Aunque la impronta espacial de los
sucesos desencadenantes de catástrofes naturales pueda quedar con el tiempo más
o menos difuminada en la memoria colectiva, su significado material se mantiene
como una referencia patente en la configuración y modelado de los paisajes,
físicos y humanos, en los que inciden. Esta especie de antinomia entre una percepción
más o menos efímera y la constatación inequívoca del impacto espacial como algo
enraizado en el espacio a medio y largo plazo implica una perspectiva limitada,
no exenta de distorsiones, sobre la gravedad de los hechos acaecidos. Investigaciones
realizadas en espacios afectados por desastres han puesto de manifiesto la
actitud refractaria que algunos sectores de la sociedad adoptan frente a la
importancia del riesgo potencial en que se encuentra el escenario en el que su
vida y sus formas de relación se desenvuelven. A la postre, el desastre vivido
puede llegar a convertirse en un fenómeno contemplado como algo episódico,
fortuito, circunstancial, no insólito, pero sí percibido con discontinuidades
en el tiempo que llevan a la minimización de su alcance real.
Dentro
de la tipología de situaciones críticas que desestabilizan los frágiles equilibrios
de la Naturaleza (inundación, sequia, incendio, huracán, vulcanismo, terremoto,
contaminación…), basta traer a colación la dimensión de las primeras como
ejemplo representativo de los impactos a gran escala y de las deficiencias de
que a menudo adolecen las estrategias de gestión correctora de sus traumáticos
efectos , por mor del engarce producido entre la ignorancia y la banalización
de las tendencias climáticas científicamente constatadas. Cuando se analizan
con perspectiva histórica es fácil comprobar que, lejos de ser situaciones
excepcionales, constituyen realidades dramáticas, reproducidas con cierta
regularidad en virtud de la concurrencia de los factores físicos que las
determinan. La causa que las provoca es archiconocida: se identifica con las
situaciones de perturbación atmosférica de carácter ciclónico derivadas de los comúnmente
definidos como fenómenos de “gota fría” ( y hoy significados como Depresiones
Aisladas en Niveles Altos o DANA) cuyos
impactos son bien conocidos en el espacio mediterráneo europeo, donde ofrecen
una incidencia concentrada en el tránsito del verano al otoño debido a la
intensidad de los movimientos convectivos acentuados por la diferencia térmica
entre la superficie y las masas de aire en altura. Las causas que las explican han
sido analizadas exhaustivamente y no han dejado de perfeccionarse científicamente
merced a los avances tecnológicos propiciados por el uso de instrumentos de
análisis y comprobación en altura, lo que posibilita el hecho de haber
alcanzado un alto grado de previsibilidad.
Presentes
aún los efectos de las DANAs que de manera brutal han afectado a España y a
otros países de la cuenca mediterránea en la primera quincena de septiembre de
2023, los recuerdos afloran, sin poderlos evitar, cuando se evoca la serie de
manifestaciones trágicas vividas en el tiempo en nuestro país como resultado
del que sin duda representa el principal factor de destrucción de vidas,
viviendas, infraestructuras y paisajes: la inundación consecuente a un
incremento desmesurado de las precipitaciones. Los ejemplos son frecuentes y
todos ellos ratifican sin excepción ni paliativos el enorme efecto destructor
del agua cuando torrencialmente se desboca y rebasa, mediante desbordamientos
espectaculares, sus cauces naturales. En mi memoria permanecen vívidas las
imágenes de la gran riada que afectó a la ciudad de Valencia en octubre 1957
así como las avenidas que ocasionaron cinco años después numerosas víctimas y
grandes daños materiales en la comarca catalana del Vallés Occidental, sin
relegar al olvido los sucesos dramáticos que, por la misma dinámica natural, trajeron
dolor y pérdidas cuantiosas en 1973 en las provincias de Granada y Almería, que
también dejaron su marca atroz en la rotura del pantano de Tous (1982), en el
barranco de Biescas (1996) o en la provincia de Toledo (2023). Aunque la lista
es más amplia, los episodios mencionados simbolizan con expresividad el alcance
del fenómeno, la intermitencia en el tiempo, el grado de vulnerabilidad en las
áreas más propensas y los altos costos de toda índole que conllevan. Son
suficientes y aleccionadoras experiencias sobre las que sustentar consideraciones
de gran utilidad tanto desde el punto de vista autocrítico como prospectivo.
De
ambas posiciones deriva la noción que esencialmente ha de prevalecer como
instrumento corrector de un problema estructural con implicaciones
socio-económicas y medioambientales decisivas. Me refiero al valor otorgado a
la “conciencia del riesgo natural”, pues no en vano en torno a él gravitan a su
vez las tres directrices básicas, que sorprendentemente, pese a las tragedias
sufridas, siguen aún pendientes de aplicación con la relevancia que merecen.
La
primera responde a la necesidad de puesta en práctica de los procesos intelectuales que conduzcan al fortalecimiento de una sólida “memoria del
riesgo”, nutrida del cúmulo de advertencias y enseñanzas que la experiencia
vivida proporciona y que sirven como fundamento empírico susceptible de ser
transmitido a la sociedad a fin de dotarla de los argumentos que faciliten su
sensibilización y orientan en la dirección adecuada los comportamientos a
adoptar frente a las amenazas, reales o latentes. Se trata, pues, de construir
una sólida plataforma formativa que ayude a comprender la realidad del
escenario de vida y de relación, entendiéndolo como algo vulnerable y merecedor
del nivel de atención que atenúe la intensidad del impacto cuando se pase del
riesgo a la catástrofe: hechos que obviamente obedecen a temporalidades
diferentes, en función de la distinción que se establece entre lo probable (el riesgo)
y lo real (la catástrofe).
Como
segunda directriz o premisa a tener en cuenta, cabe subrayar que la conciencia
y la memoria del riesgo adquiridas deben convertirse en los pilares para la
adecuada gestión de los sistemas de prevención entre los que cobran particular relevancia
la responsabilidad de los actores y los instrumentos de acción de que disponen.
Las funciones de unos y otros permiten articular las pautas orientadas a la vigilancia,
a la anticipación y al despliegue de la labor informativa que permita
alertar a la sociedad sobre las situaciones de riesgo que pudieran existir y
proceder a su preparación de cara a la gestión de la crisis. Y, a modo de corolario
de todo lo anterior, nada tan pertinente, por último, como la invocación la
importancia estratégica que merece una práctica tan olvidada y preterida en
España como es la Ordenación del Territorio. No es posible afrontar con visos
de efectividad y coherencia una política correctora de los efectos previsibles
en espacios sometidos a exposición crónica al desastre natural sin la
conveniente vertebración de las sucesivas etapas – observación,
espacialización, interpretación y gestión -
que conforman la secuencia lógica sobre la que se apoya una buena
política de ordenación territorial y que, de haberse aplicado frente a la furia
de la Tierra, hubiera supuesto un alivio sensible a las devastaciones sufridas.
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