Este blog pretende contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la cultura y de la sensibilidad territorial ante las múltiples manifestaciones de agresión y deterioro a que se ven sometidos los paisajes como consecuencia de actuaciones frecuente y deliberadamente insensibles con la calidad y los recursos que los identifican.


Desea significar el compromiso de la Geografía y de los geógrafos con la defensa de la calidad de los territorios
y

de las buenas prácticas en el ejercicio de la acción pública y en sintonía con los objetivos y principios contemplados

en el Manifiesto por una Nueva Cultura del Territorio.


Planteado también con fines didácticos, se concibe como un documento aplicable a la docencia, así como un espacio de encuentro, comunicación y debate con los estudiantes y profesores de Geografía, y con quienes se interesen

por la evolución y los métodos de esta disciplina, por la utilidad e importancia de la información geográfica,

por su dimensión aplicada y por las políticas relacionadas

con la Ordenación, el Gobierno y el Desarrollo del Territorio.


jueves, 28 de enero de 2010

Para el gobierno de las Islas Canarias la biodiversidad del archipiélago es más un obstáculo que un valor


Por sus características geográficas - insularidad, situación, configuración geomorfológica y clima - el archipiélago canario es uno de los espacios naturales más interesantes y valiosos del mundo. Bien conocidos son los elementos que conforman su riqueza ecológica, caracterizada por la importancia de los endemismos existentes en su flora y en su fauna, como corresponde lógicamente a los comportamientos evolutivos propios de un ámbito insular.

Pues bien, precisamente en el año dedicado a la preservación de la Biodiversidad, el gobierno autónomo de las Islas Canarias ha decidido tramitar por el procedimiento de urgencia – utilizando el mes de enero, que es inhábil a efectos parlamentarios - una proposición de ley por la que fija el nuevo catalogo de especies amenazadas, en el que reduce la protección al 50% de las especies que se encuentran en situación de peligro. En concreto, el registro efectuado elimina 226 especies protegidas, rebaja la cobertura a otras 131 y ampara a 94 en condiciones ambientalmente aberrantes, ya que sólo preservará las plantas o los animales que se encuentren dentro de un espacio protegido, dejando abandonados a su suerte a los que se desarrollen fuera de él. Es lo que los expertos han calificado como “forma de protección perversa”.

Sobre este asunto ya se ha pronunciado el Consejo Consultivo del Parlamento canario que llama la atención sobre la falta de un régimen sancionador claro al tiempo que advierte que el catálogo propuesto no puede suponer una disminución de la protección respecto a lo establecido en el catálogo estatal de especies amenazadas, que ha de ser el referente al que la norma canaria deberá atenerse para evitar discordancias entre el catálogo canario y el español. Utilizar, por ejemplo, el concepto de "especie de interés para los ecosistemas canarios” es una irregularidad, ya que trata de una figura inexistente en el catálogo nacional y, por tanto, susceptible de permitir una mayor discrecionalidad en los niveles de protección. Y que es realmente de lo que se trata: utilizar un remedo legislativo para legitimar una accion lesiva para el ecosistema.

No es, en efecto, una cuestión meramente nominal. Esta calificación que propone el gobierno canario, integrado por esa mezcolanza de intereses llamada Coalición Canaria y el Partido Popular, permitiría dar salida a la construcción del macropuerto de Granadilla, al Sur de la isla de Tenerife, que ya fue paralizada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dado el grave impacto que dicha obra iba a provocar en las praderas marinas formadas por los “sebadales”, especies subacuáticas de gran interés ambiental que afloran en la zona. Al incluirlas ahora en la categoría de "especie de interés para los ecosistemas canarios”, la cuestión quedaría desbloqueada de forma artera al amparo de una argucia legal con el único fin de llevar a cabo una obra muy polémica y de gravísimo impacto ambiental.

Sin embargo, desde el 1 de enero una orden del Ministerio de Medio Ambiente rescata los sebadales del sur de Tenerife, concediéndoles el rango de Zona Especial de Conservación, junto a otros 26 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) en las costas canarias. La orden es consecuencia de la Ley 42/2007 sobre el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que a su vez desarrolla una normativa de la Unión Europea.

domingo, 24 de enero de 2010

Cuando la energía nuclear se territorializa, la cuestión se plantea en toda su dimensión y gravedad


Sin duda estamos ante un problema muy serio, al que se quiere dar una solución sin más dilaciones. No es un tema nuevo, aunque daría la impresión de que se nos ha echado encima de la noche a la mañana. Se trata, nada menos, que de resolver el almacenamiento de los residuos de alta intensidad radiactiva que generan las centrales nucleares españolas. En conjunto los ocho reactores en funcionamiento pueden producir a lo largo de su vida activa unos 6.500 metros cúbicos de residuos, de los que el 1 por ciento son de alta actividad, en los que se contiene el 95 % de la radiactividad generada. Los de baja y media se acumulan en el cementerio de El Cabril (Córdoba), donde también van a parar los procedentes de empresas, laboratorios y hospitales. En la actualidad están almacenados 20.074 metros cúbicos, con la previsión de tener que gestionar un total de 203.000 cuando las centrales en funcionamiento queden canceladas. Este es un problema generalizado en el mundo, que no ha sido resuelto satisfactoriamente de forma generalizada.


La cuestión ha cobrado resonancia en España cuando se ha decidido bajar de la teoría a la práctica, de las medidas generales a su plasmación en la dura y cruda realidad territorial. Y es entonces cuando el tema nuclear levanta ampollas, incluso entre sus opciones defensoras. Mientras el tema se planteaba en términos de gestión no territorializada, la coincidencia política era total. Sin discrepancias entre ellos, el PSOE y el Partido Popular aprobaron en 2004 la creación de Almacén Temporal Centralizado (ATC) para el almacenamiento de este tipo de residuos radiactivos. Ambos convenían en que era necesaria una decisión de estas características, porque realmente lo es: mientras existan centrales nucleares, se generarán residuos altamente peligrosos y de vida dilatadísima. De lo contrario, ¿qué hacer con ellos?.


Nada se ha dicho del asunto hasta que, finalmente, se ha tomado la decisión de ponerlo en marcha. Y es entonces cuando la tensión, fácilmente previsible, ha estallado, poniendo en evidencia muchas cosas, fuertemente contradictorias entre sí. El Ministerio de Industria - responsable de la puesta en marcha del Plan General de Residuos Radiactivos (2.300 millones de euros), en buena medida financiado mediante la factura de la electricidad - ha convocado un concurso entre municipios para seleccionar al que se lleve al tiempo el paquete y el envoltorio. A finales de Enero concluye el plazo otorgado de cara a la designación. Una vez finalizado, el panorama se completa con trece localidades en liza: Albalá (Cáceres); Ascó (Tarragona); Campo de San Pedro (Segovia); Congosto de Valdavia (Palencia); Lomas de Campos (Palencia); Melgar de Arriba (Valladolid); Santervás de Campos (Valladolid); Santiuste de San Juan Bautista (Segovia); Torrubia de Soria (Soria); Yebra (Guadalajara); Villar de Cañas (Cuenca); Villar del Pozo (Ciudad Real) y Zarra (Valencia).



De ellas, más de la mitad ubicadas en Castilla y León, representativas de un mundo rural que se despuebla y en el que cualquier alternativa sirve como contrapeso frente a una tendencia declinante que no se detiene. Sorprende, sin embargo, que no se haya producido una plétora aúbn mayor en esta especie de rebatiña a la búsqueda del maná, primando el voluntarismo y las ansias de futuro, el que sea, de los pueblos frente a la racionalidad en los criterios que, sobre bases científicas, deben primar a la hora de determinar la localización de este tipo de instalaciones. Instalaciones que no pueden, ni deben, implantarse en cualquier sitio, sino donde la fundamentación científica establezca.





Manifestación antinuclear contra la instalación del ATC en Yebra (arriba) y en Campo de San Pedro (abajo)


En éstos y en todos los casos donde la cuestión se ha suscitado, y mientras el proceso está abierto, la batalla política se ha mezclado con la ciudadana creando, como era de esperar, un ambiente de conflicto, que seguramente no dará mucho juego, sobre todo si la decisión del Ministerio se antoja inminente y, conforme a lo contemplado en la Ley de instalación del ATC, resuelve en el plazo fijado a favor del Ayuntamiento que finalmente se haga con el “gordo nuclear”. La batalla entre defensa del entorno y pragmatismo local parece justificada en función tanto de la sensibilidad lógicamente suscitada por un impacto de estas características como por el señuelo por el que se sienten atraídos aquellos municipios que ven en el hecho de ser elegidos la llegada del maná que tanto ansían. Según se dice, la inversión prevista para la construcción del ATC y un centro tecnológico asociado es de 700 millones de euros, al tiempo que se contempla la creación de unos 300 puestos de trabajo durante los cinco años de la construcción del módulo inicial, pudiendo llegar en algún momento hasta los 500, y de 150 empleos permanentes durante los 60 años de vida del Almacén. Ante este anzuelo se comprende la actitud de los que hasta ahora – no muchos, por cierto - han saltado a la arena, por más que en todos ellos el debate ciudadano haya alcanzado cotas de tensión nunca vistas.


Pero lo que más sorprende es la hipocresía, entendida como ambigüedad calculada, que anida en el debate político. Unánimes a la hora de respaldar la medida en el Congreso, se muestran refractarios a que ésta cobre concreción material en el ámbito en el que baten sus armas e intereses electorales. El rechazo sin paliativos cuando la cuestión les afecta da paso a la indiferencia si el afectado es el vecino, de cuyo voto no dependen. Hay quien afirma que incluso mantienen un doble y contradictorio discurso: de apoyo a la implantación en su ámbito cuando hablan en privado, y de rechazo furibundo si hay microfonos delante. ¿Cómo entender si no el respaldo que tanto José Montilla como Artur Mas han dado al alcalde de Ascó, según ha indicado éste cuando les planteó particularmente el tema?


Entre tanto, el verdadero debate - ¿qué hacer con la energía nuclear en España? ¿hasta qué punto se está dispuesto a asumir los riesgos que entraña? – es eludido en toda su dimensión, pese a que en realidad resulta determinante ya que todo el mundo sabe que mientras se genere producción eléctrica de origen nuclear la cuestión de los residuos debe ser abordada con las mayores garantías posibles frente al enorme riesgo letal que encierran. Podrá discutirse la localización del ATC nuclear, pero de su necesidad no cabe duda alguna.


jueves, 21 de enero de 2010

El entorno histórico-paisajístico de la villa de Numancia: De nuevo los tribunales detienen otro atentado urbanístico contra el patrimonio

Con todos los parabienes y respaldos institucionales – Ayuntamiento de Soria y Junta de Castilla y León – la construcción del polígono Soria II marchaba hasta ahora con el viento de popa. De 2005 data el acuerdo municipal y es el año en el que firma con el gobierno autónomo el compromiso de creación, a través de la empresa Gesturcal, de un área para ocupación industrial en suelo público. Aunque un año después se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) omitiendo la inclusión del poligono, la operación quedo legalizada mediante una modificacion del Plan a los pocos dias de las elecciones municipales de 2007.

Nada podría detener entonces esa operación urbanística de envergadura, que implicaba la expropiación de 117 Hectáreas para construir una superficie de uso industrial que Soria no necesitaba, ya que dispone de suelo para ese destino (polígono de Valcorba, de 274 Hectáreas) con un horizonte temporal de varias décadas. Al parecer nada disuadía a las instituciones promotoras a la hora de respaldar un proyecto ambicioso sin reparar en un importante factor de riesgo: incidía de lleno en un espacio de singular valor arqueológico y, por tanto, histórico-cultural que se corresponde con el entorno de la villa ibera de Numancia, elemento sustancial de un paisaje enriquecido y valorizado naturalmente por las vegas del Duero y del Tera. No son pocas ni irrelevantes las voces que se levantaron contra el atentado ambiental que se preveía. Allí se dieron cita las Reales Academias de Bellas Artes y de la Historia, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Y lo hicieron para defender unos valores patrimoniales que veían seriamente amenazados.

Las administraciones impulsoras eran conscientes del peligro, ya que, según informe elaborado por Gesturcal, empresa vinculada a la Junta de Castilla y León, la construcción del polígono industrial Soria II haría mella nada menos que sobre siete Bienes Declarados de Interés Cultural: el yacimiento de Numancia y el Cerco Romano de Garray, el casco antiguo de esa ciudad, la margen izquierda del río Duero, el claustro de la iglesia de San Pedro, la iglesia y el claustro de San Juan de Duero y su muralla medieval. Asimismo, dejaría ver sus impactos en edificios singulares y zonas de protección arqueológica como el puente sobre el Duero, Nevero, San Millán, Santa María del Puente, el monasterio de San Agustín y una casa particular de los siglos XVI y XVII.

Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ), con sede en Burgos, hizo público ayer el fallo de 14 de Enero por el que se anula dicha modificación del PGOU. Es el mismo juzgado que con anterioridad habia suspendido cautelarmente las operaciones de expropiación, motivado, entre otros argumentos, por la constatacion de que “existe un interés general en proteger todo el entorno de Numancia que podría quedar irreversiblemente dañado con la ejecución inminente de las obras del futuro polígono industrial Soria II". Más aún, apoyándose en esta sentencia, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria ha dictado otra anulando el acuerdo plenario del Ayuntamiento que autorizó la expropiación de los terrenos en la finca de "El Cabezo" de la que es propietaria la familia Marichalar, de gran abolengo en la capital soriana y que, tras una defensa firme de sus intereses y del patrimonio amenazado (entre sus alegaciones siempre aludía a la vulneración que el acuerdo hacía de las normas sobre patrimonios de suelo y los requisitos medioambientales, al no haber sometido el PGOU a evaluación de impacto ambiental) ha conseguido poner freno al disparate que se pretendía.

Otro paso más en la dirección correcta

domingo, 17 de enero de 2010

La ciencia ratifica el impacto de la actividad humana en el cambio climático

Cada vez son menores, a la par que inconsistentes, las dudas que ponen en entredicho la responsabilidad de las emisiones de gases de efecto invernadero en el origen del calentamiento global, causante de las modificaciones que tienen lugar en el clima de la Tierra. El reconocimiento de la labor científica llevada a cabo por Klaus Hasselman, director emérito del Instituto Max Planck de Meteorología de Hamburgo - quien ha recibido el Premio de la Fundación BBVA 2010 en la categoría de Cambio Climático - no ha hecho sino ratificar con contundencia la relación de causalidad entre la acción humana y su impacto en una variable natural tan decisiva para el funcionamiento de los procesos naturales como es el clima.



La metodología utilizada se basa en el cálculo de las llamadas huellas climáticas (fingerprinting), que permite establecer una diferenciación entre la contribución de los procesos naturales a la variabilidad climática y los fenómenos de perturbación que el clima experimenta como consecuencia de las emisiones de gases generadoras de efecto invernadero. Al reconocer por parte de un prestigiosísimo jurado la importancia de las investigaciones “que han hecho avanzar de manera esencial las fronteras del conocimiento científico y social del fenómeno del cambio climático”, las voces a favor de medidas que minimicen los factores determinantes de esta tendencia cobran la fuerza y la resonancia que el mundo necesita.

miércoles, 13 de enero de 2010

Haití: cuando la crueldad natural se ceba con la pobreza es el infierno en la Tierra


Nunca se habla de Haití en ningún sitio. Existe el país, pero como si no existiera. La pobreza alcanza en él dimensiones sobrecogedoras. Relegado a la parte occidental de la Isla de la Española, en el centro del Caribe, es el eslabón más débil y más pobre de América, aquel cuya historia resume todas las tragedias humanas. Sin paliativos, sin nada que lo matice. Deseo aludir a ese mundo desconocido, que no debe ser ignorado y que sólo cabe interpretar desde la perspectiva de una solidaridad bien entendida. Hoy la Naturaleza ha vuelto a asolar ese dolorido territorio, destrozado por un descomunal seismo (7,2 Richter), cuyos efectos se multiplican sin límites como consecuencia de la miseria y de la desolación en que desde hace mucho tiempo se sume un Estado fallido, atrozmente maltratado por la Historia, pese a que en su origen nació con aires de libertad.

Un colega brasileño, de la Universidad Nacional de Matto Grosso, que estuvo en Haití en marzo de 2009, me envió en su día este escalofriante testimonio, que le fue entregado por un grupo cultural de la ciudad de Gonaïves. Refleja la profunda crisis de una sociedad y la desesperación de sus gentes, que asocian la imagen de su pais al barco que naufraga. Es un testimonio desolador. Algo real, algo que sucede, algo que no se puede desconocer. Algo que clama las conciencias mientras su territorio se resquebraja y se hunde, como un buque a la deriva, en lo indecible.


"¿Quién ha dicho Titanic?.

¿Porqué nos viene a la memoria la imagen de un navío que desaparece para siempre sin que nadie pueda remediarlo?, ¿qué hemos hecho los haitianos para que eso suceda inevitablemente?.

La relación entre el barco que se hunde y nuestro país cada vez es más clara. No nos queda más remedio que aceptarla. Refugiados en los lugares más altos, los residentes en Gonäives observan cómo el agua sube inexorablemente hacia ellos…hasta anegar todo el país, abocado a la desaparición.

Si no es esta vez, será la próxima. Dentro de un día, de un año. Es un fin anunciado. Irremediable. Es ese sentimiento de pasajeros del Titanic el que habita en nosotros indistintamente..

Ya no es cuestión de cuándo hay que hacer (o rehacer) el equipaje para abandonar el barco. Incluso los más resistentes. Incluso los ancianos impotentes. Incluso los más arraigados en esta tierra. Pues justamente ya no queda tierra. Todo se va.

Todas las ciudades están amenazadas al mismo tiempo de desaparición. Mi querida Gonaïves, pero también Les Cayes, Jacmel, Petit-Goave, Cabaret, Port-au-Prince. Constreñidas entre la subida del océano a un lado y otro, las olas que rugen como inmensas avalanchas y lo entierran todo a su paso. Esa montaña que durante siglos hemos deforestado se ha convertido en una pista donde nada interrumpe los deslizamientos. Vienen a nosotros sin que podamos hacer nada, porque no somos nadie.

Es un descenso a los infiernos. Nosotros los haitianos hemos fracasado en todo. De hecho hasta en la existencia misma de nuestro país. Todos los proyectos que hemos emprendido en esta tierra han sido fallidos. Y, peor aún, la impotencia total. La dimisión absoluta. No sabemos que hacer. No sabemos hacer nada. ¿Qué será de nosotros?."

En Gonäives, 15 de Marzo de 2009

Para colaborar con Haiti: http://bit.ly/81IOSV



El Mapa reproduce una fotografia de satélite (proporcionada por Google) de la Isla de la Española, compartida por Haití y la República Dominicana. Se puede observar el alto grado de deforestación del conjunto, pero sobre todo de la parte haitiana, donde en los últimos 50 años ha desaparecido el 72 % de toda la cobertera arbórea. Un desastre ecológico impresionante. Un desastre en un pais cuya música cautiva al sumergirnos en los aires y sensaciones más auténticas de la negritud caribeña



martes, 12 de enero de 2010

La sostenibilidad es mucho más que eso

(Tomado de M. Vázquez Medel, Universidad de Sevilla)


De tanto manejar el concepto de sostenibilidad se ha convertido en una especie de comodín, utilizado con tanta profusión como oportunismo. A menudo da la impresión de que basta con aplicar a algo el calificativo de “sostenible” para que la cuestión adquiera marchamo de calidad, reconocimiento incuestionable, pátina impermeable a la crítica. Ahora bien, cuando la reiteración indiscriminada prima sobre el empleo cuidadoso del término, siempre se corre el riesgo de banalizar la idea y de convertir aquello que la acompaña en mercancía escasamente valorada. No hay cosa peor que abusar de una palabra para que se convierta en falsa moneda. De ahí que quizá ese sea el horizonte que amenaza la consideración que, no tardando mucho, pueda hacerse de la Ley de Economía Sostenible, cuyo anteproyecto fue dado a conocer a finales de 2009 por el Gobierno español, arropado de una pompa mediática que todavía continúa.


Vaya por delante mi valoración positiva a cuanto de innovador y valiente pueda tener la política de un Gobierno en un pais como España, tan necesitado de impulso para acometer las estrategias que permitan salir de la crisis a través, entre otras medidas, de una reorientación de las pautas de crecimiento y de las conductas, que permita mitigar la fortísima presión a que se ha visto sometido el territorio como consecuencia de la desaforada política edificatoria que ha dejado una impronta tan negativa como irreversible.


Sin embargo, este reconocimiento de la importancia que tiene el despliegue de la voluntad política con sentido corrector en un momento crítico no impide señalar que tanto la estructura como el contenido de la Ley no se corresponden, en puridad, con las premisas de una visión sostenible del desarrollo, ya que, falta de coherencia y de articulación, todo se reduce a una mera yuxtaposición de medidas, instrumentos y objetivos, a los que pretendidamente se les identifica con la idea de sostenibilidad más con una pretensión mediática que realmente consciente de lo que eso significa. Cuando todo se dice “sostenible” y no lo es, la ceremonia de la confusión y la propensión al escepticismo están garantizadas.


Y no lo es porque son muchas las medidas previstas que no guardan relación alguna con el concepto, ya que en muchos casos forman parte de la lógica en la gestión de los recursos financieros, que acaba al fin por imponerse, suponen en otros la mera transposición de normas de dimensión comunitaria europea o incurren en contradicciones, como cuando se plantea la drástica reducción de las emisiones de carbono mientras se propone financiar con varios miles de millones de euros la extracción de carbón o se apuesta por ambiciosos planes de movilidad “sostenible” a la par que se apoya la venta de automóviles y la construcción de obras de infraestructura a favor de los tráficos por carretera.


Con todo, y aun admitiendo que los compromisos ante la crisis pueden llevar a incurrir en tales antinomias, lo más llamativo es que en una Ley que se dice Sostenible los elementos ambientales brillan por su ausencia. El territorio está ausente, del paisaje ni se habla, el agua y los suelos son considerados con sorprendente trivialidad. De este modo las referencias ambientales aparecen consideradas de forma fragmentaria, al margen de esa coherencia necesaria a que obliga el reconocimiento de las interdependencias que se dan en el funcionamiento de las estructuras naturales y las relaciones que se producen entre éstas y las sociedades. Reducir el tema medioambiental al estricto problema de las emisiones de dióxido de carbono supone un evidente reduccionismo que se aviene muy mal con la perspectiva integradora y a largo plazo inherente a la noción de desarrollo sostenible.



sábado, 9 de enero de 2010

La voracidad urbanística en la Comunidad Valenciana: la ley al servicio de la ocupación abusiva del espacio


El Programa SIOSE (Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España), dependiente del Ministerio de Fomento y ejecutado por las Comunidades Autónomas, ha dado a conocer el nivel de ocupación del territorio valenciano, con datos que desbordan las previsiones más alarmantes.

Durante el quinquenio 2001-2005 la invasión urbanística ha sobrepasado con creces la del periodo 1987-2000, tomado como referencia temporal comparativa. Ha sido un proceso in crescendo al que no se le ha puesto límite ni control. Si en esos trece años el aumento de ocupación del suelo valenciano fue del 52%, situando a la Comunidad Valenciana en el primer lugar de las regiones españoles, sólo en los cinco primeros años del siglo XXI el aumento ha sido del 37 %. De este modo, entre 1987 y 2005 el territorio transformado mediante diversas modalidades de ocupación artificial (urbanizaciones, polígonos, infraestructuras, etc.) ha pasado de 76.652 a 160.197 Has., lo que representa un incremento total del 109 %. Esencialmente, esa colonización se debe al impacto generalizado y errático de las urbanizaciones dispersas, que han extendido la mancha urbana de manera desaforada hasta situarla por encima de las 100.000 Hectáreas. No ha habido en España ni en Europa un caso igual.

Expansión urbanística al Sur de Benidorm (Alicante)

Aunque la crisis inmobiliaria, que empieza a acusar sus efectos a partir de 2007, ha provocado una contención de esta vorágine urbanística, cabe pensar que todavía puede presentar largo recorrido. No hay que olvidar el impacto previsible que han de tener, de llevarse a cabo, los numerosos Planes de Actuación Integrada que aún están en proceso de tramitación en las Comisiones Territoriales de Urbanismo y que, pese a que en algunos casos han sido paralizados por los Tribunales de Justicia, en su mayoría prevén desarrollos urbanísticos exagerados y, por supuesto, insostenibles. Lo cual no debe sorprender si se tiene en cuenta las condiciones en las que se desenvuelve la política urbanística de la Comunidad Valenciana al amparo de la Ley 6/1994, Reguladora de la Actividad Urbanística, que, como señala el texto adjunto, ha supuesto una desviación respecto al modelo urbanístico del Estado, al alterar aspectos esenciales de las formas de gestión con el fin de crear un contexto juridico favorecedor de toda clase de dislates en la Ordenación del Territorio.

miércoles, 6 de enero de 2010

La protección del Barrio valenciano de El Cabanyal está asegurada...



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Sin duda es un hecho insólito y, que yo sepa, nunca había ocurrido hasta ahora. La salvaguarda del Barrio de El Cabanyal-Canyamelar-el Grao, de la ciudad de Valencia, está de momento asegurada, a la espera de las virulentas reacciones que sin duda se producirán a tenor de los intereses ocultos en juego, y que tanto han pesado en el urbanismo de esa ciudad mediterránea. La batalla ha sido larga y ejemplifica uno de los movimientos vecinales a favor del patrimonio arquitectónico más activo y contundente de cuantos se han vivido en España. Se trata de un histórico barrio marinero, situado junto a la costa y en paralelo a ella, al que, por sus características arquitectónicas - basadas en la confluencia que en sus edificios se produce entre el modernismo popular y el racionalismo - y valor urbanístico, se había reconocido desde 1993 la categoría de Bien de Interés Cultural, de acuerdo con la Ley del Patrimonio Histórico español.

Sin embargo, este reconocimiento no habia supuesto obstáculo alguno para que el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por Rita Barberá, del Partido Popular, elaborase - a través del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de El Cabanyal-Canyameral - un programa de demolición de una parte significativa del barrio – un total de 450 edificios, 1.651 viviendas – con el fin abrir una gran avenida a la costa. Para forzar su aplicación el barrio ha sido durante años abandonado a su suerte por ese Ayuntamiento (ausencia de inversión pública, mercado de la droga, deterioro y degradación crecientes, amenaza constante de demolición, efecto psicológico de falta de futuro). La reacción vecinal ha sido, en cambio, fulminante, y basta seguir su trayectoria para darse cuenta de hasta qué punto puede llegar la reacción ciudadana cuando se trata de preservar un patrimonio que considera elemento distintivo de su personalidad. Pocos movimientos vecinales en Europa alcanzan el nivel de movilización y de fortaleza cultural como el que defiende la supervivencia de este barrio vejado por el Ayuntamiento de la señora Barberá.



La medida parte de la sentencia del Tribunal Supremo, de 25 de Mayo de 2009, revocatoria de una anterior, que ha considerado prevalente, frente a la postura del Ayuntamiento, la conservación y regeneración de las edificaciones paralelas al mar por representar un legado de gran valor arquitectónico como espacio industrial y de vivienda, con manifestaciones emblemáticas de la historia económica y cultural valenciana. ¿Quién no recuerda las escenas inmortalizadas por el gran Joaquin Sorolla en este espacio emblemático de la personalidad urbana de Valencia?. Apoyándose en rigurosos informes elaborados por la Academia de la Historia y el Consejo Superior de Arquitectos, el Tribunal Supremo instó al Ministerio de Cultura para que se pronunciara sobre el tema y procediese a la aplicación de la sentencia. Y es precisamente lo que ha ocurrido varios meses después. El 4 de Enero de 2010 el Ministerio de Cultura ha decidido la paralización del plan urbanístico del Ayuntamiento de Valencia, a fin de evitar “el expolio del patrimonio histórico de El Cabanyal”. De este modo, el Ministerio, en el ejercicio de su competencia exclusiva en materia de defensa del Patrimonio Histórico Español, no hace sino aplicar el Art. 149.1.28 de la Constitución española y el Art. 6.b de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico.


Como era de esperar, la respuesta del Ayuntamiento - pese a que ya en 2004 la Consejería de Cultura del Gobierno autónomo, del mismo color político, se habia pronunciado también contra el PEPRI municipal - ha sido ruidosa e iracunda. Pero la medida está tomada, de modo que, con independencia del recurso que la Sra. Barberá pueda presentar ante la Audiencia Nacional, el conjunto urbanístico amenazado continúa en pie. Once años después de que la plataforma “Salvem El Cabanyal” comenzó su lucha en pro de un patrimonio en peligro, la justicia les ha dado, al fin, la razón.

Sin embargo, la evolución de los acontecimientos invita, de momento, al pesimismo. Ha estallado la batalla que enfrenta sensibilidad con barbarie, cultura con ignorancia, conservación con destrucción, respeto a los valores de la comunidad con intereses ocultos. El Gobierno de la Comunidad Valenciana - que en otro tiempo consideró un disparate lo que pretenden Barberá y quienes presionan sobre ella pra modelar la ciudad a su antojo - hace causa común con el Ayuntamiento y, por la via de urgencia, aprueba un decreto con el fin de contrarrestar la suspensión impuesta por el Gobierno Central. Que nadie busque en los argumentos de los miembros de la Generalitat aspectos que evidencien el menor atisbo de sensibilidad cultural. Defienden pura y simplemente los criterios que invocan las competencias propias frente a la Administración del Estado en un pulso por el poder que no hace sino corroborar el desastre que, desde el punto de vista urbanístico, ha traido consigo la asignación de competencias a administraciones que lo entienden como un negocio y como su propio Patio de Monipodio en el que arropar a sus clientelas y dar satisfacción a intereses inconfensables. Sacan a relucir los votos obtenidos en las pasadas elecciones esgrimiéndolos como patente de corso para justificar todo lo que se les ponga por delante. Pobre país este nuestro, donde los valores culturales se ven relegados al pozo de la ignominia, mientras campan a sus anchas los que, sumidos en corruptelas de toda especie, han convertido su ámbito de decisión en una mesa de póker, al servicio del mejor postor.

Que el Tribunal Supremo defienda su sentencia. Que el Ministerio de Cultura sea coherente con su decisión hasta las últimas consecuencias. El tema es tan grave, la medida de la Generalitat valenciana tan escandalosa, como las que acostumbra, que sólo el imperio de la Ley y del sentido común puede poner fin a tamaño disparate en la Comunidad Autónoma que durante el pasado año más ha dado que hablar y no precisamente con orgullo y para bien.

Que se conozca lo sucedido. Que no caiga, por el bien del patrimonio cultural de nuestro país, en saco roto.

Para ampliar el conocimiento de lo que ese barrio significa aconsejo la lectura del artículo "El Cabanyal: patrimonio y especulación" de Ramón López de Lucio.


lunes, 4 de enero de 2010

El Código del Buen Gobierno Local: ¿brindis al sol o sincero propósito de la enmienda?

Concentración vecinal ante el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, Barcelona (28.10.09)

La Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias aprobó el pasado 15 de Diciembre, y por unanimidad de todos los grupos políticos, el Código del Buen Gobierno Local, que recoge los principios transparencia y ética pública, junto a medidas para mejorar la gestión y calidad de la democracia local. El texto será remitido a todos los Gobiernos Locales españoles para que, en el uso de su autonomía, lo ratifiquen y lo incorporen a su normativa.

Partiendo de las recomendaciones del Consejo de Europa, hace una apelación explícita al ejercicio de las funciones con sentido de la responsabilidad, voluntad de servicio a la sociedad, transparencia, eficacia y dedicación plena a sus actividades públicas. Es una forma de contrarrestar el deterioro de la imagen debido a los casos de mala gestión y corrupción, transfuguismo, falta de transparencia, connivencia con intereses privados y ausencia de cauces para el control de la oposición, que degradan y perjudican a la democracia y dañan la credibilidad de políticos e instituciones.

Frente a ello, se propone una nueva forma de gobernar desde la cercanía, apostando por unos Ayuntamientos modernos y eficaces y considerando el ámbito local como espacio estratégico de la acción política, el futuro de la democracia y el desarrollo de los derechos de ciudadanía.

Me limitaré a destacar los principios en los que se apoya. Son los siguientes


Los electos locales actuaremos en el desempeño de nuestras funciones, de acuerdo con la Constitución, los respectivos Estatutos de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico y ajustaremos nuestra actividad a los principios éticos y de conducta contenidos en el presente Código de Buen Gobierno Local.

• Regirán nuestras actuaciones la eficiencia, la modernización de la Administración y el buen servicio a la ciudadanía, defendiendo los intereses generales con honestidad, objetividad, imparcialidad, confidencialidad, austeridad y cercanía a la ciudadanía.

Contribuiremos a la mejora de los modelos de gestión y aseguraremos a la ciudadanía un buen Gobierno Local como garantía de igualdad y solidaridad, adquiriendo un compromiso con la ética pública y la calidad de la democracia en el ámbito de gestión más próximo a la ciudadanía.

• Los representantes locales fomentaremos la transparenciay la democracia participativa.

• Trabajaremos a favor de la inclusión social y el equilibrio territorial, entre el Centro y los Barrios, acercando los servicios a la ciudadanía y distribuyéndolos en el conjunto del municipio de forma equitativa.

Respetaremos la voluntad de la ciudadanía y actuaremos con lealtad política, comprometiéndonos a asumir el Código de conducta política en relación con el transfuguismo en las Corporaciones Locales.

• Respetaremos y haremos respetar los derechos humanos, fomentaremos los valores cívicos, y utilizaremos un tono respetuoso y deferente en nuestras intervenciones tanto hacia cualquier miembro de la Corporación como hacia la ciudadanía, a la que facilitaremos el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

• Los representantes electos nos abstendremos de ejercer nuestras funciones o utilizar las prerrogativas del cargo para favorecer intereses privados, propios o de terceras personas, prohibiendo el favoritismo y el ejercicio de autoridad en beneficio propio.

• Los electos locales no aceptarán regalos que sobrepasen los usos y costumbres de la simple cortesía por parte de entidades o personas.

• Incluiremos entre los principales objetivos de las políticas locales la lucha contra el cambio climático, la protección del medio ambiente y la ordenación racional y sostenible del territorio.

Estaremos atentos, a fin de comprobar cuánto de sinceridad hay en este acuerdo y cuánto de oportunismo ante la necesidad de acallar las voces críticas contra la gestión municipal en España.

viernes, 1 de enero de 2010

Una sentencia ejemplar y pionera contra la barbarie urbanística en España

Construcciones en Andratx, Mallorca (Islas Baleares)

Rotunda, firme, necesaria. Así es la sentencia (1127/2009) emitida el 29 de Diciembre de 2009 por el Tribunal Supremo de España (TS) por la que ratifica la condena a los responsables de los escándalos urbanísticos de la ciudad de Andratx (Mallorca, Islas Baleares). En ella el TS constata "la desastrosa situación a la que, a pesar de la normativa legal y administrativa, se ha llegado en España respecto a la ordenación del territorio, incluida la destrucción paisajística". Tanto es así que, al confirmar las condenas a los responsables del escándalo urbanístico de Andratx justifica que, "ante la inoperancia de la disciplina administrativa, se acuda al derecho penal" para perseguir los escándalos urbanísticos con más eficacia.

El Dr. González Antón, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León y experto en derecho ambiental, ha subrayado que "es una sentencia muy importante, ya que en muchos casos, los jueces consideran que el Derecho Penal es la última herramienta y que en infracciones urbanísticas basta con ir por la vía administrativa", generalmente con penas más leves y mucho más lenta. Frente a esta tendencia habitual se asume el espíritu de la la Constitución cuando establece que la protección del medioambiente debe contar con sanciones penales, dejando bien claro que "ante la inoperancia de las Administraciones encargadas de perseguir las infracciones urbanísticas, el Derecho Penal y sus jueces deben intervenir directamente".

Por otro lado, la sentencia encierra un planteamiento que se echaba mucho de menos, al afirmar que "la comunidad de ciudadanos es víctima de los despropósitos urbanísticos y que la administración urbanística también experimenta las consecuencias de las infracciones en materia de ordenación del territorio". Más aún “ desde el punto de vista de protección del paisaje, es una sentencia que marca un hito, pues establece que una sola edificación puede suponer un atentado grave al paisaje".

En cualquier caso se ha abierto un interesante debate. En opinión del Dr. Manuel Villoria, de la Universidad Rey Juan Carlos Manuel Villoria "el fallo es muy claro, pero llega tarde", aunque reconoce que "es una llamada de atención a los poderes públicos y es ilustrativo del grado de impunidad en el que se encuentran las infracciones urbanísticas", mientras, por su parte, Fernando Jiménez, de la Universidad de Murcia, insiste en que la clave debe ser "matizar o limitar las competencias urbanísticas de los ayuntamientos".

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