Ignacio Molina y Jesús María Bachiller (Universidad de Valladolid)
Los debates en torno a la Ordenación del Territorio adquieren una dimensión particularmente interesante, desde el punto de vista metodológico y, sobre todo, estratégico, cuando se abordan los procesos y fenómenos desde la perspectiva del mundo rural. Evidentemente, no se trata de plantear el tema entendiendo este tipo de espacios de forma individualizada, como algo desconectado de la realidad territorial en la que se insertan, y en la que el papel desempeñado por las ciudades resulta decisivo. Comportándose como estructuras territoriales integradas en una trama de relaciones que eminentemente gravita en función de los dinamismos urbanos y de las economías de escala territorial que de ellos se derivan, los criterios aplicados a su ordenación parten de la necesidad de afrontar un doble condicionamiento: de un lado, las deficiencias estructurales que reducen el margen de fortaleza relativa de sus potencialidades de desarrollo desde el punto de vista económico; y, de otro, la debilidad de sus propios recursos demográficos, fuertemente limitados por la reducción de su capacidad de crecimiento natural y por los elevados índices de envejecimiento, sin olvidar tampoco el efecto limitativo provocado por el desequilibrio de la composición por sexos.
Cuando estos diagnósticos se plantean en función de lo que sucede en la Comunidad Autónoma de Castilla y León la magnitud de los problemas, así como la complejidad de las respuestas, aparecen acrecentadas, como tantas veces ha quedado puesto de manifiesto por las investigaciones llevadas a cabo sobre esta región, y en las que la aportación de los geógrafos ha sido, y sigue siendo, primordial. Justo es recordar en este sentido la inmensa labor realizada por los dos grandes maestros de la Geografía en (y de) Castilla y León: Ángel Cabo Alonso (1926) y Jesús García Fernández (1928-2006), dignos en la región que tanto contribuyeron a descubrir de un reconocimiento institucional que lamentablemente aún no ha llegado. Su huella se muestra, empero, indeleble.
Si disponemos ya de un bagaje teórico y experimental muy potente, y permanentemente actualizado, sobre las características, tendencias y dinamismos que permiten entender las lógicas socio-económicas y territoriales de la Comunidad Autónoma, queda todavía un largo recorrido para encauzar en la dirección adecuada el sentido de las directrices que hagan posible la toma de decisiones acorde con medidas que, derivadas de una política activa y coherente de ordenación territorial, faciliten la corrección de las tendencias críticas detectadas y valoricen las potencialidades, comprobadas o latentes, que los propios espacios rurales encierran.
De ahí la pertinencia y el interés de la Jornada organizada y convocada en Valladolid por la Fundación Perspectivas en torno a una cuestión crucial, sobre la que sin duda habrá que seguir debatiendo: Desarrollo Rural y Ordenación del Territorio en Castilla y León. Abierta a la consideración de algunos de los temas que en estos momentos mayor preocupación suscitan, me centraré resumidamente en dos de las cuestiones esenciales que allí se abordaron, relacionadas con las pautas recomendables de cara a la ordenación funcional del territorio y a su dinamización social y económica.
La trama de asentamientos rurales en Castilla y León
El primero de ellos concierne al papel que han de desempeñar los centros comarcales en la localización de los servicios y de los equipamientos que hagan una posible la articulación territorial sobre la base de objetivos centrados en la calidad de la prestaciones y en su gestión equitativa para el conjunto de la sociedad. Desde esta perspectiva, y a partir de una valoración rigurosa de las tendencias demográficas y de su plasmación contrastada en el espacio, se plantean los cinco principios básicos que debieran sustentar las lógicas organizativas y territoriales de la trama funcional, a saber, la acción concertada sobre los centros de servicios, la equidad en los niveles de cobertura, la jerarquización interna, la proporcionalidad - coherente con una adecuada planificación estratégica - y la igualdad de acceso. La delimitación de los tres niveles de centros que es posible diferenciar en virtud de su tamaño y de su vitalidad funcional sienta las bases de una vertebración que, debidamente jerarquizada, ha de venir avalada por la ubicación en cada uno de ellos de aquellos servicios específicos acordes con las exigencias de escala que respectivamente requieren para de esa forma asegurar una prestación eficiente de las atenciones en su área de influencia sin menoscabo de los que puedan ubicarse en los elementos que forman parte del nivel inferior de la trama local. Se trata, en cualquier caso, de tender hacia ese equilibrio entre la eficiencia, la calidad y la equidad que la sociedad puede asumir favorablemente al comprobar que en la práctica los servicios funcionan convenientemente para el conjunto de la sociedad en atención a sus necesidades.
Por otro lado, valiosas han sido igualmente las reflexiones planteadas en torno a la relación que sin duda existe entre la ordenación del territorio y el desarrollo rural. Cuestionando las insuficiencias que derivan de las políticas eminentemente centradas en aplicación de medidas asistenciales, se preconiza, en cambio, una atención especial a favor de las que propician la dinamización económica de este tipo de áreas y contribuyen a la valorización de sus recursos y potencialidades. La experiencia revela, sin embargo, que los problemas estructurales que aquejan al mundo rural constituyen la base de una situación crítica que, aunque generalizada, no admite simplificaciones en la medida en que no todos los espacios rurales son iguales ni se han comportado de la misma manera. De ahí la necesidad de conocerlos en profundidad con el fin de captar las diferencias y particularidades que los distinguen, pues sólo así es posible aplicar los instrumentos idóneos que sean capaces de avanzar en el principal objetivo sobre el que gravita el futuro de estos espacios, es decir, el que impulse sus posibilidades para generar empleo como única garantía para que el declive demográfico no constituya la tónica dominante. Posibilidades que, en no escasa medida, están asociadas a la superación de la incapacidad para aprovechar la población en edad de trabajar, especialmente la integrada por las mujeres jóvenes, cuyas expectativas en este sentido se encuentran sensiblemente cercenadas.
Y, por supuesto, no hay que olvidar tampoco la importancia de la ineludibles decisiones orientadas a una reestructuración de la excesivamente atomizada trama municipal, susceptible de cristalizar en un sistema local más eficiente y racionalizado, al amparo de las relaciones de movilidad que se establecen entre los diferentes núcleos y de las modalidades de cooperación estratégica a que pudieran dar lugar los vínculos ya configurados, de modo que la reducción de la cifra formal de municipios no implique detrimento de la identidad de local, pues en modo alguno la pervivencia del asentamiento se vería afectada. Particularmente, traería a colación la experiencia de las Merindades burgalesas como ejemplo efectivo.
