actual como polémico y de necesaria consideración. Los plantea de forma muy bien sistematizada para llegar a la crítica conclusión de que “la voluntad política de los Estados está lejos de valorar el Artico como un espacio natural a proteger”, como resultado de una “visión cortoplacista que puede afectar gravemente a la Comunidad Internacional, dado que el deshielo definitivo del Artico tendrá terribles consecuencias a nivel global”.

La conservación del Patrimonio Natural de Castilla y León: un debate irresuelto

Red de Espacios Naturales de Castilla y León

La importancia, el interés y la diversidad que ofrece el medio físico de la Comunidad de Castilla y León, la de mayor superficie (94.223 Km2) de la Unión Europea, justifican la atención que necesariamente se ha de conceder a cuantas disposiciones y medidas se adopten en relación con la ordenación y el tratamiento de sus valores ambientales.

Profundizar en el conocimiento de los objetivos que se pretenden mediante la Ley constituye un ejercicio de análisis territorial indispensable para comprender no sólo la relevancia de los elementos que configuran el potencial ecológico de la región sino también el alcance de los riesgos que lo amenazan o el significado de las medidas de gestión contempladas. Como tema de estudio, abierto a los ámbitos de la reflexión y del debate en los que los geógrafos han de acreditar su solvencia, concedo gran utilidad al conocimiento con ese fin del Borrador de la Ley de Conservación del Patrimonio Natural de Castilla y León, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de 13 de diciembre de 2010: un texto que en modo alguno debe ser ignorado por cuantos se interesan por las pautas que orientan la gestión de la Naturaleza en España. Se trata de una norma adaptada a la legislación estatal tres años después de la promulgación de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, y de la 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que precisamente fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad por parte de la Comunidad Autónoma.

Parque Natural de Fuentes Carrionas (Montaña palentina)

Por su densidad técnica y por su estructura argumental aconsejo la lectura del Borrador de la citada Ley del mismo modo que estimo también pertinente la consulta de las alegaciones presentadas al texto por Ecologistas en Acción – tanto en su perspectiva general como en el detalle que aplica a la valoración del articulado – ya que aporta ideas valiosas, que ayudan a entender el valor de la metodología aplicada a la interpretación de la norma sujeta al periodo de alegaciones, y que sin duda encierran observaciones bien argumentadas y susceptibles de enriquecer el modo de abordar, con el rigor y la precisión debidos, cuestiones tan sensibles como las que siempre entraña el proceso regulador relacionado con la protección del Patrimonio Natural.

El Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico sobre Canarias: luces y sombras en torno a la Ordenación del Territorio y la práctica urbanística

Mogán (Gran Canaria)

Una iniciativa como la que aquí se comenta merece, en principio, ser conocida y valorada en función del interés que pudiera suscitar en el contexto de los debates planteados en torno a la práctica de la ordenación del territorio en España. Me refiero a la puesta en marcha en Gran Canaria el 1 de abril de 2011 del Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico (CAPTE), impulsado por un sector del empresariado de las islas con el fin de desarrollar un espacio de reflexión sobre la situación del archipiélago, que permita analizar a fondo sus problemas, valorar la dimensión de sus recursos y potencialidades, al entender que sólo así es posible “resolver sus incertidumbres, eludiendo cuidadosamente los riesgos de la endogamia y los proselitismos sectoriales”. Se trata, al parecer, de un órgano profesional, de un think tank o laboratorio de ideas concebido al margen de las cuitas políticas y de los afanes de los gobernantes, que pudieran sesgar el sentido de sus aportaciones realizadas sobre la base de la necesaria independencia y capacidad crítica sobre la realidad que les concierne.

El sentido de sus fines ha quedado bien en evidencia desde el primer momento. Pues, al convertir a los problemas que afectan al urbanismo canario en el centro de atención primordial, parece evidente hasta qué punto la cuestión territorial y, ante todo, urbanística haya podido influir en la movilización que ha dado lugar al nacimiento de ese foro de discusión y a la vez de alternativas. Haciendo hincapié en lo que, a su juicio, constituye un desbarajuste clamoroso, cuyo desencadenamiento sitúa en los efectos de la moratoria turística (2001-2003) y en la aprobación de las Directrices que provocaron la paralización de los planes generales y parciales que en ese momento se estaban llevando a cabo, el CATPE trata de transmitir a la opinión pública el nivel de inquietud provocado por las manifestaciones desastrosas de un modelo de ordenación y gestión del territorio apoyado en una maraña legislativa de la que deriva un escenario de gran confusión en el que se desenvuelven erráticamente las administraciones locales y la Comunidad Autónoma, como corresponde a una situación caracterizada por “la exasperación ante el desorden normativo, la abulia administrativa y la desesperante judicialización de la gestión del territorio”.

Denuncia con fuerza la existencia de un panorama especialmente crítico que tiene que ver con el hecho de que Canarias sea la región española con mayor número de normas de ordenación territorial, ya que en ella confluyen, se solapan y contradicen nada menos que 17 leyes, decretos y reglamentos diferentes, lo que, “lejos de dar mayor eficacia a la planificación de los recursos, obstruye las iniciativas inversoras y frustra cualquier tipo de actividad empresarial”. Más aún, en este contexto Canarias aparece como un espacio condicionado por el riesgo y la inseguridad jurídica, “hasta acabar siendo un lastre para el PIB autonómico”.

Basta echar un vistazo a sus observaciones para darse cuenta de lo que entiende como un desastre sin paliativos: “ Tras la paralización normativa que introdujo entre 2001 y 2003 la primera ley de directrices de ordenación del territorio y el turismo, el caos, el descuido, la incapacidad o la desidia se han adueñado de la planificación del suelo en los municipios, hasta el punto que sólo el 22% de ellos (20 de un total de 88) tiene sus deberes urbanísticos al día. En este escenario, no es ni mucho menos menor el dato que a continuación aflora con significativa e inquietante contundencia: el atraso brutal que a los efectos sufre Gran Canaria, donde sólo dos de sus 21 municipios, Agaete y Gáldar, tienen sus planes generales plenamente adaptados al marco normativo autonómico. Un problema que, mucho antes de que lo diagnosticara con toda su crudeza el CATPE, ya ha provocado la fuga de decenas de millones de euros de inversión, incluidas las que algunas empresas derivan hacia Tenerife sólo porque, aunque muy lejos del escenario óptimo, allí está algo más avanzada la planificación territorial. Y un retraso que adquiere ribetes escandalosos si se considera que, a diferencia de los tinerfeños, los dos municipios turísticos por excelencia de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, aún tienen estancados y sin visos de avance sus respectivos planes generales”.

Como puede verse, no se trata de una iniciativa promovida por grupos conservacionistas o vinculados al ecologismo activo, sino que emana del propio sector empresarial, preocupado por la errática profusión reguladora y por las contradicciones que de ella derivan hasta ejercer un efecto de inseguridad permanente. Sus propuestas van en la dirección correctora de los comportamientos que han conducido a un panorama que califican de "desolador". Habrá que observar el alcance de sus propuestas que de momento se decantan a favor de la derogación de la primera ley de moratoria turística y la corrección de la segunda. La razón, según parece, no es otra que la que viene motivada “por los riesgos de voracidad enladrilladora que, como acredita la situación actual de determinadas zonas de los sures turísticos, podría conllevar una involución normativa radical”.

En cualquier caso, y desde la perspectiva que anima este blog, no debe ser ignorado lo que representa una voluntad proclive al fomento de la reflexión crítica, en pro de medidas que defienden una ordenación del territorio apoyada en normas claras, coherentes y sólidamente cimentadas en los principios de la seguridad jurídica. En mi opinión, sería la vertiente más valiosa y positiva de la propuesta que el CAPTE preconiza, y que "a priori" debe ser bien recibida, por más que no quepa ignorar tampoco la suspicacia suscitada en un sector de la sociedad grancanaria cuando alude a la posibilidad de que, tras este planteamiento, tal vez subyazca la idea de que se eliminen los elementos de control o regulación que encauzan - o debieran encauzar, superando las contradicciones reguladoras de que actualmente adolece - la política territorial y urbanística. Sólo la experiencia y la observación de su trayectoria dará respuesta a esta disyuntiva aparente sobre sus propósitos reales.

Ver:

http://www.laprovincia.es/canarias/2011/04/03/empresarios-exigen-derogar-primera-moratoria-nueva-ley-territorio/363092.html

Cuando la ley se modifica para invalidar una sentencia protectora de la calidad ambiental del territorio: el caso de la Junta de Extremadura

¿Todo vale para el pretendido desarrollo de un espacio determinado? ¿Hasta qué punto sus valores ambientales han de ser tenidos en cuenta antes de proceder a la elaboración y aplicación del plan abocado a la generación de impactos que inevitablemente acaban haciendo mella sobre la calidad de dichos valores? ¿Cuáles son los límites a la intervención humana en un territorio reconocido como sensible y digno de ser preservado? ¿En qué términos se plantea la seguridad jurídica de las decisiones? ¿Corremos el riesgo de modificar la legislación en función de los intereses en juego, cuando estos se ven afectados por una sentencia firme, precisamente amparada en la norma establecida por quienes, cuando les interesa, la cuestionan?

Mucho me temo que este va a ser un debate permanente y de muy largo recorrido en nuestro país, donde aún seguimos asistiendo al despliegue de actuaciones que, con el pretexto del desarrollo al alcance de la mano, no parecen tener control en ese proceso de autojustificación que lleva a considerar que sólo así, mediante la desnaturalización de espacios ambientalmente valiosos, es posible liberar a los lugares y a las comarcas de la postración en que se encuentran. Ejemplos los tenemos a cientos, y casi siempre en el listado interminable hacen acto de presencia espacios de gran calidad ambiental, sujetos, en principio, a instrumentos de protección y salvaguarda que, en virtud de la aplicación de la normativa concebida para singularizarlos, se adoptan y perviven con tal fin... hasta que las circunstancias, asociadas a la presión de intereses con fines especulativos, acaban por restar importancia a la preservación apoyada en dichos instrumentos, considerados más un obstáculo que una garantía a mantener.

Traigamos a colación, como ejemplo palmario, lo sucedido en Extremadura, donde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma ha emitido una sentencia, con fecha 9 de marzo de 2011, contraria a la construcción del macrocomplejo turístico “Marina Isla”, ubicado en un espacio perteneciente a la Red Natura 2000. Y lo ha hecho, como puede verse en el texto, mediante argumentos contundentes que frenan en seco – al declarar su nulidad - una iniciativa amparada en la figura de Proyecto de Interés Regional, a la que con frecuencia se recurre por parte de las Comunidades Autónomas para promover y autorizar intervenciones al margen de los mecanismos que regulan la toma de decisiones con la necesaria transparencia y apertura al debate y a la participación públicos.

Y es que, tras estimar el recurso presentado contra el Proyecto, “consistente en la recalificación y ordenación de terrenos situados en el embalse de Valdecañas (Badajoz), con destino a la construcción del Complejo turístico, de salud, paisajístico y de servicios Marina Isla de Valdecañas”, acuerda “ declarar nulo de pleno derecho el mencionado decreto, y el proyecto de interés regional que en el mismo se aprueba definitivamente, por no estar ajustados al ordenamiento jurídico” y “ordenar la reposición de los terrenos a que se refieren las mencionadas actuaciones a la situación anterior a la aprobación de dicho proyecto y los actos que se hubiera ejecutado con fundamento en el mismo”.

Sin embargo, es una sentencia incómoda que pronto tratará de ser invalidada políticamente. La estrategia emprendida por el Gobierno extremeño consiste en someter al Parlamento, para su aprobación el 31 de marzo de 2011, la modificación “ad hoc” de la Ley del Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura, con el fin de legalizar el complejo citado, tras la sentencia que lo declara nulo. El argumento utilizado señala que la tramitación de la propuesta de ley para modificar la Ley del Suelo «no se hace por el caso de Valdecañas sino porque éste proyecto ha puesto de manifiesto que hay dudas de interpretación para futuros proyectos». Los argumentos se modulan con este fin, llegando incluso a afirmar que "la correcta coordinación de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística con la normativa reguladora se ve comprometida, sin embargo, en aquellos casos en los que se suscitan dudas sobre la real y efectiva voluntad del legislador, bien sea porque las normas dictadas carecen de la adecuada o minuciosa redacción exigible o bien porque se siguen interpretaciones que se apartan de las líneas seguidas al aprobarse". Sorprendente, ¿no?

Más aún, se defiende como una pretensión aclaratoria aplicada al Art. 11 de la Ley esgrimiendo un razonamiento que no tiene desperdicio: “"la mera inclusión de unos terrenos en la Red Ecológica Natura 2000 no determinará, por sí sola, su clasificación como suelo no urbanizable, pudiendo ser objeto de una transformación urbanística compatible con la preservación de los valores ambientales necesarios para garantizar la integridad del área, y comprendiendo únicamente los actos de alteración del estado natural de los terrenos que expresamente se autoricen en el correspondiente procedimiento de evaluación ambiental".

A nadie le debe pasar por alto lo que en el fondo ha sucedido. Cuando la sentencia paraliza el Proyecto, se hace frente a la sentencia modificando la Ley en la que la propia sentencia se ampara. Lisa y llanamente estamos, como bien ha afirmado el Dr. Brufao, de la Universidad extremeña, ante “un atentado contra el Estado de Derecho y la división de poderes”. Una vez más quedan en evidencia las argucias a las que se recurre en la práctica de la Ordenación del Territorio.

Una ley de interés territorial: La Ley de Economía Social

LEY 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social

A favor de la conservación de la Sierra de Guadarrama

He recibido de Miguel Angel Troitiño, Catedrático de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid, el siguiente mensaje, con el fin de que se conozca y sea respaldado de la forma más amplia posible:

Estimados amigos:

Leed el documento adjunto (Propuesta de Mejora del Proyecto de Parque Nacional de las Cumbres del Guadarrama) y, si lo considerais oportuno, firmadlo en el correo que se indica, tambien os ruego que lo difundais. Guadarrama, tras un siglo de iniciativas y propuestas inconclusas, puede alcanzar el rango y el nivel de protección que necesita y le corresponde.

Adhesiones en

mejorpnguadarrama@gmail.com

El desarrollo local en las áreas fronterizas: un desafío permanente frente a la crisis estructural y a las incertidumbres

Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques (centro de estudios para la cooperación hispano-portuguesa) en Zamora, junto al Duero

No cabe duda que las experiencias de desarrollo local en espacios desfavorecidos no pueden entenderse, en la mayoría de los casos, al margen de las posibilidades abiertas por los instrumentos de cooperación territorial auspiciados por la política de cohesión económica y social de la Unión Europea. Adentrarse en esos escenarios, conocer de cerca la opinión de sus agentes, analizar los proyectos presentados, descubrir los objetivos que se pretenden sobre la base de los debates en los que previamente se sustentan ... constituyen tareas con las que todo estudioso del territorio debe familiarizarse pues es la única manera de desentrañar el complejo de situaciones y perspectivas que definen las tendencias de una realidad social y económicamente problemática, que busca en el compromiso colectivo de sus protagonistas las bases que hagan posible su recuperación.

Si sabemos que este compromiso se ampara en buena medida en las posibilidades abiertas por el respaldo potencial de los Fondos Estructurales y de Cohesión europeos, - pues siempre late en el ambiente la pregunta de si estos pasos hubieran sido dados en ausencia de tan importante instrumento motivador - la comprobación in situ revela que difícilmente los objetivos perseguidos podrían siquiera atisbarse, por más que las ayudas flotasen en el ambiente, sin la voluntad política necesaria para abordarlos con las garantías necesarias tanto por lo que respecta a la propia coherencia y sentido de los proyectos como a su efectividad desde la perspectiva aplicada y a su continuidad en el tiempo.

Proyectos de la AECT Duero-Douro, con sede en Trabanca (Salamanca)

Tratándose de espacios con débil capacidad demográfica, es evidente que las potencialidades de desarrollo en las que se apoyan siempre dependerán de estrategias que, aunque estén bien diseñadas y gestionadas, no están ajenas a las amenazas de la incertidumbre. Disponen de recursos evidentes, sobre todo relacionados con la calidad de sus paisajes y con el valor de un patrimonio que necesariamente han de valorizar de acuerdo con la única lógica que lo hace factible: la de la cooperación, la del acuerdo estable, la de la visión de futuro cimentada en el logro de economías de escala territoriales que acrediten la imagen del territorio más allá de sus límites estrictos y lo proyecten como un ámbito de interés, susceptible de ser identificado en sus aspectos concretos, es decir, aquellos que lo identifican como algo digno de ser incorporado al marco de las apetencias - respetuosas de esos mismos valores - de quienes deciden acercarse a él. Es la única forma de afrontar la incertidumbre como uno de sus principales hándicaps. Y, desde luego, no cabe duda que en ese esfuerzo juegan un papel decisivo los ámbitos de decisión local, los que se encuentran en contacto permanente con los problemas, los que los viven día a día, los que escenifican en la secuencia cotidiana el panorama de desvelos, esperanzas y zozobras en que se desenvuelve el desarrollo en este tipo de escenarios.

Ámbito de actuación de la AECT ZASNET. Visita a la Diputación de Zamora

La visita realizada a las instituciones que han asumido en Castilla y León la responsabilidad de impulsar la figura de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial nos ha ayudado en el esfuerzo de aproximación científica a las perspectivas de una línea de actuación estratégica que, aunque descansa sobre el legado de la cooperación transfronteriza fraguada en el tiempo, cobra nueva dimensión sobre la base de las AECT, a las que ya he hecho anteriormente referencia. Son iniciativas recientes, nacidas a partir de 2009, y que conviene seguir de cerca, dado el interés de la actividad llevada a cabo, y de las que iré dando constancia en su momento, como es el caso, entre otras, de la Galicia-Norte de Portugal. Es otro de los empeños en los que el Departamento de Geografía de la Universidad de Valladolid está comprometido.

Un grupo de profesores y alumnos de Geografía de la Universidad de Valladolid en su visita a Trabanca (Salamanca)

La dimensión espacial y temporal de los desastres naturales: ¿qué lecciones se extraen de sus impactos?

Cuando se analiza la información, sintética y expresivamente recopilada en el enlace que acompaña a esta entrada, sobrecoge observar el alto nivel de riesgo a que se enfrentan las sociedades en sus relaciones con la naturaleza. A medida que la información gana en precisión, rigor y conocimiento efectivo de los hechos y sus repercusiones, la secuencia cronológica pone en evidencia la letalidad de los fenómenos, su persistencia en el tiempo y la amplitud en el espacio de las áreas susceptibles de verse afectadas. Es un fenómeno planetario, abierto a múltiples modalidades de manifestación, ante las que nadie se encuentra ajeno. Del mismo modo, la magnitud de los impactos producidos por el desastre desborda la capacidad imaginativa sobre el alcance que puede llegar a ofrecer un suceso, cuyos efectos no son fácilmente computables si no es en la perspectiva a largo plazo que permite comprobar y valorar la dimensión real de la tragedia.

http://www.unisdr.org/preventionweb/files/17613_rectoversodisasters2010.pdf

Con el límite de 2010, no figura en esa relación lo sucedido en Japón en febrero de 2011, cuyas imágenes no cesan de impactar en las miradas del mundo, atónitas ante las manifestaciones más terribles de la devastación. Cuando se observa lo que ha sucedido, se tiene la sensación de la extrema fragilidad en que se encuentra la vida humana y las numerosas advertencias que apuntan a las responsabilidades que a la propia sociedad concierne en el agravamiento de las consecuencias derivadas de la catástrofe.

http://www.nytimes.com/interactive/2011/03/13/world/asia/satellite-photos-japan-before-and-after-tsunami.html

De ahí la pregunta indispensable: ¿qué lecciones se extraen de los desastres para mitigar, con la suficiente capacidad predictiva y correctora, la gravedad de sus impactos? ¿Sólo cabe la pasividad o la resignación o, por el contrario, no son suficientemente aleccionadoras las advertencias que llevan a pensar que la desolación, el desastre y el cataclismo ambiental hubieran sido menores de haber ordenado el territorio y sus actividades de otra manera?

El Duero: un río sin fronteras y en una cuenca integrada

Después de analizar los argumentos utilizados por el Tribunal Constitucional anulando el Art. 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que otorgaba a dicha Comunidad las competencias exclusivas "sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y que no afectasen a ninguna otra región", estaba cantado que la misma resolución iba a echar por tierra el art. 75.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que planteaba el mismo nivel de atribuciones que Andalucía, en esta ocasión sobre el río Duero. En ambos casos, la decisión ha sido unánime y zanja, a su favor, el recurso planteado por la Junta de Extremadura contra uno y otro artículo.

Personal y profesionalmente, celebro el acuerdo adoptado por el Tribunal Constitucional. Y lo hago sobre la base de los mismos argumentos que hace más de un año me llevaron a suscitar el tema en este mismo espacio. Me remito a ellos, porque la opinión sigue siendo la misma, es decir, defensora de la preservación del principio de "unidad de cuenca" (definida por la Ley de Aguas de 1985), y ahora respaldada por la sentencia del Tribunal garante de la Constitución. Es sin duda una advertencia que no debe ser pasada por alto cuando se trata de valorar lo que para la gestión integral, equitativa y sostenible de un recurso de tanta trascendencia como el agua tiene la aplicación estricta, y proclive a la fragmentación, del modelo autonómico. Basta leer el Manifiesto por la "Unidad de Cuenca y por la Eficiencia y Especialización en la Gestión Pública del Agua" para darse cuenta de ello.

Y, desde luego, resulta sorprendente que los respectivos Parlamentos autonómicos, el Congreso y el Senado hayan respaldado en su día la inclusión de esa competencia en las respectivas reformas estatutarias teniendo en cuenta el sentido y los objetivos de la Directiva Marco Europea del Agua y cuando está claro que contraviene el Art. 149.1.22 de la Constitución española en el que explícitamente se señala que "el Estado tiene competencia exclusiva en la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma". El hecho de que además, y por lo que respecta al Duero, se trate de un curso internacional, cuya ordenación implica acuerdos entre Estados, añade otro factor más en apoyo de la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional.

CYBERGEO ha publicado recientemente un interesante artículo sobre la ordenación y gestión de la cuenca del Loire. Aconsejo su lectura